Desde el mes de diciembre del año pasado la Defensoría del Pueblo había alertado al gobierno y a la Fuerza Pública adoptar las respectivas medidas frente a la presencia de los grupos armados, así como la atención de la población que se pudiera desplazar del territorio. De acuerdo con información presentada por la Alcaldía de […]
Desde el mes de diciembre del año pasado la Defensoría del Pueblo había alertado al gobierno y a la Fuerza Pública adoptar las respectivas medidas frente a la presencia de los grupos armados, así como la atención de la población que se pudiera desplazar del territorio. De acuerdo con información presentada por la Alcaldía de Tumaco, habría 1.179 familias desplazadas, equivalentes a 3.031 personas. La defensoría del Pueblo ingresó este domingo en la vereda Calabazal constatando que la mayoría de los hogares se encontraban deshabitados.
«Hago un llamado a todas las autoridades para darle sostenibilidad a las acciones desplegadas como parte de la respuesta a la contingencia humanitaria y profundizar las acciones que impacten en el bienestar de las comunidades afrodescendientes del Consejo Comunitario del río Chagüí. Exijo a los actores armados ilegales respetar la vida e integridad de la población civil, manteniendo al margen de las hostilidades a los habitantes del territorio como lo dispone el Derecho Internacional Humanitario, y cesar sus acciones», señaló Carlos Negret, defensor del pueblo.
Avanzada criminal y violencia política
Los habitantes de los consejos comunitarios de Río Rosario, Río Mejicano y Bajo Mira y Frontera, coinciden en afirmar que inmediatamente después de la posesión del presidente electo Iván Duque, empezaron a llegar a su territorio grupos paramilitares.
La referencia a los paramilitares tiene que ver con el repertorio de acción que se ha comenzado a desplegar en el territorio y que es similar al de las extintas AUC, caracterizado por la sevicia y la crueldad con la que se ejerce la violencia.
Afirman que estos están en un franco proceso de expansión y destacan el regreso de hombres como alias «Mario Lata» quien a principios del 2000 se había establecido en zonas del Bajo Mira y Frontera y había desaparecido todos estos años. Alias «Mario Lata» hizo parte de la Columna Daniel Aldana de la ex guerrilla de las Farc y de los Rastrojos del Loco Barrera.
La intimidación y la violencia en el municipio de Tumaco se viene presentando mediante panfletos intimidatorios en contra de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. Algo que ha tenido como consecuencias el paulatino desplazamiento forzado o ‘gota a gota’ de líderes de la región.
Gran parte de los representantes legales de los 15 consejos comunitarios de Tumaco se encuentran amenazados, en algunos casos han tenido que salir del territorio y establecerse en la cabecera municipal.
Algo similar ocurre con los gobernadores indígenas del pueblo Awá, con los líderes que trabajan en sustitución de cultivos y restitución de tierras. También han denunciado amenazas, presidentes de las JAC, y militantes de la Colombia Humana.
Como consecuencia de esta situación, el movimiento social se debilita cada vez más, las luchas reivindicativas de los derechos de negros e indígenas de Tumaco, se han visto significativamente silenciadas dada la sensación de zozobra y la escasa o nula protección del Estado a través de sus instituciones responsables.
Reclutamiento Forzado de Menores
Personas entrevistadas de los corregimientos de Llorente y la Guayacana, lugares de muy alta conflictividad debido a que es un importante epicentro de narcotráfico, señalan a alias «Contador», de origen antioqueño, como el principal responsable de los asesinatos y desapariciones forzadas que diariamente se comenten en esta zona.
La desaparición forzada tiene allí una particularidad que complejiza la comprensión del fenómeno, y es que esa zona cuenta con una gran población flotante, muchos menores de edad, que diariamente llegan atraídos por negocios y tareas relacionadas con la coca.
A alias «Contador» se le acusa del reclutamiento de menores para la conformación de verdaderos escuadrones para ejercer violencia. Según relataron algunos testigos a Pares, los niños entre 13 y 14 años son sacados de las instituciones educativas para ser instruidos en áreas como el manejo de armas y especialización como francotiradores.
En el municipio que se ha vuelto común la práctica de tiro al blanco, a plena luz del día y desde carros utilizados por integrantes del grupo de «Contador»; los sicarios disparan indiscriminadamente contra transeúntes, muchos de los cuales son sus primeras víctimas fatales.
Crece el temor por el regreso de los ‘falsos positivos’
Gobernadores indígenas pertenecientes a resguardos del Pueblo Awá en el municipio de Tumaco, expresaron su gran preocupación ante la presencia de la Fuerza Pública en su territorio.
Afirman que la seguridad alimentaria de su gente está en peligro debido a que temen salir de caza o pesca como suelen hacerlo, al igual que las mujeres a recolectar los productos que siembran debido a la presencia de la Policía.
Afirman que hace poco han tenido la experiencia de ver a uno de sus miembros asesinado y presentado como disidente; sus mujeres han sido violadas, y dicen además, ser testigos, que no es sólo la guerrilla, disidencias o cocaleros quienes han puesto explosivos en sus caminos, sino también la Fuerza Pública.
La incapacidad del Estado para recuperar la autoridad en el territorio y la Estructura Gente del Orden ha aprovechado la situación para crecer, de tal manera que se vive un aumento de reclutamiento y uso de NNA, quienes se ven sometidos a muestras de lealtad y de valentía como las que implementaban los grupos paramilitares, que consistían en asesinar y desaparecer personas como una primera prueba para ser admitidos en el grupos. Por otro lado, la situación de la extensa ruralidad en el municipio se encuentra en una nueva ola de violencia inaugurada por expansión y consolidación de otras estructuras armadas.
Fuente original: https://prensarural.org/spip/spip.php?article25029