Ceremonia sin brillo La sobriedad de la ceremonia de firma del Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá el pasado 24 de noviembre estuvo marcada por los rostros sombríos de los miembros de las delegaciones y de sus líderes respectivos, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño (antes «Timochenko»). Estos ceños fruncidos denotan la preocupación […]
Ceremonia sin brillo
La sobriedad de la ceremonia de firma del Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá el pasado 24 de noviembre estuvo marcada por los rostros sombríos de los miembros de las delegaciones y de sus líderes respectivos, Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño (antes «Timochenko»). Estos ceños fruncidos denotan la preocupación que embarga a los protagonistas directos del proceso de paz en Colombia.
Se supo que Londoño hubiera querido una ceremonia más vistosa y popular en la Plaza de Bolívar, pero al final se pensó que el evento resultaría un tanto vergonzoso en comparación con las pasadas ceremonias de Cartagena y La Habana. Y a estas alturas lo importante no es la firma (fue la cuarta ceremonia de este tipo), sino la refrendación y la posterior ejecución de lo acordado.
La polémica refrendación
Se ha dicho que el proceso de refrendación por parte del Congreso hace parte del ejercicio de la función de control político que la Constitución atribuye a este organismo y que, dadas las mayorías de las que goza el gobierno, se obtendrá la aprobación sin mayores dificultades. Pero los partidarios del Sí son conscientes de que la refrendación del Acuerdo en el Congreso será su talón de Aquiles, pues solo un acto de la misma jerarquía democrática del plebiscito habría podido contrarrestar los ataques a su validez política por parte del Centro Democrático y otras fuerzas opositoras.
Aunque se explique que gran parte de las criticas de los partidarios del No fueron acogidas en el nuevo Acuerdo, la acusación de que el gobierno le hizo «conejo» a la voluntad popular seguirá haciendo mella en la contienda política que se avecina. Incluso si hubiera ganado el Sí en el plebiscito, es probable que el Centro Democrático no hubiera suspendido los ataques contra un Acuerdo que descalificó desde el comienzo. Por eso ahora, después del triunfo inesperado del No, el uribismo considera sagrado y absoluto el resultado del plebiscito.
Por su parte, los argumentos aducidos por el gobierno para evitar un nuevo plebiscito u otra forma de refrendación propia de la democracia directa son básicamente dos:
- Organizar un nuevo plebiscito tomaría demasiado tiempo, lo cual aumentaría los riesgos de una ruptura del cese del fuego. De hecho, ya se ha producido por lo menos un enfrentamiento armado, atribuible a la imposibilidad de ubicar las unidades guerrilleras en las Zonas Veredales Transitorias.
- Una nueva contienda electoral agravaría la polarización política en un momento cuando se necesita fomentar sentimientos de concordia para aclimatar la paz.
Un tercer argumento -no reconocido públicamente- es el temor a una segunda derrota electoral que enterraría irremediablemente el Acuerdo y las posibilidades de paz en Colombia.
Por eso la escogencia del Congreso como espacio de refrendación es interpretada por algunos como una argucia del gobierno para desconocer la voluntad popular. Sin embargo otros la ven como una salida sensata y legítima para evitar tirar por la borda cinco años de trabajo arduo o de recaer en una confrontación absurda con las FARC.
A estas alturas lo importante no es la firma sino la refrendación y la posterior ejecución de lo acordado.
Algunos congresistas partidarios de la aprobación han anticipado que exigirán que el proceso de refrendación sea abierto, deliberativo y plural. Con esto se trataría de fomentar debates serios para conferirle al Acuerdo una mayor legitimidad. Pero habrá que ver si los del Centro Democrático y otros opositores aceptan el debate o lo sabotean ausentándose del recinto.
En todo caso, en el Congreso están los «representantes del pueblo» según lo establece la Constitución. Por eso la descalificación absoluta de esa instancia por parte de algunos miembros del Centro Democrático es inaceptable, sobre todo proviniendo precisamente de los integrantes de una bancada parlamentaria.
El salto a la política
En el discurso del Colón, Londoño propuso un «gobierno de transición» que se encargaría de implementar los acuerdos de La Habana.
Aunque no precisó las características de este gobierno, en entrevistas posteriores señaló que las FARC participarían del mismo, entre otras cosas, para fortalecer los dispositivos de seguridad previstos para proteger a los excombatientes y a sus bases sociales. Con esto se buscaría neutralizar la ola de homicidios de líderes populares y campesinos que hoy tiene lugar y que recuerda el genocidio de la Unión Patriótica.
