Tener que vendernos

La actual crisis económica está evidenciando una situación muy deficitaria en nuestro modelo democrático, cuando el sentir mayoritario de la ciudadanía es ignorado o violado por las medidas que está tomando el gobierno español. Siempre me ha sorprendido que a un país en que constatamos este hecho con tanta habitualidad le demos el nombre de democracia con la seguridad que lo hacemos. En los barómetros del CIS sobre calidad de nuestra democracia es constante desde hace bastantes años la impresión de la mayoría de la población de que los políticos no obedecen al pueblo. Es demoledor el dato de que más del 70% de los encuestados en 2009 han dicho estar de acuerdo o muy de acuerdo con la siguiente afirmación «La gente como yo no tiene ninguna influencia sobre lo que hace el gobierno». En general, todos las valoraciones de los elementos fundamentales que forman la base de la soberanía popular son bastante negativas. Es inaceptable que semejante desvaloración por parte del «pueblo soberano» sobre la efectividad de su propia soberanía sea una cuestión circunstancial o accidental. Deberíamos empezar a plantearnos que es un problema que se encuentra en la esencia del sistema creado. Y este sistema creado no es un problema exclusivo de España.

¿Es el sistema democrático actual realmente adecuado a las sociedades actuales? Es sobre lo que me gustaría reflexionar, y proponer algunas ideas en éste y próximos artículos.

Para empezar quisiera tratar algunos puntos que me parecen cruciales. Creo que existe una coincidencia muy importante en cuidar ciertas cuestiones por parte de los grandes diseñadores de las democracias históricas de mayor relevancia. En los primeros artículos quisiera reflexionar sobre las deficiencias del diseño de esos elementos democráticos de primer orden en nuestros sistemas actuales (para la tipología específica de nuestras democracias actuales) para mostrar algunas patologías de nuestra democracia enlazándolo con su influencia en la crisis actual y en su gestión política y social. A mi modo de ver, serían los siguientes:

• La efectividad real de la participación, de la igualdad de voz en el ágora pública.

• Existencia de facciones particulares (partidos políticos) y permanencia en los cargos de poder.

• Recursos económicos e independencia económica.

Quiero centrarme hoy en esta última: el problema de la necesidad de recursos económicos para ser un ciudadano real. Aristóteles nos cuenta cómo en Atenas la grave desigualdad económica, que convertía a los más pobres en esclavos, fue lo que dio lugar a la rebelión por la que Atenas recurrió a Solón. Según Aristóteles, Solón «libertó al pueblo para el presente y para el futuro, prohibiendo los préstamos que tomaban el cuerpo en prenda, y promulgó leyes e hizo cancelación de deudas privadas y públicas, que llaman «descarga», como si hubieran sido aliviados de un peso». No creo que fuera una medida económica ni prestacional exclusivamente sino que, ante todo fue un modo de cuidar la capacidad política de sus ciudadanos. Garantizó la libertad mínima a los ciudadanos para poder ejercer su ciudadanía. También Pericles tomó medidas en este sentido, como el pago de la asistencia a los juzgados o a la Asamblea, lo que permitía a los más pobres asistir y premiaba la participación.

La expresión más brillante sobre esta cuestión fue hecha por Rousseau en El Contrato Social: «en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea lo bastante pobre como para verse obligado a venderse», y más abajo «si queréis, pues, dar al Estado consistencia, aproximad los grados extremos todo lo posible, no teleréis ni gentes opulentas ni pordioseros. Estos dos estados, naturalmente inseparables, son igualmente funestos al bien común, del uno salen los causantes de la tiranía y del otro los tiranos». Hay quien añade a la mítica frase que nadie debería ser tan rico como para poder comprar a otro hombre.

En la mayoría de las democracias históricas y, en particular, en las que provinieron de las revoluciones burguesas se optó por la solución más simple: el que no era propietario de una cierta riqueza, sencillamente no era ciudadano, por lo que el problema se solucionaba bastante, especialmente en países de renta muy igualada, como los Estados Unidos de aquella época, tal y como señaló Tocqueville en La democracia en América.

