El conservador presidente Alvaro Uribe enfrentó la primera manifestación popular de su segundo mandato. La causa es la de siempre, la pelea del pueblo para impedir que le arrebaten el patrimonio nacional de la misma forma que compraron su soberanía. Las calles de Medellín, Bogotá y Cali se transformaron en pasillos de asfalto sembrados de […]
El conservador presidente Alvaro Uribe enfrentó la primera manifestación popular de su segundo mandato. La causa es la de siempre, la pelea del pueblo para impedir que le arrebaten el patrimonio nacional de la misma forma que compraron su soberanía. 
Las calles de Medellín, Bogotá y Cali se transformaron en pasillos de asfalto sembrados de banderas, pancartas y hombres de voz alzada reclamando justicia. No se trata de Argentina pidiendo por la aparición del ex detenido desaparecido Julio López, ni de los estudiantes chilenos exigiendo educación de calidad. Es el pueblo de Colombia que le soltó la mano al presidente Álvaro Uribe y sus políticas neoliberales.
El motivo es la aplicación sistemática de políticas privatizadoras y la concreción inminente de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. El gobierno habría confirmado el día 22 de noviembre como fecha tentativa para la firma del acuerdo pautado en febrero de 2005 y que actualmente está siendo evaluado por los congresos de ambos países.
Aunque el gobierno colombiano asegure que «con el TLC, Colombia busca aumentar las ventas de sus productos agrícolas en Estados Unidos, el mayor mercado del mundo, lo que debe implicar un aumento general de la producción» especialistas en materia económica no dejan lugar para las dudas: «puede afirmarse que las medidas de salvaguardia incorporadas en el Acuerdo negociado con los Estados Unidos se alejaron de los objetivos fundamentales que tenía Colombia, a saber: salvaguardia de precios y vigencia de la misma durante la permanencia del Acuerdo o hasta el desmonte de las ayudas internas estadounidenses para los productos más sensibles».
Tal fue la explicación dada por Luis Jorge Garay, Fernando Barberi e Iván Mauricio Cardona en el trabajo de reciente edición «Evaluación de la negociación agropecuaria en el TLC Colombia-Estados Unidos», realizada por los mismas personas que, años atrás, fueron contratadas por el Ministerio de Agricultura de la Nación para realizar un estudio exhaustivo respecto de las desigualdades entre el agro colombiano y el estadounidense.
Los investigadores aseguran que en caso de concretarse el TLC, Colombia perderá en trigo, cebada, maíz, arroz, sorgo, fríjol, soja y en carnes de pollo y de cerdo. También dicen que, por efecto de la sustitución por importaciones de soja y de sus derivados, le irá mal a la palma africana, al punto que «el área cosechada, el empleo y los ingresos laborales serían inferiores en un 19 por ciento».
Por esto un millón de colombianos coparon las calles de la capital, Bogotá, y otras ciudades del interior como Barranquilla, Cali y Medellín. La meta es impedir la continuidad de una política que está arrojando el patrimonio nacional a los brazos del verdugo. El mensaje de urgencia enviado al Congreso el pasado lunes 29 de septiembre por el presidente Uribe y su ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, son la representación fiel de esta política. Lo que buscan una ley que apruebe la transformación de Ecopetrol en una empresa mixta con la participación hasta del 49 por ciento de capital privado.
¿Por qué la privatización de Ecopetrol es el ejemplo más claro del desprecio de Uribe por la riqueza nacional? Por que es la cuarta petrolera estatal más grande de América Latina y una de las empresas más importantes de Colombia. Ecopetrol se consolidó como empresa accionaria del Estado dedicada a explorar, producir, transportar, refinar y comercializar hidrocarburos. En los últimos 5 años sus ganancias, en promedio, superaron el billón de pesos anuales, mientras que las exportaciones alcanzaron casi los dos millones de dólares.
Quienes salieron a la calle y manifestaron su oposición a la gestión de Uribe reconocen la amenaza que significa la concreción del TLC, pero además son concientes de las medidas privatistas y empobrecedoras que viene implementando el actual presidente desde su primer mandato. La reforma tributaria que amplia el impuesto al valor agregado (IVA) a los artículos de obligado consumo popular; la liquidación del Instituto del Seguro Social; las nuevas reformas laborales y pensiónales y el recorte del salario mínimo que hoy apenas llega a los 160 mil pesos (casi 80 dólares), son sólo algunos ejemplos.
Entre los manifestantes del martes pasado se encontró el ex Presidente y candidato en las elecciones de este año por el Partido Liberal (PL), Cesar Gaviria, quién criticó al gobierno de Uribe por la falta de una gestión contundente en materia de política social; «Somos solidarios con las aspiraciones y reivindicaciones de los trabajadores» aseguró el jefe del PL. Por su parte, el ex senador nacional y actual Secretario General del Polo Democrático Alternativo (PDA), Antonio Navarro sentenció: «El Polo va a estar en las calles mostrando que vamos a hacer oposición no solo en el Congreso, sino también en las calles».
Finalmente el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Carlos Rodríguez, declaró: «Salimos a las calles en las 32 capitales de los departamentos en una movilización de los trabajadores y de los partidos de la oposición que hemos hecho causa común para rechazar las propuestas legislativas gubernamentales[…]ha sido positiva, las movilizaciones han tenido una masiva participación y han demostrado el carácter civilista y democrático», reflexionó, puesto en las manifestaciones en contra de la firma de un TLC con Estados Unidos, en mayo de este año, el saldo fue de un muerto y cien heridos.
En medio de este escenario controvertido, teñido por la desconfianza, empobrecimiento y hartazgo de un pueblo que ya no cree ni en Seguridad Democrática, ni planes siniestros; las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) rechazan cualquier tipo de acercamiento con el gobierno. De esta manera los anuncios del gobierno de Uribe respecto del despeje militar de la zona de Florida y Pradera, al sur occidente de Colombia, para concretar intercambio humanitario, quedan desfasadas en el contraste con la realidad.
Colombia es el país con mayor tradición democrática en América Latina, sin embargo hace más de treinta años que la sociedad soporta las consecuencias de una guerra civil interminable. Sin guerra no existe posibilidad para la aplicación de un Plan Colombia; sin conflictos internos no hay excusas legítimas para la mediación-intervención; sin persecución, espionaje y muerte no se consigue instalar el terror para el control. Sólo a través del miedo es posible consolidar la dominación y únicamente con ella se logra entregar la nación.