En consecuencia, pensar que hay al menos una decena de generaciones de jóvenes dañados, que van a los liceos públicos únicamente a expresar su rabia, es promover una visión muy pesimista sobre nuestra sociedad, que es necesario cuestionar. No es lo más adecuado pensar así, menos para quienes gobiernan y deben afrontar este problema.
Cartilla para comunidades educativas
¿QUÉ HACER EN CASO DE EXPULSIÓN O CANCELACIÓN DE MATRÍCULA POR HECHOS ASOCIADOS A LA PROTESTA?
La Dirección de Educación Municipal de Santiago ha expulsado a 30 jóvenes en lo que va del año 2023 por hechos asociados a la protesta. Las sanciones por faltas al Reglamento de Convivencia Interno se acercan a las 400 y la Dirección de Educación Municipal (DEM) de Santiago informó que se han iniciado «aproximadamente 570 debidos procesos por faltas graves o gravísimas» al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) (EMOL, 25 de septiembre de 2023).
La Alcaldesa de Santiago Irací Hassler declaró ante los medios que, «estos hechos no pueden quedar en impunidad y esto requiere de la aplicación de los reglamentos internos de convivencia escolar al interior de los establecimiento educacionales, y también de la investigación de las policías y la Fiscalía para que no queden sin sanción aquellos hechos que son constitutivos de delito» (Cooperativa, 25 de septiembre de 2023). El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, señaló hace unos días que “abiertamente estamos hablando de delitos” y que ya no lo asocia “a manifestaciones políticas” (EMOL, 7 de septiembre de 2023). En la misma línea que la alcaldesa y el ministro del Partido Comunista, la diputada del derechista Partido de la Gente, Karen Medina, señaló a la prensa que “no podemos permitir que en este, ni en ningún liceo, sigan estos estudiantes que se dedican a hacer daño, que se dedican a delinquir en los establecimientos educacionales, si queremos mejorar la calidad, si queremos que nuestros alumnos reciban educación gratuita y de calidad, los delincuentes deben ser apartados de las aulas” (La Tercera, 08 de noviembre de 2023).
Los datos oficiales muestran regularidad en el uso de la medida de expulsión en los últimos años. Entre los años 2016 y 2022, la base de datos de “Expedientes de expulsión y cancelación de matrícula” de la Superintendencia de Educación, registra aproximadamente 700 expedientes anuales. En la pandemia disminuyó esta cifra, sin embargo de vuelta a la presencialidad, el número de casos subió a más de 1.200 expedientes en el año 2022.
Hay que señalar que estos datos corresponden a los registros informados a la Superintendencia de Educación. Se excluyen los casos sancionados, en que la familia no apela a la sanción y termina retirando al o la estudiante, por miedo a que sus “papeles queden manchados”. Todo esto alimenta una cifra oscura que indica finalmente que la gravedad de esta situación es mayor a lo que señala la cifra oficial.
El uso de estas medidas de “tolerancia cero” se expanden en el mundo, ante el aumento del conflicto en las escuelas. En Chile, legislaciones como la ley de Violencia Escolar y Aula Segura han dado NULO resultado en construir una mejor convivencia escolar, por el contrario, reinstalan e intensifican una racionalidad punitiva en el sistema educativo.
Esto se exacerba por parte de los medios de comunicación que simplifican la crisis que hay en el sistema educativo, estigmatizando la protesta estudiantil como violenta y delictiva. De esta forma se despolitiza el conflicto y se deshumaniza a las y los estudiantes, excluyendo toda acción pedagógica. Hay evidencia que el sensacionalismo, combinado con punitivismo no ha mejorado el clima, ni la seguridad en las escuelas, por el contrario, ha deteriorado aún más las relaciones entre los actores educativos y contribuye significativamente a aumentar la violencia en los recintos escolares afectados. La expulsión, la cancelación y la acción represiva de las fuerzas policiales en Liceos deja huellas difíciles de reparar, tanto a quienes sufren estas medidas, como a la comunidad educativa que las permite (UNICEF, 2000).
Pensar que las y los jóvenes que vienen protestando hace más de una década ante la evidente crisis de la educación pública son delincuentes, es tener un mal juicio de la realidad. Señalar que los hechos que ocurren en los liceos son motivados únicamente por el ánimo de cometer delitos, puede ser reduccionista. En consecuencia, pensar que hay al menos una decena de generaciones de jóvenes dañados, que van a los liceos públicos únicamente a expresar su rabia, es promover una visión muy pesimista sobre nuestra sociedad, que es necesario cuestionar. No es lo más adecuado pensar así, menos para quienes gobiernan y deben afrontar este problema.
Como Foro por el Derecho a la Educación Pública nos posicionamos por la defensa del derecho a la educación y advertimos frente a la naturalización de las políticas de seguridad escolar que, a partir de la sistemática persecución de la protesta, está criminalizando la convivencia escolar en la escuela pública.
Red de Apoyo y Defensa de los Derechos de las y los Estudiantes (RADDE)
FORO POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA