La última vuelta de tuerca de los oficiantes del mercado libre. El «no va más» a la inversión extranjera. La última apuesta del casino neoliberal está, precisamente, en los casinos de juego, jugada que más allá de toda la carga simbólica de esta actividad, expresa también el estado decadente del proceso de apertura económica hacia […]
La última vuelta de tuerca de los oficiantes del mercado libre. El «no va más» a la inversión extranjera. La última apuesta del casino neoliberal está, precisamente, en los casinos de juego, jugada que más allá de toda la carga simbólica de esta actividad, expresa también el estado decadente del proceso de apertura económica hacia la inversión extranjera. Cuando parece no haber más áreas que privatizar, cuando creíamos que la desregulación de los mercados estaba completa, ha aparecido, como un as bajo la manga, la liberalización del juego como nuevo servicio entregado al capital transnacionalizado. No bastó con la entrega de la educación, la salud, la banca y todos los servicios básicos al libre juego de la oferta y la demanda. Ahora tenemos al juego compitiendo en su propia ley.
Las autoridades chilenas -y todos los oficiantes de la liberalización de los mercados- pueden agregar otra marca a sus registros. La apertura del mercado del juego es un caso inédito, si no en el mundo, sí en nuestra región. Y también lo es que de un momento a otro a los siete casinos en operación en Chile se agregue la oferta de 17 más. En lenguaje numeral, tan propio de los fanáticos del mercado, las plazas de juego aumentarán nada menos que un 242 por ciento.
Los gobiernos de la Concertación nos ofrecen hoy la diversión. Nos entregan el juego. Tal vez porque ya somos grandes apostadores, acostumbrados desde hace décadas al libre juego del mercado, que no ha sido otra cosa que el individual y esforzado deporte de la sobrevivencia, del darwinismo social. En estas largas décadas, ya sabemos apostar por nuestro proveedor de servicios de agua, de salud o de telefonía: nuestro know-how nos llevará, cual tendencia natural, a los casinos. La vida, en Chile, es una lotería.
Las autoridades hablan de una nueva industria de servicios, como yo es la industria turística que en otras latitudes está orientada al mercado externo y es una buena forma de conseguir divisas, como sucede en las naciones del Caribe. Pero en nuestro caso, esta nueva industria emplazada en un rincón del Cono Sur será muy improbable que logre atraer a los jugadores de la región o el mundo. Al descartar esta posibilidad, los casinos serán para los chilenos. Por tanto cabe preguntarse, ¿quién ha detectado la demanda? ¿O se trata de un caso más de creación de demanda?
Al tomar en cuenta las evidentes dificultades que tiene la población chilena para enfrentar los servicios básicos privatizados, es difícil comprender el masivo emplazamiento de salas de juego para esta esforzada población. Si ya hay problemas en el pago de la educación, la salud, la luz y el agua, cómo hacer frente a esta nueva oferta del casino neoliberal. La respuesta es que el único mercado posible estará en el alto segmento, aquella pequeña porción de ciudadanos que obtiene la mitad de los ingresos totales de nuestra -o no tan nuestra- economía. La distorsión en la distribución de la riqueza, que puede ser útil y atractiva para algunos negocios, usa y abusa de esta perversión. ¡Vaya manera de comprender el desarrollo de un país!
¿Había necesidad de ampliar la cobertura de casinos en todo el territorio chileno? El gran argumento de los impulsores de este nuevo espacio económico, desde finales de la década pasada, ha sido la creación de empleos directos e indirectos, y mayores recursos para los municipios. Una tesis que a la vista del desempeño que tienen los actuales casinos merece más de una duda. Por poner un ejemplo: el actual casino de Viña del Mar funciona en una de las regiones que sufre de las mayores tasas de desempleo del país.
Al hablar de casinos no hablamos de cualquier actividad ni de un clásico inversionista. El negocio de las apuestas está teñido de prácticas oscuras, entre las que destaca el lavado de dinero, posible origen de los capitales que incluso las autoridades han admitido. El superintendente de Casinos de Juegos, Francisco Javier Leiva, al referirse a la evaluación que ese organismo hace de los postulantes al nuevo negocio, ha dicho en una entrevista que ninguno tiene antecedentes que permitan presumir un origen ilícito de los fondos.
