A mediados de marzo de 2024, en un evento celebrado en «Puerto Resistencia» (conocido antes del 28 de abril de 2021, como «Puerto Rellena»), en la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro, al dirigirse a líderes comunitarios, representantes indígenas, afrocolombianos, autoridades locales y miembros del gabinete de gobierno, evocó el monumento que en ese lugar se erige, resaltando su importancia como símbolo popular. El acto público, por cierto, tuvo ingredientes destacados. La misma presencia del mandatario de la nación en ese sector de la ciudad y el carácter plebeyo del evento, de por sí, le confirieron un sentido especial. Fue, justo allí, cuando Gustavo Petro se refirió, por primera vez, al constituyente popular, tesis que tiene crispado al establecimiento político y económico del país, temeroso de cualquier asomo de democracia popular.
Al evocar el Estallido Social de 2021, el presidente Petro resaltó la valentía del pueblo de Cali, rindió homenaje a quienes tomaron parte en las célebres jornadas de protesta y, por supuesto, a quienes perdieron la vida. No debe perderse de vista, justamente, que la capital del Valle fue la ciudad que registró la mayor radicalidad en la rebelión, como resultado de la larga exclusión a la que han sido sometidos amplios sectores de la población mestiza que allí reside. Las cerca de 45 personas, jóvenes en su mayoría, asesinadas por agentes policiales, sin mencionar la cifra de jóvenes que perdieron alguna de sus vistas o fueron encarcelados, indica el nivel de represión que se desató en esa ciudad entre abril y julio de 2021.
Cierto es, y así lo ha relatado la voluminosa bibliografía del Estallido Social, que hubo un componente simbólico novedoso en los repertorios de lucha, expresado en dinámicas como la intervención de monumentos, la construcción de contramonumentos y la ocupación y resignificación de espacios públicos (calles, plazas, portales). Este tipo de acciones, también recreado en Chile, Puerto Rico y Ecuador, ha configurado lo que Alejandra Azuero denomina el lenguaje global de protesta. Un lenguaje que da cuenta de una disputa por los espacios públicos, puesta de manifiesto de diversas maneras: a través de la ocupación y resignificación de los mismos, por medio de acciones como la instalación de campamentos y ollas comunitarias, y su “bautizo”, que, generalmente, estuvo en contravía del relato oficial.
Hubo, en efecto, cambios en las denominaciones de lugares públicos en el Estallido Social. Aquí algunos, de los muchos casos, que pueden destacarse: en Bogotá, el Portal Américas pasó a denominarse Portal de la Resistencia; en Medellín, el Parque de los Deseos se transformó en Parque de la Resistencia; en Pereira, el Viaducto Cesar Gaviria pasó a llamarse Viaducto Lucas Villa; el Parque Olaya Herrera se convirtió en Parque de la Resistencia, y la Avenida de la Independencia se denominó Avenida de la Resistencia. En Cali, Puerto Rellena pasó a nombrarse Puerto Resistencia, y la Loma de la Cruz, se denominó Loma de la Dignidad.
Ocurrió así que los espacios públicos se resignificaron y recibieron otras formas de nombrarlos y de ocuparlos, con relatos de identidad que invocaron nociones como resistencia y dignidad, otorgando un poder simbólico que fue capaz de congregar, activar y reactivar las fuerzas sociales. Como ha sido indicado, estos espacios, ubicados en sectores populares de las ciudades, «se volvieron puntos de concentración donde llegaban diariamente los manifestantes para desarrollar múltiples actividades artísticas, culturales o deportivas» (Jairo Álvarez Estrada y otros).