Así que se creó un sistema democrático pensando tan sólo en un ciudadano que tenía en propiedad la riqueza suficiente. Para éste, tan sólo había que garantizar el respeto a la propiedad (inviolabilidad y reconocimiento de la propiedad privada y principio de legalidad tributaria), evitando los ataques a la propiedad por el poder. Pero si decidimos que la ciudadanía se extienda a toda la población nacional adulta, evidentemente, las terribles diferencias en la distribución de la renta, requieren de otras soluciones. Soluciones de índole totalmente diferentes a la tomada en las Revoluciones burguesas. Sin embargo, sólo se reconocieron ciertas prestaciones, exigibles sólo en determinadas situaciones económicas. Estas prestaciones quizá sean suficientes para garantizar la subsistencia (en algunos países, claro), pero no son suficientes para garantizar una condición ciudadana eficaz a estas personas.

En una democracia tan participativa y directa como la ateniense, quizá bastara con dar tan sólo posibilidad de participación, pero en un sistema representativo tan poco directo como los actuales, la cuestión de la capacidad de influencia sobre los poderes institucionalizados es clave para la definición de una ciudadanía real. La igualdad en esa capacidad de influencia será signo de una democracia real y sana. Las grandes diferencias en esa capacidad de influencia, será signo de algo más cercano a una oligarquía.

Es común en la teoría política la idea de que es necesaria una cierta igualdad en recursos políticos como la riqueza, la capacidad de difusión de ideas y participación, etc… para conseguir un control igualitario sobre el poder. Ya hemos visto que según las encuestas del CIS, el ciudadano medio no se considera con capacidad política de influencia. Pero, centrándonos en el tema económico, al volver a buscar la opinión del pueblo soberano, es impactante que a la pregunta de «En qué medida cree Ud. que el poder político está protegido de las presiones del poder económico», con una valoración de 0 a 10, la media fue de 4.02, sólo un 3% de los encuestados consideraron que el gobierno español estaba totalmente protegido de estas presiones.

El terrible nivel de endeudamiento, el nivel de desempleo, las bajas pensiones, la ausencia de reconocimiento al trabajo reproductivo, los vergonzosos índices de reparto de la riqueza que existen en España exigen una solución muy diferente a la tradicional de las democracias burguesas para una ciudadanía verdadera y plena de contenido en este país.

Y esta situación se agrava con la globalización del sistema capitalista. La globalización ha traído consigo un poder para la propiedad del capital inusitado. Quisiera destacar algunos puntos:

• Imposibilidad de independencia económica: las enormes tendencias al monopolio dificultan la independencia económica. La mejor opción para tener un negocio propio pasa por abrir una franquicia de alguna gran marca o bien trabajar como freelance para una de estas grandes compañías en exclusiva. La competencia contra la potencia de las multinacionales es muy difícil cuando no imposible, por lo que sólo queda trabajar de forma dependiente para las mismas o bien encontrar un sector que aún no hayan copado. En un mundo en que jamás la riqueza se había podido mover con tanta velocidad de un mercado a otro, el nivel de empleo estatal depende de forma agónica del favor y la inversión de la transnacionales. La velocidad de movimiento que las ficciones jurídico-económicas de los medios de intercambio de bienes y dinero han dado al capital, es sencillamente inalcanzable para los trabajadores, por lo que una multinacional y aún más un grupo de multinacionales, pueden tener una guillotina pendiendo sobre el nivel de empleo de muchos países.

  • En este sentido resulta particularmente grave la cuestión de la propiedad del conocimiento. Esta fue una de las primeras formas de dominación y explotación de las personas, a través del dominio de los sacerdotes. Hoy día la OMC ha extendido por el mundo un régimen de la propiedad intelectual e industrial que anula las posibilidades de creación de alternativas que puedan escapar a su dominio.

