La explotación florícola y la exportación de flores frescas cortadas en Colombia tienen su inicio hacia los años sesenta, incrementándose su producción y expansión de cultivos de manera acelerada en los últimos veinte años. Es un sector que cuenta con todo el apoyo del gobierno colombiano y múltiples facilidades tributarias y arancelarias. Sus trabajadores y […]
La explotación florícola y la exportación de flores frescas cortadas en Colombia tienen su inicio hacia los años sesenta, incrementándose su producción y expansión de cultivos de manera acelerada en los últimos veinte años. Es un sector que cuenta con todo el apoyo del gobierno colombiano y múltiples facilidades tributarias y arancelarias. Sus trabajadores y trabajadoras, sin embargo, cuentan con empleos mal remunerados, precarios y que provocan daños a su salud.
En la actualidad, las flores frescas cortadas son el primer producto interno de exportación de agricultura no tradicional en el país[1]: «El sector genera más de 150.000 empleos directos e indirectos en 48 municipios del país y se ha consolidado como el primer renglón de exportaciones agrícolas no tradicionales de Colombia».
Las flores se exportan principalmente a Estados Unidos y a algunos países de la Unión Europea. EE UU absorbe el 78 por ciento de estas exportaciones, según datos de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores)[2]. El sector cuenta con algunos privilegios arancelarios, de los que las empresas se han beneficiado aún más con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre los dos países[3].
Fotografía: Oscar Paciencia.
Perspectivas y realidad
El mercado de las flores, además, suele ser uno de los sectores económicos más dinámicos a nivel internacional y que genera una demanda creciente en la mayoría de los países. Colombia es actualmente el segundo país exportador a nivel internacional. Esto podría verse, desde un punto de vista económico, como un factor importante para este país y para su sector laboral, ya que demanda la contratación masiva de mano de obra.
A simple vista el panorama suena alentador, podríamos pensar que la situación laboral en Colombia se encuentra en sus mejores momentos. Sin embargo, la realidad que se vive diariamente no es tan «color de rosa» por causa de la cantidad de derechos vulnerados a las trabajadoras y trabajadores de los cultivos.
Si se realiza un recorrido por las firmas y personas propietarias de los cultivos se puede ver que en su gran mayoría son extranjeros. Descubrieron en Colombia, y particularmente en la sabana de Bogotá, ventajas comparativas como la disponibilidad de tierras fértiles, la luminosidad solar, abundante recurso hídrico, la cercanía a Bogotá (con su aeropuerto internacional) y la mano de obra barata. Estos elementos han llevado a un incremento cercano al 300 por ciento en la creación y expansión de empresas floricultoras, hecho que resulta perjudicial para la región porque, aunque desde algunas instancias se aduce que el empleo es el gran beneficiado, los verdaderos beneficios resultan para quienes, utilizando los recursos naturales y explotando la mano de obra a bajos precios, consiguen ganancias evidentes al exportar el producto.
Entre 2008 y 2010 la revaluación del peso generó una crisis de la floricultura y en torno a esta crisis se presentaron escándalos con respecto al préstamo a floricultores como parte de un plan de salvamento frente a las oscilaciones en la tasa de cambio. Más tarde se hablaría de investigaciones al respecto, puesto que algunos empresarios giraron capitales a cuentas en el exterior y luego se declararon en quiebra.
Se habló mucho del tema y, pese a que finalmente no se aclaró lo sucedido, esta crisis se empezó a traducir en un aumento de la vulneración de los derechos laborales y de la calidad de vida de las y los trabajadores de las flores. Se incrementaron los recortes de personal y las declaraciones en quiebra de algunas empresas, que dejaron a sus trabajadores y trabajadoras sin ingresos y sin una liquidación adecuada para sus años de contrato. Se procedió también a la subcontratación o contratación por cooperativas y se eliminaron en varias empresas derechos básicos como seguridad social y caja de compensación familiar, entre otras cuestiones.
Más presión sobre ellas
La realidad, diríamos, no puede ser más gris. Sin embargo, cuando pasamos a hablar de las mujeres, lo es, se recrudece. Las mujeres son cerca 65 por ciento de la fuerza laboral del sector. Alrededor del 30 por ciento de ellas son madres cabeza de hogar. Como han expresado en distintas ocasiones entidades gubernamentales y medios a nivel internacional, el sector floricultor en Colombia emplea mayoritariamente mano de obra femenina, creando de esta manera, en teoría, «mayores oportunidades salariales y laborales para las mujeres de este país». Pero, a pesar de lo bien que se hace la campaña empleadora a la vista de entidades internas, departamentales, municipales y medios de comunicación extranjeros, otra es la cara de la moneda que viven diariamente estas mujeres: empleos en su mayoría mal remunerados y precarios.
