Quizá un lenguaje para los finales exija la total abolición de los otros lenguajes, la imperturbable síntesis de las tierras arrasadas. O tal vez crear un habla de intersticios, que reúna los mínimos espacios entreverados entre el silencio y la palabra y las ignotas partículas sin codicia. (Roberto Juarroz) Quizá una definición política de la […]
Quizá un lenguaje para los finales
exija la total abolición de los otros lenguajes,
la imperturbable síntesis
de las tierras arrasadas.
O tal vez crear un habla de intersticios,
que reúna los mínimos espacios
entreverados entre el silencio y la palabra
y las ignotas partículas sin codicia.
(Roberto Juarroz)
Quizá una definición política de la crisis sea la de un momento político en el que el orden que parecía consensuado comienza a percibirse como arbitrario. Promesas que antes parecían imposibles comienzan a considerarse necesarias, la previa normalidad empieza a leerse como un problema. Antonio Gramsci llamaba «crisis orgánicas» a esas experiencias de escisión entre los grupos que representan y los que son representados. De acuerdo con lo que describía hace casi cien años, con una capacidad de anticipar las luchas contemporáneas que supera largamente a la sociología contemporánea, en ese momento los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales. La clase dirigente suele cambiar de hombres y programas para reasumir el control. Su personal adiestrado para ello suele ser mayor que el de la clase dominada. Si bien puede sacrificar algunos de sus grupos o intereses, así como enunciar promesas demagógicas, tiende a lograr la calma que mantiene su dominio.
Sin embargo, Gramsci aclara que esa resolución no siempre se alcanza. Lo que no significa, necesariamente, el éxito de una revolución que instale un nuevo orden. También está la posibilidad de una curiosa suerte de empate, la que acontece cuando ni la clase dominante restituye el orden ni los grupos que se rebelan pueden instalar un nuevo orden: «Cuando la crisis no encuentra esta solución orgánica, sino la solución del jefe carismático, ello significa que existe un equilibrio estático (cuyos factores pueden ser eliminados, prevaleciendo sin embargo la inmadurez de las fuerzas progresistas); que ningún grupo, ni el conservador ni el progresista, tiene fuerzas como para vencer y que el mismo grupo conservador tiene necesidad de un jefe»[1]
Parte de la profundidad de la crisis del orden neoliberal chileno pasa precisamente por la dificultad de su conducción o cierre por parte de algún actor político, en un contexto en el que el malestar circula a una velocidad que impone al gobierno la necesidad de una salida para no caer. Sin embargo, la única respuesta constante que brinda es la profundización del orden: violencia brutal y aumentos no tan brutales de los subsidios. Los partidos concertacionistas, por su parte, son correctamente percibidos como creadores del orden cuestionado, a la vez que los actores políticos nuevos no se han mostrado capaces de de construir una nueva forma de conducción que pudiera recoger, sin suplantar, las demandas de los grupos movilizados. Por lo mismo, uno de los supuestos más compartidos por la amplia y heterogénea parte de la población es que los partidos políticos han sido parte del malestar que ha estallado, si es que no su principal causa.
Los datos y ejemplos de las complicidades y colusiones entre los partidos y las distintas empresas, sumadas a la incapacidad de los partidos para registrar y combatir las causas del malestar, son lo suficientemente conocidos como para repetirlos. La conclusión parece obvia: favoreciendo los abusos de las empresas por sobre los intereses de la ciudadanía, los partidos lo están haciendo mal, tan mal que quizá sea necesario que dejen de existir.
La crítica que ese juicio supone es la de qué haría un buen partido político. La respuesta parece evidente: representar, con un mínimo de transparencia y eficiencia, los deseos de la ciudadanía, por no decir más genéricamente «la gente», «nosotros», «la nación», «Chile» o alguna otra primera persona colectiva de carácter relativamente unitario. Sin embargo, la pregunta por cuáles serían esos deseos no es tan obvia si partimos de un supuesto mínimo de cualquier teoría crítica: que ninguna de esas unidades colectivas existe antes de la disputa política que pueda crear esa unidad en la que las distintas personas se reconocen unitariamente, en y pese a sus diferentes condiciones materiales de vida. La disputa política pasa por la invención de alguna forma y nombre de los deseos e identidades colectivas (no es casual que vuelva a resonar masivamente el nombre del «el pueblo» contra otros nombres).. Ahí emerge la organización de algún bloque histórico en distintas organizaciones, incluyendo los partidos, que ciertamente están lejos de ser los únicos actores políticos o de agotar «lo político».
La radicalidad del neoliberalismo en Chile ha sido tal que hoy la nueva identidad política se conforma en la crítica a los partidos que encarnan el modelo en crisis, de modo que muchas demandas puedan condensar hoy esa unidad: el fin de las AFP, la transformación del Sename, la reducción del horario laboral, el alza del sueldo mínimo y otras tantas proposiciones, a las que evidentemente se suman otras vinculadas directamente a la crítica del ejercicio parlamentario, partiendo por los sueldos. La oposición a los partidos, enunciada de cuando en cuando como oposición a «la política», genera hoy esa imaginación unitaria que atraviesa distintas franjas de la población.
