Si definimos una revolución como un cambio de paradigmas tenemos que estar de acuerdo con que los tratados Pacifico y Atlántico lo son. Durante 70 años, toda la post guerra, hemos vivido con unas reglas de juego que están a punto de cambiar radicalmente: El Estado representativo tiene que responder de sus hechos a los […]
Si definimos una revolución como un cambio de paradigmas tenemos que estar de acuerdo con que los tratados Pacifico y Atlántico lo son. Durante 70 años, toda la post guerra, hemos vivido con unas reglas de juego que están a punto de cambiar radicalmente:
- El Estado representativo tiene que responder de sus hechos a los representados. Esto ya cambió por la vía del secretismo. Las negociaciones hoy son secretas. Ni siquiera los parlamentarios las conocen, tampoco todos los ministros (de hecho no el Ministro de Salud según lo que él mismo ha declarado), solo los ministros ligados a la economía y la producción, la mayor parte de ellos relacionados con el BM o las transnacionales.
- El Estado es soberano para imponer reglas de juego a todas las personas naturales y jurídicas bajo su dominio. Esto cambiara con los tratados, con los ya vigentes pero sobre todo con el TTP + TTIP. Las reglas de juego del país más favorable a las empresas serán las que rijan en todo el mundo. Las empresas tampoco se someterán al Poder Judicial nacional sino que sus conflictos con los Estados los resolverá el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), institución del BM con sede en Washington.
- Las decisiones de los Estados tienen que regirse por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto también cambiara al no poder establecerse límites al actuar de las empresas ni por leyes positivas ni por el actuar del Poder Judicial. De aquí en adelante son los derechos de las empresas los que rigen sobre los derechos individuales y colectivos (de las comunidades indígenas por ejemplo). Algunos derechos que se vulneraran son el derecho al trabajo (un cambio radical en las condiciones laborales que ya se viene dando); a la salud (la reacción de Médicos sin fronteras y del propio Ministro lo muestran); al medio ambiente (a Ecuador le ha costado varios millones de dólares expulsar a una petrolera que contaminaba la Amazonia) y otros. No se podrá regular a nivel nacional la comercialización de transgénicos o el fracking.
Los privatizadores nos dicen que con estos acuerdos el Estado se retira para darle más fuerza al mercado. Pero es necesario decir que la revolución se produce desde el propio Estado que, al renunciar a su soberanía, lo que hace en realidad es amparar a las empresas en contra de los ciudadanos. No es pues una libre negociación entre las primeras y los segundos. Para esto se cuenta con la dinámica muy organizada de las transnacionales frente al actuar individual del ciudadano de a pie.
El libre comercio fue una práctica del siglo XIX que duró unas pocas décadas y que fue luego arrumbada debido a sus inesperadas e indeseables consecuencias. El ‘laissez passer’, lo mismo que el ‘laissez faire’, es un mito que mal se compadece con los hechos económicos contemporáneos. Así lo entendieron tanto Marx como Keynes, dos gigantes de la economía, para quienes el capitalismo sería difícilmente entendible sin las muletas de la intervención del Estado: baste considerar el presupuesto público de cualquier Estado moderno para convencerse de ello. Además, otro gran economista, Joseph A. Schumpeter, llegó a dictaminar, por la misma época que Keynes, que el capitalismo no sólo es inseparable del monopolio y el oligopolio, sino que los necesita para evolucionar y expandirse. Como muestra, un botón: las ingentes plusvalías que genera la pujante ‘economía de la información’ no serían más que humo si no existieran las patentes y el copyright (por cierto, dos monopolios que no son ‘naturales’, sino creados y otorgados por el Estado).
Por si esto fuera poco hay un terreno más de intervención del Estado. Una mercadería que no puede circular libremente: el trabajo. Son miles de «ilegales» en Estados Unidos y Europa, lo que constituye una doble contradicción: los seres humanos no podemos ser ilegales porque somos anteriores a cualquier ley; si nos regimos por un «mercado libre» deberíamos poder ofrecer nuestra fuerza laboral donde este mejor pagada. Hay un constante desplazamiento de trabajadores desde los espacios menos favorecidos a los más. Tanto interno (de las provincias a la capital) como externo (a EEUU, a Europa). Pero los tratados solo aceptan el flujo de capital, no el de personas.
¿De dónde se retira entonces el Estado con estos tratados? Lo que nos dicen es que se trata de una rebaja de aranceles. «Este acuerdo equipara el campo de juego para nuestros agricultores, ganaderos y fabricantes mediante la eliminación de más de 18.000 impuestos que diversos países aplican a nuestros productos», ha dicho Obama. Pero lo real es que aranceles e impuestos han venido bajando desde hace mucho tiempo y no es necesario ningún tratado para eso. Lo más importante son las «Medidas no arancelarias» o NTM según la jerga de la OMC. Es decir, las leyes, regulaciones o políticas de un país que afectan al mercado laboral, a los medicamentos y a los productos agroalimentarios y que son distintas a las de otro país.
