Tierra, territorio y contexto de los diálogos de paz

El pasado 1 de diciembre, la Marcha Patriótica Bélgica realizó una conferencia debate sobre el tema de Proceso de Paz,Tierra y Territorio, en la Casa de América Latina, en Bruselas, donde participaron Alberto Pinzón, Medico y Antropólogo y Maurice Lemoine, Periodista del Monde Diplomatique de Francia, para analizar e informar sobre los avances del diálogo de paz entre el Gobierno colombiano y Las FARC – EP en la Habana.

El Dr Alberto Pinzón, quien participó en la comisión de los notables en los diálogos paz de San Vicente del Caguan, leyó una ponencia de su autoria, Tierra, territorialidad y proceso de paz, donde explica en profundidad la contradicción del tema Tierra y territorialidad con el actual ordenamiento territorial en Colombia, que choca con el concepto de Desarrollo Rural integral que actualmente se discute en la Habana en la mesa de diálogo.

El periodista del Monde Diplomatique, Maurice Lemoine, contextualizo en un resumen histórico y cronológico los procesos de paz en Colombia señalando desde su punto de vista periodístico las causas de los rompimientos de los anteriores dialogos de paz, la falta de garantías para el libre ejercicio de la política de oposición, caso Unión Patriótica, y el importante papel que juegan los movimientos sociales en el actual proceso de diálogo de paz.

Después de la exposición de cada uno de los conferencistas, el numeroso público asistente intervino con preguntas que fueron respondidas por los expertos en el tema.

Por su interés, Rebelión reproduce el contenido de ambas ponencias a continuación:

Ponencia de Alberto Pinzón Sánchez: «Tierra, territorialidad y proceso de paz»

Muchas gracias a los compañeros de la Marcha Patriótica de Bélgica, a ustedes, los asistentes,  a los compañeros de mesa. Veo bastantes compañeros y amigos. Yo tengo la ponencia escrita para leerla. Se la envié a un amigo, y el amigo la filtró y se publicó en varias fuentes. Yo creo que no es un fallo de ética volver a leerla. Pero entonces quiero hacer otra pequeña cosa. Tengo el diagnóstico, y quiero que ustedes lo miren -después se lo hago llegar para que lo ojeen-, el diagnóstico más grande, más detallado, más complejo que exista sobre el problema agrario en Colombia. Lo escribió el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, lo dio a la publicidad en septiembre del año 2011, se llama «Colombia rural: razones para la esperanza». Tiene 500 hojas. Es lo más grande que yo haya visto, lo más detallado, lo más complejo, contiene todas las cifras que ustedes quieran, es de una minucia que yo estoy sorprendido. La pregunta que yo me hice como médico es que cuando uno tiene un díagnóstico de esta naturaleza, un diagnóstico de un problema o de una enfermedad tan detallado y tan preciso, lo primero que surge e la ciencia médica y en la mente del médico es actuar, corregir la situación. Pero eso no se ha hecho. ¿Por qué? Porque ese es uno de los problemas fundamentales de las ciencias sociales. Este es un diagnóstico concebido bajo una mentalidad estructural-funcionalista. Aquí está la estructura y la función. Está el órgano y la función. Ahora se lo paso para que ustedes lo miren, hay hasta correlaciones estadísticas… es increíble. Pero no se pasó a la siguiente etapa: a la abstracción de que hablaba Carlos Marx, a la crítica de la Economía Política, al planteamiento político. Y el planteamiento político es muy sencillo, es el que yo les voy a leer.

Como para plantearme un poco una respuesta a eso, hice esta ponencia que se llama «Tierra, territorialidad y proceso de paz», tratando de actualizar lo que allí se escribió en el año 2011 a lo que hay hoy, en diciembre de 2012.

El primer punto del acuerdo firmado en agosto en la Habana por el Estado colombiano y las FARC-EP, sobre «política de desarrollo agrario integral», en el primer sub-tema se lee lo siguiente: «El desarrollo agrario integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país». Si se revisa con cuidado la enunciación de todo el numeral agrario, se observa que allí está contenida en líneas generales, la concepción sobre Tierra y Territorio, que dos meses después en Oslo, ampliara el comandante Iván Márquez, en su discurso de formalización internacional del inicio de los diálogos de paz.

