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En la Constitución Española, la sanidad, la vivienda y el trabajo no son un derecho fundamental, sino simplemente una recomendación

Un coronavirus neoliberal

Fuentes:
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La bolsa sigue especulando, suba o baje lo único que resultará de sus movimientos será una mayor concentración de la riqueza y, al tiempo, una mayor pauperización del mundo entero, no solo del nuestro, no solo de “nosotros”. El día después, cuando den por terminada la pandemia, mucho habrá cambiado, pero a peor, a una debacle social. Ni pandemia ni hostias, solo una crisis más –como la del 2008- de la que todos salimos más que escaldados, pero como siempre unos pocos saldrán beneficiados y, entre ellos, el poder político que se reafirmará en su política autoritaria y represiva suprimiendo derechos. El estado de “alerta” dejará secuelas, sienta un precedente, algo parecido a la ley mordaza. Los derechos que se pierden no parece que se vayan recuperar, al menos por las buenas.

Casi todos confinados, pero no todos, los poderes fácticos no solo no han movido un dedo para aliviarnos de la pandemia, sino que se reafirman en su política económica neoliberal y en su política represiva de ordeno y mando, ¿qué otra cosa podríamos esperar de semejantes usureros y de semejante poder?

La brecha social, tanto entre autonomías como entre países, seguirá aumentando y el diez por ciento más rico cada vez lo será más, un porcentaje no muy grande quedará igual o mejorará y la mitad de la población, de los hogares, serán cada vez más pobres, véase si no el Barómetro Social de España (1).

Claro que la pandemia del coronavirus afecta a nuestra salud, por supuesto, pero cerca de un tercio de la población ya venía sufriendo la exclusión social y hasta pobreza y todo ello en aumento, de tal modo que de los 18,5 millones de hogares existentes en España el 26,3%, 4,67 millones, no llegan a fin de mes y el 27,3%, 5,05 millones de hogares, tienen dificultades. Es decir, más de la mitad de los hogares, el 53,6% tienen dificultades económicas (2).

Más que una ­­pregunta retórica sería un insulto preguntar a buena parte de estas familias qué tal les va a sentar un mes sin ingresos, aparte de qué posibilidad de empleo tendrán cuando se levante la alarma. Llueve sobre mojado, cuando todavía ni hemos pagado ni salido de la crisis de 2008, esta que ahora ya tenemos encima amenaza con ser mucho más que un sunami.

La situación es muy grave por lo que no hace falta sembrar alarmas innecesarias, pero teniendo en cuenta la gravedad que en sí mismo tiene la pandemia y las (no) respuestas que este Gobierno está dando, tanto en el terreno de la sanidad como en las medidas económicas y sociales, para el presente y el inmediato futuro, el caos es lo que se avecina para más de la mitad de los hogares. La verdad es que de un Gobierno neoliberal no otra cosa se podría esperar, en esto ya deberíamos tener experiencia. Basta dar un repaso a la crisis que comenzó hace más de una década y que aún sigue, pero que sirvió para que los ricos fueran cada vez más ricos y para que los recortes sociales fueran cada vez más agresivos. Y así nos ha pillado esta pandemia ahora, pagando bien caro estos crecientes déficits “democráticos” con cada vez más recortes, tanto en derechos sociales como económicos y laborales, sin olvidar el 135.

Las medidas tomadas en cuanto a la sanidad no pasan de ser pura cosmética. Pero eso sí, el riesgo y el duro trabajo todo es a cargo de los profesionales de la sanidad, mientras que a los ciudadanos se les hace responsables de las medidas de profilaxis de la pandemia. Para el Gobierno, ningún problema en confinar a todo bicho viviente, pero nada de confiscar las industrias que nos pudieran proveer de materiales de protección, medicamentos o de los imprescindibles test, se limitan a supeditarse al mercado internacional de estos materiales que llegan cuando llegan y con cuentagotas, cuando no defectuosos y a saber a qué precio.

En cuanto a las medidas preventivas, nada de test, ni siquiera a los consortes y al resto de los familiares que han convivido con los ingresados que han dado positivo, ni tampoco a los que padecen síntomas sospechosos, mientras unos y otros van repartiendo virus a todo el que se les acerque, aparte de no ser atendidos ellos mismo a tiempo. Todo esto no para los políticos de alto nivel que no les ha faltado tiempo para realizar el test ante los primeros síntomas o puede que sin ellos.

Ante este criminal desbarajuste, la falta de material de protección y la absoluta escasez de test, hace que los profesionales de la sanidad sean los principales paganos de la pandemia, gracias a la inoperancia e irresponsabilidad del Gobierno, así es que al día 30 de marzo se habían infectado 12.298 sanitarios por coronavirus, el 14,4% del total de 85.195 casos registrados, según el Diario Enfermero (3)

Desde hace años los recortes en sanidad han sido sistemáticos y las alarmas de ahora con la saturación de los hospitales, cuando no el colapso, ya se producían con cierta frecuencia. Y no digamos las listas de espera de meses y meses, sin olvidar la privatización de hospitales (y de residencias de ancianos) y de las tareas específicas de los mismos, liderado todo ello por la mafia montada con las puertas giratorias para hacer negocio con la sanidad y con la salud. Y ahora esa sanidad privatizada, tan rentable, se evade de arrimar el hombro, como es lógico, porque su sanidad solo es un negocio que tiene como fin maximizar los beneficios de su inversión, no otra cosa.

