El gobierno de presidente Gustavo Petro ha ordenado el día sábado 12 de octubre del 2024 una operación militar (Perseo) en el Corregimiento del Plateado, municipio de Argelia, en el departamento del Cauca, para afianzar la presencia del Estado y de las instituciones publica en este punto clave del actual conflicto social y armado para avanzar en su estrategia de Paz total que incluye un componente de transformación estructural del territorio para superar las condiciones de exclusión, abandono y pobreza que afecta una población cercana a los 100 mil habitantes. Este documento es un aporte a lo que sería un Programa de transformación del Cañón del Micay mirada desde diversos ángulos sociales como la democratización política, las reformas sociales, los proyectos económicos, el cuidado de los recursos naturales, la justicia y la identidad cultural de los habitantes de esta importante region de Colombia.
Introducción
El presente ensayo tiene como objetivo realizar un acercamiento a la realidad del territorio que conforma la Cuenca del río Micay, ubicado al suroccidente del departamento del Cauca (Colombia) y, visualizar hacia el futuro inmediato la construcción colectiva, comunitaria e institucional de un “Plan de Vida” que permita enfrentar y resolver los principales problemas sociales y ambientales que se han acumulado en esa región a lo largo de su devenir histórico.
Para hacerlo tendremos en cuenta algunos referentes teóricos sobre la forma como se ha poblado y ocupado el territorio en Colombia y algunos conceptos sobre los procesos de colonización que se han presentado en este país, incluyendo las particularidades de la expansión de la frontera agrícola ocurrida en las últimas décadas, que ha estado marcada por el conflicto armado y la proliferación de cultivos de uso ilícito en selvas y bosques tropicales.
Así mismo, se asumen los principales avances socio-políticos y culturales que han construido las diversas expresiones organizativas de las comunidades rurales y agrarias, tanto de campesinos mestizos, afros e indígenas como de colonos, pequeños y medianos productores y trabajadores del campo (recolectores de hoja de coca, entre ellos), que se manifestaron con fuerza y nuevas calidades a partir de los paros agrario y cafetero de 2013.
También, se contemplan los fundamentos del Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026 “Colombia, potencia mundial de la vida”, especialmente, aquellos aspectos que reconocen la importancia de las comunidades rurales, los recursos naturales y su relación integral con la naturaleza; que promueven la relación armónica entre los sectores públicos y privados, sociales y populares, y los grupos étnicos; y se plantea el ordenamiento del territorio alrededor del agua (Gobierno, 2023).
Además, se asumen aspectos de la política de paz del actual gobierno, específicamente lo concerniente con la política de sustitución de las economías ilícitas por economías lícitas con base en la reconstrucción de la confianza entre las comunidades cocaleras y el Estado, y la participación plena y creativa de la población y organizaciones sociales que habitan y luchan por construir vida digna en territorios que han sido impactados por dicha problemática.
Desarrollo
La hipótesis que se plantea en este ensayo sobre la actual situación y problemáticas de la Cuenca del río Micay, que hace parte de los diálogos y negociaciones que recientemente se iniciaron entre el gobierno y las llamadas «disidencias de las Farc” (grupo armado autodenominado “Estado Mayor Central” EMC, que tiene fuerte presencia en dicho territorio), consiste en que el proceso de colonización y poblamiento de dicha región que ocurre desde los años 70s del siglo XX, que ha girado alrededor de la economía del narcotráfico y de la minería ilegal, hace parte de un ciclo de la expansión de la frontera agrícola que cuenta con unas características y particularidades que lo hacen diferente de los anteriores ciclos que han ocurrido en Colombia en el último siglo y medio, desde la segunda mitad del siglo XIX.
Los ciclos anteriores de expansión de la frontera agrícola fueron resultado de colonizaciones protagonizadas por campesinos pobres sin tierra y colonos, en donde no existían las condiciones económicas y sociales para que un sector de la población comprometida con ese proceso de colonización del territorio lograra “capitalizar” recursos monetarios para invertir en la misma región, y aún, “exportar” capitales hacia otras regiones del país y del extranjero. La dinámica de la economía del narcotráfico, por la naturaleza del negocio y el monto de los recursos que mueve y activa, genera fenómenos nuevos con respecto a los procesos anteriores que se limitaban a expandir lentamente las “economías campesinas”, que por su precariedad estructural terminaban –en el mayor de los casos– siendo desplazadas por grandes terratenientes que empujaban nuevamente a campesinos y colonos hacia un nuevo ciclo de expansión de la frontera agrícola.
Antes de avanzar sobre dicha hipótesis y el marco teórico que aborda los conceptos de espacio, territorio, región, colonización y expansión de la frontera agrícola, aplicándolos a la forma como han estado en permanente disputa las tierras fértiles y estratégicas no sólo de Colombia sino de América y del mundo entero, y cómo se desarrolla la lucha por el control de la población y la apropiación de los recursos naturales a lo largo de nuestra historia, se presentan en forma sintética algunas cifras y datos sobre la Cuenca del río Micay, a fin de visualizar dicho territorio en cuanto a su actualidad y algunos antecedentes.
Identificación del territorio y la población
La Cuenca del Río Micay está localizada en la vertiente occidental de la cordillera occidental en el departamento del Cauca, y va desde los 3.000 msnm hasta el nivel del mar. Ocupa un territorio de 4.200 km² de los municipios de Argelia, El Tambo y López de Micay. Se diferencian dos tipos de morfología: la cordillera occidental y la Llanura pacífica (De la Espriella, Galvis, Pinto, & Fandiño, 1990).
Uno es el Cañón del Río Micay y otra es toda la Cuenca. El “cañón” es una zona dentro del municipio de Argelia y la parte más occidental de El Tambo. Allí, el río Argelia, que es el mismo Micay, se mueve entre las montañas de la Cordillera Occidental y la Serranía de Timbiquí, se encañona y más adelante, más abajo de San Juan de Mechengue, se va abriendo hacia la Costa Pacífica, recogiendo aguas de otros ríos engrosando su caudal.
La Cuenca del Río Micay recoge los territorios atravesados por fuentes de agua (quebradas y ríos) que alimentan ese gran río. Los principales ríos son: Puente Tierra, Mecaje, Tope, San Joaquín, Huisitó, Chuare, Guáitara, El Plateado, Siguí, Jolí, Gualalá y otros.
Ese territorio limita al sur con Iscuandé (Nariño) y los municipios de Balboa y Guapi, al occidente con el municipio de Timbiquí, al norte con la cuenca del río Naya (que hace parte del municipio de López de Micay), y al oriente con la vertiente oriental del municipio de El Tambo, y los municipios de Cajibío y Morales (Ver mapa).
Mapa 1. Cuenca del Río Micay
La población que habita en esta región es de aproximadamente 48.000 personas. 27.000 en Argelia (Concejo Municipal de Argelia, 2020), 8.000 de El Tambo (Concejo Municipal de El Tambo, 2020) y 9.000 de López de Micay (Concejo Municipal de López de Micay, 2020).
