Dirigentes de agrupaciones sociales campesinas denunciaron que este 15 de diciembre, los líderes Teófilo Acuña y Adelso Gallo fueron detenidos arbitrariamente por agentes del Estado, mientras el dirigente Robert Daza corrió la misma suerte el 16 de diciembre en la madrugada.
Las detenciones se inscriben en el largo y doloroso proceso de muerte, represión, genocidio y crisis humanitaria en el que está sumido el pueblo colombiano. El mismo pueblo que se organiza, se expresa y emprende acciones directas concretas con el fin de conquistar una vida digna.
El vocero nacional del Congreso de los Pueblos, Jimmy Moreno, informó que Adelso Gallo es dirigente campesino y líder social de la región del centro oriente colombiano, “miembro y expresidente de la Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro -ASONALCA-, impulsor de la Cooperativa Agropecuaria del Sarare, y en la actualidad hace parte de la Junta Nacional del Coordinador Nacional Agrario, CNA. Además, ha participado en espacios de interlocución con el gobierno nacional, como la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, gobiernos regionales y locales. Fue detenido este 15 de diciembre de 2020, sobre las 5:00 pm, en la ciudad de Villavicencio, Meta”.
Moreno indicó que, por su parte, Teófilo Acuña, “es dirigente campesino y líder social; vocero de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, proceso organizativo que hace parte del CNA y reúne a comunidades campesinas sin tierra, de pescadores, agromineras y otras organizaciones sociales en Bolívar, Cesar, los Santanderes y el Magdalena”, y agregó que, “Por más de 20 años Teófilo Acuña ha hecho parte del CNA en defensa de la vida, los derechos humanos y el territorio, y ha participado en espacios de interlocución con el gobierno nacional, como la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, gobiernos regionales y locales. Fue detenido el 15 de diciembre de 2020, sobre las 4:45 pm, en el municipio de Barranco de Loba en Bolívar”.
El vocero del Congreso de los Pueblos añadió que Robert Daza, “es dirigente campesino y líder social del norte de Nariño, expresidente del CNA, miembro del Comité de Integración del Macizo colombiano CIMA, impulsor de los Territorios Campesinos Agroalimentarios; es parte de la Junta Nacional y de la secretaría de Tierras, Territorios y Territorialidad del CNA, y ha impulsado la defensa del agua y de la vida como parte de la junta de gobierno campesino del TECAM del norte de Nariño y sur del Cauca, además de haber participado en espacios de interlocución con el gobierno nacional, como la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular, gobiernos regionales y locales. Fue detenido el 16 de diciembre, sobre las 3:00 am, en Pasto, Nariño”.
En el mismo ámbito, Franklyn Castañeda, miembro del Comité de Solidaridad de las y los Presos Políticos, recordó que, “en 2018 visitó el país el relator de la ONU, Michael Forst, para analizar la situación de las y los defensores de DDHH. Pues este año, Forst, a la hora de entregar su informe al Consejo de DDHH de la ONU, expresó las tres preocupaciones principales de su relatoría: el homicidio de los líderes sociales; la estigmatización que sufren; y, finalmente, su judicialización”.
Franklyn Castañeda manifestó que, “precisamente la judicialización de liderazgos sociales, estos últimos años se ha convertido en la estrategia predilecta de la Fiscalía Nacional, llegando a poner en alto riesgo las garantías de la lucha por los DDHH. Los últimos 7 años, casi 250 dirigentes de DDHH han sido judicializados en Colombia. Y desde el 2017, esta política se ha agravado contra personas del Congreso de los Pueblos”.
-¿Qué tienen en común las judicializaciones?
“Se trata de líderes campesinos y medioambientales que luchan contra los megaproyectos extractivistas que castigan a las comunidades, y por los derechos territoriales que les afectan directamente. Otro sector de personas judicializadas son ex combatientes de las Farc. También existen dirigentes que participaron en las mesas temáticas que abrió el Estado cuando se realizaban las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, proceso que fue truncado durante el gobierno de Iván Duque. Y también son víctimas de la judicialización los representantes comunitarios que han impulsado escenarios de protesta social.”
Castañeda sumó que los líderes detenidos por la justicia, “padecen las consecuencias de la sobre exposición mediática, el alejamiento de sus territorios y familias, e incluso la privación de libertad, como es el caso del dirigente del Congreso de los Pueblos, Julián Gil, quien fue liberado de la cárcel y absuelto de cargos, luego de 30 meses de cautiverio”.
Por otro lado, Diana Sánchez, que hace parte de la Asociación Minga, calificó de “perversa la persecución contra el pueblo, organizaciones y movilizaciones que enfrentan a diario los intereses privados que buscan hacerse para sí de las tierras, y donde el Estado y el Gobierno tienen todo que ver con lo que sucede”.
Sánchez dijo que, “la violencia y la criminalidad en las comunidades provienen del Estado. El programa Somos Defensores, entre enero y septiembre de 2020, logró documentar 135 asesinatos de líderes y lideresas. Sin embargo, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, ha registrado alrededor de 287 crímenes. Pero la propia Fiscalía Nacional acaba de evacuar un informe que habla de 581 víctimas de masacres. Esa entidad le achaca un 30 % de responsabilidad al paramilitarismo narcotraficante, pero del otro 70 % no dice nada, cuando la inmensa mayoría de los asesinatos ocurren en territorios con alta presencia de fuerza pública del Estado”.
El Congreso de los Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario, y demás agrupaciones, aseguraron que están realizando un seguimiento integral de las últimas tres detenciones contra el movimiento popular, y demandaron el auxilio y la solidaridad de los trabajadores y pueblos del mundo frente a la incesante embestida antisocial e inhumana que ha convertido a Colombia en un territorio roto, suelo de sangre de pobres en lucha.