El actual Gobierno Autonómico Vasco pide al ya interino Gobierno Español transferencias en materia penitenciaria. Se trata de transferir infraestructuras, funcionarios y como no dinero. No se plantea la necesidad de un radical cambio en el modelo de prevención y lucha contra el delito. Tal y como se hizo con la policía, se reproduce el […]
El actual Gobierno Autonómico Vasco pide al ya interino Gobierno Español transferencias en materia penitenciaria. Se trata de transferir infraestructuras, funcionarios y como no dinero. No se plantea la necesidad de un radical cambio en el modelo de prevención y lucha contra el delito. Tal y como se hizo con la policía, se reproduce el mismo patrón. Se cambian los rótulos, se maquillan las mismas mazmorras y programas para al final hacer lo mismo de siempre. Por un lado, penar una parte ínfima de los delitos que supone criminalizar la pobreza, la drogodependencia, la migración forzada o determinados tipos de disidencia. Por otro, ocultar y exculpar a quienes perpetran la gran mayoría y los más graves delitos, a pesar de que el carácter selectivo de la acción del sistema policial y de justicia criminal no los registre en sus estadísticas, simplemente porque no los percibe ni persigue. Pero sobre todo hacer que muchos vivan del negocio de tener encerrados, desesperados y torturados a unos pocos pringaos, unos chivos expiatorios y otros cabezas de turco de una sociedad que funciona a través de la barbarie del ilegalismo.
No es cuestión de transferir edificios, mazmorras o funcionarios, sino de transferir personas penalizadas residentes aquí o con arraigo, planteando un sistema de ejecución de orientación social cuyo objetivo sea que también, a ese porcentaje residual de delitos que representa la delincuencia convencional, le llegue la bula penal del abolicionismo del que disfrutan los grandes delincuentes, es decir, aquellos que tienen medios y poder para librarse de la aplicación del código penal. Para ello, y para garantizar el bien jurídico supremo de la propiedad privada, crearon su derecho penal burgués.
Las transferencias carcelarias tendrían sentido, si la finalidad fuera cerrar las cárceles ubicadas aquí. Para ello resulta necesario abrir el melón, el debate sobre qué modelo de policía y de justicia queremos para luchar contra la criminalidad. A partir de ello, podemos desarrollar políticas, programas y acciones que ya han sido estudiadas en nuestra universidad, y han sido aplicadas durante décadas por entidades asociativas que venimos trabajando en la acción social colectiva de apoyo a las personas presas, expresas y sus familias. Más importante que cambiar el Código Penal o que transferir cárceles, es sustituir el modelo actual de justicia punitiva clasista, patriarcal y racista por un modelo de justicia restaurativa y social. Estamos a años luz.
César Manzanos Bilbao. Doctor en Sociología, especialista en control social del delito, representante de Salhaketa en Álava.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.