Terrorismo de Estado: El caso de los falsos positivos

Colombia es un país que sufre complejos fenómenos políticos, sociales y económicos que han venido confeccionando un contexto cada vez más distante de lo que puede llegar a ser una sociedad democrática. Dentro de los fenómenos políticos relacionados con el conflicto armado en la última década llama poderosamente la atención el fenómeno de los falsos positivos.

Como se sabe se denomina falsos positivos (ejecuciones extrajudiciales) a las operaciones militares que entregan como resultado bajas de supuestos guerrilleros o paramilitares muertos en combate. Falsos en la medida en que las bajas no son personas que hacen parte de algún grupo al margen de la ley sino campesinos, habitantes de la calle, trabajadores informales, entre otros. Y positivos ya que ésta es la terminología que utiliza las Fuerzas Armadas de Colombia para referirse a un éxito operacional.  

Aunque esta problemática se profundiza con la política de seguridad democrática del último gobierno, tiene sus inicios en gobiernos precedentes, deslegitimando el accionar de la Fuerza Pública y convirtiéndose en una práctica sistemática de terrorismo de Estado en Colombia.

El terrorismo de estado como categoría conceptual

La historia del Estado Nación ha sido la historia del terrorismo de Estado contra la Nación. Un Estado cuyos atributos de modernidad se relacionan con una territorialidad y un uso del poder exclusivo o monopólico de la violencia física sobre una población en particular.

Las diversas visiones liberales sobre el Estado conciben como elemento central de los actuales ordenamientos políticos dicho uso exclusivo de la coerción física. El monopolio de los medios de coerción es un atributo sin el cual no podríamos hablar de orden político en la modernidad.

Precisamente las diversas prácticas y consecuencias del uso discrecional de la fuerza física nos permite ubicar al terrorismo de Estado como categoría conceptual útil para entender lo ilegitimo e ilegal del manejo de los medios de coerción a través de la historia del Estado contra la Nación.

En estos términos, el terrorismo de Estado debe ser entendido como el empleo sistemático y masivo de métodos violentos físicos o simbólicos, ilegítimos, ilegales y antihumanistas por parte de un gobierno con el propósito de inducir el miedo dentro de una población civil determinada para alcanzar objetivos sociales, políticos, económicos o militares. (Bayer, Borón y Gambina, 2010)

Dichos métodos son el uso de la violencia o coerción física, la coacción o persecución ilegítima, el secuestro, la tortura, la amenaza, la extorsión, las chuzadas telefónicas (escuchas ilegales), las estigmas dirigidas, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, los atentados, los allanamientos, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el genocidio y el asesinato o ejecución extrajudicial (falso positivo) por parte de miembros de fuerzas estatales tales como las policiales, las militares o incluso paraestatales como las paramilitares.

Definido de esta manera el terrorismo de Estado aparece como una categoría conceptual y analítica útil para comprender en tanto describir y explicar las diversas prácticas del ejercicio del poder público en los actuales ordenamientos políticos. Dicho ejercicio en muchas ocasiones raya con la legitimidad y legalidad de un régimen definido hoy por hoy normativamente como democrático. Para entender entonces por qué el ejercicio del poder público tiende a perseguir intereses minoritarios muchas veces en contra de la propia integridad física, personal y moral de los miembros de una comunidad política se hace necesario emplear esta categoría como orientadora de los debates alrededor del uso o mejor abuso del poder público en las actuales democracias.

El terrorismo de Estado en Colombia

Durante su historia reciente Colombia ha sufrido la peor de las tragedias humanitarias: la guerra. Como consecuencia de dicha tragedia se ha instaurado el terrorismo como política de Estado. La violación sistemática de derechos humanos en nuestro país se inscribe dentro de dicha política de terrorismo de Estado. En este marco el alcance y la profundidad de las violaciones de los derechos humanos en Colombia exceden de lejos cualquier experiencia de dictadura militar en América latina.

