Respecto de la «exitosa» operación de enajenación del 40% accionario de Electroandina, ex Edelnor, hasta el viernes del poder de Codelco, tres aspectos resaltan para el análisis; el primero, desde luego, la manifiesta inconveniencia del negocio. Luego, el descaro y la opacidad con que se dispone de recursos pertenecientes a todos los chilenos. Y tercero, […]
Respecto de la «exitosa» operación de enajenación del 40% accionario de Electroandina, ex Edelnor, hasta el viernes del poder de Codelco, tres aspectos resaltan para el análisis; el primero, desde luego, la manifiesta inconveniencia del negocio. Luego, el descaro y la opacidad con que se dispone de recursos pertenecientes a todos los chilenos. Y tercero, la pasividad de los trabajadores del cobre; la apatía de su dirigencia sindical y la indiferencia de la ciudadanía.
La operación dejó mil 38 millones de dólares, según el comunicado con que Codelco informó del «particular éxito» de la venta de las 424.251.415 acciones, equivalentes al 40% de la propiedad de EC-L.
EC-L es una empresa extraordinariamente rentable, que entre otras ventajas comparativas, tiene a buena parte de la gran minería del cobre como cartera cautiva.
El año 2009 tuvo utilidades por 188 millones de dólares, 22% más que el año anterior. Aunque aún no se conoce el balance de 2010, se sabe que el beneficio será aún superior.
En consecuencia, desde el punto de la cacareada eficiencia económica, desprenderse de un activo que en menos de diez años amortizará con creces la cantidad recaudada con su venta, es sencillamente irracional.
Más aún cuando dicho monto representa apenas una tercera parte de las necesidades de inversión de Codelco para 2011, y un 6% de los 16.500 millones de dólares del plan de inversión 2011-2015.
Codelco justificó la operación con el pretexto de que «el Sistema Interconectado del Norte Grande ofrece alternativas competitivas de suministro eléctrico», de forma que la salida de Codelco de la generación eléctrica «no provoca una vulnerabilidad respecto del abastecimiento de energía»; y que la venta permite «redestinar recursos a su negocio minero».
Aparte de tautológicos, ambos argumentos son de una torpeza asombrosa, que insulta la inteligencia de los chilenos.
Se sabe desde siempre, incluso cuando las empresas estaban en poder de capitales norteamericanos, que la energía eléctrica es un componente esencial e inseparable del proceso productivo del cobre. De hecho, la central termoeléctrica Tocopilla fue construida por la Anaconda para abastecer Chuquicamata, mientras que la Branden construyó las centrales hidroeléctricas de Coya y Pangal, para hacer lo propio con El Teniente.
La autonomía en la generación de energía no sólo garantiza la integridad de la producción, sino también la contención de costos. De otro modo ¿como se explica que mientras Codelco enajena su participación en EL-C, empresas competidoras, como BHP Billinton y Antofagasta Minerals, están realizando ingentes inversiones para asegurar generación propia?
BHP Billiton tomó esa decisión bajo la presidencia de Diego Hernández, el mismo que desde la de Codelco, decide la enajenación.
Sospechoso, por decir lo menos.
Peor aún, Codelco pasa desde una posición influyente en la determinación del precio de la energía, a una condición subordinada y dependiente de una empresa, también transnacional, como GdF Suez, que puede llegar a ser competidora en más de algún aspecto del negocio.
La versión de El Mercurio, que algo sabe de privatizaciones, agrega:
«respecto al destino de los montos recaudados por Codelco, estos forman parte de su estrategia de financiamiento, donde se incluye el levantamiento de deuda. La estatal podrá retener el 100% de estos dineros, luego que el Gobierno se decidiera por esta opción por sobre la de inyectar recursos al fisco».
O sea, se venden activos para refinanciar deuda. Flor de negocio. ¿Para eso se le paga sueldos millonarios a la administración superior de Codelco?
De otra parte, es cierto que con un 25% de la producción, Codelco aporta tres veces más al presupuesto nacional que todas las transnacionales juntas. Pero, por lo mismo, negarle la posibilidad de reinvertir parte de sus excedentes en desarrollo productivo, y obligarla a endeudarse o vender activos para el efecto es, francamente, una política suicida.
Más cuando sus competidores transnacionales lo hacen a destajo, puesto que financian sus proyectos de desarrollo con la reinversión de utilidades, en lugar de allegar los recursos nuevos con que se justificaron las privatizaciones.
En suma, desde la lógica económica, la venta de la participación accionaria de Codelco en EC-L es tan estúpida, que sólo deja dos posibilidades.
O bien obedece a la borrachera neoliberal que aqueja a la miope elite chilena desde hace 35 años, o forma parte de un plan más vasto para ir despostando de a poco la capacidad productiva de Codelco y abonar así el terreno para una privatización total, lo que explicaría la presencia de personajes como Diego Hernández en la presidencia ejecutiva, y Gerardo Jofré, Andrés Tagle y Marcos Büchi, en el directorio.
El segundo aspecto remite a la opacidad y el descaro con que la elite que se ha beneficiado de las privatizaciones, dispone de recursos pertenecientes a todos los chilenos, bajo pretextos ya tautológicos, ya eufemísticos, tales como «activos prescindibles», «línea principal del negocio», «modernización productiva», «necesidades de inversión» o «reestructuración de pasivos», entre un largo etcétera.
En este caso existe un antecedente concreto, como fue la venta de las centrales hidroeléctricas de Coya y Panga, de la División El Teniente, en 2004.
A pesar de que Codelco omite cuidadosamente el balance global de esa operación, dirigentes sindicales de El Teniente han afirmado, sin ser desmentidos hasta la fecha, que se trató de un pésimo negocio, porque hoy la división paga mucho más por la energía que cuando la generaba en forma autónoma, lo cual ha incrementado los costos de producción.
Lo menos que puede exigirse, cuando se trata de patrimonios públicos, que esas operaciones sean discutidas a la luz de las cifras. Pero los campeones del libre mercado y la transparencia ocultan esa elemental información a los chilenos, que en último término son los legítimos propietarios.
El tercer aspecto, vinculado directamente con el anterior, remite a la indiferencia de los trabajadores, y salvo excepciones, la apatía de sus sectores de vanguardia, la dirigencia sindical.
Ningún trabajador ni dirigente sindical del cobre puede aducir que la venta de la ex Edelnor los tomó de sorpresa. Es más, en los días previos, la Federación de Trabajadores del Cobre y la Federación de Supervisores del Cobre, emitieron enérgicas declaraciones de rechazo.
En el caso de la FTC y de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que agrupa a los trabajadores del subcontrato, la oposición resuelta y decidida a cualquier intento de enajenar activos de Codelco, es una decisión adoptada en el nivel de congresos.
Por qué no hicieron nada al respecto, pasando por encima de acuerdos democráticamente adoptados, es algo que deben analizar muy seriamente.
Parece que no se dan cuenta que venta de activos prescindibles, privatización, tercerización de faenas, planes de egreso y últimamente, el plan de reemplazos tres por uno, son diversas facetas del mismo problema; a saber, los viejos y conocidos trucos a los que recurre el capital para mantener sus tasas de ganancia, invariablemente al costo de la reducción del ingreso, los derechos y la calidad de vida de los trabajadores.
En rigor, y con todo respeto, los trabajadores del cobre y su dirigencia sindical no tienen nada que alegar si alguien les enrostra lo que Aixa a Boabdil, cuando perdió Granada a mano de los reyes católicos: «no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre».