Los retos en el marco de la implementación de los acuerdo son grandes. Garantizar la vida y liderazgo de quienes venimos trabajando y aportando al proceso de construcción de una paz estable y duradera son vitales para que la paz no nos cueste la vida. A tan sólo 18 días de iniciado el año, nos […]
Los retos en el marco de la implementación de los acuerdo son grandes. Garantizar la vida y liderazgo de quienes venimos trabajando y aportando al proceso de construcción de una paz estable y duradera son vitales para que la paz no nos cueste la vida.
A tan sólo 18 días de iniciado el año, nos vemos forzados a denunciar que el genocidio contra el movimiento social no para, que las garantías para la no repetición aun no se han generado y que los territorios en los que venimos edificando la paz, se inundan de la sangre de gente valerosa que no ha dejado a pesar de los riesgos, de construir un nuevo país.
El 18 de enero de 2018 los líderes Plinio Pulgarín y Víctor Morato de los municipios de San José de Uré, Cordoba, y Yondó, Antioquia, fueron asesinados por grupos paramilitares indeterminados que operan en estas zonas. Los dos lideres eran presidentes de Juntas de Acción Comunal de las veredas San Pedrito y La Rompida, quienes además venían realizado el acompañamiento para que las familias de estos territorios se vincularan al proceso de implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS.
Además del asesinato del compañero Plinio, el grupo paramilitar dio un ultimátum a las 50 familias que viven en la vereda, las cuales fueron obligadas a salir de su territorio. Así mismo, la líder Diana Dorado, quien también viene apoyando el proceso de implementación del PNIS, solo contó con media hora para dejar su hogar.
A estos hechos se suma el asesinato de Diana Luz Solano efectuado el 16 de enero, quien pertenecía a la ONIC y era guardia indígena en Zaragoza Antioquia.
Estos hechos no son aislados como lo afirma el gobierno nacional, por el contrario, ratifican la sistematicidad de la violación al derecho a la vida y el ejercicio organizativo y político de la que está siendo víctima el movimiento social.
De la coordinadora nacional de cultivadores de coca, amapola y marihuana COCCAM, han asesinado 21 compañeros/as en 12 meses. Así mismo, entre el 3 de enero de 2016 y el 29 de diciembre de 2017 la comisión nacional de derechos humanos del movimiento político y social Marcha Patriótica documentó 289 casos de homicidios de líderes sociales y defensores/as de derechos humanos.
Exigimos de manera urgente al gobierno nacional la concreción de una reunión de emergencia con el Vicepresidente de la República, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, los países garantes del proceso de paz y el Consejo Permanente de Dirección del PNIS, con el propósito de generar garantías reales a nuestras comunidades y sus líderes, gestionando soluciones efectivas que paren el genocidio del que estamos siendo victimas.
Fuente original: http://prensarural.org/spip/spip.php?article22610