Cuando en marzo de 2014 se aprobó el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el gobierno del PP recordó que ingresan las personas «que ordena un juez o tribunal mientras se realizan los trámites pertinentes para poder llevar a cabo la orden de expulsión del territorio español»; el internamiento se produce por […]
Cuando en marzo de 2014 se aprobó el Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), el gobierno del PP recordó que ingresan las personas «que ordena un juez o tribunal mientras se realizan los trámites pertinentes para poder llevar a cabo la orden de expulsión del territorio español»; el internamiento se produce por razones como la estancia «irregular» (terminología oficial), y por un periodo máximo de 60 días. El portavoz de la Campaña CIEs No en Valencia, Adrián Vives, rebate la definición gubernamental: «Es una cárcel racista para personas inocentes -migrantes- que no tienen papeles».
El informe del Servicio de Jesuitas Migrantes Discriminación de origen (2019) apunta que 7.855 personas fueron encerradas en los CIE durante 2018, de las que dos tercios procedían de Marruecos y Argelia; el 70% de los internados lo fueron por un expediente de devolución a causa de la entrada considerada «ilegal» en patera. Además de miembro de la Campaña, Adrián Vives es licenciado en filosofía, cursa un máster en derechos humanos y de extranjería, y colabora en la ONG Valencia Acoge en el área de igualdad de trato y no discriminación. Hace un año el Consejo de Ministros aprobó un plan para «mejorar» las instalaciones de los CIE, entre ellos el valenciano de Zapadores; el activista tradujo del siguiente modo la iniciativa en las redes sociales: «Interior reformará la cárcel racista de Valencia para realizar de manera más opaca y sutil la represión contra la población migrante».
-En el Encuentro estatal por el cierre de los CIE celebrado el 8 de diciembre en Granada, los colectivos hicieron una puesta en común del trabajo «político» de investigación, acompañamiento y denuncia del racismo institucional. ¿Está generalizada entre la población migrante la idea de lucha «política»?
No se trata sólo de que lo diga la Campaña. El movimiento de lucha política y resistencia de las personas migrantes y racializadas está cobrando cada vez más fuerza. Se sea más consciente de ello o menos, el traspaso de fronteras y los intentos de no deportación y por la libertad en los CIE son acciones políticas y de resistencia; de lucha política contra el sistema racista y colonial…
-Un documento oficial, la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2019 (con información del año anterior), aporta conclusiones sobre las visitas a los siete CIE del estado español. Respecto al centro de Aluche (Madrid), reconoce, por ejemplo, que la infraestructura y dotación «no son las idóneas para acoger a un número tan importante de personas»; en el de Zona Franca (Barcelona), se registró el ingreso de 1.186 migrantes «todos ellos hombres, dado que no hay módulos habilitados para mujeres»; y en el CIE de Murcia, apunta «carencias y deficiencias graves», como la «sobresaturación» o la «ausencia de un Convenio con el Colegio de Abogados que garantice una efectiva asistencia letrada permanente de los internos». ¿Hay algún hilo común a todos los centros?
En Granada destacamos el encierro de menores, que se produce en todos los centros de internamiento y cada vez en mayor número (89 menores internos en 2018, según el Ministerio del Interior, el doble que el año anterior). También se repite en todos los CIE la violencia, el maltrato o los malos modos policiales. Un punto muy problemático es la falta de intérpretes y la imposibilidad de comunicación; es decir, los encerrados no hablan en muchos casos castellano y la policía nunca habla árabe, cuando actualmente se está privando de libertad a muchas personas del norte de África. Así, cuando los policías dan una orden y el interno no la obedece porque no la entiende, la segunda vez el agente la expresará de una mala manera; y ésta es la cotidianidad de los CIE: golpes, gritos y castigos porque no se obedecen órdenes que no se entienden. Otra cuestión muy grave es que los internos no se puedan comunicar con el personal sanitario. Si te pasa cualquier cosa, no puedes explicarle al médico lo que te duele o cómo te sientes, porque no compartís el idioma.