No es mi deseo fatigarlos repitiendo cifras o datos, sino destacar para aquellos a quienes les cortaron la trasmisión, dos aspectos íntimamente entrelazados, que fueron esbozados por él al inicio de su discurso; para luego contrastarlos con la realidad constitucional vigente en el País. Uno, los datos básicos del actual problema agrario y dos, el concepto cualitativo de Tierra como Territorio, reforzado con una cita del nuestro padre Simón Bolívar. Dijo así:

«Más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50% de la población económicamente activa, agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería, de las 750 mil hectáreas en explotación forestal se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año.

Aquello que fue causa esencial del alzamiento armado y de una heroica resistencia campesina, a lo largo del tiempo se ha agudizado. La geofagia de los latifundistas acentuó la desequilibrada e injusta estructura de la tenencia de la tierra. El coeficiente GINI en el campo alcanza el 0,89. ¡Espantosa desigualdad! Los mismos datos oficiales dan cuenta de que las fincas de más de 500 hectáreas corresponden al 0.4% de los propietarios que controlan el 61.2% de la superficie agrícola. Se trata de una acumulación por desposesión, cuya más reciente referencia habla de 8 millones de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego a través de masacres paramilitares, fosas comunes, desapariciones y desplazamiento forzoso, crímenes de lesa humanidad, acentuados durante los 8 años de gobierno de Uribe, todos ellos componentes del terrorismo de Estado en Colombia.

Para nosotros, el concepto Tierra está indisolublemente ligado al Territorio; son un todo indivisible que va más allá del aspecto meramente agrario y que toca intereses estratégicos, vitales, de toda la nación. Por eso la lucha por el territorio está en el centro de las luchas que se libran hoy en Colombia. Hablar de tierra significa para nosotros hablar del territorio como una categoría que además del subsuelo y el sobresuelo entraña relaciones socio- históricas de nuestras comunidades que llevan inmerso el sentimiento de patria, que concibe la tierra como abrigo, y el sentido del buen vivir. Al respecto debiéramos interiorizar la profunda definición del Libertador Simón Bolívar sobre qué es la patria, nuestro suelo, nuestro territorio: «Primero el suelo nativo que nada -nos dice-, él ha formado con sus elementos nuestro ser; nuestra vida no es otra cosa que la esencia de nuestro propio país; allí se encuentran los testigos de nuestro nacimiento, los creadores de nuestra existencia y los que nos han dado alma por la educación; los sepulcros de nuestros padres yacen allí y nos reclaman seguridad y reposo; todo nos recuerda un deber, todo nos excita sentimientos tiernos y memorias deliciosas; allí fue el teatro de nuestra inocencia, de nuestros primeros amores, de nuestras primeras sensaciones y de cuanto nos ha formado. ¿Qué títulos más sagrados al amor y a la consagración?».

Es decir que, a más del problema jurídico de la propiedad de la tierra, que sirve como relación de producción dominante en la actual Colombia, el comandante Márquez planteó también y en paralelo, el esencial problema de la Territorialidad política reflejada en la constitución de Colombia, vigente desde 1991.

Repasando algunos detalles históricos, se puede decir que Colombia inició en 1983, un proceso ininterrumpido de desconcentración territorial que llamó «Descentralización». Sin embargo, todo este proceso de ajuste institucional, ha tenido como eje central la conservación de un centro político centralista, donde un solo centro de Poder localizado, por razones históricas, en el centro de Colombia, la plaza de Bolívar de Bogotá, toma las decisiones tanto ejecutivas como legislativas y judiciales para todo el país, sin tener en cuenta las regiones que lo conforman.

Yendo hacia atrás en la historia colombiana, el debate moderno actual y científico, se inició aproximadamente en 1960 en la facultad de ciencias humanas de la universidad Nacional, donde confluyeron científicos sociales que dejaron sus huellas profundas en planteamientos escritos; como el maestro humanista colombo- alemán Ernesto Guhl, el antropólogo Miguel Fornaguera, junto con sociólogos como el sacerdote Camilo Torres Restrepo y Orlando Fals Borda, para mencionar solo algunos de ellos.

Los llamados centralistas, generalmente gamonales miembros de la casta política y los linajes oligárquicos dominantes; herederos de la constitución ultra centralista, religiosa y autoritaria de 1886, y partidarios a ultranza de la división política de Colombia en departamentos, siempre han interpuesto su Poder, para evitar cualquiera alteración en sus feudos electorales , que han dado en llamar circunscripciones departamentales. Mientras que sus oponentes, con un criterio científico, humano y administrativo actual, a partir del concepto moderno de Territorialidad, plantearon la necesidad de reformar la organización del Estado colombiano actual, para que se permitiera la creación de nuevas territorialidades o entes territoriales, que garantizaran el ejercicio de la autonomía regional, provincial y local.

Con este debate se llegó a la Asamblea Constituyente de 1991, donde se pretendió acoger el espíritu de autonomía, descentralización y regionalización que se agitaba por esa época, pero sin saber como hacerlo. Dada las características de la asamblea constituyente y del proceso de conformación, análisis que corresponde a otro momento, el resultado no sorprendió: se obtuvo como texto constitucional final, un sistema de ordenamiento territorial ecléctico, burocrático y completamente disfuncional, que consagró una estructura híbrida de departamentos y fusiones de estos en regiones, y terminó profundizando aún más la crisis político administrativa del país. Cuando lo que se necesitaba era un claro re-ordenamiento territorial con regiones autónomas, dotado con una clara re-distribución de competencias y recursos entre la nación y los niveles básicos del ordenamiento territorial: las regiones, los distritos, los municipios, los territorios indígenas y, de las negritudes. Alguien decía con sorna que en cada región había surgido un frente guerrillero.

Después de 20 años de haberse adoptado la nueva constitución y tras el hundimiento de veinte proyectos legislativos de ordenamiento territorial; finalmente el congreso en su infinita sabiduría, expidió un remedo de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, llamada con el extraño nombre de LOOT. Se trató de una ley intrascendente, por la misma razón por la cual se expidió:

El congreso de la república de Colombia, se perpetúa mediante una cultura política denominada en Colombia «clientelismo «, que tiene articulada en la presente estructura de los municipios y departamentos, la organización de sus feudos electorales encadenados en una red proteiforme y corrupta de adscripciones, favores, contratos, auxilios y burocracia, que pasan por las comunas, concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones, para entroncar con las instancias superiores o nacionales del Poder legislativo, el Poder presidencial y hasta el Poder de las altas cortes judiciales. Hoy el caso más paradigmático lo constituye la elección anunciada del uribista enemigo de la paz, el procurador Ordoñez.

En estas circunstancias, resultaba para el clientelismo dominante, una inconveniencia política fatal, promulgar una nueva forma de ordenamiento territorial que desarticulara o rompiera esa cadena de adscripciones y clientelas, sobre la que gravita su supervivencia política y económica. Esa ha sido la razón por la cual los 20 proyectos de ordenamiento territorial presentados en el Congreso de la República de Colombia, no tuvieron feliz término.

Para superar la gran crisis económico, social, ambiental y cultural de las regiones, que actualmente es más marcada como lo indican los datos aportados por el comandante Márquez, hubiera sido necesario re-plantear todo el ordenamiento territorial del país y proceder a integrar las regiones buscando su desarrollo integral y sostenible, dentro de claros criterios de descentralización política, administrativa y fiscal; de autonomía regional, de participación social, de transparencia y eficiencia administrativas; de recuperación y protección del medio ambiente y de pluralismo y respeto a la cultura y a la organización económica y social de las etnias indígenas y, pueblos minoritarios oprimidos como las negritudes . Lo cual no se hizo y, está aún en mora de hacerse.

Hagamos también para contrastar, un pequeño repaso a todo este sistema de trabas constitucionales establecidas en la carta de 1991, es decir, el planteamiento político de lo que actualmente existe en Colombia como problema agrario: En el artículo 151 la constitución aprobada ordena al congreso de la república expedir diversas leyes orgánicas, entre las cuales está la relativa a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales. De igual manera, en el artículo 288, remite a la LOOT o Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, la distribución de competencias entre la nación y los departamentos. En el artículo 297, ordena la formación de nuevos departamentos. En el artículo 319 señala el régimen administrativo y fiscal especial para las áreas metropolitanas, y en el artículo 329, dispone la conformación de las entidades territoriales indígenas.

Así mismo en el artículo 306, la constitución colombiana establece las Regiones Administrativas de Planificación, cuya sugestiva sigla es rap, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio, con el plausible pero demagógico objeto de promover el desarrollo económico y social del respectivo territorio. En el artículo 307, delega en la LOOT establecer las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial y las atribuciones, los órganos de administración, los recursos de las regiones, junto con los principios para la adopción del estatuto especial de cada región.

