La paz hoy es difícil, mañana será imposible (C Monsiváis) Múltiples informes y estudios muestran una amplia y dramática ocupación territorial por parte de grupos delincuenciales. Grupos que establecen autoritarismos locales muy cercanos a las dictaduras más crueles. Territorios en donde la democracia no existe y en donde están limitadas las libertades y cooptadas las […]
La paz hoy es difícil, mañana será imposible (C Monsiváis)
Múltiples informes y estudios muestran una amplia y dramática ocupación territorial por parte de grupos delincuenciales. Grupos que establecen autoritarismos locales muy cercanos a las dictaduras más crueles. Territorios en donde la democracia no existe y en donde están limitadas las libertades y cooptadas las instituciones y presupuestos del Estado. Los datos de fuentes tanto oficiales como de organizaciones sociales muestran a Colombia sumergida en autoritarismos y militarismos que desde la ilegalidad han constituido un poder local dictatorial.
Desde esta perspectiva amplia se puede afirmar que la idea de desarrollo rural, por fuera de un desarrollo político que garantice la democratización de los muchos municipios sometidos a las dictaduras locales existentes, es no solo imposible sino también altamente inconveniente. La promesa política de quienes están en confrontación no es romper la ilegalidad existente en los distintos territorios.
Si esto no se limita, restringe o se pone con claridad sobre la mesa de La Habana, los esfuerzos de la negociación caerán en el vacío. Un inmenso vacío ético y un gran abismo de ilegitimidad. No se puede construir una territorialidad legítima en medio de situaciones de extremo autoritarismo militar, tanto de los que se identifican con un pensamiento de extrema izquierda como de aquellos que se ubican en la extrema derecha. Podría afirmar que la no existencia de una democracia es el principal obstáculo para que lo que unos defienden y otros cuestionan: el modelo económico y social.
Lo territorial exige no solo un nuevo discurso sino también una nueva institucionalidad. La fragilidad de la descentralización y la debilidad de la institucionalidad rural son los dos enemigos de la democratización o, si se prefiere, de la construcción de una democracia territorial que sea el soporte de un posconflicto inteligente y por lo tanto justo. Este eje de grandes transformaciones político- institucionales es el piso en donde fracasará o tendrá éxito esa nueva sociedad rural que está en juego.
Si lo espacial es fundamental, lo temporal es estratégico. La idea de introducir un concepto como el de transición obliga a los que negocian a definir un horizonte serio. Planes de postconflicto atados a la transición a manera de pactos políticos. Pactos territoriales que articulen la intervención del Estado en las zonas de alta conflictividad y entrelacen el esfuerzo público con los ciudadanos. Debería surgir una estrategia de transición que dé a la sociedad una pauta, un horizonte de hacia dónde se va y en cuánto tiempo se puede lograr la base de una convivencia democrática y pacífica. Habría que eliminar, disminuir el abismo entre ciudad y campo y la brecha regional. Debe hacerse un inmenso esfuerzo para que esa Colombia medieval altamente militarizada haga parte de esa democracia que gozan unos pocos. Transitar de un feudalismo local de altísima ilegalidad hacia una democracia no militarista es el reto.
La reflexión conduce a pensar que la aventura de saber qué pasaría o cuáles serían esos distintos escenarios que tenemos no es muy variada. Los que negocian no tienen más opciones. Intelectuales, movimientos sociales o redes no podrán encontrar otros escenarios.
Los tres escenarios o puntos de partida nacen de nuestra cercanía y análisis del tema del conflicto en Colombia, de sus causas, de sus posibles soluciones y de la certeza de que los problemas del desarrollo rural están íntimamente relacionados con la problemática general o integral del país.
Supuestos en las que se dan los tres escenarios:
S1. Durante casi cuatro años el gobierno Pastrana lideró un proceso de paz frustrado. El proceso de paz no alcanzó el nivel de negociación entre los actores del conflicto y el gobierno. La ruptura del proceso de paz supuso un giro radical hacia la militarización en la vida política, económica y social del país. La bandera de la paz se convirtió durante largos ocho años en estandarte de guerra.