De ellos, el 90% viven en zonas rurales y el 10% en centros urbanos como Argelia, Sinaí, El Mango y El Plateado en Argelia; Huisitó en El Tambo, y López de Micay y una serie de pequeños poblados ubicados a lo largo del río y en las islas que se forman en el delta del río muy cercanos al océano pacífico.
La mayoría de la población ubicada en los territorios de Argelia y El Tambo son campesinos y colonos de origen mestizo, provenientes de otros municipios del Cauca y del suroccidente colombiano, y algunos herederos de una migración antioqueña realizada en 1947 (Montes Vásquez, 2017). La mayoría de la población de López de Micay es afrodescendiente (comunidades negras). Existen 5 resguardos indígenas (cuatro Epera Siapidara y uno Emberá) y 5 consejos comunitarios (Consejo Noruego para los Refugiados NRC, 2017).
Históricamente la cuenca del río Micay estuvo muy poco poblada. Sólo se encontraban gentes en las partes bajas de la cuenca, en donde se ubicaron desde el siglo XVIII núcleos muy dispersos de comunidades negras, llevados por herederos españoles a explotar oro de aluvión, muchos de los cuales se convirtieron en “negros cimarrones” que escaparon de la esclavitud (Hoffmann, 1999). Hasta antes del impacto de la colonización que coincide con el auge de los cultivos de coca, esa población afrodescendiente contaba con sistemas de subsistencia basados en la pesca, recolección de productos, pequeña minería ancestral y agricultura de pan coger, y mantenían relaciones comerciales ocasionales con Buenaventura y Tumaco.
En el área que actualmente está habitada por campesinos y colonos “cocaleros”, o sea, en la parte alta de la cuenca o región de cordillera occidental, en 1947 llegó la primera migración “paisa” traída a la región por Víctor Mosquera Chaux, quien luego se convertiría en un gran gamonal político, representante de la aristocracia payanesa y de los grandes terratenientes caucanos y vallecaucanos. Dicha población migrante se localizó en Huisitó y alrededores (Playa Rica, Costa Nueva, otras veredas) y hasta alrededor de 1970 trataron de implantar una economía “cafetera” que no prosperó por diversas causas económicas, sociales y ambientales (Montes Vásquez, 2017).
Así mismo, la población de Argelia era proveniente de municipios como Rosas, Bolívar Balboa, del departamento del Cauca, que arribaron a la región desde principios del siglo XX “se asientan colonos en busca de la cera de laurel” (Prieto Jaramillo, 2023). Después de 1970 cuando es llevada la marihuana a la región y años después, cuando se importa la coca para ser sembrada y transformada en clorhidrato de cocaína, se inicia el proceso de colonización del territorio, y surge, paralelamente, la aparición de los grupos armados, especialmente las Farc-Ep (Montes Vásquez, 2017).
A partir de ese momento y en diferentes oleadas expansivas dentro de la dinámica nacional de esa economía ilícita y de los mercados internacionales, se suceden en el tiempo múltiples migraciones de gentes provenientes de Nariño, Putumayo, Caquetá y otros municipios del Cauca (Rosas, La Sierra, Bolívar, Mercaderes, Balboa), que acudían para sembrar coca, comerciar insumos, prestar servicios de varias clases y recolectar la coca (“raspachines”).
Vale la pena citar en este aparte el trabajo de investigación realizado sobre el corregimiento de El Plateado (Argelia) por Denis Antonio Arboleda Suárez denominado “Economía de la coca y violencia: realidades desde el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca (Colombia)”, para tener una idea de lo que ocurrió en la región:
En su historia se reconoce que desde su fundación hacia la década de 1950 en el corregimiento aún no existían los cultivos de coca con fines ilícitos, al contrario, en principio el sustento de sus habitantes se basó en los denominados cultivos de pancoger como maíz, yuca, plátano, chontaduro, arroz, entre otros, como también la cría de ganado porcino y bovino sin ningún tipo de tecnificación. Del mismo modo, la planta de coca no era desconocida para los primeros habitantes que colonizaron estos territorios, existen evidencias desde las narraciones de sus habitantes que dan cuenta que durante los primeros años esta planta cumplía funciones eminentemente culturales a través de su uso tradicional como mambe, práctica que nace de masticar “la combinación de la hoja de coca tostada y pulverizada y de la ceniza de yarumo. Esta última tiene como función liberar el alcaloide de la planta para dejar al descubierto sus propiedades. Una vez obtenido se combina con una pasta de tabaco denominada ambil’’ (Rodríguez, 2010, párr. 2).
Ya en la década del 70 los cultivos de coca adquieren un interés ilícito por sus importantes ganancias económicas, siendo el sur de Colombia, principalmente el departamento del Caquetá en donde se iniciaron las plantaciones de coca con fines de extracción de alcaloides (Cano, 2002 citado por Castaño, Bernal, Marín y Ramírez, 2003). Para el caso específico del departamento del Cauca, la caída de los precios del café tras la ruptura del pacto de cuotas en la década del 80, generó condiciones para el surgimiento de una vasta suma de mano de obra desempleada que tuvo que regresar a sus lugares de origen (Arboleda Suárez, 2017).
De igual forma, en diferentes momentos llegaron a la región empresas de mineros de oro (legales e ilegales) para explotar los ríos ricos en ese mineral, generando problemas de tipo ambiental cuando empezaron a utilizar gran maquinaria para remover el material (Municipio de López de Micay, 2014).
Actualmente todavía existen procesos productivos ancestrales (muy debilitados, más que todo entre comunidades indígenas y afros), economías campesinas que subsisten en medio de la producción de coca y de la minería ilegal, y la presencia de servicios complementarios que proveen de insumos o comercializan la producción lícita e ilícita que existe en la región.
Los procesos productivos o economías ancestrales desde hace más o menos 40 años se vieron totalmente impactados por los fenómenos creados por la presencia de las economías ilegales (narcotráfico y minería ilegal) y por la llegada de grupos armados ilegales.
Esa situación produjo fuertes repercusiones económicas, sociales y culturales consistentes en encarecimiento a todo nivel de las condiciones de vida, especialmente los alimentos y otros servicios, la presión sobre las mujeres jóvenes empujadas a la prostitución y la expulsión de personas que se resistían a los poderes impuestos, y nuevas costumbres frente a elementos extraños traídos tanto por colonos como por los integrantes de los grupos armados.
Los núcleos de colonos iniciales ubicados en Huisitó y La Paloma (El Tambo) y en lugares como El Mango, Sinaí y El Plateado (Argelia) a partir de los años 70 y 80 del siglo XX se expandieron hacia todo el piedemonte occidental de la cordillera occidental, como consecuencia de la ofensiva del Estado contra los cultivos “agro-industriales” de coca en departamentos como Caquetá, Putumayo, Meta y Guaviare o en otras regiones del Cauca como el Macizo Colombiano (municipios de Almaguer, Bolívar, Mercaderes y otros).