Sin embargo, desde la izquierda parece tan necesario pensar la autonomía de lo político, esa que permite que no haya una absoluta correspondencia entre posición económica y posición política, como la economía política. Y esta última muestra rápidamente que ningún movimiento puede representar del todo a una unidad que se forja con intereses contrapuestos. Es justamente la transversalidad del movimiento la que hace imposible que esta genere una propuesta de sociedad una vez que se sobrepasan las demandas más inmediatas. En breve: un movimiento puede instalar una demanda en la que hay gran consenso en la población como desprivatizar el agua, pero no conformar a toda la población allí donde opiniones e intereses se dividen. Por ejemplo, en torno al derecho a la interrupción del embarazo, la concesión de salida al mar a Bolivia o los procesos de migración.
Y es que ningún movimiento puede representar a la «ciudadanía». De ahí que los partidos, necesariamente, tomen partido por una de las partes, siendo organizaciones que organizan y emplazan con mayores o menores fisuras, en distintos espacios (no solamente los electorales), distintos deseos de distintas franjas de la población. Solo quien crea que existe una sociedad sin intereses contrapuestos puede creer que el problema de los partidos en Chile es que no ha representado a «la ciudadanía». Quien prometa hacerlo individualmente, como de cuando en cuando de escucha en estos tiempos, muestra ingenuidad en el mejor de los casos, cinismo en los peores.
El problema, por lo tanto, no son los partidos en sí mismos, sino el que los partidos de los bloques dominantes desde hace más de treinta años (en sus distintas variantes: la derecha y la concertación) han representado los intereses de los mismos grupos: de un muy pequeño grupo de empresas y familias que han saqueado las antiguas empresas estatales, los recursos naturales, las concesiones del Estado y la provisión de bienes que solo desde posiciones extremistas pueden entregarse al mercado, como la salud o la educación[2]. Su descrédito se explica menos por su ineficiencia que por las posiciones que sí han sido eficientes en defender, lo que ciertamente incluye el retardo y la displicencia ante otras demandas. Que hayan pasado décadas de saqueo sin crisis demuestra, en efecto, que esos partidos no lo han hecho nada de mal al instalar los intereses de tales grupos como intereses colectivos. Han sido fieles al bloque dominante, lo que explica tanto su antiguo éxito como el actual descrédito que emerge una vez que esa hegemonía se resquebraja, primero de manera paulatina, luego intempestiva.
La pregunta que se abre entonces es qué sería un partido que encarne esos otros deseos, contrarios al saqueo neoliberal. En otro escrito, Gramsci señala que todo partido configura cierto orden («una función de policía», señala con términos que no resuenan bien), de modo que la pregunta pasa por el orden que es capaz de instalar. Solo si el partido abre la posibilidad de un nuevo orden que sobrepase cualitativamente lo existente, parece útil para la articulación de los grupos subalternos que han de instalar sus intereses como base de una nueva unidad política, cuya tarea mínima pasa por no replicar los modos de organización ya existentes: «el funcionamiento del partido en cuestión suministra criterios discriminatorios; cuando el partido es progresista funciona «democráticamente» (en el sentido de un centralismo democrático), cuando el partido es regresivo funciona «burocráticamente» (en el sentido de un centralismo burocrático). En este segundo caso el partido es meramente ejecutor, no deliberante; técnicamente es un órgano de policía y su nombre de «partido político» es una pura metáfora de carácter mitológico».[3]
Evidentemente, no hay recetas para asegurar cómo ello se logra, como lo evidencia el hecho de que los partidos del Frente Amplio que aspiran a transformarse en instrumentos políticas de los grupos subalternos hayan optado por más de una posición. Las experiencias colectivas de lucha abren la imaginación a otras formas y tácticas, así como la exigencia de preguntarse cuestiones que hoy se han naturalizado en la definición de cualquier partido, partiendo por la participación electoral. Es en las formas de contagio popular de la rebelión, como las llama Safatle[4], que pueden transformarse los partidos ya existentes, o bien emerger otros.
Lejos estamos de saber cómo aquello habrá, o no, de realizarse. Simplemente interesa remarcar que solo otro modo de organización colectiva puede canalizar la crisis hacia una transformación sustantiva. Justamente por ello es que en la izquierda ha de preguntarse de otra manera por los partidos y sus relaciones con los movimientos sociales, repensar las relaciones con el feminismo y darse otras formas de democracia, entre otras tantas tareas urgentes. Entre ellas, para la coyuntura, pensar cómo dar espacio a militantes de los distintos movimientos sociales organizados en los procesos constituyentes que se realicen.
La profundidad del neoliberalismo no solo se evidencia en su crisis, sino en la dificultad de construir respuestas no neoliberales ante ella. La protesta parece haber contrarrestado la desconfianza individualista ante otras personas, en contrasición a la creciente desconfianza ante los partidos del orden. Una nueva síntesis, inestable como toda síntesis, habría de pasar entonces por la organización de esa confianza colectiva, tan lenta como urgente para los desafíos que pronto vienen. Ser digna de ellos es la tarea de los partidos de izquierda que de esto queden.
[1]Antonio Gramsci, «Observaciones sobre algunos aspectos de la estructura de los partidos políticos en los períodos de crisis orgánica». Disponible en http://www.gramsci.org.ar/TOMO3/044-partido_polit.htm