La crisis política que se vive en Colombia se ha agudizado con las recientes denuncias que involucran a magistrados del máximo tribunal de ese país con el narcotráfico, mientras avanzan las investigaciones sobre presuntos nexos de parlamentarios oficialistas con grupos paramilitares. ciudadano de nacionalidad italiana, vinculado a una red de narcotráfico. Para Yesid Ramírez, presidente […]
La crisis política que se vive en Colombia se ha agudizado con las recientes denuncias que involucran a magistrados del máximo tribunal de ese país con el narcotráfico, mientras avanzan las investigaciones sobre presuntos nexos de parlamentarios oficialistas con grupos paramilitares.
La tensión por la crisis política que se vive en Colombia, se ha incrementado, luego que se hicieran públicas acusaciones de presuntos nexos entre magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y miembros del narcotráfico internacional.
La credibilidad del máximo tribunal de la nación suramericana se está viendo comprometida por un escándalo de supuestas conversaciones que magistrados de la CSJ habrían sostenido con Giorgio Sale, ciudadano de nacionalidad italiana, vinculado a una red de narcotráfico.
Para Yesid Ramírez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, las acusaciones forman parte de una campaña que trata de minar el prestigio y la credibilidad del alto tribunal.
«Hay denuncias de amenazas contra testigos e investigadores en este proceso, inclusive tenemos informaciones de interferencias en los aparatos de computador de la Corte Suprema de Justicia que ha permitido la filtración de piezas importantes de ese expediente», añadió Ramírez.
Estas acusaciones se unen a la investigación que se adelanta en ese país, en torno a los supuestos nexos de parlamentarios oficialistas con grupos paramilitares de ultraderecha, como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Al respecto, la presidenta del Congreso colombiano, Dilian Francisca Toro, solicitó que las denuncias de supuestos nexos entre magistrados y el narcotráfico, se investiguen a fondo, tal como se ha hecho con los congresistas.
«Yo creo que así como en el Congreso de la República hay personas que han sido llamadas ante la justicia para que respondan por sus actuaciones, pues si en algún momento determinado alguno de la Corte tiene algún problema, pues que también responda», recomendó.
El partido oficialista Unidad Nacional consideró que las denuncias sobre los magistrados de la Corte, deben tomarse en cuenta, a fin de garantizar la verdad en el caso de los legisladores uribistas investigados por supuestos vínculos con las AUC.
Carlos García, presidente del Partido de Unidad Nacional, pidió que se mantengan las garantías procesales en el caso de los parlamentarios.
«La obligación del gobierno y lo que el jefe único le reclama al Gobierno, es que brinde todas las garantías para que la justicia actúe soberanamente, con autonomía y que la dejemos libre de presiones para que pueda responderle a los colombianos, conociendo la verdad, sancionado a los culpables y reparando a las víctima», aclaró.
Las acusaciones en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Colombia que investiga los presuntos nexos de legisladores con el paramilitarismo, ha aumentado la tensión sobre la crisis política en ese páís.
Álvaro Uribe amplía proceso de paz con paramilitares
Mientras que la credibilidad de la máxima institución judicial y de los parlamentarios oficialistas, se ve comprometida, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe decide extender el proceso de paz con grupos paramilitares.
En un comunicado oficial emitido desde la Casa de Nariño, Uribe se comprometió a ampliar su ayuda a militantes desmovilizados de las AUC.
El comunicado también contempla que el alto comisionado para la paz de ese país, Luis Carlos Restrepo, se reúna con líderes paramilitares desmovilizados quienes se encuentran en la cárcel de Itagui.
También se anunció el fortalecimiento de los encuentros regionales para abordar lo relativo a los instrumentos políticos que beneficiarán a quienes se acojan al proceso de paz. El sector privado y la comunidad serán partícipes de esta nueva fase del proceso de paz.