La narrativa que se utiliza en el discurso económico no deja ver la realidad supuestamente descrita por tal análisis económico. Así, hemos visto que la discusión sobre cómo reducir el déficit del Estado español se ha centrado en cuánto debe reducirse por parte del Estado central y cuánto por parte de las Comunidades Autónomas. En […]
La narrativa que se utiliza en el discurso económico no deja ver la realidad supuestamente descrita por tal análisis económico. Así, hemos visto que la discusión sobre cómo reducir el déficit del Estado español se ha centrado en cuánto debe reducirse por parte del Estado central y cuánto por parte de las Comunidades Autónomas. En el discurso económico del gobierno central existe un tono un tanto optimista, pues el déficit del Estado según este ha disminuido de un 9% del PIB en 2011 a un 6,7% del PIB en 2012 (aún cuando la Comisión Europea cree que la cifra real es un 6,98% del PIB). Sea la cifra que sea, significa una reducción importante, a pesar de que hay que sumarle el 3% del PIB como consecuencia de lo que se llama rescate bancario, que no es más que una aportación de fondos públicos para salvar a los bancos, «a fin de garantizar la estabilidad financiera», la frase más utilizada por la comunidad financiera para justificar tan generosa ayuda por parte del Estado (y con el fin de resolver un problema que esta comunidad creó).
Ahora bien, esta nota de optimismo debería complementarse con otra que describiera qué parte del Estado ha sufrido más recortes para alcanzar tal reducción del déficit. Después de todo, el Estado tiene tres componentes, el central, el autonómico y el local o municipal. Pues bien, el que redujo más el déficit fue el nivel autonómico, pasando de un 3,3% del PIB en 2011 a un 1,7% del PIB en 2012, reduciéndolo nada menos que a la mitad. Es más, de toda la cantidad ahorrada (o recortada), que fue de 24.000 millones, el 70% de la reducción lo hicieron las CCAA, es decir, 16.600 millones. Mientras que en 2012 las CCAA han reducido su déficit en un 1,6% del PIB, el Estado Central lo ha hecho en un 1,3%, manteniéndose el central como el nivel que más contribuyó al déficit total del estado, generando un 3,8% del PIB de déficit, más del doble de la aportación al déficit de las CCAA (1,7% del PIB) y muy por encima del déficit que generaron las administraciones locales (0,2%).
Mírese como se mire, pues, las CCAA han soportado el mayor peso en las reducciones del déficit del Estado. Pero cuando decimos CCAA, parece que ha sido un sacrificio (injusto, por cierto, pues la mayoría de ingresos van al Estado, no a las CCAA) del nivel autonómico. Pero la situación es peor, y así debería presentarse. El mayor costo de la reducción del déficit lo ha soportado el Estado del Bienestar y muy en particular los servicios públicos del Estado del Bienestar, tales como sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios de dependencia, servicios sociales, vivienda protegida y una larga lista de servicios y transferencias públicas, utilizados y recibidos en su gran mayoría por las clases populares. Estos servicios están ya financiados y gestionados a nivel autonómico. En realidad, constituyen la mayoría de los gastos de los gobiernos autonómicos. Una vez más, estamos viendo cómo la reducción del déficit público en España se está consiguiendo a base del debilitamiento muy notable del Estado del Bienestar que, ya antes de que comenzara la crisis, estaba subfinanciado.
En España, siempre que se ha reducido el déficit público se ha hecho a costa del Estado del Bienestar. Esto ocurrió cuando se estableció el euro y está ocurriendo ahora cuando los recortes se han justificado por la necesidad de «salvar al euro», aunque el euro no ha estado nunca en peligro y está sobrevalorado, perjudicando a la economía española. Esto es de lo que debería informarse a la ciudadanía, lo cual no se hace por los medios de mayor difusión del país.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y Profesor de Public Policy. The Johns Hopkins University
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