S2. Ni el Ejército Nacional ni la guerrilla vencieron. Se actúa como si un aumento de la capacidad bélica de las fuerzas armadas les permitiría vencer con relativa facilidad a la insurgencia. No ha sido así. La capacidad de las FARC de mimetizarse en la ilegalidad económica la hace poco previsible tanto militarmente como políticamente. No olvidar que durante ocho años se lideró un proyecto autoritario centrado en la promesa de derrota de las FARC. Para ello se realizaron grandes inversiones en armas; Los resultados fueron parciales, sin una certera derrota militar de las FARC.
S3. El énfasis por 8 años de los medios y del establecimiento se hizo en la lucha contra el terrorismo. En medio de la negociación el lenguaje parecería no cambiar. Medios y políticos podrían ir de un relativo apoyo al proceso de paz a una condena radical. Esta polarización se estaría cocinando para el proceso electoral que se avecina. Algunos tratarían de extraer beneficios electorales del fracaso y otros del éxito. Ambas situaciones podrían ser inconvenientes. ¿Será que del proceso debe surgir un pacto vinculante de todas las fuerzas políticas y militares?
S4. Las políticas implementadas no ha logrado cambiar las tendencias sobre pobreza, o mejor, sobre injusticia social. El crecimiento económico o la bonanza actual pierden su capacidad de transformación de la realidad social como consecuencia de la imposibilidad de solucionar el conflicto armado.
S5. Ante el fracaso de la erradicación de los cultivos ilícitos por el camino de la fumigación, la política norteamericana se sumerge en un dilema: aumento del intervencionismo o apertura de un debate sobre legalización. Optará por la primera.
S6. Existe una fuerte disociación entre los partidos políticos y la sociedad civil, lo que nos señala cómo estos han perdido su capacidad de convocatoria y mediación entre el Estado y las comunidades. La izquierda política no militar, inmersa en la disputa por las curules de la representación, se asfixia así misma en la beligerancia verbal. La derecha en todas sus vertientes se aferra a la democracia restringida como modelo político.
Escenario Uno. Pacificación y autoritarismo
Los actores del conflicto rompen los diálogos y se entra en una etapa de confrontación generalizada en donde uno de los bandos triunfa sobre el otro. O gana la guerrilla o el Estado a través del Ejército Nacional logra imponerse a los alzados en armas. En este caso el escenario del postconflicto resulta de una estrategia de lo que en principio llamamos pacificación por la derrota de uno de los contrincantes.
Este escenario, con una muy baja posibilidad de que suceda, supone en principio una serie de características.
– Se impone un régimen autoritario que no solo se decide por la confrontación generalizada sino que, por esta misma razón, necesita altas cuotas de autoridad que le permitan decidir de manera directa la estrategia y los recursos que necesita invertir en la guerra.
– El régimen necesita neutralizar la opinión desfavorable y en este sentido se hace urgente la intervención sobre los medios y el control del Estado sobre la protesta social.
– En una primera etapa el postconflicto, derivado de la derrota de alguno de los contrincantes y su sumisión al régimen triunfante, supone una reducción de la libertad y de los espacios democráticos.
– Hay un alto protagonismo político de los militares, que reclaman beneficios derivados de su compromiso y triunfo.
– El régimen necesita legitimar la situación de los derrotados y su progresiva incorporación a la vida civil.
– Los territorios rurales impactados por la guerra necesitan grandes inversiones para su reconstrucción económica.
– El régimen autoritario necesita reforzar el criterio nacional por encima del regional local. Se detiene el proceso de descentralización y se posterga de manera indefinida la ordenación del territorio.