Pero, en ese mismo artículo 307, la tan citada constitución establece el tránsito previo de las regiones territoriales por las Regiones Administrativas de Planificación, o rap, condicionando su existencia a la expedición de la LOOT, y por si fuera poco, en el articulo 306 referido, se vuelve a condicionar la creación de regiones a la voluntad de los departamentos para asociarse y lo amarra con un nudo ciego en el artículo 321, con la creación de las provincias a la voluntad de asociación de los municipios y los territorios indígenas circunvecinos, que pertenezcan a un mismo departamento. Con ello, se impidió que para la conformación de las regiones o de las provincias, pudieran afectarse los territorios departamentales o municipales; convirtiendo la actual conformación político- administrativa de Colombia en la dimensión fundamental y casi única del reordenamiento territorial del país.

Así las cosas, no es difícil llegar a concluir que el primer punto del acuerdo firmado por el Estado colombiano y las FARC -Ep, sobre «política de desarrollo agrario integral» y en especial, el primer sub-tema sobre el «desarrollo agrario integral como determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país» ; necesariamente chocará con las trabas constitucionales enunciadas, las cuales si se desea avanzar en un proceso de paz, deberá re-plantear completamente, con el claro concepto aprendido de la experiencia de 1991 de que una constitución por si sola, sin la compañía de los cambios estructurales económicos sociales, políticos, culturales y -por qué no decirlo- morales, que la deben preceder; no constituye un antídoto definitivo contra ningún embrujo neoliberal autoritario. Por ahora habrá que seguir en la disyuntiva cruel de poner en la mesa del comedor combustible en lugar de arepa y etanol en lugar de panela.

Si ustedes desean, más adelante, en el conservatorio, podemos profundizar la discusión sobre este tema o algunos otros que ustedes consideren de su inquietud. Muchas gracias.

Ponencia de Maurice Lemoine: Contextualización del proceso de paz

El presidente Juan Manuel Santos anunció el 4 de septiembre de este año que su Gobierno tenía conversaciones secretas para iniciar un diálogo con las FARC. La teoría central de las negociaciones estamos en un punto que se llama empate mutualmente nocivo; es decir, que ninguno de los protagonistas del conflicto -hay más de dos, pero los dos principales, de los que hablamos ahora: las FARC y el Gobierno- no hay salida militar. No hay victoria posible ni para el uno ni para el otro. Así que la razón indica que se negocie.

También en la teoría de las negociaciones y de los conflictos, hay dos negociaciones posibles:

-La primera, centrada en una amplia agenda de reformas estructurales dirigidas a las raíces del conflicto.

-La segunda es más sencilla, se denomina DDR: Desarme, Desmovilización y Reintegración.

En Colombia se han intentado las dos. Dos presidentes, Belisario Betancourt y Andrés Pastrana experimentaron una amplia agenda de negociación con las FARC y el ELN. Y Barco y Gaviria buscaron una agenda estrecha (DDR). Hasta ahora todos fracasaron. Es importante regresar sobre una negociación que fue muy importante antes del Caguán, que fue el proceso de paz de los 80 con Belisario Betancourt. El proyecto Betancourt, que era un presidente conservador, habló de las causas objetivas y subjetivas de la violencia y prometió una apertura democrática. Admitió que los guerrilleros no eran bandidos ni criminales, sino actores políticos que representaban grupos ampliamente excluidos de la vida política. Y así se firmó un acuerdo separado y hubo una tregua entre el Gobierno y las FARC. La tregua se rompió después de dos o tres años, después del ataque del Ejército por las FARC en el Caquetá, y se dijo que la responsabilidad era de la insurgencia. Sin embargo, hay que anotar una cosa, y esto no es algo excepcional, y es que el Gobierno se había comprometido a empezar reformas sociales y económicas, en particular la reforma agraria, y nunca fueron presentadas al Congreso.

