Efectivamente, el país está en presencia de una campaña terrorista que no solo consiste en las bombas de dudoso origen que explotaron en un vagón vacío del Metro, en la estación Los Dominicos, y en un café de la estación Escuela Militar -que ocasionó catorce heridos-. Se ignora quiénes fabricaron y pusieron esas bombas y […]
Efectivamente, el país está en presencia de una campaña terrorista que no solo consiste en las bombas de dudoso origen que explotaron en un vagón vacío del Metro, en la estación Los Dominicos, y en un café de la estación Escuela Militar -que ocasionó catorce heridos-.
Se ignora quiénes fabricaron y pusieron esas bombas y cuáles fueron sus propósitos, aparte del obvio: amedrentar. El gobierno ha solicitado -con indudable molestia de las policías- ayuda del FBI para investigar estos hechos. La participación norteamericana en las pesquisas hace temer que se termine inculpando al Estado Islámico o Al Qaeda. El gobierno, en su esfuerzo por proyectar una imagen severa al gusto de la clase dominante, plantea hacer más drástica la Ley Antiterrorista y reorganizar la Agencia Nacional de Inteligencia, dotándola de agentes encubiertos. Estos vendrían a reforzar la tarea que cumplen las inteligencia policial y militar mediante infiltrados en grupos políticos y organizaciones sociales. El rumbo tomado por el gobierno para enfrentar este tipo de terrorismo hace temer un futuro represivo para criminalizar la lucha social, como ha ocurrido con la «mano dura» socialdemócrata y democratacristiana en otros países gobernados por esas corrientes políticas.
Sin embargo, la vertiente principal del terrorismo en Chile no utiliza bombas, aunque es mucho más peligrosa porque goza de impunidad, resulta intocable para el Ministerio del Interior y el Ministerio Público y porque sus efectos causan grave daño a millones de familias de trabajadores. Esta forma de terrorismo de cuello y corbata se efectúa en el plano de la economía y de los medios de comunicación. Sus responsables tienen nombres y apellidos; frecuentan La Moneda y el Congreso; financian campañas electorales y sus objetivos son escandalosamente evidentes. Para ello disponen de una formidable máquina de propaganda y están ganando una batalla que pretende hacer inocuas las ya tibias reformas que proponía el programa de gobierno. Es hora de denunciar ese tipo de terrorismo y encarar a sus responsables. Lo que no hace el gobierno, deben hacerlo los ciudadanos y la prensa independiente. El terrorismo económico lo realizan nada menos que los poderosos gremios empresariales. En la cúpula se encuentra la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) cuyo presidente es Andrés Santa Cruz, que proviene del gremio de los agricultores, el más reaccionario del país. El terrorismo desencadenado por los grandes empresarios amenaza paralizar la inversión privada, alentar la fuga de capitales y producir desempleo, bajos salarios y miseria generalizada si el gobierno intenta cumplir su programa en la versión original que ofreció al pueblo. El terrorismo empresarial tiene con el alma en un hilo a millones de personas que viven de un salario. El temor a la cesantía provoca angustia e incertidumbre en el pueblo, agudizando las tensiones de la vida cotidiana bajo el neoliberalismo. Por eso, los autores del terrorismo económico merecen las más severas sanciones y pagar con cárcel el daño que están haciendo. ¿Qué sustento tienen los pronósticos tenebrosos del gran empresariado? Ninguno, aparte del ciclo recesivo regular que viven las economías capitalistas. Las ganancias de los empresarios-terroristas siguen en alza. La Superintendencia de Valores y Seguros acaba de confirmar -basándose en informes de las propias sociedades anónimas- que las utilidades de las empresas aumentaron 12,3% en el primer semestre de este año, a pesar de la «desaceleración» de la economía. Los bancos en su conjunto vieron crecer sus utilidades en 54%, seis de ellos ganaron más del 100% y algunos -como el Banco Ripley- batieron el récord con el 479%.
No obstante, con su mejor cara dura el presidente de la CPC ingresó a La Moneda a primera hora del lunes 8 de septiembre para notificar a la presidenta de la República que las reformas causan «inquietud» al empresariado. Asimismo, las declaraciones de dirigentes de la Nueva Mayoría crean «incertidumbre» y «lesionan las confianzas al denostar al sector privado». La presidenta, en vez de mandarlo a la mierda, habría respondido que ella «cree firmemente en el papel del sector privado, que es el motor del desarrollo y que tiene un rol fundamental en el crecimiento del país»(1). O sea, levantó bandera blanca. La eficacia del terrorismo empresarial está más que probada. Lo demuestran las declaraciones del apocado ministro de Hacienda, Alberto Arenas(2), que ratifican el espíritu del «protocolo de acuerdo» que cocinó la reforma tributaria con la derecha. En realidad la CPC y sus cómplices actúan sobre seguro. Tienen al frente un gobierno bobo, debilitado por las contradicciones internas de su coalición y predispuesto a agachar el moño ante cualquier presión… empresarial. La banda terrorista de la CPC -por lo demás- no busca la rendición incondicional del gobierno. Comparte -y por eso contribuyó generosamente a la caja electoral de la Nueva Mayoría- el propósito de modernizar el Estado. El modelo implantado por la dictadura tocó techo en casi todos los rubros, incluyendo lo institucional.
Lo que el terrorismo económico pretende no es derrocar al gobierno -a diferencia de lo que sucede en otros países, como Venezuela donde el gobierno encarna un proyecto revolucionario-. Su objetivo en Chile es más sofisticado: robustecer la hegemonía del empresariado en la conducción del Estado, y asegurar su prolongación. Por eso la presión empresarial se orienta a reducir los alcances de las reformas, encuadrándolas en su propio proyecto político, cerrando el paso a cualquier tentación de avanzar hacia una democracia de verdad mediante Asamblea Constituyente.
El terrorismo empresarial ha arrancado al gobierno un compromiso de «gradualidad» en las reformas laborales -que requerirán acuerdo previo entre la CPC terrorista y la flexible dirigencia de la CUT-. Para el terrorismo empresarial no existen la Ley de Seguridad del Estado, la Ley Antiterrorista, el Código Penal y ni siquiera la Constitución Política. Para esta forma inhumana y cruel de terrorismo no hay Carabineros, PDI o FBI que valgan. Es un terrorismo con puerta franca en La Moneda.
Editorial de «Punto Final», edición Nº 813, 19 de septiembre, 2014