Evidencia de este complejo marco son los más de 50.000 desaparecidos; 10% de su población desplazada; más de 150.000 homicidios y una gran destrucción de las comunidades (18 pueblos indígenas al borde del exterminio; sectores populares como campesinos, movimientos sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos son víctimas de crímenes continuos) como panorama general de degradación de los derechos humanos en el marco de una política de terrorismo de Estado en Colombia durante las últimas décadas. (Rivas, Sánchez y Cepeda, 2009)

La infraestructura del terror totalitario instaurada en Colombia con el apoyo de las grandes potencias mundiales se encuentra configurada bajo un andamiaje de gobierno por decreto presidencial que suspende todas las garantías constitucionales; una red de policía secreta a escala nacional; 1,6 millones de confidentes o informantes; miles de campesinos reclutados a la fuerza y obligados a actuar como colaboradores militares locales (Programa Soldados de Mi Pueblo) en 500 de los 1.096 municipios de Colombia; 30.000 miembros de los escuadrones de la muerte formados y armados por el propio Ejército Nacional; 300.000 miembros activos del ejército, el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad); milicias privadas de terratenientes, banqueros y directivos empresariales que incluyen agencias privadas de seguridad que superan el número de 150.000 pistoleros. (Calvo Ospina, 2007: 295 y ss.)

Esta infraestructura del terror usa la violencia física, la coacción ilegítima, el secuestro, la tortura, la amenaza, la extorsión, las chuzadas telefónicas, las estigmas dirigidas, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, los atentados, los allanamientos, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, el genocidio y el asesinato o ejecución extrajudicial como prácticas sistemáticas en contra de la población civil en Colombia.

En relación a esta última práctica de ejecución extrajudicial ha existido una enorme preocupación durante los últimos años por parte de Organizaciones defensoras de Derechos Humanos y de la propia ONU. A septiembre de 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación había asumido la investigación de 1.273 casos, con un total de 2.077 víctimas (122 de ellas mujeres y 59 menores de edad) en 29 departamentos. Estas cifras confirman que las ejecuciones extrajudiciales no corresponden a hechos aislados. (ONU, 2010: 10)

Evidenciando la magnitud de la problemática aparecen las cifras publicadas por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Durante el último gobierno (2002 – 2008), 1.190 personas fueron víctimas de violaciones al derecho a la vida a manos de agentes estatales (235 por desaparición forzada y 955 por ejecuciones extrajudiciales). (OO.DD.HH. y DH, 2007 y 2008)

Sin embargo, habría que advertir que esta lesiva práctica no fue utilizada únicamente por el último gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Durante los años 1997 – 2002 (Gobierno Pastrana) se registraron 635 violaciones al derecho a la vida cometidas por agentes estatales (58 desapariciones forzadas y 577 ejecuciones extrajudiciales), lo cual deja en claro una sistematicidad en la práctica violatoria del derecho a la vida perpetradas directamente por agentes del Estado. (OO.DD.HH. y DH, 2007)

Los «falsos positivos» como práctica de terrorismo de Estado

Los falsos positivos generaron en el año 2008 un escándalo mediático de alcance internacional que causó la expulsión de 27 oficiales del ejército (entre ellos tres generales) y la dimisión del propio Comandante del ejército, General Mario Montoya, quien había sido relacionado con violaciones de derechos humanos. En la actualidad la Fiscalía General de la Nación está investigando unas 2.000 ejecuciones extrajudiciales que al parecer fueron cometidas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado Colombiano. (AI, 2010)

Dentro del gobierno Uribe los meses más críticos en materia de ejecuciones extrajudiciales fueron los 18 meses transcurridos entre el 1 de Enero de 2007 y el 30 de Junio de 2008. Según los registros de las organizaciones que conforman la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU, durante este periodo 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública. (OO.DD.HH. y DH, 2008).

Frente a esta cruda realidad ha imperado la impunidad en materia judicial. De los 535 casos registrados en el periodo comprendido entre Enero de 2007 y Junio de 2008, en tan sólo 117 se realizó algún tipo de seguimiento jurídico (judicial o disciplinario) por parte de las organizaciones que conforman la CCEEU (21,9% de los casos). El resto (78,1% de los casos) no existe posibilidad alguna de saber hasta qué punto hayan sido objeto de algún procedimiento de seguimiento judicial o si permanecen en completo olvido de instancias judiciales encargadas de su investigación y esclarecimiento. (OO.DD.HH. y DH, 2007 y 2008).

