Un decreto-ley abre el uso extensivo de organismos genéticamente modificados en la agricultura cubana, mientras persisten preocupaciones entre ciudadanos y ecologistas.
Afectada por la crisis internacional que trajo la covid-19 y por la endeble economía interna, en Cuba se avivó el debate de hacia dónde debe dirigirse el sistema agrícola para asegurar la alimentación de sus 11,2 millones de habitantes.
Además de aumentar rendimientos y productividad, especialistas recomiendan eliminar dependencias externas, proteger los recursos naturales y facilitar la adaptación a las nuevas condiciones que impone el cambio climático.
Pero las autoridades cubanas avalaron otra polémica posibilidad con el Decreto-ley no. 4 “De la comisión nacional para el uso de los organismos genéticamente modificados en la agricultura cubana” y tres resoluciones adjuntas, que fueron publicadas el 23 de julio en la Gaceta de la República de Cuba.
La nueva estructura, presidida por el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, regulará la adopción de decisiones relacionadas con la investigación, desarrollo, producción, uso, importación y exportación de los organismos genéticamente modificados (OGM).
Con la manipulación del ADN en plantas mediante técnicas de ingeniería genética, se busca que estas fortalezcan o enriquezcan sus propiedades alimenticias, sean resistentes a plagas o eventos climáticos extremos como la sequía.
Mientras unos defienden que los transgénicos son una alternativa para enfrentar la actual escasez de alimentos si se sigue una debida regulación y claridad en las políticas sobre su uso, una parte de la ciudadanía y la comunidad científica manifiesta preocupaciones por los riesgos ambientales y para la salud humana.
Dos modelos de desarrollo
El viceministro de la cartera ambiental, Armando Rodríguez, definió la política que rige el uso de los transgénicos en Cuba de “una alternativa para desarrollar la productividad, coherente con una agricultura sostenible y la soberanía alimentaria, sobre la base de la investigación autóctona”, al presentar el decreto ley a la prensa nacional.
Hasta el momento los transgénicos se insertan como norma en el llamado modelo de agricultura convencional o industrial, basada en insumos agroquímicos, con mayor dependencia externa y costo ambiental. Y están probados los riesgos que suponen para la biodiversidad y el equilibrio de los agroecosistemas donde se introducen.
Entre quienes se han opuesto al uso de esta tecnología con mayor fuerza se encuentran las y los agroecólogos, que de cierta forma lideran un movimiento de casi 30 años en el país por un sistema agrícola sostenible.
El uso de OGM se contrapone a principios que el movimiento agroecológico, reconocido a escala internacional por su alcance, tratar de extender prácticas como la autogestión de semillas por campesinos y campesinas, y el rescate y mejoramiento de variedades autóctonas mediante técnicas ecológicas.
Seguridad biológica
Con la Resolución 198/2020, el país asume en la práctica las responsabilidades establecidas en el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología. Este regula los movimientos transfronterizos -importación y exportación- de los OGM y su impacto en la diversidad biológica por liberaciones al medio ambiente no planificadas.
Mientras la Resolución 199/2020, establece los requisitos técnicos de seguridad en las instalaciones en las que se trabaja con organismos genéticamente modificados.
Sin embargo, aún se necesita mayor claridad pública sobre las medidas para la liberación de los OGM al medio ambiente con fines productivos, ya sea para evitar la contaminación genética o el flujo de genes de un campo transgénico a otro no transgénico, o regular su impacto en el ecosistema agrícola.
La designación de los municipios y unidades productivas específicas en que se autoriza realizar siembras respecto a cada variedad genéticamente modificada está en manos de la comisión interna del Ministerio de Agricultura.
Respecto a los alimentos para consumo humano, corresponde al Ministro de Salud Pública establecer y controlar los requisitos necesarios para la comercialización.
Como antecedente se tiene el Registro Sanitario de alimentos, cosméticos, juguetes y otros productos de interés sanitario, de 2012, que establece para la aprobación de los alimentos obtenidos por medios biotecnológicos los datos que demuestren su inocuidad a largo plazo para la salud humana y el medio ambiente.
Otra demanda sostenida desde que iniciaran los debates en Cuba hace más de una década, era la necesidad de un sistema de etiquetado que permitiera a los ciudadanos tener un mayor poder de decisión sobre lo que consumen.
De acuerdo al decreto-ley, las normas requeridas para la trazabilidad y etiquetado de los organismos genéticamente modificados previo a su comercialización serán elaboradas y divulgadas por la Oficina Nacional de Normalización, adscrita a la cartera de medioambiente.
Transgénicos cubanos
Desde finales de la década de 1980, el estatal Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) ha realizado estudios en transgénesis de plantas.
Más tarde, a finales de los 90, esta institución fortaleció estas investigaciones en cultivos como la papa, tabaco, boniato, plátano, piña, entre otros.
En 2008, fueron sembradas 6000 hectáreas de las semillas de maíz transgénico FR-Bt1, creadas por el CIGB, según la revista Juventud Técnica.
Este maíz FR-Bt1 presenta dos modificaciones genéticas: una que busca la resistencia a los herbicidas, y otra que se destina a hacer invulnerable el cultivo a la palomilla del maíz.
Fue el primer organismo genéticamente modificado que se liberó al ambiente natural cubano a gran escala, lo que generó una fuerte reacción de la comunidad científica y diálogos poco usuales con instituciones correspondientes.
En el nuevo escenario entre los cultivos a promover, asociados con la política nacional de semillas aprobada por el Ministerio de Agricultura, estarían el maíz y la soja, aseguraron las autoridades cubanas.
Fuente: https://www.ipscuba.net/medio-ambiente/transgenicos-en-cuba-nuevas-normativas-cierran-el-debate/