La noticia fue replicada en diversos medios, aunque no tuvo la repercusión que logró el caso de los periodistas holandeses. La información dice que algunos jóvenes estuvieron retenidos por el Ejército de Liberación Nacional en San José del Tarra, municipio de Hacarí, Departamento de Norte de Santander. Es la misma región del Catatumbo que preocupa […]
La noticia fue replicada en diversos medios, aunque no tuvo la repercusión que logró el caso de los periodistas holandeses. La información dice que algunos jóvenes estuvieron retenidos por el Ejército de Liberación Nacional en San José del Tarra, municipio de Hacarí, Departamento de Norte de Santander. Es la misma región del Catatumbo que preocupa tanto cuando la recorren extranjeros, pero a pocos parece importar, cuando se trata de mostrar la situación de explotación y miseria a la que el Estado la somete.
Elijamos uno de los medios que reprodujo la noticia. Publicó RCN el pasado 19 de junio: «ELN entregó a 8 jóvenes que habían sido secuestrados en el Catatumbo».
Titulan «secuestro», pero es regulación de la vida comunal, con acuerdo y en beneficio de la comunidad. Lo que el Estado no hace. Veamos más fino qué dice la noticia:
«[Los jóvenes] fueron retenidos (…) para discutir ´sobre los comportamientos que venían desempeñando en la sociedad´», puede leerse. «Recibieron buen trato y fueron dejados en libertad si cambiaban el mal comportamiento que venían desempeñando en la comunidad», agrega la información.
La normatividad que nace de las comunidades
La cultura capitalista ofrece a la juventud ilusiones de consumo e individualismo, que se proyectan en las y los jóvenes de pueblos humildes, como aspiraciones sociales que sólo se podrían alcanzar por medio del delito, la mala vida. Regular la vida social en las comunidades donde la guerrilla hace presencia, promover la armonía en las regiones que el Estado abandonó, o en las que han resistido al despojo, es parte del ser rebelde, del sentido que tiene la insurgencia armada en muchas regiones del país. La comunidad apoya que la insurgencia apoye la cohesión social y, si no la ejerce, reclama ese rol de autoridad.
En una sociedad ideal, o al menos en una realidad donde primen la justicia y la igualdad, cualquier retención o privación temporal de libertad debería ser cuestionada, porque la libertad es un bien inmanente al ser humano. Pero en nuestra sociedad, surcada por la injusticia, la degradación social y la violencia, atravesada por décadas de conflicto armado, en muchos territorios la guerrilla es un factor de poder que garantiza el cumplimiento de normas básicas de convivencia, de acuerdo a lo que establece la propia comunidad.
«Los Comités de Conciliación son entidades previstas por las Juntas de Acción Comunal; esos comités dictan Normas de Convivencia, que en determinados casos requieren de la presencia de una fuerza de orden para ser cumplidas», explica la comandante Silvana, del Frente de Guerra Nororiental del ELN; cita casos como la presencia de narcotraficantes, o diversos desórdenes provocados por actores ajenos a la comunidad, que precisamente encuentran en los jóvenes una atracción, que les propone canalizar mal la natural rebeldía hacia actividades delictivas.
«La guerrilla lo que hace es ayudar a que esas Normas Comunitarias se apliquen, se cumplan, incluso llamando al orden a quienes violen esas pautas básicas de conducta de la comunidad», explica la comandante.
El uso legítimo de la coacción
Volvamos al contenido de la noticia, dejando de lado el malicioso titular: «Recibieron buen trato y fueron dejados en libertad si cambiaban el mal comportamiento que venían desempeñando en la comunidad»…
Hay quienes, aún desde la buena fe, pretenden desconocer esas realidades, prefieren creer que en la Colombia profunda reina un estado de derecho y de libertades individuales que en la realidad no existen; simulan desconocer que lo que sucede, en cambio, es el abandono y la violencia estatal, paramilitar y de bandas criminales asociadas a los primeros.
Negar la realidad impide transformarla. Esa negación les impide comprender el hecho de que fuerzas guerrilleras, al margen y en reemplazo del Estado, han permanecido por décadas en Colombia, sin poder ser erradicadas ni siquiera por medio del terrorismo de Estado y la guerra permanente que les declaró el Establecimiento. En buenahora que así haya sido; ojalá que, mientras siga habiendo sometimiento e injusticias, así siga siendo.