Y hay un segundo elemento, que los colombianos conocen, desgraciadamente, que fue el episodio de la Unión Patriótica, que ha tenido una importancia crucial para todos los años posteriores. Para los no colombianos lo recuerdo. La Unión Patriótica fue un partido fundado en 1985. En esta Unión Patriótica se incorporaron diversos sectores políticos que no habían tomado las armas, civiles. Y también miembros de las FARC que se incorporaron a la vida civil. Este partido, creado de común acuerdo entre el Gobierno y las FARC, participó en las elecciones de 1986 con resultados interesantes, no excepcionales, pero interesantes, porque fueron elegidos 14 representantes al Congreso (5 senadores y 9 diputados, entre ellos Iván Márquez, el actual jefe de la negociación en La Habana). La UP ganó 23 alcaldías de ciudades intermedias. Entonces se dio un ingreso de un sector colombiano en la vida política por primera vez. Lo que pasó después se sabe. Desgraciadamente, hubo un plan de exterminio de esa oposición de izquierda. La primera operación se llamó «Baile Rojo» y, según dice la Corporación REINICIAR, hay actualmente seis mil quinientos casos identificados que fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una lista de cuatro mil quinientos entre muertos, desaparecidos y torturas. Dos mil ochocientos treinta homicidios, pero eso es lo mínimo, porque no se ha podido investigar en la costa, en el Cesar, en la Guajira, en el Putumayo y en el Amazonas. Fue una masacre. Fueron asesinados dos candidatos a la presidencia, tres senadores, tres diputados, seis diputados departamentales, ochenta y nueve concejales, nueve alcaldes y centenares de candidatos a las elecciones.

Asi que claro que fracasó la negociación. Se puede entender por qué y se puede pensar que no únicamente la guerrilla tiene la responsabilidad. Después Barco y Gaviria intentaron negociar con una agenda estrecha, sabiendo que los dos principales grupos insurgentes, el ELN y las FARC, siempre han dicho y lo siguen diciendo, que quieren la paz, pero no una paz caída del cielo, sino una paz con reformas estructurales. Gaviria y Barco se negaron a eso y también fracasaron las negociaciones.

Hay también que recordar que otro movimiento guerrillero, el M-19, dos semanas después de dejar las armas participó en las legislativas y dos meses después a las presidenciales. Y su candidato, Carlos Pizarro, fue asesinado.

Cuando nos presentan Colombia como una democracia, hay que pensar en esto. Los años 80 no están tan lejos, en Francia estaba Mitterrand. No es hace siglos, es nuestra generación. Cuando se nos presenta como una democracia un país donde fueron asesinados cuatro candidatos a la presidencia, lo que se llama un genocidio político, un concepto que no existe en Europa, pero que los latinos han imaginado para este tipo de sucesos, hay una cierta distorsión entre la realidad colombiana y la visión que nosotros, los europeos, tenemos.

Paso rápidamente por Samper, porque no sucedieron muchas cosas aparte del Proceso 8000, y llegamos a la negociación con Andrés Pastrana. También cuando Andrés Pastrana empezó las negociaciones, reconoció implícitamente que los revolucionarios habían tomado las armas por una causa política. Eso es importante, porque después con Uribe pasaron a ser considerados terroristas. Yo no estoy diciendo que la insurgencia en Colombia sea inocente: viola el Derecho Humanitario Internacional, todo el mundo lo sabe, no es Robin Hood. Pero es un movimiento político.

Cuando empezó la negociación con Pastrana se comprometió el Gobierno o, por lo menos, Pastrana, a negociar una profunda reforma económica y social. Se comprometió también a luchar en contra del paramilitarismo. Mi opinión es que hubo un doble discurso. Hoy en día nos dicen que las FARC van a la negociación porque están en una situación de debilitamiento militar. Es cierto que han recibido muchos golpes, pero cuando empezó la negociación de El Caguán estaban en una posición de fuerza. Habían golpeado muy fuertemente al Ejército colombiano en Nitú y en Las Delicias, y había decenas y decenas de soldados y policías prisioneros. Mi opinión es que Pastrana no buscó realmente la paz, sino que buscó ganar tiempo. En realidad él quería fortalecer el Ejército colombiano y al mismo tiempo que estaba negociando con las FARC, se fue a Washington a negociar el Plan Colombia. Y cuando consiguió los 1.200 millones de dólares, se interrumpió la negociación. Se interrumpió, otra vez, por un error de la guerrilla, una culpa de la guerrilla, un fallo de la guerrilla, cuando secuestraron al senador Gechem, pero esa no fue la razón.

Tal vez la razón principal se entiende con algunas cifras. Por ejemplo, cuando Pastrana se había comprometido a luchar en contra del paramilitarismo, las Autodefensas Unidas de Colombia pasaron de cuatro mil a ocho mil combatientes durante la negociación. Durante los 40 meses y 17 días que pasaron desde el inicio del proceso de paz con las FARC – y son datos de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)- Colombia conoció más de mil masacres (una masacre en Colombia es una matanza de más de tres personas); más de un millón de desplazados; de junio de 2000 a junio de 2001, una media de veinte asesinatos políticos por día fue contabilizada. Y la responsabilidad de esas cifras corresponde en dos terceras partes al Estado y los grupos paramilitares.