Hubo, además, la construcción de contramonumentos (entendidos como símbolos erigidos por iniciativa popular y en desafío a los relatos oficiales) en ciudades como Bogotá y Cali. Precisamente, en esta ciudad, en el sector de «Puerto Resistencia», colectivos de jóvenes construyeron el monumento denominado, indistintamente, «Mano de la Resistencia», «Monumento a la Resistencia» o «Monumento a la Dignidad». Se trata de un símbolo de, entre diez y quince metros, hecho con hierro, cemento, malla electrosoldada y de vena, entre otros materiales, que rinde homenaje a todas las víctimas del levantamiento de 2021. De acuerdo con los creadores, en el monumento se «narra las distintas luchas de los diversos pueblos que congregan la nación colombiana y las reivindicaciones consonantes con la búsqueda de una justicia social».
Rompiendo con la tradición monumental oficial (la de los Belalcázar, Jiménez de Quesada, Galarza y demás), el de «Puerto Resistencia» es un símbolo hecho «desde abajo»: los materiales y la mano de obra (siempre orientada por una coordinación, debido a que hubo que realizar operaciones especiales como trenzar metal para la estructura, preparar concreto, tirar mezcla, mover andamios, etc.) fueron aportados por la comunidad. Las jornadas de trabajo fueron intensas y se efectuaron justamente durante los días en que se adelantaban las protestas. Finalmente, el monumento fue inaugurado el 13 de junio de 2021 y, el 27 de agosto del mismo año, la Alcaldía de Cali, formalizó su existencia como monumento en espacio público.
La instalación del monumento fue cuestionada de manera insolente por los sectores tradicionales. Diego Molano, quien ofició como ministro de defensa durante el estallido social de 2021, se atrevió a definir el símbolo como un «monumento a la desidia y a la rebelión», mientras que la senadora María Fernanda Cabal lo tildó de «esperpento ilegal». Recientemente, Federico Gutiérrez se refirió al monumento como un «símbolo de la destrucción». Pero no solo hubo comentarios denigratorios. También hubo procedimientos sancionatorios contra quienes dieron vía libre a la instalación del símbolo. Por ejemplo, el exdirector del Departamento de Planeación de Cali, Ricardo José Castro Iragorri, fue sancionado, al determinarse que, bajo su responsabilidad, se registraron irregularidades en la aprobación de la licencia de intervención y ocupación del espacio público que permitió la construcción del monumento.
En su intervención en «Puerto Resistencia», el presidente Petro no solo defendió la obra levantada por los manifestantes en 2021, sino que le solicitó al Ministerio de las Culturas, Artes y Saberes declararla como monumento nacional: «Aquí también hay una historia, aquí [hay] también una sensibilidad, aquí un poco de muchachos se arrastraron para decirle a la oligarquía que no podía pasar, que se acababa la ignominia y que basta ya de la humillación».Meses atrás, congresistas del Partido Comunes habían propuesto declarar como patrimonio cultural de la nación aquel monumento.
En rigor, la petición del presidente de la república se inscribe en una corriente de interpretación de la historia nacional que propende por resaltar el papel del sujeto popular (negros, indígenas, campesinos, trabajadores, mujeres, jóvenes) en la transformación democrática de Colombia. Frente a la tendencia conservadora -siempre renovada- de anular la presencia de las multitudes plebeyas en las lides políticas, económicas, sociales y culturales, la valoración de la gesta popular de 2021 adquiere enorme significado. Se trata, ni más ni menos, que de reconocer la importancia del componente simbólico en la contienda política y de reivindicar, por tanto, aquellos símbolos, materiales e inmateriales, que han sido concebidos por «los de abajo» para hacer frente a distintas formas de dominación. Le asiste la razón a Francia Márquez cuando, al referirse a «Puerto Resistencia» y al símbolo que allí se levanta, señaló: «Este es un lugar no solo simbólico, sino que inspira la lucha de los pueblos». El «Monumento a la Resistencia», en efecto, forma parte ya de la historia de las rebeldías del pueblo colombiano, y su protección ha devenido, en el tiempo presente, en una manifestación del deber de memoria que, en la línea de lo expresado por Walter Benjamín, tendrá el don de encender en lo pasado la chispa de la esperanza para evitar que los sacrificados del Estallido Social de 2021, en este caso, queden en el olvido y el enemigo siga venciendo
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