A partir de esos momentos esta región se convirtió en uno de los más importantes centros de producción de clorhidrato de cocaína, que luego se expandió hacia la costa pacífica nariñense, aprovechando los numerosos y grandes ríos (Patía, Micay, Iscuandé, etc.) para sacar la droga hacia mercados internacionales (México, Centroamérica y los EE.UU.) a través del océano pacífico.
En esa dinámica se establecieron en la región dos grandes frentes de las Farc-Ep (8°y 30) durante los años 90s y primeras décadas del siglo XXI, y luego de la desmovilización de esa guerrilla (2016) la región fue disputada por todo tipo de grupos armados (“rastrojos”, Eln, Epl, otros), hasta la actualidad cuando después de 3 años de fuertes enfrentamientos la fuerza hegemónica es el Frente “Carlos Patiño” del autodenominado “Estado Mayor Central” de las FARC-Ep (Prieto Jaramillo, 2023).
Aspectos generales de la disputa territorial
Desde los albores y el surgimiento de la especie humana apareció el conflicto por el control y el aprovechamiento del territorio. La extinción de los neandertales y del homo floresiensis en gran medida fue resultado de la expansión territorial del homo sapiens en los territorios que habitaban esas especies del género Homo (Harari, 2019). Posteriormente, la disputa enfrentó a grupos humanos diferentes y diversos. Tal situación se agudizó después de la revolución neolítica, cuando la humanidad inventó la agricultura y la ganadería. Las tierras más fértiles o ubicadas estratégicamente para acceder a recursos de diversa naturaleza (ríos, ensenadas, bahías, montañas, cañones, etc.) eran motivo de luchas y conflictos, que luego llevaría a la conformación de imperios que impondrían su control por medio de la fuerza. A partir de esos tiempos aparecieron pueblos o culturas que se han extendido sobre el territorio, conquistando regiones y expandiendo su influencia cultural, política, económica y militar (Yun Casalilla, 2019).
En el caso de Colombia, que hace parte de Latinoamérica y, particularmente, de la región andina, la disputa por el control de las mejores tierras o de las fuentes de agua, es de vieja data. Aún, antes de la invasión europea, la lucha por el territorio se presentaba entre los diversos pueblos amerindios u originarios, entre los cuales también surgieron imperios similares a los que aparecieron en el medio oriente o en Asia (acadios, asirios, persas, egipcios, etc.). Olmecas, mayas, aztecas, purépechas, aymará-quechuas y muiscas crearon verdaderas y avanzadas civilizaciones que se impusieron y controlaron a otros pueblos o los expulsaron hacia selvas y bosques tropicales (López Sánchez, 1998).
En el suroccidente colombiano, en donde está ubicada la Cuenca del río Micay, objeto de este trabajo, al igual que en otras regiones de América, subsistieron numerosos “pueblos libres” que nunca fueron dominados por ningún imperio amerindio, en donde surgieron alianzas temporales para resistir los intentos realizados por el imperio de los incas, antes de la llegada de los invasores europeos (“españoles”). Los pueblos quillacingas, pastos y sindaguas al sur de la actual Colombia, se aliaron y se opusieron férreamente al avance inca hacia el norte, que alcanzó a ocupar lo que hoy es gran parte del departamento del Putumayo y la Bota Caucana. Dicha alianza indígena en resistencia sólo fue derrotada posteriormente por las fuerzas españolas que encabezaron un ejército constituido mayoritariamente por indígenas “yanaconas” (Romoli, 2019).
Esos “pueblos libres” que mantenían estructuras sociales comunitarias y que no eran totalmente sedentarios, aunque muchos de ellos ya utilizan la agricultura como forma de subsistencia, han sido la base de la resistencia indígena (y posteriormente afro y mestiza) a la dominación colonial europea y capitalista en diferentes regiones de América. Los actuales núcleos de esa resistencia están actualmente encabezados por los pueblos chiapanecos de México, los mapuches en Chile, los nasas en Colombia, y muchos otros pueblos en Bolivia, Ecuador, Brasil, Perú y Centroamérica, y representan la continuidad de esa lucha a lo largo de los siglos dado que ese proceso de colonización aún no termina y está en pleno avance (Otros Mundos AC, 2023).
Es importante anotar que esos “pueblos en resistencia” han desarrollado procesos de ocupación de territorios empujados por la necesidad de sobrevivir, pero constituyen dinámicas y experiencias cualitativamente diferentes a las colonizaciones imperiales que se han realizado en las diversas épocas y etapas de la historia de la humanidad. El ejemplo más importante y aleccionador de ese tipo de “colonización del territorio” lo protagonizaron los pueblos negros esclavos del norte del Cauca, que a lo largo de más de un siglo construyeron una importante economía productiva y una sociedad democrática en el Valle del río Cauca y afluentes (Palo, Desbaratado). Inicialmente lo hicieron pequeños grupos que escapaban del control de las haciendas esclavistas, y luego, fue un proceso más masivo cuando se aprobó por ley el fin de la esclavitud en Colombia (Taussig, 1975)[1, ver nota al final].
Dos tipos de “colonización de resistencia” en la Cuenca del río Micay
Con base en lo anteriormente planteado, es necesario precisar que en la Cuenca del río Micay se asientan dos tipos de “colonización territorial de resistencia” separadas por el tiempo y el espacio. Una, protagonizada por comunidades negras que viene desde el siglo XVIII y se ubica en la “cuenca baja” del río, a partir de San Juan de Mechengue (Hoffmann, 1999), y la otra, que se inicia en Argelia a principios del siglo XX, y en El Tambo (Huisitó) en 1947, y que se localiza en la parte “alta” de la cuenca, en el piedemonte de la vertiente occidental de la cordillera occidental (Montes Vásquez, 2017) (Arboleda Suárez, 2017).
La ocupación “negra” del territorio es de largo aliento y es fruto de la resistencia a la dominación colonial española y de sus herederos criollos. De alguna manera, en forma indirecta, las comunidades negras le disputaron el territorio a grupos indígenas que habitaban la región, que fueron diezmados por la colonización española que llevó a la región del pacífico a negros esclavos para extraer oro. La siguiente cita nos permite visualizar lo que en esa región ocurrió a partir de los siglos XVII y XVIII:
Aprile-Gniset (1993) denomina “afroamericano” el segundo ciclo. Articulado con la conquista española y colonización, logró su momento en el siglo XVII, se fortaleció en el siglo XVIII, y alcanzó su máxima expresión territorial y demográfica desde el fin del siglo XIX. Este ciclo tuvo, a su vez, tuvo varias fases: una expansión parcial, restringida a los enclaves mineros; esta fase fue avanzada a través de la conquista militar y subyugación de los habitantes indígenas, quienes a menudo opusieron una feroz resistencia. Como otro historiador argumentó, “la hostilidad de los indios, la alta mortalidad, la incapacidad para producir cantidades de lingotes de oro, y las ideologías españolas contradictorias que concernientes su tratamiento y la conversión religiosa hizo pronto necesario el uso de negros para llenar la escasez de mano de obra” (Sharp 1970: 24). Esta fase dio el origen a una economía puramente extractivista con técnicas mineras rudimentarias basadas en el trabajo esclavizado (placeres de arroyo y otros tipos de extracción de oro como canalones o los socavones horizontales en áreas del interfluviales o en las terrazas altas).
