Los milagros de la contabilidad «creativa». Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2014, que en pocos días aprobará el rodillo del PP en las Cortes, tienen como doble objetivo -según establece el documento en la misma Exposición de Motivos- «asegurar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera» (austeridad y recortes) al tiempo que «garantizan la […]
Los milagros de la contabilidad «creativa». Los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2014, que en pocos días aprobará el rodillo del PP en las Cortes, tienen como doble objetivo -según establece el documento en la misma Exposición de Motivos- «asegurar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera» (austeridad y recortes) al tiempo que «garantizan la prestación de los servicios públicos fundamentales». Es decir, cuadrar el círculo.
Las cuentas públicas del ejecutivo valenciano para el próximo año ascienden, según las cifras oficiales, a 17 mil millones de euros, lo que representa un 5,6% más que en 2013. Unos presupuestos teóricamente «expansivos» que incluso se «venden» como sociales, al asegurarse que el gasto social representa un 86,6% del total del gasto financiero. Sin embargo, la Xarxa d’Acció Social i Cooperació asegura que «se continúa con el camino de los recortes, del grave retroceso en el estado del bienestar y de las políticas de cohesión social desarrolladas en los últimos 30 años».
¿Cómo se pueden entender tamañas contradicciones? Cuando los responsables del PP y hablan de «gasto social» hacen uso de una expresión huera, que no es sino una «trampa», según el profesor de Economía Aplicada de la Universitat de València y miembro de la Plataforma en Defensa de la Universitat Pública, Amat Sánchez. «Puede reducirse a la mitad un presupuesto y al mismo tiempo dedicarse el 90% a las denominadas partidas sociales, en las que se incluye de todo«, explica en un acto organizado por la Xarxa. Además, los elevados porcentajes de gasto social sobre el total presupuestario también pueden entenderse cómo la incapacidad para desarrollar otro tipo de políticas (industriales, agrícolas, de ocupación, etcétera).
Bajo la estricta lupa de Montoro, el Gobierno Valenciano ha diseñado unas cuentas «expansivas» y que al tiempo establecen un objetivo de déficit del 1%. «Pero hay recortes reales», apunta Amat Sánchez. Se trata de unos presupuestos inverosímiles, en los que -entre otros ardides- se modifican criterios contables, se presupuestan cantidades impagadas en anualidades anteriores, se cambian partidas de un epígrafe a otro o se hacen aflorar a conveniencia facturas escondidas. Así, la Conselleria de Sanitat hace compatible recortes «reales» con un incremento en los presupuestos del 9%.
Otra cuestión es la relevancia que adquiere el pago de la deuda que, con la reforma por parte del PP y el PSOE del Artículo 135 de la Constitución, se ha convertido en la prioridad absoluta. Más de cuatro mil millones de euros del presupuesto de la Generalitat para 2014 se destinan al pago de la deuda (un incremento de más del 18% sobre las emisiones del año anterior). Esta cantidad la convierte en la segunda «conselleria» en monto presupuestario.
Al pago de intereses de la deuda se dedican 1.200 millones de euros (un 7,5% más de la cantidad presupuestada para 2013). En términos comparativos, el presupuesto de Sanidad es de 5.374 millones de euros, y el de Educación de 4.000 millones (la misma cifra que se dirige al abono de la deuda). Además, según Amat Sánchez, «la deuda resulta impagable». Pero las cuentas son «irreales» también porque, entre los presupuestos previstos en la Ley y los finalmente liquidados, media habitualmente una diferencia «descomunal», y además están edificados sobre hipótesis de crecimiento «inverosímiles» (el 2% del PIB para 2014).
Tampoco el ejecutivo de Alberto Fabra se ha preocupado excesivamente por la equidad fiscal ni de la igualdad en los esfuerzos contributivos. Las cuentas de la Generalitat para el año próximo se sostienen mayoritariamente sobre las rentas del trabajo (30%), los impuestos indirectos como el IVA (50%) y las tasas (8%).
