El gobierno del presidente Duque empeñado en la continuidad de la mafia uribista en el poder puede pasar a la historia como uno de los peores desde la fundación de la República. Vivimos los colombianos una época de calamidad. Durante un año y dos meses hemos tenido un presidente distraído de la realidad social pero […]
El gobierno del presidente Duque empeñado en la continuidad de la mafia uribista en el poder puede pasar a la historia como uno de los peores desde la fundación de la República. Vivimos los colombianos una época de calamidad. Durante un año y dos meses hemos tenido un presidente distraído de la realidad social pero muy concentrado en derrocar a Nicolás Maduro y en la desestabilización de Venezuela. Siempre mirando la paja en el ojo ajeno, mientras mucha gente busca comida en los basureros, deambula sin salud, sin empleo, sin vivienda digna, y sin posibilidades de una buena educación.
Colombia es un barco sin capitán frente a la catástrofe. 600 líderes comunitarios asesinados y 170 excombatientes que creyeron en la paz, abaleados, no conmueven el corazón de piedra del gobierno. Sobre este drama humanitario desde el Palacio de Nariño solo salen discursos demagógicos y vacíos. No pueden negar que este gobierno intentó revivir los falsos positivos y que oficiales manchados con estas prácticas fueron ascendidos y mantenidos en las máximas jerarquías; así como sostuvieron a un ministro inepto como Botero en la cartera de defensa, que salía frente a estos casos, con las explicaciones mas peregrinas e inverosímiles.
Nada más delirante que oponerse al sentido común que desde hace tiempo está clamando paz para Colombia. Si Duque hubiése respetado y acatado el Acuerdo de La Habana, seguramente no habrían surgido las turbulencias de la inconformidad que hoy estremecen al país, ni el estallido de las movilizaciones sociales, ni los paros, ni los cacerolazos que lo obligan a apretarse la cabeza entre sus manos.
No le da ninguna gloria ni galardón histórico haberse conjurado con la facción uribista para hacer trizas la reconciliación nacional. El eufemismo de la «paz con legalidad», no es otra cosa que el retorno al derecho penal del enemigo, que había sido superado en aras de la concordia de todos los colombianos. Simula el mandatario la defensa de la paz, pero a lo que realmente apunta es al ocultamiento de la verdad de lo sucedido en el conflicto para favorecer la impunidad de intocables agentes del Estado.
El largo conflicto colombiano ha tenido una causa principal en la tenencia de la tierra. ¿Qué le puede costar al gobierno titularle esas tierras a los campesinos que las han trabajado durante décadas, como lo dispone el Acuerdo de La Habana? Nada. Le tiene miedo a Fedegan, a la SAC y a los latifundistas. Por eso no sienta autoridad el gobierno cuando una congresista del Centro Democrático promueve un proyecto de ley para legalizar tierras despojadas. El país no puede aceptar que se considere tenedores de buena fe a unos latifundistas de mala fe que extendieron sus dominios territoriales cabalgando en la violencia paramilitar. El fondo de tierras de que habla el Acuerdo para entregarlas a los campesinos que no las tienen o las poseen de manera insuficiente, hoy es puro humo.
El Estado colombiano es un Estado faltón, y específicamente, éste gobierno, que no cumple ningún acuerdo. No le cumple ni a los estudianes, ni a la minga indígena, ni a los maestros, ni a nadie. A todos los trampea; sólo les cumple a los cacaos del país, a los dueños del poder, beneficiéndolos con proyectos legislativos y reformas amañadas.
Es un hecho que el Estado, a través del Congreso de la República, hundió la reforma política convenida en La Habana como una forma burda de soslayar sus compromisos. No quiere que la sociedad en su diversidad participe democráticamente en las decisiones que tienen que ver con su futuro. Por eso recurre a la imposición arbitaria de sus políticas, reforzadas con el concurso de tecnócratas que viven en el aire. De seguro no van a querer hablar de la reforma al podrido sistema electoral colombiano del que habla el Acuerdo, pero confiamos en que el pueblo movilizado desbaratará ese santuario de corrupción y engaño, mediante el cual las castas excluyentes se han pepetuado en el poder desde hace 200 años.
Por otra parte, este gobierno ha convertido la guerra contra las drogas en una guerra contra los pobres, pues solo persigue al eslabón más débil de la cadena, que son los campesinos. Hipócritas. Lo que han montado en Nariño y otras regiones, es una maniobra de distracción para no afectar intereses de encopetados empresarios involucrados hasta los tuétanos en el narcoráfico, y que han montado una gran lavandería que utiliza la banca para ingresar desde el exterior los dólares de las ganancias del negocio sucio, todo muy bien cubierto con las fachadas de sus «impolutas» empresas. No engañen más a los campesinos que se comprometieron con la sustitución de cultivos. Cúmplanles con la titulación de sus tierras, con los proyectos alternativos y el tratamiento penal diferencial, contemplados en el Acuerdo de La Habana.
El no cumplir con el pacto de paz le ha significado a en este gobierno un enorme desprestigio internacional, del cual no le será fácil levantarse, a no ser que corrija el rumbo. El pueblo Colombiano debe saber que en la introducción del Acuerdo de La Habana hay un recurso que aún no se ha utilizado, y que puede constituir un poderoso complemento a las movilizaciones sociales de ahora, y es el compromiso del gobierno de convocar a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran ACUERDO POLÍTICO NACIONAL encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social.
Ahí esta trazado el camino constituyente para empezar a salir de esta profunda crisis nacional que nos agobia.
Diciembre 3 de 2019