• El sistema financiero es rapaz y poderoso como jamás antes lo había sido. La crisis de financiación estatal demuestra que hoy día un Estado es totalmente dependiente del favor de las financieras transnacionales para la financiación de la actividad privada y pública.

  • Particularmente grotesca y escandalosa fue la acción de las agencias de calificación (unas pocas agencias transnacionales que dominan la financiación de las deudas públicas estatales), cuya presión obligó al Gobierno de España a tomar medidas realmente injustas y contrarias a las presiones y proclamas de su propio pueblo soberano.

Así lo hemos visto en los últimos meses en este país. Todo el Estado debe responder a las presiones del poder económico: se endeuda al Estado para dar un rescate a los bancos de miles de millones, no se suprimen las bajadas a los impuestos de los más ricos que concedió el gobierno de Zapatero hace unos años (anuló el Impuesto al Patrimonio y el tramo más alto del IRPF), sin embargo, por el otro lado, se congelan las pensiones, se ha bajado el sueldo a todo el sector público, se suben los impuestos que más afectan a las rentas más bajas, se retira la reducción por adquisición de vivienda, se paraliza la inversión pública, se recortan derechos a los trabajadores, se anula el sistema de negociación colectiva, se abarata y se financian los despidos con cargo al Estado… Y ya hay voces de las instituciones internacionales (Almunia entre ellos) advirtiendo que España deberá hacer más ajustes en 2011, probablemente con razón, porque es de esperar que todas estas medidas afecten muy negativamente al consumo, lo que afectará negativamente a la creación de empleo. Pero todas estas medidas se tomaron por presiones de los poderes económicos transnacionales.

Por contra, la presión de los sectores menos favorecidos de nuestra ciudadanía ha sido muy débil. Es gravísimo comprobar cómo muchos trabajadores no han ido a las huelgas convocadas por no poder permitirse perder un día de sueldo, por miedo a perder su empleo o por no confiar para nada en los partidos políticos ni en los sindicatos (los medios establecidos para su representación en la Constitución Española de 1978, cuestión a la que quisiera referirme en otro texto). Sencillamente, no tenían capacidad democrática para presionar contra la capacidad del poder económico. Estos no son signos de una democracia, por mucho tiempo que haya transcurrido lleno de mutilaciones a esa palabra.

Las democracias burguesas no fueron adecuadamente rediseñadas, en cuanto a la atención de que exista independencia y suficiencia económica de todo ciudadano, para dar una ciudadanía real a toda la población adulta de un Estado, así como a que no existan acumulaciones económicas incontroladas e incontrolables para el Estado. Esto provoca de por sí un déficit democrático enorme. Pero en la época de la globalización, sencillamente aniquila la posibilidad de una democracia real.

Una vez leí que los problemas empiezan cuando se acaban las soluciones. La crisis económica no es un problema tan grave como la incapacidad del Estado y de la mayoría de la ciudadanía para enfrentarse a los dueños del poder económico y parar esta vorágine de acumulación y beneficios que no hace más que ir en aumento.

Jean Jacques Rousseau advirtió del peligro para una democracia de una distribución de la riqueza que hiciera que un sólo ciudadano estuviera en tal situación económica que le llevara a «tener que venderse», pero nuestros sistemas no lo cuidaron. Y ahora la globalización ha llegado a límites insospechados, ya no es un ciudadano, sino un Gobierno, un Estado entero, el que ha llegado a tal situación de endeudamiento que «tiene que venderse».

Necesitamos cambiar el sistema de poderes ciudadanos para que los ciudadanos, Estados y Gobiernos podamos dejar de «tener que vendernos». Sólo con una ciudadanía efectiva puede llegarse a una democracia real.

*El autor de este texto pertenece al Instituto Derecho Humanos, Interculturalidad y Desarrollo en España.