Romero examinó este proceso en detalle para el Pacífico del sur. En su perspectiva, la dinámica principal se caracterizó por un proceso simultáneo de adaptación y resistencia a la esclavitud, articulado alrededor de los grupos mineros o cuadrillas creados por los dueños de esclavos como las unidades de la producción. Las cuadrillas desarrollaron formas culturales y sociales de organización que generaron relaciones domésticas en las cuales las mujeres proporcionaron la cohesión al interior del grupo mientras los hombres asumieron las relaciones con la sociedad blanca. Con el tiempo, las cuadrillas ganaron movilidad y extendieron su campo de relaciones, creando así las condiciones para obtener su libertad. En los intersticios de las minas basadas en los esclavizados aparecían los asentamientos de negros libres dedicados a minería tradicional a partir de las relaciones del parentesco; estos grupos usaron sus propios recursos, así como los recursos prestados o aprendidos de los grupos indígenas para su adaptación cultural y ecológica al ambiente bajo condiciones de gran autonomía (Escobar, 2010).
Ese tipo de apropiación del territorio por comunidades negras construyó, como dice Escobar, un “mundo socio-natural”, que debe ser comprendido en la complejidad de sus relaciones entre los dominios biofísicos y humanos que dan cuenta de las configuraciones particulares entre naturaleza y cultura, sociedad y naturaleza, paisaje y lugar, como entidades vivenciadas y profundamente históricas.
El segundo tipo de “colonización de resistencia” que ha ocurrido en la Cuenca del río Micay, es la protagonizada por campesinos y colonos provenientes de otros municipios del Cauca y diferentes regiones de Colombia, que se inicia desde los primeros años del siglo XX en la región de Argelia, y desde 1947 en la zona de Huisitó (El Tambo), y que a partir de la década de los años 70s del mismo siglo, se fortalece y expande con la introducción en la región de cultivos de uso ilícito (marihuana y coca) y la presencia de guerrillas insurgentes.
Sobre ese tema Arboleda Suárez en su trabajo sobre El Plateado (Argelia) afirma lo siguiente:
Los cultivos de coca iniciaron su expansión no precisamente en aquellos territorios dedicados al cultivo del café, sino en aquellos departamentos en donde la debilidad institucional y condiciones climáticas adecuadas propiciaban ventajas comparativas para el cultivo (Daza, 2016). De esta manera, zonas apartadas de los centros urbanos como el caso de El Plateado se constituyeron en lugares propicios para la implementación y expansión de las plantaciones de coca. Con la llegada y expansión de los cultivos de coca, a nivel local se fue creando un modelo económico que terminó por reemplazar por completo la anterior base productiva y a su vez las relaciones de convivencia en la comunidad (Arboleda Suárez, 2017).
Y Montes Vásquez en su investigación sobre el corregimiento de Huisitó (El Tambo) apunta sobre un factor esencial de lo ocurrido:
(…) la marginación estructural del Estado sobre los nuevos territorios colonizados, en términos de infraestructura y de servicios básicos, llevó a que los colonos enfrentaran enormes dificultades para establecerse en escenarios tan periféricos de la geografía nacional y en medios naturales tan adversos. El carácter prolongado y sistemático de la exclusión malogró la emergencia de actividades productivas lícitas y frustró las iniciativas de los colonos por vincularse de forma estable al mercado regional. En algunos cuantos casos este aislamiento desató el surgimiento de economías locales de autoconsumo y en otros propició la aparición y consolidación de diferentes economías ilegales (Montes Vásquez, 2017).
Concebimos esta colonización del territorio como “de resistencia” porque es protagonizada por campesinos y colonos que provienen de otros territorios donde fueron expulsados y/o desplazados por el conflicto armado o por otros factores relacionados con la pobreza y la falta de oportunidades. Pero, como lo describe Montes Vásquez, cuando ocurre el encuentro entre las comunidades negras nativas y los colonos “paisas” en 1947, se puede observar como el choque socio-cultural es inevitable frente a la visión del “progreso” y la riqueza. Veamos como este autor nos ilustra con una parte de la entrevista a Víctor Torres, un heredero de comunidades negras nativas:
Fue así como la llegada de los colonos paisas cambió la historia de este pueblo para siempre. El hombre que asesinó a Gaitán jamás imaginó que los disparos que salieron de su pistola habrían de transformar la vida de una apartada comunidad negra en las selváticas montañas del Cauca. Con el paso de los años, el pequeño caserío en el que vivían los mayores se fue convirtiendo en un pueblo cada vez más grande, más blanco y más poblado. Los paisas llegaron a Huisitó con las historias de la violencia que los había desplazado y fueron recibidos por la hospitalidad de algunos negros, que se compadecieron de los cuentos tan miedosos que traían los blancos. (…) En poco tiempo los primeros colonos se fueron estableciendo y sin mucha demora salieron a llamar a sus conocidos, que también eran desplazados y que terminaron entrando a esta región para refugiarse de la violencia.
(…) Los paisas fueron arrinconando la montaña y sin proponérselo rompieron el equilibrio natural que los mayores habían preservado durante tanto tiempo. Porque no tenían el cuidado de tomar lo exclusivamente necesario de la montaña, sino que querían tomarlo todo para guardarlo o para venderlo. Traían una ansiedad muy extraña, como si de alguna manera la selva se fuera a agotar o los recursos fueran a desaparecer. Muchos venían sedientos de dinero, con hambre de hacer negocios. Si algún día salían a cazar y encontraban varios animales no tenían la precaución de sólo matar a los machos adultos, sino que cazaban a las hembras y también a las presas pequeñas. Sabiendo que ya no lo hacían por necesidad sino por cultura o por diversión, porque muchos tenían cerdos y pollos en sus fincas para alimentar bien a la familia. Con ese mismo espíritu los colonos llegaron a trabajar la tierra. Cuando abrían sus mejoras derribaban todos los árboles como si la selva los enfermara, y antes de sembrar sus cultivos quemaban toda la vegetación disque para limpiar el terreno. Eran amigos del hacha y de la candela. En cambio, los mayores sólo cortaban unos pocos árboles y levantaban sus sementeras al tapado, es decir, en medio de la naturaleza y bajo las ramas que habían cortado. Fue por ese maltrato que muchos de los suelos se fueron debilitando y que después aparecieron plagas y pestes que acabaron con muchos cultivos.
Al comienzo igual pasó que los blancos llegaron con el deseo de apropiarse de las mejoras de manera individual para no compartirlas con nadie, a diferencia de los negros que tenían muchas tierras para trabajar en colectivos. Por esa razón tuvieron bastantes conflictos de linderos. Pero con las dificultades que trajo el tiempo los colonos descubrieron que todos éramos una misma familia y que debíamos sumar fuerzas para que este pueblo saliera adelante. Fue entonces cuando empezaron a realizar mingas y a trabajar en compañías para ayudarse, que finalmente fueron enseñanzas que los paisas aprendieron de los negros. Los mayores decían con mucha razón que el egoísmo era el mayor enemigo del ser humano. La cabeza necesita de los brazos, de las manos y de las piernas. Todos estamos llamados a vivir en comunidad” (Montes Vásquez, 2017) .
