Un artículo publicado en Gara bajo el título: Fascismo sin complejos ha estado a punto de sacarle de la prisión. Javier Ramos Sánchez, jurista de la prisión provincial de Basauri, (Bizkaia) donde es delegado del sindicato abertzale LAB, ha sido repuesto en el cargo que ocupaba tras ganar recientemente un contencioso administrativo al Estado. El […]
Un artículo publicado en Gara bajo el título: Fascismo sin complejos ha estado a punto de sacarle de la prisión.
Javier Ramos Sánchez, jurista de la prisión provincial de Basauri, (Bizkaia) donde es delegado del sindicato abertzale LAB, ha sido repuesto en el cargo que ocupaba tras ganar recientemente un contencioso administrativo al Estado. El Ministerio de Interior le había abierto un expediente disciplinario, en el que pedía siete meses de suspensión de empleo y sueldo – lo que llevaba aparejado su cese y pérdida del puesto de trabajo- por un artículo publicado en el diario Gara como militante del partido EHK (Euskal Herriko Komunistak) en el que insultaba -según el abogado del Estado- a su superior jerárquico, José María Aznar.
Según el abogado del Estado la apertura del expediente al funcionario del Cuerpo Superior de Técnicos se debió a un artículo, publicado en marzo pasado en el diario Gara, en el que bajo el título Fascismo sin complejos vertía expresiones inequívocamente dirigidas al Presidente del Gobierno tales como: pequeño dictador vallisoletano y Bush ordena y el matón hispano acata con el ademán de un portero de discoteca. «Cuando, además, el que insulta -sigue el defensor del Estado– está vinculado a la Administración sancionadora por una relación estatutaria».
La base argumental jurídica del abogado del Estado se resume, según él, en la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de enero de 1.991 que sanciona que: «el insulto dirigido por escrito a un superior constituye una falta grave». Así como en que «el presidente del Gobierno siempre es superior del sancionado y de todos los demás funcionarios, a estos efectos, por lo que una actuación crítica en términos idénticos o análogos a la realizada por el actor, proveniente de un ciudadano de la calle, encontrará una reacción penal, o no, pero un funcionario, además, exista o no exista aquella actuación penal, se encontrará con una reacción disciplinaria por vulneración de deberes de su estatuto profesional y por incurrir su conducta en falta tipificada».
Funcionario-Ciudadano
El ministerio público pidió la suspensión de la sanción porque a su juicio: «ni el artículo redactado por el recurrente publicado en el mencionado diario, ni las expresiones contenidas en el mismo contra el Presidente del Gobierno entran dentro del ámbito de la relación de especial sujeción que une al mismo con la Administración«. Y porque la argumentación del abogado del Estado presenta errores lógicos «al no tener en cuenta el desdoblamiento entre organización administrativa y órganos supremos del Estado».
La sentencia, que da la razón al funcionario, estima que en ningún caso firmó el artículo como tal sino como jurista y miembro de un partido político, es decir como un ciudadano. Otra cosa -señala el Juez- es que la administración hubiese buscado la vía penal, pero como se infiere de lo dicho por el fiscal: «la Administración era consciente de que por los hechos narrados nunca hubiese sido condenado en un proceso penal«.
El Juez estima las pretensiones del demandante por vulnerar el derecho a la libertad de expresión que garantiza la Constitución y condena a la Administración a reintegrarle en su puesto y a pagarle las mensualidades que haya dejado de percibir.
Antecedentes
En el artículo publicado en Gara, objeto de este pleito, se criticaba la política del entonces Presidente del Gobierno, José María Aznar, en Irak: «Libertad sin ira, convertida bajo el mandato del pequeño dictador vallisoletano en la ira sin complejos de los que, por no haber purgado sus responsabilidades a tiempo, pican dos veces ahora, como el piojo resucitado. Bush ordena y el matón hispano acata con el ademán de un portero de discoteca: sí, ya lo sé, George: que parezca un accidente»
Según el demandante, este artículo es el detonante de una situación que se arrastra en el tiempo, en la que la Administración tiene que soportar a un comunista, y único miembro de un sindicato abertzale en el Ministerio del Interior. «Lo que para el ejecutivo Aznar era demasiado -dice el funcionario- y demuestra que, en contra de lo que pudiera parecer, tanto el director de la Prisión de Basauri como algunos funcionarios de la Administración Central saben leer… entre líneas».