La insensata actitud del Estado de ordenar operaciones ofensivas contra una guerrilla que se mantuvo en tregua unilateral por más de cinco meses, ocasionó la finalización de ésta y el incremento de hostilidades hasta los niveles que hoy se registran en Colombia, con la certeza de que no existe situación intermedia entre la paz o […]
La insensata actitud del Estado de ordenar operaciones ofensivas contra una guerrilla que se mantuvo en tregua unilateral por más de cinco meses, ocasionó la finalización de ésta y el incremento de hostilidades hasta los niveles que hoy se registran en Colombia, con la certeza de que no existe situación intermedia entre la paz o la guerra, y que las consecuencias de esta siempre son trágicas.
En estas circunstancias, acciones guerrilleras de sabotaje económico contra infraestructuras del Estado, han causado daños no deseados en Tumaco y zonas aledañas. Y es que, tal como lo expresó recientemente nuestro Comandante, muy a nuestro pesar, «golpear las fuerzas enemigas produce muerte y dolor, algo que parecen olvidar algunos cuando nos exigen que en vez de atentados a la infraestructura las ataquemos a ellas».
No nos enorgullecemos del resultado de las acciones contra las infraestructuras petroleras como tampoco nos enorgullecemos de las muertes de soldados del ejército oficial cuando éstas se producen, a diferencia del regocijo que medios de comunicación y portavoces gubernamentales muestran cada vez que impúdicamente exhiben como trofeo la muerte de nuestros combatientes.
Dentro de estas reflexiones y lo que significa la tragedia de una guerra que hemos querido parar poniendo todo nuestro empeño en la búsqueda del cese de fuegos sin encontrar eco en el gobierno, la campaña organizada estos días señalando a las FARC-EP como las principales responsables de la degradación medio ambiental en Colombia, carece de razón y franqueza.
El informe «Consideraciones ambientales para la construcción de una paz territorial estable, duradera y sostenible en Colombia» publicado por las NNUU en septiembre del 2014, indica que el control de la guerrilla en 125 municipios del sur, noreste y noroeste limítrofes con grandes extensiones de terreno selvático, es la razón de que estas regiones se hayan podido mantener aun protegidas de la degradación medioambiental, mientras que paradójicamente el horizonte de un acuerdo de paz se convierte en un factor de alto riesgo en este campo, porque supondría la llegada a estos territorios de las denominadas «locomotoras del desarrollo» del Estado colombiano, que son el mayor factor de degradación medioambiental que hoy existe en Colombia.
Los informes científicos acreditan que la calidad ambiental en nuestro país ha empeorado a un ritmo constante y sin precedentes en los últimos años a consecuencia de la deforestación, la contaminación hídrica -por residuos domésticos, actividades agropecuarias, residuos industriales, minería e inadecuado manejo de basura, plásticos y restos hospitalarios- y las alteraciones de ecosistemas de páramos y humedales. La contaminación del aire en capitales y ciudades intermedias supera los niveles aceptables. El gobierno y el sector industrial han implementado monocultivos que generan daño a la fertilidad de los suelos, como es el caso de la palma africana. El uso intensivo de agroquímicos y defoliantes ha supuesto graves daños especialmente en regiones selváticas y zonas donde se realizan aspersiones aéreas. La creación de carreteras y grandes obras de infraestructura sin tomar necesarias medidas posibles, también han causado un impacto ambiental lamentable. Solamente entre 2000 y 2007 se destruyeron 336.000 hectáreas de bosque al año y en concreto el Pacífico colombiano perdió 14.322 km2 de bosque tropical. Y en cuanto a la protección de los mares, es triste observar que Colombia protege únicamente el 2% de los suyos, cuando los acuerdos de diversidad biológica exigen al menos proteger el 10%.
Debemos reconocer que el agregado de la guerra agrava este panorama, afectando a personas y ecosistemas, y que desgraciadamente lo ocurrido en Tumaco ha tenido terribles y no deseadas consecuencias que obligan a que debamos pensar en esforzarnos por buscar soluciones urgentes a una confrontación cuyo escalamiento ha sido responsabilidad principal del Estado, recordando además que no hay mayor degradación medioambiental que el «ecocidio» perpetrado de forma constante por las políticas económicas de este gobierno al que las FARC combaten a diario, por las prácticas desreguladoras neoliberales que impiden el control y sanción a transnacionales y grupos empresariales que con la sobre explotación desmesurada, perpetran los peores ataques a nuestros ecosistemas, que son su botín de guerra y su gran negocio.
¿No existe evidencia y conciencia acaso, de que son las políticas extractivas minero-energéticas, saqueadoras de nuestros recursos naturales, las mal llamadas «locomotoras del desarrollo», la mayor causa de degradación ambiental en el territorio nacional?
Ahora, la intensificación consciente e intransigente de la guerra se suma como causa fundamental de los padecimientos. Paremos entonces la confrontación. Este es un asunto de voluntad política que bien se puede concretar en la Mesa de Conversaciones ya.
Delegación de Paz de las FARC-EP