Lo anterior es muy importante tenerlo en cuenta cuando se trate el tema de los “planes de vida” que se deberán construir con las comunidades que comparten el territorio de la Cuenca del Micay. Es evidente que las dos formas de apropiación del territorio y de sus recursos están presentes en la actualidad tanto entre las mismas comunidades como entre los agentes “externos” que de una manera u otra van a influir en el diseño de esas políticas.
Colonización y expansión de la frontera agrícola en nuestra historia
Es importante e interesante para lograr los objetivos de este trabajo, realizar un recuento (así sea, muy sintético) de los anteriores ciclos de colonización y las diversas formas como se realizó la expansión de la frontera agrícola en Colombia. Ese recorderis permite visualizar las continuidades de ese proceso y comprender las particularidades de lo que ha ocurrido en el último ciclo que denominamos “colonización coquera”. Para hacerlo se requiere de una mirada panorámica de lo que ha sido la ocupación del territorio, pero también, una visión aterrizada a las particularidades y complejidades de cada región. Al respecto Absalón Machado en su texto “Colonización, una revisión del aporte de la academia y sus implicaciones en la formulación de políticas” nos dice lo siguiente:
La ocupación del territorio no ha constituido un proyecto estatal de largo plazo ni una estrategia geopolítica definida; ha sido un proceso resultante de formas de apropiación privadas del territorio en las que incidieron los ciclos del comercio exterior de materias primas agropecuarias y la dinámica de la economía nacional. Se dio un proceso no planificado, la mayor parte espontáneo, pues sólo después de la segunda mitad del siglo XX el Estado intervino con una colonización dirigida por la Caja Agraria y el Incora, que buscaba poner orden y orientar la colonización espontánea, un proceso donde el Estado iba detrás de los problemas buscando solucionarlos, cuando ellos ya habían desbordado su capacidad de gestión y manejo.
La política agraria de alguna manera estimuló directa o indirectamente la expansión de una frontera sin suficiente atención estatal, en lugar de buscar una mejor distribución de los recursos al interior de la frontera para evitar la gran destrucción de recursos que ha significado la colonización, la inmensa generación de conflictos, la irracional explotación del suelo y la gestación de movimientos y protestas contra el Estado.
La expansión de la frontera no ha estado acompañada de la extensión del Estado, lo que ha significado que otros agentes tomaran el control temprano de los territorios; la acción estatal tardía no ha sido eficaz para ordenar los procesos y regular los conflictos. También es claro que la sociedad colombiana y el Estado le han dado una valoración marginal a las áreas periféricas, constituyendo la colonización una clara manifestación de la exclusión de campesinos y colonos (Machado, 2003).
En primer lugar, tenemos la colonización realizada por los invasores españoles durante casi tres (3) siglos, que estuvo determinada por las características de los pueblos indígenas que habitaban este lugar de América, y por tanto, por la naturaleza de la resistencia que desarrollaron ante la invasión y colonización. También influía el origen y naturaleza de los “conquistadores”, en donde algunos eran más feudales que otros, y en algunos casos como los catalanes y vascos, tenían más espíritu creativo e innovador. Esa dinámica de lucha y resistencia marcó la forma como fue poblado el territorio de lo que hoy es Colombia y definió la composición racial y étnica del país, y en gran medida, mostró desde el principio, cuáles serían las regiones con mayor desarrollo económico y cuáles las que se mantendrían atrasadas.
Tres grandes regiones se configuraron desde los inicios de la invasión: 1. La región central, en particular, lo que actualmente es la altiplanicie cundinamarquesa y boyacense, habitada por pueblos muiscas, y sus alrededores. 2. La región occidental, en donde los españoles conquistan y colonizan el territorio en alianza con pueblos “yanaconas” traídos del norte de Perú y Ecuador, y derrotan a los pueblos nativos, los expulsan hacia las montañas de las cordilleras o hacia los bosques tropicales del Pacífico. Esta región, a su vez se puede dividir en la zona norte (Antioquia y eje cafetero) y la región suroccidental (Valle, Cauca y Nariño), siendo la primera eminentemente “blanca” y minera, y la segunda, muy mestiza y agricultora. 3. La región caribe, al norte de la denominada Nueva Granada, en donde los pueblos arahuaco y wayuu resisten y sobreviven con creativas estrategias (refugio en la Sierra Nevada y huida hacia la desértica Guajira) mientras el resto de pueblos (Chimilas, Mokanás, Zenús, Yukos, y otros) son diezmados y dominados por la fuerza colonizadora.
La lenta colonización se complementa después con la traída de esclavos negros para reemplazar la mano de obra indígena, especialmente en las minas de oro, y se empieza a configurar la apropiación del territorio que al final de la etapa colonial estaba definida por las grandes encomiendas con economías semi-feudales y las haciendas esclavistas, destinadas a sostener la explotación minera. La apropiación del territorio por parte de los españoles y de sus herederos criollos y la expansión de la frontera agrícola en lucha con los pueblos indígenas que se resistían, fue un proceso largo y lento, en donde los pueblos indígenas y negros sometidos, y los mestizos que fueron surgiendo, eran los principales protagonistas en beneficio de las familias de los encomenderos que serían los precursores de los grandes terratenientes de los siguientes siglos.
La historia económica de Colombia, posterior a la independencia, se resume en la lucha por definir el tipo de organización socio-política y económica que más se ajustaba a las características del país y el modo de vinculación al comercio internacional. Luego de la independencia, en forma también muy lenta se va expandiendo la frontera agrícola mediante la adjudicación de baldíos a generales y coroneles del ejército libertador y militares que se destacaron en las subsiguientes guerras entre federalistas y centralistas, esclavistas y antiesclavistas, conservadores y liberales, y entre liberales moderados y radicales. Los ingleses se apoyaron en sectores progresistas de la naciente oligarquía colombiana para impulsar cultivos de agro exportación entre los cuales los más destacados eran el tabaco, la quina, el añil, la tagua, los sombreros de jipijapa, el algodón y, para finales del siglo XIX, el café y otros productos (Sastoque R., 2023).
Los siguientes ciclos de colonización de nuevos territorios (“baldíos) y de expansión de la frontera agrícola se pueden sintetizar así:
El que se desarrolló alrededor de la desamortización de los bienes de “manos muertas” en poder de la iglesia promovido en el gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera en 1861.
La colonización antioqueña mediante la cual se colonizaron diversos territorios ubicados al occidente del país, principalmente al sur de Antioquia, así como en las áreas geográficas correspondientes a los actuales departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío, y parte del Tolima y Valle del Cauca.
