Durante la reunión de un consejo de seguridad realizada el viernes 5 de enero en Urabá con participación de la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez; el brigadier general Alberto Sepúlveda Riaño, comandante de la Décimo Séptima División del Ejército Nacional; el brigadier general, Carlos Rodríguez Cortés, comandante de la Región 6 de […]
Durante la reunión de un consejo de seguridad realizada el viernes 5 de enero en Urabá con participación de la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez; el brigadier general Alberto Sepúlveda Riaño, comandante de la Décimo Séptima División del Ejército Nacional; el brigadier general, Carlos Rodríguez Cortés, comandante de la Región 6 de Policía; el mayor general Ricardo Gómez Nieto, comandante del Ejército Nacional; el coronel Jairo Orjuela Arévalo, comandante Cacom 5; y el mayor general Ricardo Restrepo, comandante de la policía Nacional (e), Procuraduría General y los alcaldes de Apartadó, Carepa y Turbo, por Chigorodó estuvo la secretaria de Gobierno, los representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, anunciaron la suspensión del cobro en los tres peajes en la región de Urabá, los cuales fueron la causa central de las fuertes movilizaciones populares en los municipios y corregimientos desde el 3 de enero.
Las protestas levantaron siempre la bandera de la reubicación de los peajes a lo que desde las autoridades departamentales y nacionales solo le brindaron oídos sordos. Las comunidades acataron el llamado al paro e incluyeron bloqueos, lo que conllevó a la parálisis total de la industria bananera, el comercio, el transporte y demás actividades. La jornada inicialmente fue pacífica con un paro convocado por el Comité de Iniciativas Ciudadanas levantado el día miércoles 3 en horas de la noche ante la nula atención del Gobierno Nacional a la exigencia de la reubicación de las casetas de cobro.
La misma noche del miércoles las movilizaciones de las comunidades de los municipios del eje bananero se tornaron más fuertes con bloqueos, enfrentamientos con la fuerza pública, resultando varios heridos y dos muertos. La militarización y represión de parte de la fuerza pública atizó la situación y el viernes 5 de enero los manifestantes prendieron fuego a dos casetas de peajes en Riogrande y Cirilo (Turbo), atacaron a las instalaciones de las alcaldías de Chigorodó, Carepa y Apartadó, incendiaron una camioneta y dos motos de la Policía, entre otras acciones. La parálisis fue total en los cascos urbanos de la región de Urabá y los manifestantes estaban dispuestos a extenderla.
La firmeza y decisión de los habitantes fue fundamental para hacer reversar la medida por parte de la ANI y se espera por parte de los líderes en Urabá es que se establezcan mesas de trabajo y de dialogo para definir de una vez por todas la reubicación de las casetas de peajes, de lo contrario volverá a encenderse la llama de las protestas en la principal zona agroindustrial de Colombia.
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