Es decir, que uno se puede preguntar si realmente había una voluntad de paz. Después del fracaso de la negociación la guerra se amplió y tomó formas muy crueles, incluso por parte de la insurgencia. Los actores se polarizaron.

Voy a pasar rápidamente sobre Álvaro Uribe Vélez, supongo que la mayoría de los que están aquí conocen a Uribe Vélez, que se puede decir que representaba más o menos a la parte mafiosa de la oligarquía junto al narcoparamilitarismo. Juan Manuel Santos, que llega ahora, aunque fue Ministro de la Defensa de Álvaro Uribe, no hay que olvidarlo, con los casos de falsos positivos, pero se puede considerar que Juan Manuel Santos representa la burguesía más tradicional y más «decente» de Colombia. Con Uribe el conflicto se redujo al problema del terrorismo. Un grupo armado de oposición, del que se pueden criticar los métodos, pero político, pasa a ser considerado terrorista. Las consecuencias de este período fue la negación total de las raíces sociales, económicas, políticas e históricas del conflicto, que no cayó del cielo. Hubo un efecto más importante del período de Uribe entre 2002 y 2010 y es que él ha tenido una influencia muy grande sobre una parte de la sociedad colombiana. Colombia no existe, hay por lo menos dos Colombias. Ustedes llegan a Bogotá el domingo en la mañana pasean en la ciudad, ve a la gente en la Avenida Séptima haciendo bicicleta, corriendo y todo eso, y uno dice: «este país es muy simpático». Pero estamos en la ciudad. Y hay el campo. El conflicto se desarrolla en un 90% en el campo. Y las ciudades no conocen el campo.

Y el discurso de Álvaro Uribe Vélez se ganó a las ciudades ideológicamente, hay que decirlo, presentando a la insurgencia como terroristas. Y además se ganó el apoyo aqui de intelectuales y periodistas europeos. Hay un grupo de intelectuales europeos que se llaman «violentólogos». El francés más conocido es Daniel Pécaut. Para ellos, y es la tesis de Uribe, no hay un conflicto armado en Colombia: hay una democracia que está asediada entre grupos terroristas de ultraderecha y de ultraizquierda, y consideran que la ultraizquierda es la misma cosa que la ultraderecha. Y además pretenden que el movimiento social es rehén de los grupos armados, y  más que todo, de la guerrilla. Y esa es la tesis que caló en la clase media colombiana.

Se puede ver ahora, frente al surgimiento de la Marcha Patriótica, o a las negociaciones, una hostilidad de las ciudades. Sin embargo cuando está con la gente en el campo, es totalmente distinto, es otro mundo. Es algo muy interesante para alguien que llega y habla con la gente. En las ciudades le hablan de la narcoguerrilla y los terroristas. SI ustedes van al campo, les hablan de la insurgencia. No es lo mismo. Y para un periodista, que tiene que escuchar la música de la gente, no es lo mismo que le hablen de la insurgencia que de los narcoterroristas.

Sin embargo, Uribe consiguió derechizar a Colombia. Hay que decirlo porque eso complica la cosa en un momento de negociación. Además, se complica más con el fenómeno de la coca, «la narcoguerrilla». No voy a desarrollar el tema, pero hay que decir que el conflicto empezó mucho antes de que llegara la coca a Colombia. Y claro que desde finales de los 80 hasta los años 90 las FARC han trabajado estrechamente vinculados con los pequeños cultivadores de coca en las zonas de colonización. Y eso nos lleva para los campesinos al tema de la injusticia social, de la ausencia de reforma agraria y también es resultado de los desplazamientos forzados: muchos campesinos que fueron desplazados por los paramilitares se fueron a cultivar coca. Además en Colombia todo el mundo -militares, paramilitares, élite económica, guerrilla- ha tenido las manos en la coca. Colombia es el principal productor de cocaína y Estados Unidos el principal consumidor. Es un mercado.