La Conselleria de Educación publicita en las notas de prensa un incremento presupuestario del 0,2% en época de crisis, pero las plataformas en defensa de la enseñanza pública no comparten el optimismo. La Conselleria ha recortado las becas de transporte, libros de texto y comedor escolar; se ha incrementado la ratio de alumnos/aula y prosigue el proceso de privatizaciones (por ejemplo a través de los «Centros de Iniciativa Social», colegios privados que se construyen en suelo público cedido por los Ayuntamientos), según critica Merche Alabau, miembro de la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic. Mientras, 20.000 alumnos valencianos han comenzado el curso en 800 barracones o aulas prefabricadas. «Tampoco se sabe a qué se han destinado los 300 millones de euros que el Banco Europeo de Inversiones aprobó para la renovación de centros escolares», recuerda Merche Alabau.
Con los cerca de 700.000 euros que la Conselleria de Bienestar Social contará para el año 2014 deberán atenderse necesidades de familias, políticas de igualdad de género, servicios sociales, menores, dependencia, inmigración, discapacidad y cooperación al desarrollo. «Esto es sólo el 4% del presupuesto global de la Generalitat Valenciana, es decir, hablamos de 137,8 euros por habitante y año en materia de Bienestar Social»; son cifras que sitúan a la Comunitat Valenciana lejos de la media estatal, señala Susana Marín, miembro de la Alianza per un Sistema Públic de Serveis Socials. Asimismo, recuerda que los servicios sociales para personas mayores se verán reducidos en un 16% y que la financiación de estancias en residencias para estas personas ha decrecido un 21%, a lo que se han de agregar los copagos.
«No hay que tener miedo a las cifras», señala Marín. Y menos, cuando se citan con toda su crudeza: La Comunitat Valenciana cuenta con 700.000 personas en situación de desempleo (mientras el Gobierno Valenciano reduce para 2014 en un 12% los recursos para políticas de ocupación), más de un millón por debajo del umbral de la pobreza y 320.000 en situación de extrema necesidad. «Muchas personas se ven sin futuro, sin respuestas y sin que se apliquen políticas mínimamente solidarias ni de justicia social», afirma.
Las cuentas de la Conselleria de Bienestar Social para 2014 establecen oficialmente un incremento cercano al 2% pero, a juicio de Carles López, de la Xarxa de Xarxes d’Acció Social i Cooperació de la Comunitat Valenciana, «las cifras están básicamente maquilladas y predomina la falta de transparencia». Así, para políticas de inmigración, señala Carles López, «el presupuesto es un tercio del que había en 2010» (de 18 millones de euros a 6 millones de euros). Mientras, continúa el déficit de plazas para el alojamiento de personas migrantes durante el invierno, se mantiene la falta de claridad en el derecho de acceso a la tarjeta sanitaria y otra gran batalla pendiente, la clausura del CIE de Zapadores.
En materia de voluntariado, «se están dando recortes que afectan fundamentalmente a las pequeñas ONG; se acumulan impagos desde el año 2011, con lo que -además de los recortes- se produce un problema de demora». Para la atención a afectados por Sida, también hay que agregar a los recortes, impagos desde el año 2012, según Carles López. En el ámbito de la discapacidad no son menores las consecuencias de la «austeridad»: copago en centros y servicios de atención a discapacitados, además de la reducción de ayudas; copago farmacéutico y ortoprotésico; recortes en centros ocupacionales, centros especiales de empleo y de educación especial, entre otros.
El 0,7 de cooperación al desarrollo ha quedado en una lejana quimera. El presupuesto del Gobierno Valenciano para 2014 destina sólo el 0,0193 a cooperación con los países del Sur. En otras comunidades, como Madrid o Murcia, señala Carles López, «están reventando los mecanismos de cooperación más todavía». Así las cosas, la Xarxa de Xarxes d’Acció Social i Cooperació ha pedido que el impuesto que el Gobierno Valenciano va a aplicar a las entidades bancarias, destine los ingresos a la lucha contra la pobreza (un 10% para la cooperación y un 90% para iniciativas sociales).
La Xarxa ha demandado asimismo, según informa Europa Press, que se invierta en cooperación el 1% de partidas y líneas presupuestarias «de dudosa utilidad social o simplemente de despilfarro», entre otras, los gastos del Consorcio de la Copa América 2007, la asignación presupuestaria para cargos políticos y asesores de la Generalitat, el aeropuerto de Castellón, la Sociedad de Proyectos Temáticos, el circuito de Fórmula 1, la Ciudad de la Luz o la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía.
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