En lo importante, el trigo cultivado por originarios y campesinos pobres ha llegado a precios históricamente bajos, debido a que al gran empresariado asociado a los supermercados, se suman ahora las molineras que se instalan a esperar alrededor de los puertos y acaparar la materia prima para fijar los precios en desmedro de la producción nacional, cuyas mayores extensiones de siembra se desarrollan en Wallmapu.
por Raigan Nawel
Mientras los gremios y las organizaciones que componen el establishment chileno se entretienen con los procedimientos judiciales que acusan a líderes mapunche de actos de violencia, por su lado desarrollan sus negocios amparados en una serie de delitos financieros que no reciben castigo alguno de la legislación chilena; la distorsión de mercados, la colusión para manejar a su antojo los precios y la elusión para evitar los impuestos son algunos de los abusos que tiene que soportar la población mapunche y chilena sin encontrar la justicia nunca presente en la gente de bien.
Por estos días se realiza el juicio contra Héctor Llaitul (vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM), un procedimiento plagados de intenciones que han sido denunciado por organismos internacionales donde a raíz de la táctica del montaje, el Estado de Chile mantiene una serie de presos políticos mapunche sin sentencia alguna, permaneciendo en las cárceles a la espera de un proceso judicial que casi siempre termina en su liberación por falta de pruebas que los inculpen. Por otro lado, anónimas organizaciones se entretienen en redes sociales creando sistemas para realizar denuncias de “violencia”, promoviendo un mensaje antimapunche y acusar a los protectores de la tierra en Wallmapu con la fuerza de las probabilidades, es decir, un mapunche es el único que puede ser acusado antes que se demuestre lo contrario.
En lo importante, el trigo cultivado por originarios y campesinos pobres ha llegado a precios históricamente bajos, debido a que al gran empresariado asociado a los supermercados, se suman ahora las molineras que, carroñería mediante, se instalan a esperar alrededor de los puertos y acaparar la materia prima para fijar los precios en desmedro de la producción nacional, cuyas mayores extensiones de siembra se desarrollan en Wallmapu.
El cartel de la colusión molinera
La concentración de poder en un reducido número de actores se manifiesta en las evidencias existentes en torno a la importadora de granos agroindustrial G9 con domicilio en General Holley 2381, Providencia – Santiago, cuyo desglose accionario exhibe a Agrocomercial Cerealim Ltda. (6,32%), Heredia Molinos S.A (6,89%), Molinera Aconcagua S.A (5,22%), Molinera del Maipo S.A. (6,2%), Molino Balmaceda S.A (15,71%), Molino de Casablanca S.A (3,29%), Molino Koke SACI (14,44%), Molino La Estampa S.A (17, 75%), Molinos Linderos S.A. (6,87%), Molino Puente Alto S.A (17,31%) (https://www.portalchile.org/empresa/importadora-de-granos-g-9-sa-76938910).
Una organización de este tipo repercute en el trabajo y uso de la tierra que implica labradores empobrecidos, un alto desgaste del suelo a causa del extractivismo, una calidad de vida carente de armonía, destrucción de las otras formas de vidas y consumidores agobiados con sueldos que sólo pueden destinar a comprar un pan encarecido.
Que los molineros se hayan coludido viene motivado por una exportación subsidiada de proveedores como Canadá, cuyas producciones de granos son protegidas con programas como el Agristability y AgriInvest a través de las cuales los agricultores pueden soportar caídas de ingreso y reciben contribuciones gubernamentales con el fin de gestionar los riesgos. En el caso de EE.UU los subsidios incluyen pagos directos a ciertos cultivos como el maíz, el trigo y la soja con programas de asistencia diseñados para la protección a agricultores que sufren fluctuaciones de precios y para asegurar la despensa nacional. En el caso europeo existe la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea que proporciona apoyos directos regulando los costos respecto de la oferta y la demanda. El PAC busca promover un desarrollo que mantenga viabilidad y prácticas agrícolas sostenibles, preservando el entorno rural.
De lo anterior sacan provecho los carteles empresariales que en vez de promover una política de responsabilidad con la población y el territorio, aprovechan para sacar dividendos y abultar sus carteras a costa de la necesidad poblacional en la que están insertos.
Mientras los delitos financieros no tengan castigo y no se asuman responsabilidades, el empobrecimiento se seguirá extendiendo. Igualmente, el establishment no puede seguir reproducir sus malas acciones e insistir con los montajes contra quienes contemplan en su historial una larga lucha por la vida y protección de las riquezas de la ñuke mapu.