La “colonización negra” del valle geográfico del río Cauca, especialmente en el norte del Cauca y sur del Valle, en donde las comunidades afrodescendientes “domesticaron” las riberas de los ríos afluentes del Cauca (El Palo, Desbaratado, otros) y construyeron “en libertad” una poderosa economía que sirvió de base al posterior desarrollo capitalista de la región. Paralelamente, este proceso también se realizó en diversas regiones del Pacífico, en donde las comunidades negras se asentaron y apropiaron del territorio.
La colonización de baldíos por parte de campesinos y colonos en amplios territorios del país, empujados desde 1936 por la reacción violenta de los grandes terratenientes al primer intento de reforma agraria en Colombia, que impulsó el presidente Alfonso López Pumarejo con la ley 200 de 1936. Este proceso de colonización se amplió y fortaleció después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, y se ha mantenido desde entonces en diversas regiones de Colombia. Dentro de esa dinámica ocurrieron las colonizaciones de la Orinoquía y Amazonía, Guaviare y Caquetá, Urabá y el Bajo Cauca Antioqueño, Putumayo, Magdalena Medio, y en la última época partes del Chocó Biogeográfico y zonas de frontera como áreas del Catatumbo, Nariño y Amazonas.
La colonización promovida desde el Estado por la presión del movimiento campesino que se inició durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962) con la aprobación de la Ley 135 de 1961 de Reforma Agraria y se quiso fortalecer en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo (1966-1970) con la ley 1 del 26 de enero de 1968, pero fue reversada el 9 de enero de 1972 por el Pacto de Chicoral firmado entre el gobierno de Misael Pastrana Borrero, congresistas y terratenientes o latifundistas colombianos.
Es necesario destacar que todas las anteriores colonizaciones y expansiones de la frontera agrícola terminaron siendo canalizadas de una u otra manera por los grandes terratenientes y la oligarquía colombiana. En unos casos, le quitaban presión a la lucha por la tierra fértil que desarrollaban los campesinos e indígenas aparceros y terrajeros; en otros, despojaron a la fuerza o con engaños a los campesinos que habían despejado amplias extensiones de tierra y domesticado selvas y bosques; y otros más, aprovecharon para incrementar sus riquezas mediante la ampliación del comercio, monopolizando la compra de los productos agrícolas y la dinámica de los nuevos mercados que se iban generando con el tiempo.
La “colonización coquera” se realiza como parte de este último ciclo pero adquiere nuevas características que deben ser precisadas para poder comprender la situación actual en territorios como la Cuenca del río Micay.
La “colonización coquera” y sus particularidades
Es evidente que lo que denominamos como la “colonización coquera”, se realiza como resultado de la crisis y fracaso de los anteriores procesos de colonización y de expansión de la frontera agrícola. Ese fracaso se manifiesta en que en muchas de las regiones en donde los campesinos pobres y colonos expanden con grandes sacrificios la frontera agrícola se presenta el avance de la ganadería extensiva y la monopolización de las mejores tierras por comerciantes, ganaderos y nuevos terratenientes, que aprovechan la debilidad de las economías de subsistencia de los campesinos y los empujan a avanzar sobre selvas y bosques tropicales.
Entonces, aparecen la coca y los grupos armados insurgentes que muy poco tiempo después (1982) definen una política connivente con los narcotraficantes basada en la necesidad de fortalecer sus finanzas con base en tributos a la producción y comercialización de clorhidrato de cocaína (gramaje), impuestos al comercio de insumos y en algunas regiones, impuestos a la hectárea cultivada (cuando son cultivos extensivos y agroindustriales). Sin embargo, dicha política no tuvo en cuenta que en algunas zonas los narcotraficantes compraron o alquilaron tierras (Magdalena Medio, Urabá, norte de Antioquia y sur de Córdoba, sur de Sucre, Bolívar y Cesar, y en el sur del país) y se convirtieron en grandes terratenientes que fueron el soporte para el surgimiento del paramilitarismo como herramienta, tanto para neutralizar a las guerrillas insurgentes como para desarrollar una verdadera contrarreforma agraria mediante el despojo violento de los campesinos que en el anterior período habían adquirido tierras entregadas por el Incora (Machado, 2003).
En esa dinámica de colonización alrededor de la economía del narcotráfico y, más adelante, de la minería ilegal, el campesino colono se va transformando en la medida en que logra capitalizar algunos recursos provenientes del cultivo y el procesamiento de la “pasta de coca” (primera fase del proceso de producción de la cocaína). Esa economía “no lícita” introduce cambios significativos en los sistemas de producción y en la personalidad de los colonos. Por ejemplo, se pasa de una división del trabajo simple a uno más complejo, el espíritu comunitario y colectivo es reemplazado por el individualismo y el sentido de competencia.
Después de la década de los años 90s del siglo XX, cuando el gobierno arremete sobre los grandes cultivos de Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo, se fortalece y expande dicha economía en regiones del pacífico y otras zonas de frontera, en cabeza de campesinos cocaleros “ricos” que contratan decenas de miles de jornaleros del campo (“raspachines” o recolectores de hoja de coca) y, por tanto, se presenta un acentuado proceso de diferenciación social. Así, la movilidad vertical ascendente se hace más difícil, y aparecen los inicios del surgimiento de lo que podría denominarse como una “burguesía emergente”, que monopoliza algunos de los servicios complementarios, parte del comercio de insumos, de la construcción de vivienda en centros urbanos cercanos y la incursión con dichos capitales en la minería ilegal.
En ese proceso se presenta lo que podríamos definir como la creatividad innata del campesino y del colono colombiano. Asimila rápidamente la técnica de procesamiento de la “pasta base” y desarrolla un gran ingenio e innovación para sustituir insumos faltantes o restringidos por la política del gobierno; aparece una especie de racionalidad empresarial que le va dando una configuración eficiente a la cadena productiva de la cocaína; se producen cambios en los hábitos de consumo dejando de producir el pan coger para importar desde otras regiones todo lo necesario para subsistir y dedicar todo el tiempo a la producción de hoja de coca y sus derivados; cambian las relaciones de trabajo entre el dueño del cultivo y del producto, y los trabajadores recolectores de hoja de coca y/o procesadores de la pasta base o de la cocaína pura; se presentan grandes cambios en el uso de la tierra y en las relaciones con el ambiente; se generan nuevas dinámicas y lógicas de acumulación de capital; la cultura campesina pasa a un segundo lugar y surge la “cultura traqueta” que tiende al derroche, la ostentación de riqueza y el espíritu de enriquecimiento fácil, con la aparición de los medios de comunicación electrónicos, que disgregan el núcleo familiar y generan condiciones para adaptarse de forma pragmática (y oportunista) al poder armado dominante en la zona respectiva.