Adicionalmente, el excomandante de las FARC propuso que para 2018 se forme una coalición política en torno a un candidato de convergencia de todas las fuerzas políticas y sociales que sean «amigas de la paz» para detener a los «amigos de la guerra». Ambas propuestas son audaces. Por ejemplo, en un eventual gobierno de transición no es descabellado que algunos miembros de las FARC -o representantes de estas- accedan a algunas instancias del gobierno que tengan relación directa con el sector rural o con los territorios de conflicto. Este sería un mensaje optimista para los guerrilleros de base, aunque causaría escozor entre los opositores. Pero el proceso de paz ha enseñado que al uribismo no hay que apaciguarlo, pues esto lo fortalece.
Además, la idea del candidato único no parece ser una opción solo para las FARC sino una necesidad de todas las fuerzas políticas que quieren honrar los compromisos adquiridos en La Habana. El plebiscito mostró con claridad los apoyos sociales y regionales que el uribismo tiene en las urnas; la derrota del Sí debe servir de advertencia para que las fuerzas favorables al Acuerdo entiendan que para vencer a la derecha radical en 2018 tendrína que prever una gran coalición política -al menos para la segunda vuelta-.
Al respecto vale la pena mencionar que el saliente presidente del Partido Conservador, David Barguil, aseguró que nunca participaría en un proyecto político que incluyera a las FARC. De manera que el grupo guerrillero desarmado puede atraer socios por solidaridad y afinidades políticas de coyuntura, pero también puede espantar aliados potenciales. Todo depende de la prioridad que le den al Acuerdo con las FARC las diferentes fuerzas políticas.
El gobierno y las elecciones de 2018
El presidente Santos en la misma ceremonia del Colón, se refirió a un «acuerdo nacional para la implementación». No queda muy claro el alcance de este pacto, pero parece responder a la necesidad de que el Congreso apruebe las leyes y reformas constitucionales que de desprenden del Acuerdo (particularmente la ley de amnistía para los guerrilleros rasos y el Acto Legislativo para incorporar la Justicia Especial de Paz a la Constitución).
El proceso de paz ha enseñado que al uribismo no hay que apaciguarlo, pues esto lo fortalece.
Tal vez la primera ayuda en este proceso podría provenir de la Corte Constitucional si esta decide que la se mantenga la vía rápida (fast track) aunque el plebiscito haya fallado. Este sería un camino no exento de obstáculos, pero mucho más cómodo que el régimen legislativo ordinario para ganar tiempo antes de llegar a las elecciones de 2018, que estarán dominadas por la disputa alrededor del Acuerdo de paz.
Algunas declaraciones del presidente Santos días permiten inferir que tiene puesta su esperanza en que durante la fase de implementación puedan lograrse consensos más amplios que los alcanzados en torno a la aprobación del Acuerdo. Tal vez esta sea una expectativa razonable, que podría incluso corresponderse con los cálculos políticos del expresidente Uribe. Pero del Centro Democrático es mejor no esperar sino oposición radical y cerril.
Lo cierto es que el tema de las FARC volverá a dominar las elecciones para la Presidencia de la República en 2018, como lo ha hecho en los últimos 20 años, aunque esta vez el tema será el Acuerdo de paz con esta guerrilla. Además, esta vez esta agrupación jugará como un actor político legal.
No hay duda que lo que estará en juego en 2018 es trascendental:
- Por un lado, se enfrentará la aceptación de un Acuerdo lleno de limitaciones, pero que puede garantizar la paz estable y duradera con las FARC, contra el rechazo visceral de las fuerzas derechistas del Centro Democrático que aspiran a mantener el statu quo que se ve amenazado por las reformas rurales y por las disposiciones de la justicia transicional en torno a la verdad histórica del conflicto;
- Por otro lado presenciaremos la confrontación entre un fuerte conservadurismo social, antiliberal y de estirpe religiosa contra las posiciones progresistas y liberales que en 2016 han sufrido los más graves reveses electorales (en Gran Bretaña y en Estados Unidos).
Las elecciones de 2018 serán una batalla donde que se enfrentarán opciones políticas radicales. Por eso hay que aplicar el dicho de que «soldado prevenido no muere en guerra». Ya sabemos que las corrientes populistas de derecha pueden ganar las elecciones. Por eso hay que abandonar la ingenua complacencia de quienes creen que los logros políticos y sociales son irreversibles. Hay que trabajar mucho para evitar que el Acuerdo naufrague en 2018.
Juan Carlos Palou, Consultor independiente.