El escándalo que desató el secuestro de Rodrigo Granda de las FARC en Caracas, puso en evidencia los métodos policivos del Estado colombiano, las mentiras de funcionarios que desfiguran los hechos y sobre todo, la mano del gobierno estadounidense echando leña para encender el conflicto. Rodrigo Granda fue secuestrado a plena luz del día y […]
El escándalo que desató el secuestro de Rodrigo Granda de las FARC en Caracas, puso en evidencia los métodos policivos del Estado colombiano, las mentiras de funcionarios que desfiguran los hechos y sobre todo, la mano del gobierno estadounidense echando leña para encender el conflicto.
Rodrigo Granda fue secuestrado a plena luz del día y a la vista de todo el mundo, el 13 de diciembre del 2004, a las cuatro de la tarde, en la cafetería Rozzeti en pleno corazón de Caracas.
Fue reducido violentamente por agentes con acento colombiano y con uniforme de la seguridad venezolana, lo llevaron a Cúcuta (en la frontera) metido en el maletero de una camioneta durante catorce horas, sin que ninguna de las trece alcabalas (retenes) existentes en la ruta, se percatara.
El jefe de la policía colombiana, sin respeto por la verdad y acostumbrado a mentir, inmediatamente anunció al país con júbilo que había capturado un «pez gordo» de las FARC en Cúcuta. Dijo primero que en el hotel donde estaba hospedado y registrado, después otra voz corrigió que había sido detenido en una calle de la ciudad.
Hicieron el «oso» con esta mentira y las posteriores que sumaron, hasta que se cayeron por su propio peso frente a las evidencias aportadas por testigos que conocieron del secuestro y los funcionarios venezolanos que contaron su participación en el delito.
Fue una operación típica del formato operacional que suele utilizar la policía colombiana (encubierta y sucia), hecha dentro de la directiva presidencial que instruyó la ejecución de este tipo de operaciones y preparación de grupos operativos para actuar en países vecinos y en Europa, apoyados por la inteligencia gringa e israelí.
Pero además no es nada novedoso que la fuerza pública colombiana y en particular la policía sea protagonista en un secuestro. En otras ocasiones lo ha hecho y su prontuario está repleto de casos de represión y violencia, de corrupción y vínculos con el narcotráfico, por ello ha merecido múltiples denuncias de parte de organismos de derechos humanos, víctimas y analistas del conflicto interno.
Y más si se tiene en cuenta que el Estado de Derecho y la democracia real en Colombia existen solo en el papel, que la justicia es suplantada por el soborno y la ley de la selva, que la cadena delictiva del Estado no es obra de funcionarios venales aislados, sino resultado de la Doctrina de Seguridad con que se instruye la fuerza pública y especialmente a la estructura encubierta, ocupada en la guerra sucia, responsable de magnicidios, genocidios y exterminio de organizaciones políticas de izquierda, sociales y defensoras de derechos humanos.
Mirando el secuestro a la luz de este historial, es insoslayable la responsabilidad colombiana en el operativo de Caracas. Y este es otro más entre muchos realizadas en tiempos recientes en territorio venezolano, hasta donde llega la mano de la guerra sucia secuestrando y asesinando a líderes sociales y opositores políticos, que las autoridades hacen aparecer como dados de baja o capturados en territorio colombiano. Igual como lo hacían las tenebrosas dictaduras del Cono Sur, en el siglo pasado.
Algunos datos ilustran la gravedad de la situación en la frontera colombo-venezolana. En los últimos cinco años fueron asesinados más de tres mil campesinos en el Catatumbo (zona de frontera al nororiente) y en el año 2003, 1.416 personas en Cúcuta por paramilitares y la fuerza pública, sin contar las miles de familias que huyeron de Norte de Santander para proteger la vida y se refugiaron al otro lado, en el hermano país.
Ana María Flórez Silva, jefe de la Fiscalía en la región fronteriza hasta hace poco más de un año, era jefe de grupos paramilitares en Cúcuta. Prófuga de la justicia reside en Miami protegida por el gobierno de los Estados Unidos, sin que el acucioso presidente Uribe la pida en extradición, ni instruya a sus comandos para que la traigan al país, conociendo dónde vive, como sí lo hizo con Simón Trinidad, Parmenio y Rodrigo Granda. Para algo sirve ser «harina del mismo costal».
El gobierno de Bogotá montó una tenebrosa maquinaria delictiva en la frontera común, en la que participan funcionarios venezolanos a sueldo de autoridades y narcotraficantes colombianos. Con el argumento de combatir la presencia guerrillera, hoy crece en suelo venezolano la estructura paramilitar de la mano de capos del narcotráfico para hacer su negocio y de sectores golpistas obsesionados en destruir la revolución bolivariana.
Con la complacencia del gobierno colombiano se instaló una poderosa base militar de los Estados Unidos en Arauca, con el pretexto de controlar los desmanes de las guerrillas sobre las petroleras. Realmente lo que hizo fue montar una «cabeza de playa» en nuestro territorio, desde donde funcionarios gringos espían, urden planes y apoyan los golpistas para que conspiren contra la revolución bolivariana.
El lío diplomático surgido entre Colombia y Venezuela, con motivo de la violación de la soberanía venezolana y el secuestro, ha sido aprovechado por el gobierno de los Estados Unidos para instigar el conflicto en las relaciones entre los dos gobiernos, al tiempo que limpia del doble delito del gobierno de Uribe Vélez y tira la «pelota envenenada» en el campo de Chávez, a quien acusa de tener en Venezuela un «santuario de terroristas».
El embajador gringo en Colombia se apresuró a respaldar la actuación delictiva del gobierno de Uribe. Y la Condoleeza Rice, sin posesionarse como Secretaria de Estado, se pronunció señalando al gobierno de Venezuela como mal vecino e inconveniente para la región y amenazó con llevar a la OEA la situación de gobiernos que, así hayan sido elegidos democráticamente, violen la «democracia», haciendo clara alusión al gobierno del presidente Chávez, ganador ocho veces en elecciones limpias.
Aquí está el nudo donde convergen los distintos hilos del secuestro de Caracas. El gobierno de Uribe Vélez y los sectores golpistas venezolanos delinquen y montan el novelón para que el gobierno de los Estados Unidos tenga un pretexto espurio para enfilar baterías contra la revolución bolivariana.
Pero también arroja luz sobre los propósitos del Plan Colombia, muestra hacia dónde dirige las prioridades y el papel que cumple el escudero Uribe Vélez en los planes de Bush para Suramérica. Y es en esta perspectiva como puede entenderse la resistencia del gobierno colombiano a encontrar la solución política al conflicto interno y su obsesión por prolongar la guerra que le sirve de pretexto a los planes militares del imperio, en su afán de aplastar el espíritu y las corrientes liberadoras, en expansión en el sur del continente.
La lucha que libra la insurgencia colombiana y la resistencia de los movimientos políticos y sociales alternativos en el continente, no se contraponen sino que se complementan en el propósito de enfrentar al enemigo común, el imperialismo y las oligarquías lacayas que le sirven de soporte y subyugan a nuestros pueblos.
La unidad latinoamericana y caribeña está a la orden del día para que nos salvemos todos. Mantener el conflicto interno colombiano sirve de pretexto para destruir la naciente revolución bolivariana. Esa es una de las prioridades del Plan Colombia. El fin último es el dominio imperial sobre el sur del continente que se levanta y calza las botas de Bolívar y San Martín y empuña la espada de los libertadores de América.
Insurrección es la publicación del Ejército de Liberación Nacional (ELN)