¿Por qué ha reinado la impunidad en los casos de falsos positivos?. Las razones aportadas por el Informe MIOEEIC (2008) son contundentes: a) las investigaciones no son asumidas por un tribunal competente e imparcial; b) la competencia judicial para la investigación de las ejecuciones extrajudiciales se inicia desde el primer momento por la jurisdicción penal militar; c) la justicia ordinaria no formula conflicto positivo de competencia, hay situaciones de pasividad y dilaciones indebidas en la tramitación de los procedimientos; d) falta de minuciosidad y de la debida diligencia en las investigaciones; e) habitualmente el levantamiento de los cuerpos es realizado por las mismas unidades militares implicadas en la comisión de las ejecuciones extrajudiciales; f) no se preserva la escena del crimen ni las evidencias o pruebas existentes; g) en la mayoría de los casos no se llevan a cabo necropsias. En los casos en los cuales se realizan, son superficiales e incompletas; h) no se recaudan los testimonios de los testigos, de los familiares y otras personas que puedan contribuir a esclarecer las muertes; i) no se garantiza el acceso a la justicia a los familiares de las víctimas; j) los familiares de las víctimas y los testigos son amenazados para que se abstengan de denunciar o para que desistan de las acciones penales; k) los miembros de la Fuerza Pública implicados en casos de ejecuciones extrajudiciales permanecen en servicio activo. En los casos en los cuales se inician investigaciones no se aplica la medida provisional de suspensión del servicio. (MIOEEIC, 2008)

Por último, en cuanto a la responsabilidad de los hechos, además de los evidenciados vínculos entre grupos emergentes y fuerza pública tras las ejecuciones extrajudiciales se podría vincular un tercer actor externo a la problemática: los Estados Unidos.

El financiamiento militar de los Estados Unidos a Colombia advierte la existencia de vínculos alarmantes entre las unidades militares colombianas que reciben asistencia de los Estados Unidos y las ejecuciones extrajudiciales de civiles por parte del Ejército colombiano. (FOR, 2010)

Fuente: FOR, 2010.

Según la ONG norteamericana existe una asociación entre el aumento de ayuda militar y el aumento de homicidios denunciados en nuestro país. Los datos aportados en su investigación así lo corrobora (Figura 2 y 4 del Informe FOR, 2010). En este sentido se sugiere revisar vis a vis las dos tablas del Anexo I de su informe: i) Ejecuciones denunciadas por jurisdicción de brigada tras el aumento de la ayuda de los Estados Unidos (EJEs: Ejecuciones Extrajudiciales); versus ii) Ejecuciones denunciadas por jurisdicción de brigada tras la reducción de la ayuda de los Estados Unidos. (FOR, 2010).

Fuente: FOR, 2010.

Bajo este panorama de guerra, muerte, y desolación, propiciado por las propias fuerzas del orden, queda muy difícil pensar en democracia en Colombia. La democracia implica principalmente ejercicio de libertades. Vivir en democracia y estar satisfecho con la misma implica la materialización en su conjunto de todas las libertades humanas. Libertades que en la sociedad colombiana estas siendo agobiadas, maltratadas y con una tendencia proclive a la desaparición de las mismas.

Bibliografía de Referencia

AI – AMNISTIA INTERNACIONAL. (2010). Colombia en busca de justicia: las madres de Soacha. Editorial Amnistía Internacional (EDAI). Madrid, Enero de 2010. Disponible en línea: https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/COLOMBIA%20BUSCANDO%20JUSTICIA:%20LAS%20MADRES%20DE%20SOACHA?CMD=VEROBJ&MLKOB=28469400404. Fecha de Consulta: Agosto 10 de 2010.

BAYER, Osvaldo; BORÓN, Atilio; y GAMBINA, Julio. (2010). El terrorismo de Estado en la Argentina, Buenos Aires, Instituto Espacio para la Memoria.

CALVO OSPINA, Hernando. (2007). Colombia, laboratorio de embrujos. Democracia y terrorismo de Estado. Caracas, Editorial: El perro y la rana.

FOR – Fellowship
of
Reconciliation. (2010). Asistencia Militar y Derechos Humanos: Colombia, responsabilidad de los Estados Unidos, y consecuencias a nivel mundial. Julio de 2010. Disponible en línea: http://forusa.org/sites/default/files/uploads/asistenciamilitar100729espfinalweb.pdf. Fecha de Consulta: 1 de Septiembre de 2010.

MIOEEIC. (2008). Informe final de la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia. Disponible en línea: http://www.ddhhcolombia.org.co/files/file/Ejecuciones/Informe_mision_%20observacion_sobre_e_e_impunidad%20en_%20Colombia.pdf. Fecha de la Consulta: 13 de Septiembre de 2010.

OO.DD.HH. y DH. Observatorio de derechos humanos y derecho humanitario Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (2008). «Ejecuciones Extrajudiciales: realidad inocultable: 2007 – 2008». Washington, D. C., 10 de octubre de 2007. Disponible en línea: http://www.ddhhcolombia.org.co/files/file/Ejecuciones/ejeciones%20una%20realidad%20inocultable(1).pdf. Fecha de Consulta: Septiembre 3 de 2010.