Leiva dio esa entrevista a fines de abril de este año, pero un mes más tarde surgieron dudas sobre el origen de una de las inversiones. El diputado democratacristiano Jorge Burgos pidió a la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) conocer los procedimientos de evaluación de las postulaciones, motivado por informaciones de prensa extranjera acerca de las dudosas operaciones de uno de los interesados: las notas de prensa aparecieron en los diarios españoles El País y El Mundo entre 2000 y 2002. Vinculan al grupo hispano Cirsa -postulante en varias de las licitaciones nacionales- con una investigación que sigue en España el juez Baltasar Garzón por supuesto lavado de dinero. Sea como fuere este caso, lo que es una certeza es la duda, extendida desde el negocio del juego al interés de los gobiernos nacionales por abrir el mercado de inversiones hacia sectores exóticos: atraer como sea a la en estos días renuente inversión extranjera.
FLUJOS DE INVERSION EXTRANJERA
A diferencia de la década pasada, que estuvo caracterizada por grandes flujos de inversión extranjera principalmente hacia la compra de empresas de servicios públicos privatizados, los últimos años han marcado una tendencia inversa. Desde comienzos de 2000 la inversión extranjera ha registrado una violenta caída, y los pocos casos o áreas que mantienen ciertos flujos están motivados por los efectos en Chile de los procesos mundiales de fusiones y adquisiciones. La sequía en estos flujos puede interpretarse como la ausencia de nuevas y atractivas oportunidades de inversión para los capitales extranjeros. Los casinos, a juzgar por el interés demostrado por los inversionistas apuntan a cambiar esta tendencia. Chile aparece como un buen mercado para el juego.
A partir del fin de la década pasada, hay flujos de capitales hacia Chile que corresponden a macro-operaciones regionales de reacomodo, inscritos en un proceso de fusiones y adquisiciones como sucedió en 2004 con la operación regional de la española Movistar.
Durante 2004 un 55 por ciento de los ingresos de capital se orientaron a compras, traspasos u operaciones financieras por parte de transnacionales como Endesa-España, Telefónica, Methanex y Telmex. Otra proporción de la inversión se destinó a la minería y a las autopistas concesionadas, sectores que si bien inciden en las cifras de crecimiento no contribuyen a una mejoría real de los patrones productivos.
La caída en 2005, explica el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), se debe en gran parte a que la base de comparación -2004- es muy alta, considerando que la inversión se vio distorsionada a raíz de las mega-operaciones realizadas por Endesa-España en el marco de una reestructuración financiera por US$2.152 millones, y por Telefónica Móviles de España, que adquirió Telefónica Móviles de Chile por US$1.368,2 millones.
Ante tal fenómeno, un organismo como la Cepal ha expresado en más de una ocasión sus aprensiones, no sólo por la caída de la inversión, sino por los destinos de ésta, que son la compra de empresas principalmente de servicios que ya estaban en operación. Para la Cepal, estos flujos de capital no contribuyen a un desarrollo productivo de la región ni a la generación de empleos de calidad.
La nueva ley de casinos, impulsada desde 1999, entró en vigencia en mayo de 2005 y permitirá la creación de salas de juego e instalaciones turísticas anexas en 17 localidades del país. Hasta el momento se han presentado a licitación 48 proyectos, que suman inversiones por unos 1.300 millones de dólares. Con los ya operativos, el número de casinos en el país ascenderá a 24.
Nuevamente tendremos un abultamiento en el flujo de la inversión extranjera que, a diferencia de la experiencia de los últimos años, apuntaría a la generación de nuevos proyectos. Sin embargo, echando mano a las sugerencias que ha hecho la Cepal, nos preguntamos si se trata de inversiones que contribuyen al desarrollo de los procesos productivos del país. ¿En qué medida esta actividad impulsa el desarrollo del país y se encadena con otras áreas de la producción? Y teniendo en cuenta el ámbito en el cual se mueve el negocio de las apuestas, podemos también preguntarnos, ¿qué tipo de encadenamientos conlleva esta actividad?
¿MAS EMPLEOS?
