La decisión de Bogotá de pagar cinco mil millones de pesos (unos 2,6 millones de dólares) a Pablo Montoya, alias «Rojas», el sicario que asesinó al miembro del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) «Iván Ríos», significaría el establecimiento ilegal de la pena de muerte, a juicio del ex presidente de la […]
La decisión de Bogotá de pagar cinco mil millones de pesos (unos 2,6 millones de dólares) a Pablo Montoya, alias «Rojas», el sicario que asesinó al miembro del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) «Iván Ríos», significaría el establecimiento ilegal de la pena de muerte, a juicio del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país José Gregorio Hernández Galindo.
«Desde el punto de vista ético, es incomprensible, porque se paga por un crimen, no por información, y la Fiscalía ha anunciado que no abrirá proceso penal por homicidio porque considera que actuó bajo presión y miedo insuperable. ¿Cuál?, si se encontraba dormido», opinó el ex magistrado.
El martes, el ministro de defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, declaró a la prensa que no pagar la suma al asesino de Ríos debilitaría la estrategia de información a cambio de dinero, enmarcada en la Política de Seguridad Democrática, el proyecto bandera del actual gobierno. Además, el lunes pasado, la Fiscalía se negó a investigar a «Rojas» por homicidio.
«Rojas» asesinó la semana pasada a Iván Ríos y a su compañera sentimental conocida como «Andrea» mientras dormían, según él porque éste lo iba a ultimar.
Por entregar a las autoridades la mano derecha del líder rebelde y luego su cuerpo mutilado, Bogotá decidió pagarle la millonaria recompensa que, a juicio de Hernández Galindo, contraría lo contemplado en la Constitución de este país.
«Colombia ha dado un paso trascendental hacia la pena de muerte, sólo que el verdugo es un delincuente», dijo el jurista en referencia a Montoya, sobre quien pesan 16 cargos de crímenes de lesa humanidad.
Hernández calificó como «inaceptable» que el Estado colombiano legalice el asesinato.
«Guerrillero (que) por vía de buscar recompensa puede matar lícitamente y en Colombia se acepta, lo acepta el Estado colombiano, y eso a través de cualquier norma es inaceptable», enfatizó al tiempo que advirtió que la administración liderada por el presidente conservador Álvaro Uribe, puede enfrentar un juicio interno o internacional por la violación de derechos humanos.
Por el contrario, el también experto jurídico, Vicente Torrijos, sostiene que el Estado colombiano está en todo el derecho de defender el método de las recompensas por la vida de cualquier persona que considere que es una amenaza para la seguridad interna.
«En el fondo de la cuestión lo que hay es razones de seguridad y defensa y estrategia militar, por cuanto en el marco del conflicto en Colombia la recompensa ha sido factor preponderante que explica el desmoronamiento de la guerrilla como estructura armada. Las delaciones explican como se ha degradado la organización interna y la unidad en torno al secretariado de las FARC. En seguridad y defensa ha sido notable el avance del gobierno contra la guerrilla», explicó.
Sin embargo, Jairo Ramírez, representante del Comité Permanente de Derechos Humanos de Colombia, considera que, lejos de salvaguardar la seguridad de los colombianos, el Gobierno estimula la «violencia institucional» y la muerte masiva.
«No nos extraña que un Estado como el nuestro, que ha estimulado la violencia institucional, donde han ocurrido 70 mil asesinatos políticos, desapariciones, miles de desplazados, masacres, ejecuciones extrajudiciales; eso demuestra que la muerte no le importa al Estado colombiano», sentenció.
Contradicciones
Contrario a lo expresado Santos, el Procurador General de Colombia, Edgardo Maya Villazon, dijo que al sicario de «Ríos» no se le debe pagar por entregar un cadáver, pero sí por la información que pudiera suministrar de otros guerrilleros o entrega de sus armas.
Incluso planteó que a «Rojas» se le debe iniciar un juicio por el homicidio de Iván Ríos.
Pidió al Ministerio de la Defensa que al momento de analizar el pago del incentivo económico se tengan en cuenta las justificaciones por las cuales se entregarán los fondos.
Otros altos funcionarios de la cúpula militar disienten de Villazon, como el comandante de las Fuerzas Militares, general Freddy Padilla, quien aseguró que pagar al asesino es «saludable» y sería la mejor manera para «economizar» vidas humanas.