Con los tratados el neoliberalismo pretende reactivar de nuevo la voracidad del gran capital, desregularizando todas las esferas de la vida y creando la zona de libre comercio más grande del mundo al servicio de las Corporaciones. Una nueva vuelta de tuerca a costa de los derechos laborales y sociales y del empobrecimiento de los pueblos, poniendo a disposición de las transnacionales los segmentos susceptibles de generar beneficios económicos que todavía no están bajo el control del capital privado.
Médicos sin Fronteras ha dicho que «pasará a la historia como el peor acuerdo comercial para el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo», cuya principal preocupación surge de las disposiciones del TPP sobre la protección de los fármacos biológicos sujetos a la propiedad intelectual. Por fármacos biológicos se entiende toda terapia de una fuente de origen biológica, como las vacunas, las antitoxinas y los anticuerpos monoclonales para enfermedades como el cáncer y el virus de inmunodeficiencia humana/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/sida).
Los fármacos biológicos son estructuralmente más complejos que otros medicamentos, lo que hace que su elaboración sea más difícil y costosa. En promedio, cuestan 22 veces más que los demás. Debido a estos costos MSF utiliza el fármaco original para desarrollar «biosimilares», o sea versiones genéricas más baratas de los productos biológicos. Sin embargo, en Estados Unidos los fabricantes de fármacos biológicos tienen 12 años de exclusividad sobre la información necesaria para copiarlos. Durante ese lapso, no se puede aprobar un fármaco biosimilar que utilice los datos biológicos originales. Las normas que protegen esos datos varían según los países. Por ejemplo, Chile, México y Perú no regulan los datos biológicos en absoluto. De firmarse el TTP la regulación norteamericana será la que prime.
En lo que a agricultura corresponde deberíamos observar la experiencia de México tras 20 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y así podríamos comprobar la magnitud del problema. Durante estos años de tratado, dos millones de campesinos han abandonado sus cultivos y emigraron a los Estados Unidos. Además México, que era un gran productor de maíz capaz de abastecer a su población se ha convertido en un país importador de este grano básico para la dieta de millones de sus ciudadanos. El precio del maíz cayó tras la firma en más de un 59%, lo que permitió la entrada de millones de toneladas de maíz de baja calidad a bajo precio expulsando y aniquilando así la producción autóctona de calidad, que era el producido por miles de campesinos y campesinas mexicanos.
¿Cuáles son las alternativas frente a esta situación? Hay una opción que propone encerrarnos en nuestras fronteras. Es la propuesta de Trump en los Estados Unidos, pero incluso hay compañeros que desde posiciones de izquierda siguen la misma línea. Yo creo que si globalizan la opresión debemos globalizar la resistencia. Es necesario organizar todas las fuerzas en todo el mundo para resistir a los tratados. Los ya citados Médicos sin Fronteras y otros movimientos como La Vía Campesina, son algunas de las organizaciones que se han forjado en esta tarea. Los marxistas revolucionarios siempre hemos estado organizados en una Internacional. Y es que cerrar las fronteras no es posible en el capitalismo. No olvidemos que el capitalismo nace con la invasión española a América, es decir es un sistema internacional desde su mismo origen. Cualquier cierre de fronteras es retardatario.
Hay un solo terreno en el que se justifica el cierre parcial de fronteras. Es el alimentario. Debemos tender a alimentarnos con lo que nuestra tierra produce. La liberalización del comercio y la falta de regulación de los mercados han llevado a los campesinos y las campesinas de todo el mundo a vender a precios por debajo del coste de producción, haciendo que los medios de vida de las comunidades agrícolas sean insostenibles. Pero hay un argumento más contra la producción masiva de alimentos. El cuidado de nuestro planeta. Traer desde espacios lejanos nuestra comida es un gasto inútil de combustible que afecta al calentamiento global. Las granjas masivas de aves o mamíferos van contra los derechos de los animales.
En cambio debemos defender la idea de la libre circulación de personas por el mundo. Nadie es ilegal, nadie debe tener menos derechos por su lugar de procedencia, su sexo o sus creencias políticas o religiosas. Se deben reducir las horas de trabajo para que todos tengamos acceso al empleo sin rebajar los salarios. Debemos reconocer que los Derechos Humanos están por encima de los intereses comerciales o productivos. La producción debe ser regulada socialmente para eliminar algunos rubros (armas, energía nuclear, publicidad), disminuir otros (el 80% del petróleo debe quedarse bajo tierra) y en cambio hacer crecer unos terceros (salud, alimentación, educación). Los bancos son un tema muy serio para dejarlos en manos de los banqueros, deberían convertirse en un sector estrictamente regulado que proporcione servicios financieros básicos a todos y todas, y contribuya a la construcción de sociedades justas y sostenibles. Los derechos de propiedad intelectual deben elaborarse, interpretarse y hacerse cumplir en el marco de los derechos humanos, la protección del consumidor, la competencia, las leyes sobre la intimidad y los objetivos sociales.