-«Con el pretexto de las llegadas ‘masivas’, la UE y sus Estados vecinos no han cesado de reforzar sus sistemas de confinamiento: de 2011 a 2016, la capacidad total conocida de los campos ha pasado de 32.000 a 47.000 plazas», según el Mapa de 2016 de la red de militantes e investigadores Migreurop. ¿Y en el estado español? ¿Cambia la gestión de los CIE en función del partido político que gobierne?
En parte la legislación española de Extranjería ha ido incorporando las diferentes normas y directivas europeas; los CIE son estructuras afianzadas en el territorio de la UE. En España, el ingreso de migrantes en centros de internamiento se establecía ya en la primera Ley Orgánica de Extranjería, de 1985, aprobada por el Gobierno de Felipe González; después los ejecutivos del PP mantuvieron estos centros. Es cierto que hay partidos que nunca han gobernado -en el ámbito estatal- y han expresado su oposición a los CIE: Podemos, Izquierda Unida (IU), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) o, en el País Valenciano, la coalición Compromís. Uno de estos partidos, Podemos, va a gobernar ahora con el PSOE, muy criticado por sus políticas migratorias y también por los CIE. En noviembre el gobierno reabrió el centro de Barranco Seco, en Gran Canaria, y tiene prevista la reapertura del CIE de El Matorral en Fuerteventura. Se trata, en general, de centros de internamiento opacos.
-¿En qué sentido?
En la Campaña los denominamos -junto a las fronteras y los vuelos de deportación- espacios de no derecho, sobre los que la ciudadanía sabe muy poco. Prácticamente no hay imágenes ni información y el Ministerio del Interior, cuando da cuentas, lo hace de manera muy genérica. Lo que se sabe, en muchos casos, es por el trabajo de recolección de datos que hacen las ONG. Por ejemplo, no sabemos la fecha exacta en que se abrieron algunos de los CIE. El pasado 15 de julio murió un joven marroquí, Marouane Abouobaida, de 23 años, en una celda de aislamiento del CIE de Zapadores. Dos días después, en una respuesta por escrito al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, el Gobierno informaba de tres muertos en el CIE de Valencia desde 1989 (incluido Marouane); de una de estas muertes, la de un ciudadano georgiano en febrero de 2009, la Campaña no tenía constancia; sí conocíamos, por el contrario, la muerte en el CIE de un migrante marroquí -en octubre de 2010-, de la que el ministerio no informó al diputado.
-Los medios informativos se hacen eco, en muchos casos, de las denuncias de la Campaña sobre el CIE de Zapadores. ¿Por qué no se produce una movilización ciudadana contra el centro de internamiento?
La Campaña de Valencia, de la que forman parte 30 organizaciones, surgió hace una década, en diciembre de 2009. El hecho de que nuestros comunicados se publiquen en los medios se debe al trabajo realizado por mucha gente. Por otra parte, son ya muchos años de criminalización y represión de la inmigración, los migrantes y los extranjeros como para que la opinión pública tenga reparos en que a estas personas se les encierre y deporte. Cuando el 4 de diciembre se halló una granada en el centro de primera acogida de menores de Hortaleza, en Madrid, esto es la punta del iceberg.
¿Qué tiene que haber detrás -política y mediáticamente- para que a alguien se le ocurra lanzar un explosivo en un centro donde hay niños migrantes? El discurso hoy tan criticado de Vox y la ultraderecha no es nuevo; este partido no tiene ningún problema en decirlo abiertamente, pero las políticas migratorias criminales se desarrollan desde 1985: con diferentes gobiernos -del PSOE y del PP- se está encerrando y deportando a personas migrantes (en noviembre de 2019, en un debate electoral en televisión, el candidato de Vox Santiago Abascal señaló al «centro de menas» de Hortaleza y lo relacionó con la delincuencia en el barrio. Nota del entrevistador).
