El Gobierno chileno ha elaborado y dado a conocer el Catastro Histórico de Inmuebles Fiscales que se usaron como lugares de detención y tortura durante la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet, entre el 11 de setiembre de 1973 y marzo de 1990. La ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, dijo que este «mapa de […]
El Gobierno chileno ha elaborado y dado a conocer el Catastro Histórico de Inmuebles Fiscales que se usaron como lugares de detención y tortura durante la dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet, entre el 11 de setiembre de 1973 y marzo de 1990.
La ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, dijo que este «mapa de la represión» señala 1.132 recintos de detención, 515 de los cuales eran de propiedad fiscal. Tras ser identificados con sus características básicas han quedado a disposición de los ciudadanos del mundo en la página web del Ministerio.
Este estudio es fruto de un largo trabajo que ha realizado este Ministerio, con aportaciones y visiones de diferentes organismos del Gobierno vinculados a las políticas de derechos humanos.
Entregar un legado
El objetivo del catastro es arrojar luz y difundir el uso que se dio a los inmuebles fiscales durante la dictadura militar en materia de violación de los derechos humanos, identificando su localización y distribución territorial y su administración en que período y en la actualidad. Schmidt afirmó que, «nos anima el propósito de contribuir a que los ciudadanos recordemos siempre que la democracia es preciso cuidarla y fortalecerla, y de entregar un legado a las nuevas generaciones».
A la ceremonia de presentación del catastro acudieron además de autoridades, colaboradores en la investigación y periodistas, las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos.
Durante la dictadura más de 10.000 personas, de toda condición y edad, sufrieron apremios, secuestros, violaciones, torturas y arrestos ilegales en los recintos de detención. De ellas, 3.600 perdieron la vida a consecuencia de las torturas padecidas o de los fusilamientos sin juicio, y cerca de 1.800 permanecen todavía en calidad de detenidas desaparecidas.