El motivo del presente análisis consiste en entregar algunas claves para entender algunas de las principales tendencias del gran empresariado asociado a la producción energética en Chile. Sin embargo, su propósito central es contribuir a esclarecer el lugar que ocupan los movimientos sociales dentro de un panorama social general. Así, este documento apuesta a que […]
El motivo del presente análisis consiste en entregar algunas claves para entender algunas de las principales tendencias del gran empresariado asociado a la producción energética en Chile. Sin embargo, su propósito central es contribuir a esclarecer el lugar que ocupan los movimientos sociales dentro de un panorama social general. Así, este documento apuesta a que a mayor cantidad de variables reconocidas dentro de un campo de fuerzas sociales en pugna, mayor es la efectividad y la eficiencia social y política de quienes nos oponemos a las dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales de este sector fundamental para el desarrollo capitalista en Chile.
I El Ministro de Energía Máximo Pacheco es ratificado por el gobierno y los empresarios del sector
Se encuentra ratificado incluso después del cambio de gabinete del 11/05/2015. A pesar de ser un Ministro mal evaluado por la opinión pública 47% de opinión negativa v/s 42% de aprobación, según última encuesta ADIMARK, cuenta con la valoración de los empresarios del sector y el apoyo, como es evidente, desde el gobierno [1].
Al mismo tiempo, el Ministro intenta generar el escenario de que «el peor momento ya pasó», es decir, el frenazo a la inversión y el clima de incertidumbre. Por lo tanto, según él, es momento de dar paso a otras prioridades: proyectos de transmisión, asociatividad y el rol de ENAP [2]. Con ello, lo que busca en realidad es «dejar atrás» la conflictividad asociada a la cartera de proyectos energéticos impulsados con el apoyo del gobierno.
La disposición desde el Ministerio de Energía es clara. Por otra parte, el dar vuelta la página y reconocer los ritmos y términos del debate que plantea el escenario ministerial, representa un peligro para el movimiento social. Todavía los ejes del debate siguen siendo los mismos ¿Para qué la energía? ¿Quiénes se benefician de ello? ¿Por qué se defienden desde el Estado los intereses de las grandes empresas energéticas? Todas estas preguntas en un contexto de crisis hídrica, degradación irreversible de diversos ecosistemas y precarización de las condiciones de vida actuales y futuras ¿cómo se podrá sostener en el tiempo un modelo económico y de acumulación de riquezas que degrada paulatinamente la naturaleza y a las y los trabajadores del sector, usando incluso al Estado para ello?
II Potencial hídrico de 11.000 Mw entre el río Maipo y Yelcho
La tendencia en generación de energía se trasladaría hacia el sector centro-sur del país. Más aún, en el 10% del territorio se encontraría aproximadamente el 60% de ese potencial, es decir, 8.200 Mw. Entre los ríos prospectados se encuentra el Bueno, Valdivia, Puelo, Toltén, Maule, Yelcho y Bío, Bío [3].
El Ministerio encargará otro estudio, vía licitación, para el 2016, tasado en $ 1.000 millones. Otra muestra del suculento negocio que opera en este trascendental sector de la economía.
Podemos prever que se agudizarán o surgirán nuevos focos de conflictividad social en el mediano plazo. ¿Cuáles serán los dispositivos para contenerla?
III Interconexión SING-SIC
En el marco de llevar adelante medidas de reducción de costos de la energía, el Ministro de Energía, junto a la Presidenta Michelle Bachelet, firman Decreto de Interconexión SING-SIC [4]. La empresa responsable de construir la línea de transmisión será EC-L, filial de la transnacional franco-belga GDF Suez, quien a su vez apuesta por estar entre los tres mayores generadores de Chile, buscando desplazar a Colbún, del grupo Matte [5].
Según indicaba la Agenda Energética, dentro del eje de Conectividad para el Desarrollo Energético, la interconexión contará con una primera etapa hacia mediados del 2017, que busca la complementariedad entre matrices energéticas del SING y el SIC, incentivar la competitividad, reducir los precios de la energía y contribuir al crecimiento del PIB [6].
Por otro lado, el proyecto de línea eléctrica Cardones-Polpaico, fundamental para concretar parte de la conexión SING-SIC, se encuentra denunciada por ejecutar obras sin RCA [7]. Surgen así considerables incertidumbres, aun cuando el Ministro dice haberlas dejado atrás.
Cabe preguntarse qué racionalidad más compleja explica la interconexión. Es evidente que el gran empresariado busca reducir costos y generar marcos de estabilidad jurídica, social y económica, pero no sería estéril pensar que asistimos a una reconfiguración del mapa energético en Chile, apostando a mayor incidencia de las ERNC y centrales de menor impacto, aunque manteniendo el predominio de la termoelectricidad en el SING y el SIC. Así, bajo esta tendencia habría una gran beneficiada: la minería.
IV Reformas al Código de Aguas
El Código de Aguas regula gran parte de la actividad económica del país. Es una especie de vértebra de la columna rentista-financiera. Por lo mismo, sus modificaciones, al implicar variedad de actores, afectan a todos de manera desigual. Es verdad que las reformas al Código promovidas por la Nueva Mayoría tienen dentro de sus objetivos dar respuesta, aunque sea parcial y únicamente coyuntural, a las demandas que por años decenas de organizaciones socioambientales han sostenido, no deja de ser cierto que también, como la mayoría de las iniciativas jurídico-institucionales, busca disminuir tensiones entre los grandes sectores empresariales con incidencia en el ámbito del Estado. Así, también las empresas eléctricas disputan el carácter, alcance y objetivos de la reforma al Código de Aguas a mineros, agricultores y sanitarias [8].