No se puede olvidar que ni la sanidad ni la vivienda ni el trabajo, en la Constitución Española, no son un derecho fundamental, ni siquiera constitucional sino simplemente una recomendación, de ahí no pasa. No es posible obviar que la CE del 78 es manifiestamente neoliberal. Ni que decir tiene que hablar del derecho a una Renta Básica Universal solo podrá ser el fruto de una conquista social, no y nunca de una concesión gratuita.

Toda esta situación de precariedad en los servicios sociales no es nada casual, cuestan dinero y el dinero escasea, cómo no, mientras que, para mayor escarnio, la carga fiscal recae sobre los que menos tienen. No se trata de reducir impuestos, sino de aplicarlos a las rentas más altas y que, además, la Agencia Tributaria decida de una vez por todas recuperar, aunque solo sea una parte, los 80.000 mil millones de euros que se defraudan anualmente a la Hacienda Pública y que aplique impuestos adecuados a las grandes empresas que actualmente tributan de manera irrisoria, si es que tributan, ya que cientos de sus empresas están domiciliadas en paraísos fiscales, sin hablar de las Sicav, Socimi y otras chapuzas fiscales, más la economía sumergida y la corrupción que ésta sí es una verdadera pandemia, crónica para más señas. Así nos va.

Las prestaciones sociales, como la sanidad, dependen de los recursos y éstos solo pueden venir de los impuestos. El Gobierno lo sabe, lo saben los colegas han que han formado parte de gobiernos anteriores porque están metidos de hoz y coz en tales guaridas financieras. Y aquí no pasa nada, es la marca España.

El estado de Alarma decretado por el Gobierno está provocando ya, hoy y ahora, una grave crisis, principalmente a buena parte del citado 53,6% de los hogares. Sin embargo, las decisiones y las propuestas del Gobierno para paliar los problemas económicos de todo este colectivo son sencillamente impresentables. De momento ninguna prestación inmediata sino promesas sin fecha y previa justificación que es de temer sea de enrevesado procedimiento burocrático, inasumible para buena parte de los afectados, que cobrarán, si cobran, no se sabe cuándo. Por ejemplo, los parados que, llevando más de dos meses, pero sin tener derecho a la prestación por desempleo cobrarán 430 euros, previa solicitud, es decir, comerán cuando cobren, no antes, todo ello incompatible con cualquier otra prestación. Ah, y los que no lleven los dos meses nada de nada. Algo similar sucede para los créditos a los autónomos que han de gestionar en los bancos en condiciones que, leída toda la letra pequeña, nada aportan al prestatario que ha de avalar con su patrimonio el préstamo solicitado, entonces, ¿para qué dice el Gobierno que el Estado lo avala? En resumen, se trata de un negocio más para la banca, para variar.

Difícil está el panorama con un Gobierno proclamado como progresista pero que gobierna para el poder económico del que forma parte de un modo o de otro (4). Basta recordar que 43 altos cargos del PSOE (5) forman parte del consejo de alguna de las empresas del IBEX 35 afincadas en los paraísos fiscales tanto europeos como del resto del mundo y que desde 2014 las mismas puertas giratorias (6) han recolocado a 140 ministros y altos cargos (7).

A este Gobierno “progresista” no le ha faltado tiempo para mostrar de modo inequívoco su predisposición neoliberal a ultranza, es decir, poco o nada que esperar de su iniciativa social. Nunca las prestaciones sociales fueron un regalo sin más, si no el resultado de duras luchas, y ahora no va a ser una excepción, solo una epidemia de movilizaciones podría cortar las alas a los “progresistas” y restablecer un orden social aceptable para ese 53,6%.

Posdata

Parece ser que nueve de cada diez personas contagiadas con el coronavirus lo padecen de modo asintomático, pero sí pueden contagiar a las personas de su entorno. Sería razonable que a todos los que han de trabajar de cara al público se les hiciera el test y en caso se ser positivo imponerles la cuarentena correspondiente. Al mismo tiempo las personas que dieran negativo sí podrían trabajar para no privarles de su sustento. Pero no, es más fácil decretar el confinamiento manu militari sin distinción, olvidando que los que trabajan en servicios imprescindibles, sin saber si están contagiados, son un peligro real de contagio. Parece que esta evidencia no es relevante para las autoridades, o les importa un pito.

La manifiesta autoridad del Gobierno solo se ejerce sobre los ciudadanos, pero nada de intervenir a las industrias y laboratorios que podrían y deberían estar produciendo los equipos de protección y los test necesarios para paliar la pandemia.

Tampoco se ha tenido en cuenta que el confinamiento obliga a los que por prescripción médica han de hacer ejercicio. Está demás decir que no se pretende organizar tertulias en los parques (vacíos) sino guardando las distancias que sanidad considere. Lo mismo se puede decir de los más de cuatro millones de personas que viven solos, ni un miserable paseo se les permite.

(1) La polarización de la riqueza sigue aumentando

(2) La pandemia destapa la fragilidad social y empresarial del país

(3) Diario Enfermero

(4) La economía ilícita en España

(5) De dónde vienen las élites que lideran el capitalismo español

(6) Las puertas giratorias han dado acomodo a casi 140 ministros y altos cargos desde 2014

(7) La regulación de las puertas giratorias sigue fuera de la agenda políticawww.aturbulla.org

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