Y también hay que decir que para la guerrilla la coca y el impuesto sobre la coca es un medio, no es el fin. Así que si mañana en el curso de la negociación se habla del tema del narcotráfico (es el cuarto punto), no habrá dificultad con las FARC, con una condición: y es que haya una reflexión real y unas reformas reales sobre el tema del campo. Porque, si no, la coca sigue.

Llegamos a las negociaciones que empezaron en Oslo y están siguiendo en La Habana. Desde Europa se ha dicho mucho que Santos es un presidente «simpático». Tiene una buena imagen, porque no tiene el discurso de Uribe, no está vinculado con la familia Ochoa, con Pablo Escobar, etc. El Gobierno cambió, pero el país es el mismo. Uribe se apoyaba sobre el sector más descompuesto de Colombia. Santos hace parte de una familia donde se sabe hacer diplomacia, es más inteligente. Pero en el fondo, no hay mucha diferencia. Santos es neoliberal, igual que Uribe. Y ese va a ser uno de los temas en la mesa de negociación. «No se hace la revolución en la mesa de negociación», pero las FARC llegan a la mesa de negociación con unas reivindicaciones. Y se sabe, me sorprendería mucho que cambiaran, que no vienen para deponer las armas. Nadie en Colombia cree que eso vaya a ocurrir.

Sobre el debilitamiento de la insurgencia: Sí, claro que se han debilitado. Ya no es la guerrilla de finales de los 90. Pero les voy a dar unas cifras porque a mí me da la risa, aunque la situación colombiana no es de risa. Según el Ministerio de la Defensa, entre 2002 y 2008 fueron matados en combate doce mil setecientos trece guerrilleros. El Ministerio también dice que han capturado treinta y dos mil trescientos setenta y cinco guerrilleros. Esto quiere decir que al final la Fuerza Pública colombiana sacó del conflicto armado cuarenta y cinco mil cuarenta y ocho guerrilleros. Y a mí me sorprende mucho. Porque cuando llegó el Presidente Uribe al poder se estimaba que había veinte mil guerrilleros. Están los falsos positivos, pero no son tantos.

Entonces, de una manera general, tenemos las cifras y datos del Gobierno. Tenemos muy pocas cifras confiables.

Es interesante esto de las contradicciones. La Marcha Patriótica está acusada por el Gobierno, por el ministro de Defensa, por los medios de comunicación, de ser el brazo político de las FARC. Pero hace muy poco tiempo nos decían que las FARC estaban totalmente aisladas, que no tenían apoyo de nadie, que eran un grupo terrorista abandonado por todo el mundo…. Hay una contradicción: o no tienen base social o el movimiento social es independiente, pero el movimiento social no puede estar manipulado por las FARC. Estamos continuamente en una manipulación de los datos, de las cifras, de los análisis.

Llega la Marcha Patriótica y hablo de eso porque es muy importante en el momento de los acuerdos de paz, y paso sobre la intervención de Iván Márquez porque ya fue abordada. Se ve que en la mesa de negociación hay dos visiones de Colombia: uno que quiere la paz con cambios estructurales, la paz con justicia social que reclaman las FARC y la paz sin nada más que postula el Gobierno. Muy interesante es el hecho de que la delegación del Gobierno incluye representantes de los empresarios. Humberto de la Calle es abogado, fue Vicepresidente de Colombia, magistrado de la Corte Suprema. Luis Carlos Villegas, Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Tenemos a Alejandro Eder, empresario. Sergio Jaramillo, experto en seguridad. Enrique Mora, ex general del Ejército. Óscar Naranjo, ex Director de la Policía. Y eso es «la sociedad civil», pero las organizaciones sociales y populares no están. Y lo reclaman.

Y es una cierta sorpresa. En los últimos dos años hubo un renacimiento, un resurgimiento del movimiento popular, que todo el mundo creía que estaba apagado. Ustedes que están aquí saben que surgió con mucha fuerza en abril de este año y que reunió como a ochenta mil personas en la Plaza Bolívar de Bogotá, lo que es algo excepcional, cuando uno conoce el contexto de Colombia. Una confluencia de organizaciones de distintos sectores sociales, con dos pilares fuertes: los campesinos y los jóvenes, lo que es una sorpresa, los estudiantes. Al lado de la Marcha Patriótica también está el Congreso de los Pueblos, que está más conformado con indígenas y la Minga indígena del Cauca. Los tres forman una fuerza social. No es un partido político, por ahora. Algunos reflexionan que en el futuro puede o debe ser un partido político, pero de momento es un movimiento muy joven. Ya tiene su plataforma política, su estructura organizativa, el carácter y la naturaleza de movimiento, es claro, un movimiento político y social.