Es en ese marco como se puede afirmar que, a diferencia de los anteriores procesos de colonización y apropiación del territorio, de ocupación y poblamiento de nuevos espacios rurales (baldíos en bosques y selvas) y de expansión de la frontera agrícola, éste último ciclo de colonización es diferente. En los anteriores ciclos, los campesinos y colonos pobres eran fácil presa de otros agentes económicos que venían detrás de su esfuerzo y trabajo por “construir finca” y bienestar para sus familias, y por lo general eran nuevamente despojados y expropiados, y eran empujados a avanzar “selva adentro”. En cambio, en este último ciclo en donde los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal son el eje productivo, han surgido sujetos sociales con cierta fuerza económica que impiden que lo ocurrido anteriormente se repita. Entre las particularidades de ese proceso se resalta lo siguiente:
Se desarrolla en regiones de frontera de menor interés para grandes inversionistas y/o terratenientes y se van constituyendo estructuras de poder que requieren de fuerza armada legal o ilegal. En muchos casos han logrado permear a integrantes del ejército y de la policía.
Algunos de los campesinos y colonos pobres se han ido transformado en campesinos ricos, comerciantes y empresarios e inversionistas en centros urbanos cercanos, lo que denominamos “burguesía emergente”.
La capitalización de recursos económicos y financieros en manos de sectores de la población ha llevado a que con ayuda o sin colaboración del Estado, se construyan carreteras y otros tipos de infraestructura comercial y de servicios.
Fruto de esa realidad, el movimiento campesino en Colombia ha elaborado una serie de políticas que superan las tradicionales consignas y reivindicaciones como se pudo observar durante el paro agrario de 2013, en donde confluyeron las tres versiones del movimiento agrario del país, como fueron los pequeños y medianos productores agrarios (cafeteros, paperos y lecheros de Boyacá y Nariño, y otros sectores productivos), los campesinos tradicionales de diversas regiones que luchan por la tierra y demás reivindicaciones económicas y sociales, y los productores de hoja de coca.
Entre esas políticas planteadas por las organizaciones agrarias durante el paro de 2013, cabe destacar las relacionadas con la “reservas campesinas” y la “seguridad y soberanía alimentaria”, así como el reconocimiento constitucional y jurídico como “sujeto de derecho fundamental” a los campesinos. Tales reivindicaciones han sido recogidas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (Congreso de Colombia, 2023) por el actual gobierno y se ha creado por ley la jurisdicción agraria y rural como desarrollo del Acuerdo de Paz, que en la actualidad está en proceso de desarrollo legal y regulatorio, y ya se han creado varios jueces agrarios (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural / Ministerio de Justicia y del Derecho, 2023).
Economías “no lícitas” y proceso de paz en Colombia
Es importante anotar que dentro de las denominadas “economías no lícitas” (o ilícitas, ilegales, criminales) en la actualidad no solo se contemplan lo que es el narcotráfico y la minería ilegal, sino que como lo ha venido planteando el presidente Gustavo Petro en numerosas intervenciones tanto en el ámbito nacional como internacional (Gobierno de Colombia, 2023), dichas economías incluyen el secuestro, la extorsión, el tráfico de armas, la trata de personas, el lavado de activos, el robo de información, y toda una serie de prácticas delincuenciales que de acuerdo a estudios internacionales, aportan al PIB mundial entre el 8 a 15% de capitales surgidos en esas dinámicas (Tornafoch Yuste, 2021).
En el caso de la economía del narcotráfico que en Colombia se ha concentrado en marihuana y coca (clorhidrato de cocaína), aunque en los años 90s del siglo XX también se producía amapola (heroína). Aunque se han realizado numerosos estudios sobre el tema no existen cifras concluyentes sobre el aporte de dicha economía en la estructura del PIB en Colombia a lo largo de los 45 años en que dicho fenómeno hizo su aparición en el país.
Es evidente que a nivel mundial esas economías “no lícitas” como la producción y comercialización de sustancias narcóticas ha sido utilizada por los imperios no solo para generar grandes ganancias en tiempos de crisis económicas, sino también para realizar toda clase de intervenciones armadas y no armadas en países colonizados o sometidos, como ocurrió con la Guerra del Opio en China (Celaya Figueroa, Valdez, & Ochoa Silva). Así, ha depredado y corrompido pueblos, sociedades y gobiernos, mientras en sus propios países aplican políticas de prohibición que crean las condiciones para convertir ese negocio en una herramienta especulativa que les sirve a los poderes financieros que son los que están al final de esa “cadena productiva”, alimentarse de los capitales que se mueven en esa dinámica.
En Colombia, dichas economías han sido utilizadas para promover una colonización que ha arrasado con bosques tropicales y selvas, pero también ha sido utilizada para intervenir territorios estratégicos desplazando y despojando de tierras y territorios a campesinos, indígenas y comunidades afros. Igualmente, dichas economías han servido para degradar moralmente a las guerrillas insurgentes que poco a poco pasaron de los intentos por regular las relaciones entre narcotraficantes y los productores de hoja de coca, y a la vez, financiar sus actividades armadas y de control territorial por medio de impuestos a la producción y comercialización del clorhidrato de cocaína, involucrándose en otros terrenos mucho más cercanos a la actividad narcotraficante.
Por ello, el actual gobierno ha impulsado una política de paz que más que reprimir al productor de hoja de coca, ya sea mediante la erradicación forzada, la aspersión aérea de fungicidas (glifosato) o la judicialización de los campesinos cocaleros, está dirigida a crear condiciones económicas, políticas y culturales para acabar con dichas prácticas ilegales, desestimulando el negocio, atacando el tráfico mismo de grandes cantidades de la droga, y tratando de bloquear la financiación extranjera de las mafias transnacionales (mexicanos, albaneses, rumanos, etc.). Dicha política parece estar haciendo efecto y, por ello, paralelamente, existen las condiciones para que los grupos armados que hacen presencia en esos territorios se comprometan con acabar con las “economías no lícitas” como parte fundamental y vital del proceso de paz.
Partiendo de esa voluntad, que debe ser concertada con el grueso de las comunidades que habitan esos territorios y dependen de los recursos que se mueven alrededor de la producción de marihuana y coca, se deberán construir “Planes de Vida” para promover con consistencia el surgimiento y fortalecimiento de las “economías lícitas”, a fin de que en un proceso paulatino pero creciente y ascendente, lo lícito reemplace y sustituya lo ilícito.
La experiencia reciente demuestra que, si los actores armados conciertan la paz, se desmovilizan y desarman, mientras la economía del narcotráfico y de la minería ilegal se mantiene viva en los territorios, surgirán nuevos grupos armados (como ya ocurrió) que reemplacen a los actuales, dado que el Estado es incapaz de resolver el problema de un momento para otro. Sólo la voluntad de las comunidades y el avance consistente de programas y proyectos concretos y viables para sustituir los cultivos de uso ilícito podrán resolver el problema en forma definitiva.
Algunas ideas y propuestas para el “Plan de Vida” en la Cuenca del río Micay
Con base en lo anteriormente planteado se presentan algunas ideas y propuestas para construir un Plan de Vida de las comunidades que habitan el territorio de la Cuenca del río Micay, que asumiendo las bases conceptuales del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” (2023) y las reivindicaciones y políticas planteadas por el movimiento agrario, campesino, indígena, afro y de productores de coca a nivel local, regional y nacional, puedan crear las condiciones para superar -en el mediano plazo- los problemas económicos, sociales, culturales y ambientales que se han acumulado en las últimas cuatro (4) décadas.
