En Colombia continúan las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, amparadas por un Estado de Derecho «en quiebra» y olvidadas por un Gobierno «paramilitarista», dedicado a la guerra. Estas son algunas de las conclusiones adelantadas esta semana por el grupo de ONGs españolas que, durante 15 días, fue testigo directo de la difícil situación que […]
En Colombia continúan las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, amparadas por un Estado de Derecho «en quiebra» y olvidadas por un Gobierno «paramilitarista», dedicado a la guerra. Estas son algunas de las conclusiones adelantadas esta semana por el grupo de ONGs españolas que, durante 15 días, fue testigo directo de la difícil situación que vive el país sudamericano, experiencia que plasmarán en el informe que el próximo mes de febrero enviarán al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y al Parlamento Europeo. Serán ellos quienes, según este grupo, «deberán, en base a este y a otros muchos informes, redefinir los términos de su apoyo político y financiero a Bogotá». A pesar de que las autoridades colombianas aseguran que la situación del país «está mejorando» gracias a la llamada política de ‘Seguridad Democrática’ del presidente Alvaro Uribe, cada día organizaciones humanitarias de todo el mundo denuncian las sistemáticas y constantes violaciones a los Derechos Humanos que se continúan cometiéndose en el marco del conflicto colombiano y bajo el amparo, por acción u omisión, «de un Gobierno dedicado a la guerra». Es el caso de las denuncias realizadas hoy en Madrid por un grupo de ONGs valencianas que, acompañadas por la diputada de Izquierda Unida (IU) Isaura Navarro y organizadas bajo el nombre de Comisión de Verificación del respeto de los Derechos Humanos, viajó durante 15 días por las zonas más conflictivas de Colombia «para conocer directamente la situación de las víctimas del conflicto y transmitir sus demandas a las autoridades colombianas y los organismos internacionales que trabajan en la defensa de los Derechos Humanos». «Durante 15 días visitamos las regiones más convulsas de Colombia, situadas ahora en el Magdalena Medio, Urabá y Arauca, además de Bogotá y Medellín, para conocer de primera mano los testimonios de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos y reunirnos con organizaciones sociales y autoridades nacionales y locales, además de con la Comisión de Naciones Unidas en el país», explicó Francisco Simón Conejos, representante del Colectivo Sur-Cacarica y miembro del grupo de activistas que ayer regresó a Madrid desde Bogotá. Según Simón Conejos, tras conocer la realidad colombiana sobre el terreno «cuestionamos que la situación económica y de Derechos Humanos haya mejorado en Colombia con la política de Seguridad Democrática del Gobierno de Uribe, tal y como sostienen las autoridades del país que, a nuestro juicio, muestran una realidad que no se ajusta a los hechos» que constataron en el país. «Debemos poner en duda la tendencia a la reducción (de la violencia en Colombia) que muestran las estadísticas oficiales, ya que observamos cambios en las estrategias y modalidades, desplazando las intensidades máximas de unas regiones a otras, existiendo discrepancias entre lo registrado y lo real. Muchas denuncias (de víctimas) no llegan a ser formalizadas por miedo y otras por funcionamientos irregulares de las instituciones», indicó. IMPUNIDAD, SILENCIO Y MIEDO «Aunque no supone ninguna novedad, hemos confirmado las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario y las graves violaciones a los Derechos Humanos que los actores del conflicto armado cometen sobre la población, indefensa ante un Gobierno lleno de irregularidades administrativas y que no tramita las denuncias de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, que viven en el miedo», explicó. A juicio de Luis Cerdán, abogado de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), «la Justicia en Colombia no funciona». «Hemos constatado un aumento de la impunidad y de esto es responsable directo el Estado colombiano (…) que, además de no atender las denuncias de las víctimas, quienes por informar sobre su situación son estigmatizadas y amenazadas de muerte, tramitan sin pruebas las acusaciones que hacen posibles las detenciones masivas». Para este activista, en Colombia «el Estado de Derecho está en quiebra, hay una crisis de Derechos Humanos, una crisis de la democracia en la que no se respeta el principio de igualdad entre las personas y donde la política económica del Gobierno continúa empobreciendo de Colombia, donde en 2004 ya el 64 por ciento de la población vivía en la pobreza». Por otra parte, la Comisión de Verificación del respeto de los Derechos Humanos denunció «la consolidación del paramilitarismo en los últimos años». «El fenómeno no es nuevo, pero en estos últimos años se ha consolidado y en algunas regiones el control político, social y económico es de tal magnitud que cuantitativamente las violaciones a los Derechos Humanos parecen haber disminuido, pero en realidad la situación ha empeorado y entre la población civil impera la ley del silencio y el miedo», señalaron. A pesar de que el informe oficial estará listo para el próximo mes de febrero, con el adelanto de sus conclusiones la Comisión de Verificación del respeto de los Derechos Humanos insta al presidente Zapatero y a los países del G-24, que se reunirán el próximo jueves 3 de febrero en la ciudad de Cartagena, a revisar los términos en los que ofrecen apoyo político y financiero a Colombia ya que, según denuncian, «esta ayuda podría ir a parar, indirectamente, a manos de los grupos paramilitares». «Ante esta situación la UE debe pasar de los pronunciamientos genéricos a las acciones concretas. En materia de Derechos Humanos y derecho internacional humanitario, los países europeos nos encontramos en disposición de poder condicionar la ayuda a su estricto cumplimiento», concluyeron.