Quienes han impulsado tales proyectos han estimado como efecto de las inversiones la creación de más de 17 mil nuevos empleos directos. Pero cabe preguntarse acerca del tipo de empleos indirectos. Asimismo, según prometen, otra consecuencia favorable serían los recursos que recibirá la zona: cada casino deberá pagar un impuesto del 20 por ciento de los ingresos por concepto de juego, monto que se destinará en partes iguales al gobierno regional y al municipio en el que funciona la sala. Los aportes, señala la ley, deberán invertirse en desarrollo social.
La ley marco de casinos permite entre una y tres salas de juego por región, con la sola excepción de la Región Metropolitana en la que no se autoriza su existencia. De acuerdo al cuerpo legal, aproximadamente 18 meses después de su publicación en mayo del año pasado, deberían estar aprobadas las solicitudes para crear nuevos casinos de juego. Y luego, en un plazo de dos años, se deberían desarrollar los proyectos aprobados.
Los voluminosos recursos que están en juego, más de mil millones de dólares y una buena recaudación fiscal, han quedado demostrados por el entusiasmo de las autoridades municipales y regionales por conducir hacia sus territorios los casinos. Como emblema está el Casino de Viña, que generó durante 2003 la suma de 22 mil millones de pesos, de los cuales cuatro mil millones fueron destinados al fisco por concepto de impuestos. De los 18 mil millones de pesos de utilidades brutas, poco más de ocho mil millones habrían ido a las arcas municipales. Según información reproducida por la prensa, ese casino aporta cerca del 30 por ciento de los recursos anuales que el municipio de Viña del Mar requiere para su gestión. Los siete casinos en operación generaron en 2004 una recaudación por IVA de alrededor de 11 millones de dólares, cifra que podría triplicarse al incrementarse el número de salas.
La nueva ley, sin embargo, reducirá los aportes municipales. Actualmente, como vemos en el ejemplo de Viña del Mar, ese municipio recibió el 44 por ciento de los ingresos después de impuestos. Con la nueva ley, el municipio compartirá el 20 por ciento de los ingresos totales con el gobierno regional.
La nueva legislación estableció una autoridad de carácter nacional llamada Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ), a la que corresponde otorgar, denegar, renovar y revocar los permisos de operación. De acuerdo a lo que dispone el cuerpo legal, a mediados de 2006 estarán asignados los permisos de operación y licencias y, aproximadamente a mediados de 2008 podrían estar operando los nuevos casinos, cuyas autorizaciones serán por quince años renovables. Por su parte, los siete casinos en operación seguirán rigiéndose por las normas legales por las que se crearon hasta que se extingan los contratos de concesión o su renovación. Las prórrogas para que puedan seguir operando podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de 2015.
Podrán operar hasta tres casinos por región, sin embargo tendrán que estar a más de 70 kilómetros de distancia. Ello ha creado una fuerte competencia entre las comunas. Son más de 30 los municipios que compiten por las inversiones, competencia que se ha generado incluso al interior de las mismas regiones. Algarrobo y San Antonio quieren uno, pero están a menos de 70 kilómetros; como también Concepción, Tomé y Lota, y, en la VI Región, Rancagua, Codegua, San Francisco de Mostazal y Machalí compiten por tener su propia sala de juego.
La Superintendencia ya cuenta con las solicitudes de inversión, que participan en un proceso de licitación cuyos resultados se harán públicos en las próximas semanas. Entre ellas, hay numerosas que responden a inversiones extranjeras que compiten en igualdad de condiciones con empresas nacionales.
Según podemos observar, en las siete regiones en las cuales operan casinos actualmente no existe una relación directa entre este tipo de inversión y la creación de puestos de trabajo. Es evidente que hay otras muchas variables que inhiben o estimulan la creación de puestos de trabajo. Pero puede afirmarse que la relación virtuosa que las autoridades establecen entre la inversión en casinos y la creación de empleo, resulta un poco artificial. La alta tasa de desocupación que padece la V Región no se resolverá, en ningún caso, con la instalación de nuevas salas de juego e infraestructura turística.
La nueva vuelta de tuerca neoliberal más parece una nueva apuesta ideológica, por decir lo menos, en los límites del libre mercado.