«Quiero contribuir en la medida de lo posible a limitar y hacer cada día más difícil que se expolie, malverse y despilfarre impune y descaradamente a la totalidad de la sociedad». Lo que parecía una iniciativa particular puesta en marcha por Iván Julien, «constituir la primera Fundación Anticorrupción española», cuenta ya con miles de seguidores […]
«Quiero contribuir en la medida de lo posible a limitar y hacer cada día más difícil que se expolie, malverse y despilfarre impune y descaradamente a la totalidad de la sociedad». Lo que parecía una iniciativa particular puesta en marcha por Iván Julien, «constituir la primera Fundación Anticorrupción española», cuenta ya con miles de seguidores en las redes sociales.
La Organización, de forma totalmente abierta, interactiva y colaborativa, se define como una ventana social de denuncia, donde cualquier persona puede informar y denunciar de forma rápida, fácil, anónima o confidencial, cualquier caso de corrupción, eliminando uno de los grandes hándicaps que alimenta la actual impunidad.
En pocos meses cuenta ya con más de 15.000 apoyos, los cuales han permitido ir configurando equipos de trabajo compuestos por más de 100 abogados así como numerosos profesionales de todos los sectores repartidos por todo el territorio nacional.
Según Iván Julien el objetivo es «Contribuir en la depuración gradual de la clase política-empresarial identificando con nombres y apellidos a los implicados y establecer denuncias públicas y judiciales».
Los procesos judiciales se darán a conocer mediante campañas masivas y se financiarán a través de crowdfunding propio y de empresas especializadas, así como suscripciones populares.
Esta organización, que será legalizada como Fundación de Control Social Anticorrupción, cuya denominación ya está concedida por parte del registro de fundaciones, pretende ser, en palabras de su fundador, «un órgano vigía de control y contrapoder en la era de la ciberdemocracia».
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