Segundo escenario: Construcción de democracia
El proceso de paz conduce a acuerdos entre los actores. Se impulsa un proceso de democratización en donde la constituyente es su punto de partida. Se entra en una nueva etapa jurídica para los incorporados. Se exigen altos niveles de trasparencia y neutralidad que garanticen la gobernabilidad suficiente para impulsar los cambios y ejecutar los acuerdos. El escenario plantea una renovación de la clase política y un proceso intenso de politización de los alzados en armas. El proceso exige acuerdos que empujen lo que algunos llaman una Constitución Nacional, es decir, una Constitución que incluya los intereses de todos y garantice los medios para desarrollarla. El país estructura un plan de transición a diez años.
Este escenario supone una serie de características:
– Un liderazgo político radicalmente demócrata y pacifista que, de la mano de una ciudadanía activa, reconstruya el proceso de paz.
– Un amplio proceso de movilización ciudadana y participación activa de las comunidades, ciudadanos e instituciones en la construcción colectiva de la sociedad deseada.
– Una reforma del Estado que lo desvincule del clientelismo. Una aceleración de los procesos de descentralización paralelo a un ordenamiento territorial que recoja las expectativas de la población.
– Un proceso de pedagogía ciudadana dirigido a facilitar la aceptación de los alzados en armas en la vida civil y un proceso educativo de los alzados en armas, estos últimos, en búsqueda de su desmilitarización.
– Un compromiso radical de las fuerzas económicas con la estrategia de democratización económica y la eliminación de los privilegios derivados de la alianza de empresarios con políticos corruptos.
Tercer Escenario: El eterno retorno y la postergación de las soluciones.
Se rompe el proceso de paz y se vuelve a la situación anterior, en una escalada de la confrontación de corta duración. Los actores disminuyen la intensidad de la guerra y se establece un periodo de inestabilidad política derivada de una actitud de los partidos tradicionales que no quieren ni negociar ni perder su poder político. Se abren otras opciones distintas al bipartidismo, como consecuencia del debilitamiento de la gobernabilidad y de los dos partidos políticos tradicionales. Se centra la atención en la crisis política y económica por encima del conflicto armado. Se buscan acuerdos, entre los partidos políticos que garanticen su permanencia y conformación de un posible frente nacional que dé estabilidad al régimen.
Este escenario supone una serie de características:
– Los políticos tradicionales logran controlar la situación creada por el rompimiento del proceso de paz. Se establecen acuerdos para garantizar las elecciones como mecanismo de control democrático.
– Se estructura una alianza entre partidos para gobernar y dotar al presidente electo de mecanismos de fuerza. La crisis económica hace mella en las decisiones del gobierno y este realiza pactos con los organismos internacionales que lo debilitan ante la opinión pública nacional.
– Aumenta la intervención norteamericana en los asuntos internos. Se aumenta la política de fumigaciones respaldada por la lucha contra el terrorismo.
– Se empujan reformas en el Congreso a través de leyes consideradas prioritarias: impuestos, ajuste fiscal, reforma política, estatuto antiterrorismo, ley del desplazamiento forzado.
Al aceptar como punto de partida la estrecha relación entre el desarrollo rural y la situación de la democracia en el país, se parte de la aceptación, asímismo, de que las políticas públicas para lo rural como las posibles agendas políticas y económicas son sensibles a cualquiera de los tres escenarios o puntos de partida cuyo perfil describimos anteriormente.
Los riesgos de un fracaso en el proceso de paz podrían significar, entre mil cosas más que: La bonanza actual una más de las que ha vivido el país se diluya en la pésima distribución de la riqueza, la altísima concentración de la tierra y la ilegalidad y la consolidación del dominio de grupos al margen de la ley a lo largo del territorio. Es posible así mismo que un fracaso conduzca al país a un retorno al autoritarismo de los ocho años anteriores y a la exacerbación de la corrupción y la cultura del todo vale.
Guillermo Solarte Lindo es sociólogo de la Universidad Complutense, Director de la Corporación Latinoamericana Misión Rural. Lidera Pacifistas sin Fronteras.
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