La asociación de reclamantes Tierra y Paz y el Instituto Popular de Capacitación IPC, denuncian ante la opinión pública y la comunidad internacional la existencia de nuevas amenazas de muerte contra el reclamante de tierras Wilson David Quiroz, cuya familia reclama la finca La Magdalena ubicada en la vereda El Caimán, corregimiento Blanquicet del municipio […]
La asociación de reclamantes Tierra y Paz y el Instituto Popular de Capacitación IPC, denuncian ante la opinión pública y la comunidad internacional la existencia de nuevas amenazas de muerte contra el reclamante de tierras Wilson David Quiroz, cuya familia reclama la finca La Magdalena ubicada en la vereda El Caimán, corregimiento Blanquicet del municipio de Turbo en el Urabá antioqueño.
La amenaza se conoció el pasado martes 21 de marzo cuando el líder de tierras se dirigía a la finca en compañía de su esposa, Katherine Lazo Barbosa, y de dos escoltas asignados para su seguridad por la Unidad Nacional de Protección, ante las reiteradas agresiones en su contra.
En el camino, habitantes de la región dieron aviso a Wilson David de que su vida corría peligro porque el domingo 19 de marzo tuvo lugar una reunión entre «El Yoni» y el «Negro Darío», quien trabaja como administrador del empresario Bernardo Gómez, actual poseedor de las tierras en reclamación. En dicha reunión, se habría decido asesinar a Wilson David y su esposa.
«Los están esperando, el domingo se reunieron y dijeron que a ustedes dos los van a matar porque son los únicos que están molestando por aquí», fue lo que manifestaron habitantes de la región al líder de tierras.
Al tanto de la situación, Wilson David, su esposa y sus escoltas regresaron hasta la vereda Guacamayas donde pidieron acompañamiento al Ejército para poder entrar a La Magdalena. Siete soldados lo acompañaron. Pero al llegar encontraron que la finca había sido cercada con alambre eléctrico, y que los cultivos de yuca y plátano que tenía la familia David habían sido destruidos.
En el lugar había dos hombres arando la tierra, John Fredy Benitez Torres y Weimer Torres Guerra, quienes dijeron haber sido contratados por el señor Bernardo Gómez y por «El Yoni» para trabajar en ese terreno.
«El Yoni», dicen los habitantes de la región, es hijo del exjefeparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias «Don Mario», y sobrino de John Freddy Rendón Herrera, alias «El Alemán», excomandante del Bloque Bananeros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Cuando llegó a la finca que reclama su familia, el reclamante Wilson se encontró con que habían arado la tierra y la habían cercado con alambre eléctrico.
Todos estos ataques y la reciente amenaza de muerte a Wilson David, se suman a una serie agresiones e intimidaciones contra su familia:
* El 9 de abril de 2015, el empresario Bernardo Gómez amenazó a Wilson David haciendo disparos al aire y diciéndole que alias «Inglaterra», jefe paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, había dado la orden de desplazarlos de la zona.
* A mediados de 2016, Tito David, primo de Wilson, quien reclama la finca La Bonita, fue herido de bala luego de ser atacado a tiros por el hijo de «Don Mario». A causa de esta situación las familias de Tito y Wilson salieron de las fincas que estaban reclamando.
* El 22 de octubre de 2016, trabajadores de Bernardo Gómez destruyeron la vivienda que había construido Wilson David, y se llevaron herramienta de trabajo, un fogón, colchones, parte de la madera, el zinc, una guadañadora, una motosierra y dos bombas de fumigar.
Estas agresiones ocurren en territorio con medidas cautelares para proteger a los reclamantes de tierras emitidas por el Juzgado Primero de Quibdó, a través del Auto 00181 del 12 de diciembre de 2014 que dictó medidas de protección a favor del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó (prorrogadas por el Auto 00153 del 15 de diciembre de 2016).
Hace menos de dos meses, en esta misma región, ocurrió el secuestro y posterior muerte del reclamante de tierras Porfirio Jaramillo, el sábado 28 de enero de 2017, en la vereda Buenos Aires, corregimiento Nuevo Oriente del municipio de Turbo, con lo que ascendió a 73 el número de reclamantes asesinados en Urabá desde el año 2008.
El crimen, ocurre en un contexto de implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, y en medio del incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, que alcanza los 27 líderes asesinados en lo corrido del año, 7 de ellos en Antioquia y 2 en la subregión de Urabá.
Es necesario recordar que en el mes de julio de 2016 por los mismos hechos, las mismas circunstancias y los mismos autores se desplazaron de manera forzada 5 familias de la vereda Guacamayas.
Las familias campesinas pese a todas las dificultades siempre han puesto en conocimiento de las autoridades y de la Fiscalía estos hechos, sin que se logre ninguna acción eficaz por parte de esta entidad. Los autores intelectuales siguen «paseándose» con total tranquilidad y con todos los medios logísticos para ejercer presión sobre los reclamantes de tierras.
Se requiere que todas las instituciones del Estado a nivel local desde alcaldías, hasta personerías, fuerza, pública y fiscalías actúen para proteger a los campesinos, a los reclamantes de tierras y a las víctimas.
Por ello, se solicita al Gobierno nacional que declare una situación de emergencia por la vida y la integridad de los reclamantes de tierras, y a la Unidad de Victimas y la Unidad de Restitución de Tierras que entiendan que los reclamantes son sujetos de reparación colectiva porque está en riesgo su labor como defensores y defensoras de derechos humanos de los despojados y los campesinos.
Es inadmisible que ocurran nuevos desplazamientos forzados, despojos y asesinatos en Urabá con la fuerte presencia de fuerza pública y de Fiscalía que existe en la región.
Fuente original: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2017/03/24/tierra-y-paz-e-ipc-rechazan-amenazas-de-muerte-a-reclamante-de-tierras-en-uraba/