El modelo de colaboración público-privada en las residencias madrileñas fue «letal» durante la primera ola de la crisis del coronavirus. Así lo afirma María Victoria Zunzunegui, autora principal de un estudio publicado en la revista Epidemiologia. Como ha podido comprobar, la mortalidad en estos centros fue hasta tres veces mayor que la que se registró en los de gestión pública. En estos fallecieron el 7,4% de los mayores, pero en los privados con plazas públicas (concertadas) el porcentaje ascendió al 20,6% y en los públicos de gestión privada al 21,9%. «Esto indica que es urgente una reforma profunda del sistema de residencias de la Comunidad de Madrid, que no ha sido capaz de responder a una emergencia sanitaria», asevera la profesora de la Universidad de Montréal.
El estudio fue publicado el pasado 23 de junio en la revista científica Epidemiologia, una publicación internacional que, trimestralmente, publica distintos artículos de divulgación sobre todas las áreas de investigación epidemiológica. Su objetivo, según explica la propia publicación en su web, es «proporcionar una plataforma para que científicos y académicos de todo el mundo promuevan, compartan y discutan varios temas en el campo de la epidemiología».
Eso es lo que ha hecho Zunzunegui junto a François Béland, también profesor de la Universidad de Montréal, Fernando García López, médico epidemiólogo del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, y Manuel Rico, periodista de infoLibre que facilitó los datos de los fallecidos en las distintas residencias obtenidos a través del Portal de Transparencia e información sobre la titularidad y gestión de los centros..
La investigación se centra en lo ocurrido en las residencias de mayores madrileñas durante los meses de marzo y abril del año 2020, en plena primera ola del covid. Y es esclarecedor: la titularidad y la gestión de los centros de mayores fueron relevantes en la mortalidad que los mismos registraron en ese periodo. En total, en esos dos meses murieron cerca de uno de cada cinco personas mayores que vivían en residencias. Así, la mortalidad total de las mismas, según recuerda el estudio, fue del 18,5%, puesto que se notificaron 9.468 fallecimientos entre los usuarios de los 470 centros operativos en aquel momento, que suman 51.938 plazas.
De ellas, el 12% se encontraban en centros completamente públicos, en los que la titularidad y la gestión estaba controlada por el Ejecutivo madrileño. En ellas, la mortalidad fue del 7,4%. Por su parte, según explica Zunzunegui, las residencias privadas con ánimo de lucro —sociedades mercantiles— tuvieron un porcentaje de mortalidad del 13,8%, cifra ligeramente superior al de las privadas sin ánimo de lucro —controladas por congregaciones religiosas u ONG, por ejemplo—, que registraron una mortalidad del 12,7% entre marzo y abril del año 2020.
La peor parte, sin embargo, se la llevaron las que combinaron ambos modelos. Así, aquellas residencias de titularidad privada pero con plazas concertadas registraron una mortalidad del 20,6%, solo superada por las que pertenecían a la Comunidad de Madrid pero habían cedido su gestión a una empresa privada, donde la mortalidad fue del 21,9%.
Los datos, como explica Zunzunegui, se han estandarizado, es decir, se han igualado sus condiciones, puesto que se ha tenido en cuenta que, además de la titularidad y la gestión del centro, en la mortalidad fue determinante el tamaño de la residencia, la población donde está ubicada, el número de positivos y el hospital de referencia al que estaba asociada. Respecto a este último aspecto, Zunzunegui recuerda que todos «aplicaron el protocolo de exclusión» elaborado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y por el que se prohibió durante varias semanas la derivación hospitalaria de ancianos con problemas de movilidad o deterioros cognitivos graves, como desveló infoLibre.
Sin embargo, como explica la investigadora, no todos lo hicieron en el mismo periodo de tiempo. «La orden se dio el 18 de marzo, pero no se sabe con exactitud cuándo dejaron de aplicarlo los distintos hospitales», dice.
Una de las consecuencias de la aplicación del protocolo, criticado por organismos como el Defensor del Pueblo o Amnistía Internacional, fue que de las 9.468 muertes, solo 2.178 tuvieran lugar en un hospital (el 23%). Todos los demás residencias fallecieron en el propio centro donde vivían.
Control de calidad y comisión de investigación
Con los datos en la mano, los investigadores concluyen que, además de la «urgente reforma profunda del sistema», es necesario establecer, en palabras de Zunzunegui, «un sistema de información en todo el sistema residencial», al que hay que someter a un «control de calidad». «Nuestros hallazgos coinciden con investigaciones anteriores realizadas en Ontario, Canadá, y pueden tener implicaciones más amplias, dentro y fuera de España, sobre la dependencia del sector público de la administración privada en el sector de los cuidados», concluye el estudio, que también se une «a los llamamientos para pedir una investigación oficial de los hechos ocurridos en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia».
Zunzunegui también incide en esto. «Tiene que haber una comisión de investigación sobre lo que ocurrió, que se explique por qué murió tanta gente», pide. En la anterior legislatura, la oposición logró activar un órgano parlamentario sobre lo ocurrido en los geriátricos después, de que Ciudadanos –entonces uno de los dos socios del Gobierno– anunciase que daría su apoyo. Un movimiento que, junto con el de Vox, acabó arrastrando también al PP. Nadie se opuso y salió adelante.
Sin embargo, la salida de los naranjas de la Cámara autonómica tras las elecciones del 4 de mayo de 2021 permitió al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso dar carpetazo a la investigación de un asunto que resulta especialmente incómodo para su Ejecutivo. El intento de la izquierda por reactivar en esta legislatura el órgano, que ya había permitido confirmar que el protocolo de no derivación de residentes a hospitales era oficial o que la sanidad privada solo atendió a aquellos ancianos con seguro en plena pandemia, se vino abajo con el voto en contra de los conservadores y la abstención de Vox, que fue quien se encargó de inclinar la balanza del lado del PP.
En otras comunidades ocurrió lo mismo. En Galicia y La Rioja tampoco se ha investigado y en Cataluña el PSOE, Junts y ERC consiguieron cerrar en falso la comisión que se había abierto en el Parlament.
Precisamente sobre esta comunidad versará la próxima investigación que publicará Zunzunegui, que establecerá una relación entre la infección y la mortalidad de la residencia y el tamaño del centro. «En Cataluña solo hay nueve residencias con más de 200 plazas y un tercio de sus centros tienen menos de 30», señala la investigadora, que afirma así que el modelo residencial catalán tiene poco que ver con el madrileño, aunque el resultado ha sido parecido. Según los datos obtenidos por infoLibre, entre marzo y abril murieron 3.891 residentescon covid-19 confirmado o con síntomas compatibles. De ellos, 2.797 (el 72%) lo hicieron sin ser trasladados al hospital.
«En España las residencias han sido el epicentro de la pandemia y no se ha hecho nada. Ahora mismo siguen siéndolo, y una parte de las muertes que se producen siguen siendo evitables», lamenta Zunzunegui.