-Amnistía Internacional (AI), entre otras organizaciones, denunció en un informe de 2011 –Parad el racismo, no a las personas- «controles de identidad discriminatorios y redadas policiales» contra las personas migrantes; AI mencionaba, además, los cupos semanales y mensuales dirigidos en 2008 a diferentes comisarías de Madrid para la detención de extranjeros sin papeles. El informe se centra en la etapa del socialista Pérez Rubalcaba como ministro del Interior. ¿Contribuyen estos procedimientos a la criminalización?
Creo que no se atiende lo suficiente a las redadas racistas. Lo primero que piensa la ciudadanía es que si te para la policía, por algo será, algo habrás hecho, ya que estamos en una democracia; se considera, por tanto, que no hay detenciones arbitrarias. Cuando la gente sale de su casa y ve que la policía para a negros y a magrebíes, está generándose una relación entre inmigración y delincuencia. Esta vinculación, totalmente falsa, continúa fomentándose. La población migrante que sufre estos controles, identificaciones y detenciones te dice que son cotidianos.
El 7 de enero le llegó información a la Campaña de que la policía estaba realizando tres identificaciones por perfil étnico en Nou Moles, barrio de Valencia con importante presencia de migrantes; en las redes sociales le recordamos al Ministerio del Interior que este tipo de acciones policiales vulneran los derechos humanos. Asimismo cerca de la sede de Valencia Acoge, en el barrio de Orriols, se han realizado identificaciones raciales; hacer esto enfrente de las oficinas de una ONG que defiende a las personas migrantes es una barbaridad, es ir a cazar personas…
-¿Pone trabas el Ministerio del Interior al trabajo de acompañamiento que realizan las ONG?
Todo lo que envuelve al CIE es, además de opaco, muy arbitrario. Depende, en ocasiones, del policía o el jefe de seguridad que haya el día que te dirijas al centro de internamiento. En general, a la policía no le gusta que las ONG entremos, porque sienten -en parte- que vamos a fiscalizar su trabajo; o a denunciar vulneraciones de derechos que pueden, en algunos casos, estar provocados por ellos mismos. Sí que hay agentes más amables que no ponen problema alguno, porque son conscientes de que -les guste o no- hay una autoridad judicial que permite entrar a las ONG. El 3 de enero se nos informó de que furgones de antidisturbios ingresaron en el CIE de Zapadores y sacaron a internos de las celdas para cachearlos (esa misma noche los encerrados iniciaron una huelga de hambre de 24 horas); en la Campaña hacemos la lectura de que estas acciones policiales tienen como fin amedrentar o apaciguar posibles protestas. Además están los cacheos que realizan periódicamente los agentes dentro del centro.
Por otra parte, este verano la dirección del CIE restringió el horario y las condiciones de atención a las ONG que asisten y protegen a los encerrados; en uno de los puntos de la circular, se decía: «en caso de expulsión masiva, entrada masiva, etcétera, se les deniega la visita». La Campaña puso los hechos en conocimiento del juzgado de control. Desde hace una década, diferentes colectivos sociales y ONG se concentran el último martes de cada mes en la puerta del CIE; pero a finales de julio, en la concentración que exigía justicia por la muerte de Marouane, la policía nos arrinconó de malos modos e identificó a varias personas. En otras épocas, sin embargo, no nos han puesto ningún impedimento.
-Por último, ¿cómo valora la Campaña el papel del Juzgado de Instrucción Número Tres de Valencia, con funciones de control del CIE?
Durante mucho tiempo nos ha parecido que se preocupaba poco por lo que ocurría dentro del CIE; pero después de la muerte de Marouane Abouobaida, hay que reconocer que está mucho más encima. El 25 de julio, diez días después que falleciera el joven marroquí, emitió un auto con 16 medidas sobre las celdas de aislamiento, muy contundente con la policía. Estas medidas han de adoptarse, según el auto, para «preservar en mejor forma la vida, integridad, salud y derechos de las personas privadas de libertad»; lo que significa, según la resolución del magistrado, que la vida de los internos no se está preservando adecuadamente.
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