Claro que hubo otra movilización el 12 de octubre pasado y se estima que en toda Colombia se movilizaron trescientas cincuenta mil personas. El problema es que los gritos que se pueden escuchar en las manifestaciones son: «sin empleo, no hay paz»; «Sin salud, no hay paz»; «Sin educación, no hay paz»…. Y claro, eso plantea un problema, porque éste es el discurso de la guerrilla. Y, claro, inmediatamente surgieron las acusaciones de ser el brazo político de la guerrilla. Claro que hay una coincidencia entre el discurso anticapitalista y antiimperialista de la insurgencia y este movimiento. Sin embargo, hay una diferencia real entre lo que fue la UP, que fue un movimiento con las FARC, y la Marcha Patriótica. La UP surgió en el marco de un diálogo de paz, en un acuerdo, donde la guerrilla participaba en la UP. La Marcha Patriótica nace de los movimientos sociales. Yo estuve en el Magdalena Medio hace veinte días, en una reunión con campesinos y un dirigente de la Marcha. Y dijo cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, que claro que tenían interlocucion con la guerrilla, porque hay problemas también con ellos. Y también han tenido interlocución para pedirles que negocien.

En la Marcha hay organizaciones sociales legítimamente constituidas. No trabajan en la clandestinidad, trabajan a la luz del día. Ustedes tienen en esta Marcha sectores de la sociedad civil que no se consideran representados ni por el Gobierno ni por la guerrilla, pero con el discurso «la paz con justicia social». Ese es el centro. Ustedes tienen muchos habitantes de la Colombia aislada y marginal, que ya no están de acuerdo con echar bala pero tampoco están de acuerdo con el status quo, quieren un cambio. Ustedes tienen, disculpen, los viejitos de la UP, que conocieron la UP y no tienen una visión apocalíptica de la guerrilla. Porque, en realidad, el discurso de las FARC no es muy diferente del de un partido de izquierda. No hablo de los métodos, pero el discurso de las FARC es el de un partido de izquierda altermundialista. Ahora ya no quieren hacer la revolución, pero quieren un cambio. Y, según han explicado los líderes de la Marcha, efectivamente, pueden existir coincidencias políticas y de concepciones con la guerrilla, pero esto no quiere decir que este movimiento sea el brazo político de la guerrilla. Leo declaraciones textuales: «No somos su brazo político, pero estamos de acuerdo con lo que dicen». La mayoría de la gente que yo vi, campesinos, no tienen ninguna vinculación con la guerrilla. Después sí hay pasarelas, platican con la guerrilla, platican con todo el mundo, hay porosidad. Un responsable me dijo: «Hay una mesa de negociación, y hay la insurgencia. Se pueden compartir o no sus formas de actuar, pero lo cierto es que ellos han conseguido hacer sentarse al establecimiento, cosa que ninguna organización social o partido político había conseguido en este país».

Entonces, el debate actual es que la Marcha quiere un espacio en el diálogo. La cosa es complicada porque no saben exactamente cómo hacerlo, lo dicen muy francamente. De otro lado, en el marco de la negociación entre las FARC y el Gobierno, no hay mecanismos establecidos para la participación, no de la «sociedad civil», que no quiere decir nada, sino del movimiento popular. Los últimos acontecimientos que hemos visto es que las FARC han anunciado que están de acuerdo, pero por ejemplo van a tener en el marco del primer punto, que es el tema agrario, dos días de foros en Bogotá. El Gobierno también propuso un sitio web para que el movimiento social haga su contribución, lo cual es un poco complicado para un campesino en Puerto Matilde, en el Magdalena Medio, donde no hay electricidad. Eso es también interesante, porque desde hace diez años, la mayoría de los medios de comunicación se concentraron en atacar a Venezuela, Ecuador, Bolivia, y estuve recientemente en Venezuela, en el delta del Orinoco, donde la gente decía: «desde que llegó el presidente Chávez tenemos electricidad». Ustedes van al fin del mundo, en el altiplano de Bolivia, y dicen: «Desde que está el presidente Evo Morales, tenemos electricidad». Usted llega a Puerto Matilde, a tres horas de Barrancabermeja y no hay electricidad.

(Fin de la intervención de M.Lemoine. Sigue conversatorio de 50 min con el público asistente)

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