Continúa escalando la represión policial contra el pueblo mapuche. Esta vez -¡otra vez!- mediante la amenaza de utilizar la Ley Antiterrorista, cuyos mecanismos de control y amedrentamiento de la población se están aplicando en La Araucanía. El gobierno de la derecha -tal como antes hicieron los gobiernos de la Concertación y, sobre todo, la dictadura […]
Continúa escalando la represión policial contra el pueblo mapuche. Esta vez -¡otra vez!- mediante la amenaza de utilizar la Ley Antiterrorista, cuyos mecanismos de control y amedrentamiento de la población se están aplicando en La Araucanía. El gobierno de la derecha -tal como antes hicieron los gobiernos de la Concertación y, sobre todo, la dictadura militar-, emplea recursos y métodos propios del terrorismo de Estado para encarar un problema sociocultural e histórico que persiste y que se agrava sin solución.
Cuando terminó la dictadura militar, que no sólo aterrorizó al país sino que también entronizó el crimen y la tortura en la región mapuche para imponer el despojo de tierras indígenas en beneficio de las empresas forestales, el pueblo mapuche creyó llegada la hora de la justicia. Pero no fue así. La represión de los gobiernos de la Concertación causó diez muertos mapuches, entre comuneros y estudiantes. El gobierno de la derecha todavía no ha llegado a ese extremo, pero su tendencia apunta en la misma dirección. En efecto, ha recrudecido la ocupación militar de La Araucanía, a través de fuerzas especiales de Carabineros y la actuación permanente de los órganos de inteligencia policiales y del ejército. A esas fuerzas en presencia, que actúan como si el pueblo mapuche fuese un territorio ocupado, hay que sumar los guardias armados de las forestales y las guardias blancas de los latifundistas. Todos actúan en forma provocadora y prepotente, amedrentando niños, mujeres y ancianos mediante violentos allanamientos de viviendas, control de movimientos y actos de humillación a que son sometidos los indígenas.
La situación ha empeorado a partir de los incendios forestales atribuidos, sin ninguna prueba, por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública a la resistencia mapuche. La irresponsable actitud del ministro Rodrigo Hinzpeter -cuyas irreflexivas declaraciones en materias de seguridad y orden público se han hecho habituales-, se ha visto avalada por el presidente de la República. Ambos afirman contar con pruebas de la intencionalidad de los incendios en Carahue y Quillón (estos últimos fuera del territorio mapuche), y en forma sibilina apuntan a la Coordinadora Mapuche Arauco Malleco (CAM), la organización más combativa del pueblo mapuche. Los cuatro principales dirigentes de la CAM, Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, se encuentran presos en la cárcel de Angol, condenados a 14 años el primero y a 8 años los restantes, en juicios viciados -según prestigiosos juristas- que están siendo apelados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CAM, desde luego, ha negado toda participación en los incendios, reafirmando una estrategia de lucha que no contempla ese tipo de acciones.
Frente a la odiosa reacción del gobierno, criminalizando sin pruebas al pueblo mapuche, destaca la prudencia y sensatez del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, al ignorar las exigencias del gobierno de designar fiscales especiales para investigar los incendios, señalando que los funcionarios existentes en la zona son perfectamente capaces de dirigir la investigación. Ha aconsejado -con razón- que no se debe lanzar acusaciones y adelantar juicios carentes de evidencias, como ha hecho el gobierno.
La orientación represiva y racista del gobierno ha conseguido en cambio ocultar la grave responsabilidad que cabe a la Forestal Mininco (del holding que preside Eliodoro Matte) en la tragedia de Carahue con la horrible muerte de siete rescatistas, modestos trabajadores de salarios ínfimos que murieron achicharrados luchando contra las llamas, sin equipamiento adecuado ni el entrenamiento necesario para combatir incendios forestales.
La peligrosa situación que se vive en La Araucanía por la ocupación militar, y la forma amenazante en que el gobierno esgrime la Ley Antiterrorista contra los mapuches y sus organizaciones, claman por la solidaridad más activa en favor de ese pueblo, castigado durante siglos por la indiferencia de los gobiernos y el comportamiento rapaz de las empresas forestales. El pueblo mapuche necesita ser respetado en su identidad propia. Sus derechos deben ser reconocidos dentro de la pluralidad étnica y cultural que convive en el Estado de Chile. Arrimar la llama de la Ley Antiterrorista -normativa de excepción heredada de la dictadura militar- a un conflicto que dice relación con el reconocimiento de un pueblo originario, puede agudizar los factores de ingobernabilidad que la protesta social encabezada por los estudiantes ha puesto en evidencia.
Hoy como ayer, y como siempre, el hermano pueblo mapuche puede contar con nuestra modesta y leal solidaridad.
(Editorial de «Punto Final», edición Nº 751, 20 de enero, 2012)
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