Es claro que para elaborar ese proceso de planeación estratégica deben ser convocados todos los actores y sujetos sociales que habitan ese territorio a “soñar juntos” y a visibilizar ese sueño con propiedad e identidad, en medio de la diversidad, origen variado e historias diferentes. Diseñar la forma como debe realizarse y concretarse ese “sueño colectivo” es muy importante, dado que, por lo general, si no se realiza con paciencia y de manera auténtica por parte de los interesados, los resultados no serán los mejores y todo terminará en un documento bien escrito, pero sin conexión con la voluntad y energía de quienes lo van a llevar a la práctica. Si son los agentes externos de tipo institucional quienes lideran y llevan la batuta del proceso, el ritmo de esa creación no será el de la gente y, por tanto, la música (contenido y sentido del “sueño”) será totalmente ajena a quienes tendrán que concretar y definir la visión, el plan de vida, los programas, los proyectos y las acciones, y la agenda, los compromisos, los recursos y los tiempos en que deberá concretarse el Plan.
Luego de ese ejercicio de “soñar”, viene la elaboración de la visión. Esa visión deberá recoger y concretar la esencia de ese “sueño”, de cada sector de la población de esa región. De acuerdo a lo trabajado anteriormente se pueden caracterizar a los pobladores en dos (2) grandes zonas: la parte baja de la Cuenca, poblada por afrodescendientes e indígenas, y la parte alta de la Cuenca, en donde están los campesinos cocaleros y otros labriegos que ya han avanzado en el proceso de sustitución de cultivos, y los habitantes de los principales centros urbanos que han ido surgiendo (Argelia, El Mango, Sinaí y El Plateado, en el municipio de Argelia, y Huisitó y La Paloma, en el municipio de El Tambo).
Una vez definido el “sueño y la visión con las comunidades habitantes de la Cuenca del río Micay, convocando a todos sus actores étnicos (afros, indígenas y mestizos), sociales (campesinos tradicionales, campesinos cocaleros, jornaleros del campo, comerciantes, proveedores de servicios, maestros, trabajadores de la salud, etc.), es claro que para adelantar el proceso de planeación estratégica se deberá invitar a todas la entidades gubernamentales del nivel local, regional y nacional, a universidades, ONGs, organizaciones sociales y comunidad internacional, para que contribuyan a desarrollar ese ejercicio con métodos participativos y democráticos.
La existencia en la región de un importante proceso de organización de las comunidades es un factor que debe ser destacado y aprovechado para realizar y concretar esa planeación estratégica. Se deben movilizar y democratizar al máximo las organizaciones como las juntas comunales, la Asociación Campesina Agrícola de Huisito y los Andes -Asocambi-, el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente -Pupsod, la Coordinadora Nacional de Cultivadores Campesinos -Coccam, la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia- Ascamta, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Anzorc- y la Federación Nacional Sindical de Unidad Agropecuaria –Fensuagro, los Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y los Cabildos indígenas (Prieto Jaramillo, 2023). Todos y todas deberán participar y hacerse escuchar de sus pares comunitarios y de todos los agentes externos que deseen colaborar con ese esfuerzo.
Las líneas gruesas del PND sirven para orientar ese ejercicio de planeación estratégica, con mirada de mediano y largo plazo, como son las políticas de ordenación del territorio alrededor del agua, los nuevos tipos de industrialización y procesamiento de nuestras materias primas (incluyendo la coca y la marihuana) y el cambio de la matriz energética que reemplace los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas) por fuentes de energías limpias (hidráulica, eólica, solar, etc.), siempre y cuando se apliquen en la región con sentido común, sin dogmatismos e imposiciones, con base en las necesidades reales y mediante procesos participativos y colaborativos, sin esquemas preconcebidos y sentido de aprendizaje, creatividad, innovación y diálogo de saberes ancestrales y actuales.
Lo recomendable es que ese ejercicio de planeación estratégica identifique con total claridad una metodología que permita a todos los actores sociales e institucionales definir unos pilares, unos ejes fundamentales, unas zonas y áreas estratégicas, y que todo se concrete en verdaderos programas, aterrizados y concretos proyectos, una agenda de acciones y evaluaciones, y unos compromisos que vayan más allá de los periodos de los gobernantes locales, regionales y nacionales. Y que las comunidades y sus dirigentes no sean cooptados en ese proceso por la institucionalidad y mantengan su autonomía y autodeterminación.
Conclusiones
A partir de lo anteriormente planteado podemos elaborar las siguientes conclusiones:
En relación al territorio, se puede concluir que todos los territorios han estado en disputa y lo seguirán estando durante mucho tiempo. No existen en realidad derechos ancestrales o de origen, y la única manera de defender un territorio es con base en la construcción de sociedades y pueblos sólidamente unidos e identificados que cuenten con procesos productivos avanzados, sostenibles en lo social, económico y cultural, y cuenten con fuertes alianzas locales, regionales, nacionales e internacionales. El respaldo o reconocimiento jurídico sobre un territorio y la fuerza armada, pueden ser importantes en una coyuntura, pero a mediano y largo plazo no son suficientes para defender un territorio.
Respecto de las colonizaciones y expansión de la frontera agrícola en Colombia, podemos concluir en dos (2) sentidos: Uno, diferenciamos las colonizaciones impulsadas y manejadas por las clases dominantes y sus imperios de las colonizaciones realizadas por comunidades en “resistencia”. Son cualitativamente diferentes. Dos, la “colonización coquera”, apoyada en campesinos y colonos pobres que hoy cuentan con un territorio ocupado y una serie de inversiones en infraestructura, es totalmente diferente a las anteriores. Además, la problemática del colapso ambiental y la crisis climática hace que sus actores se conviertan en un “colchón de amortiguamiento” o “cierre social y ambiental” para cualquier posibilidad de un nuevo ciclo de expansión de la frontera agrícola.
Finalmente, pensamos que existen todas las condiciones para que la sociedad y el pueblo colombiano respalden los esfuerzos por construir “planes de vida” en territorios como los de la Cuenca del río Micay, no sólo para acabar con las economías “no lícitas” sino para avanzar por caminos que unifiquen o hagan compatible dos visiones del “desarrollo” que son contrarias y están en lucha, pero que con creatividad y democracia, pueden generar sinergias y dinámicas creativas e innovadoras para avanzar por nuevos caminos. Esas dos visiones son las de los pueblos ancestrales (indígenas, afros, raizales) y las de las comunidades que nacieron y se formaron dentro del sistema capitalista.
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[1] Esta economía campesina negra fue tan poderosa que se necesitó la fundación de Puerto Tejada y Puerto Mallarino (hoy un barrio de Cali) para la exportación vía Buenaventura de grandes cantidades de cacao y otros productos agropecuarios. Esas fincas tradicionales tenían café, cacao, tabaco, ganado, frutas y productos de pancoger y han sido reconocidas por los investigadores como una “agricultura de bosque”, agroecológica y democrática, excepcional en América Latina.
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