Los treinta años de la muerte de Franco profusamente recordados en los últimos días son también los treinta años (mes arriba, mes abajo) de las últimas víctimas de la dictadura. Poco antes del 20-N, el 27 de septiembre de 1975, morían fusilados en Burgos, Cerdanyola y Madrid José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón […]
Los treinta años de la muerte de Franco profusamente recordados en los últimos días son también los treinta años (mes arriba, mes abajo) de las últimas víctimas de la dictadura. Poco antes del 20-N, el 27 de septiembre de 1975, morían fusilados en Burgos, Cerdanyola y Madrid José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz (los tres del grupo revolucionario FRAP), Ángel Otaegui y Txiki Paredes (de ETA). Meses antes (el 2 de marzo de 1974), el joven Salvador Puig Antich (del Movimiento Ibérico de Liberación, MIL) era ajusticiado en la cárcel Modelo de Barcelona. El 3 de marzo de 1976, cinco trabajadores morían a disparos de la policía (otros cien resultaron heridos) cuando participaban en una asamblea en la iglesia de San Francisco de Vitoria. Para combatir el olvido de estos muertos, el Fòrum per la Memòria del País Valencià organizó ayer un acto en Valencia con testigos directos de aquellos sucesos.
La presidenta de esta entidad, Amparo Salvador, exigió la anulación de aquellos juicios y calificó los casos de «crímenes de Estado». «Fueron juzgados y ejecutados sin pruebas, sólo con la propia declaración sacada bajo tortura», dijo. No vale con la reparación moral de las víctimas, «es imprescindible que también sea jurídica y legal», sentenció. Indemnizaciones no han visto ni una, agregó. Como mucho, el reconocimiento oficial de alguna institución. Pero la familia de Humberto Baena lucha aún, por ejemplo, por tener acceso al expediente.
Carmen Puig Antich (hermana de Salvador) se emociona todavía al recordar la madrugada previa a la ejecución: «¿Lo más fuerte? Cuando Salvador salió para iral lavabo, también mis dos hermanas. Me quedé sola con 4 ó 5 funcionarios y uno me preguntó si sabía cómo lo iban a matar. A garrote vil, dijo, y me lo explicó». Tal vez no, tal vez lo más duro de aquella noche eterna, relata después, fue cuando a las cinco de la mañana entró un policía y les preguntó dónde lo enterraban: «¿En la fosa o tienen un sitio?». Carmen recuerda aún los guantes blancos del uniforme de gala que los militares vestían aquella mañana.
Puig Antich, militante del MIL, había sido apresado en septiembre de 1973. Un compañero había cantado y él y otro antifranquista cayeron en una emboscada en Barcelona. «Le dieron varios golpes de culata y se montó un gran alboroto -explica Carmen-. Al final lo metieron en un patio y allí hubo un tiroteo y murió un policía». Salvador fue acusado y culpado, aunque la hermana recordó ayer, una vez más, que el cuerpo del agente presentaba cinco impactos de bala y de la pistola de Salvador sólo salieron dos disparos. «La prueba de balística de la policía desapareció y la autopsia se hizo en una comisaría y no en un instituto forense. Sólo eso bastaba para invalidar el juicio, peroÉ». «La gente ha de saber lo que pasó», comenta. Amparo Salvador subraya que el gobernador civil de Barcelona era Rodolfo Martín Villa, «premiado» luego con cargos de postín en la democracia.
Treinta años después, la familia -gracias al respaldo de ERC y al apoyo económico de la Generalitat catalana- ha conseguido iniciar la revisión del proceso, que en la actualidad se encuentra en la sala militar del Tribunal Supremo. Iñaki Martín estaba en la asamblea en Vitoria donde murieron 5 trabajadores y denuncia «el muro de silencio» sobre aquellos hechos. El Parlamento vasco los ha reconocido como víctimas, pero «queremos que se sepa toda la verdad y no se repare sólo con una medalla», afirma.