El sector floricultor quiere generar una mayor ganancia. Se les exige mayor productividad en cuanto a sus metas diarias para exportar más, a lo cual muchas de estas obreras no se pueden oponer: es su sustento diario y, al no contar con los requisitos para acceder a otro tipo de empleo, es su única e indiscutible fuente de ingresos. A la necesidad imperativa de encontrar ingresos para sobrevivir ellas y sus familias se suma el claro desconocimiento por parte de la mayoría de las trabajadoras de sus derechos laborales y garantías sociales. La mayoría no tienen conocimiento de las normas jurídicas que regulan el trabajo en Colombia y mucho menos de cómo hacerlas valer.
Ventajas y desventajas
Se elaboran contratos que dan ventajas a los empresarios y desventajas marcadas a las trabajadoras. En el caso de enfermedades profesionales, accidentes laborales o despidos, ante la intimidación por lo general las trabajadoras terminan por firmar cualquier documento y recibir la remuneración económica que los empresarios quieran darles, sin conocer siquiera la que realmente les corresponde.
En el tema de la salud se evidencia aún más la inequidad con respecto a los derechos de las mujeres, puesto que en muchas empresas se exigen pruebas de embarazo constantes. De alguna manera se decide acerca de la sexualidad de la mujer: deben planificar como exigencia, pues tener hijos se convierte «en una carga» para la empresa por los permisos y beneficios que se derivan de esta condición. Esto no se aplica a los hombres, sobre ellos no hay ninguna medida al respecto, lo cual evidencia también el machismo existente en la concepción de paternidad-maternidad en el país.
Por otra parte, las entidades y/o funcionariado que debería velar por la aplicación y defensa de los derechos de las trabajadoras en ocasiones hacen oídos sordos a las peticiones de éstas. Parece que para un administrativo resulta más rentable un empresario que genera impuestos que una trabajadora que se atreve a reclamar sus derechos. Las entidades gubernamentales hablan de la promoción de la mujer y de su inclusión en el mundo laboral, pero dan por sentado que es suficiente con una contratación masiva de mujeres sin tener en cuenta el trato a las mismas, las condiciones bajo las cuales son contratadas, la carga laboral a la que son expuestas, la remuneración por su trabajo (que en muchas ocasiones excede mas de las 12 horas diarias sin descanso ni remuneración extra alguna) y el trato al cual son expuestas por parte de sus supervisores.
Por si fuera poco, el auto-concepto de la mujer y sus expectativas no ayudan a superar esta situación. Por el hecho de ser madres cabeza de hogar y necesitar el empleo, muchas llegan al extremo de arriesgar su salud y su dignidad para conservar su fuente de ingresos, sin pensar siquiera en reclamar sus derechos, pues se tiene el miedo de ser despedidas y además ser reportada ante las demás empresas para su no contratación. Quienes optan por sentar un precedente y exigir lo que por derecho les corresponde reciben fuertes recriminaciones, como quedarse sin empleo.
Así las cosas, la situación de la mujer colombiana que trabaja en el cultivo de flores se pinta como una moneda, con sus dos caras: por un lado, la imagen que presentan los gobiernos y las empresas, con posibilidades de vinculación laboral preferente y condiciones estables de trabajo; por otro, la cruda realidad que viven quienes reclaman salir del papel y pasar a la práctica, reconociendo como una forma de violencia económica, psicológica y socio-cultural la explotación laboral de la mujer en general y de manera especial en el mundo de la floricultura. Es un llamado, también, a todas las mujeres para que nos levantemos, para pensarnos y proyectarnos y exigir nuestrso derechos.
NOTAS:
- El Espectador, 13 de mayo de 2012.
- Web de Asocolflores: www.asocolflores.org.
- Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia, en vigencia desde el 15 de mayo de 2012.
(*) Cactus promueve y desarrolla procesos participativos en Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales con mujeres, jóvenes y organizaciones sociales de la sabana de Bogotá.
Fuente: nº 55 de Pueblos – Revista de Información y Debate – Primer trimestre de 2013.