De esta manera, resulta común ver acuerdos entre algunos de estos sectores empresariales para garantizarse el acceso al agua, lo cual ha desatado conflictos con aquellos que no se ven beneficiados. Ejemplo de ello es la alianza o ‘acuerdo secreto’ de Aguas Andinas con AES Gener [9] en el proyecto Alto Maipo o las disputas entre Endesa y Anglo American [10].
Así, la tensión por el acceso al agua es una disputa por sus prioridades de uso. O, lo que es lo mismo, es expresión de la capacidad de cierto sector del empresariado de hacer valer sus intereses particulares cuando no logra llegar a un acuerdo dentro de los marcos legales o económicos. Es por esta razón que en un contexto de hegemonía del empresariado minero-energético, con la Nueva Mayoría vehiculizando sus intereses en el Estado, a través del gobierno y el Parlamento, la Sociedad Nacional de Agricultura vea limitados los métodos que permitían la especulación y lucro a través de la posesión de derechos sobre el vital recurso y, por lo mismo, sea el sector menos beneficiado con el cambio de medidas [11] . Por otro lado, como la prioridad del gobierno es un desarrollo hidroeléctrico acorde a los nuevos escenarios sociales, es que los plazos en que caducan los permisos se reducen, apuntando con ello a fomentar la inversión y la competencia. Lo que aparentemente es una tensión gobierno-eléctricas, es más bien una readaptación de la capacidad de inversión de este sector empresarial y la reproducción de una lógica de acumulación que no se restringe ante el daño socioambiental.
Hoy, gracias a la sanción por no usar los derechos de agua, se acentúa el carácter rentista de una de las principales actividades económicas del país.
V Ganancias principales eléctricas del país durante el 2014
Durante el 2014, las ganancias de las principales empresas generadoras, debido al carácter fuertemente oligopólico del sector, mantuvieron su carácter estratosférico. Otra prueba del lucrativo negocio que significa para las empresas transnacionales la apropiación de la renta de los recursos naturales en Chile.
El principal actor sigue siendo Endesa, quien durante el 2014 reportó ganancias por US$520,5 millones [12]. Le sigue AES Gener, empresa que obtuvo US$201,3 millones [13]. Luego, Colbún, del grupo Matte con US$159,0 millones [14]. En cuarto Lugar, EC-L con US$89 millones [15]. En total, la cuatro suman US$969,8 millones.
A la fecha, la tendencia de estas cuatro empresas, pese a encontrar algunas dificultades en torno a implementación de algunos proyectos, sigue siendo a la ganancia.
VI El actor sindical
En el contexto de la Reforma Laboral impulsada por la Nueva Mayoría y promovida por la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa (PCch), suena una voz de alerta entre trabajadores y trabajadoras del sector energético. Apoyados por el vicepresidente de la CUT, Nolberto Díaz (DC), sindicatos de las llamadas empresas estratégicas, es decir, que atienden servicios de utilidad pública, reclaman derecho a huelga. En una misiva firmada por 14 sindicatos de las empresas Aguas Andinas, AES Gener, Metrogas y las Federaciones y sindicatos de la Energía [16].
¿Cuál es la relación entre ganancia de las empresas energéticas y la fluctuación de los salarios y precarización de trabajadoras y trabajadoras del sector? ¿Por qué no pensar los conflictos socioambientales considerando en las estrategias de lucha al actor sindical? Lo que es seguro, es que su relevancia es indicada por las restrictas prohibiciones de huelga para trabajadores y trabajadoras de este sector.
VII Algunas conclusiones
Quisimos dar cuenta de algunas tendencias del gran empresariado energético durante los últimos meses. En esta exposición no se analizan ni describen los movimientos sociales articulados como oposición en los conflictos derivados de la instalación y operación de proyectos energéticos, puesto que el objeto de indagación se centra en los grupos que mayor incidencia tienen en el campo de fuerzas sociales que actúan en el ámbito de la producción energética en Chile.
Estas tendencias señalan un claro punto de encuentro de los objetivos promovidos por el Ministerio de Energía y los intereses históricos del empresariado energético. Hay una imbricación, la configuración de un bloque.
Por otro lado, son indicativas de una profundización del patrón de acumulación o estilo de desarrollo rentista-financiero: las ganancias derivadas de la apropiación de la renta de los recursos naturales asociados a la producción energética son elocuentes, pero también la fuerte presencia de financiamiento de proyectos provenientes del sector financiero. Por otro lado, el rol del Estado como facilitador de inversiones, controlador de la conflictividad social, regulador de la relación con la naturaleza a través de leyes agudiza tal profundización [17]. Queda examinar el papel de la tecnología y su vínculo con la tendencia a la disminución del capital fijo, con la disminución de la composición orgánica del capital, la apropiación de la renta y el aumento de la tasa de explotación, temas para siguientes análisis.
¿Qué implica para los movimientos sociales? Al menos tres cosas. La primera, su ubicación dentro de una escena social y política concreta, que los determina, pero que a su vez permite las condiciones para actuar e incidir en ella. La segunda, es que tales tendencias sirven como puntos de partida para una apuesta de movilización y planteos programáticos. La tercera, es que el elemento estructurante es la producción energética en Chile, por lo mismo, las bases programáticas deben reconocer como punto de partida la esfera de la producción, puesto que habilita la reproducción de una forma de propiedad y, por lo mismo, una lógica de distribución de poder [18].
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[15] http://www.latercera.com/
[16] http://sindical.cl/2015/04/
[17] http://www.jornada.unam.mx/
[18] El Movimiento por la recuperación del Agua y la Vida tiene su énfasis programático puesto en la esfera de la propiedad, momento de expresión del problema pero no el fundamental. Más información en http://olca.cl/articulo/nota.