Sorprendente es decir poco frente a la escandalosa frase que soltara por estos días Juan Manuel Corzo, «presidente del Congreso de la República de Colombia» -que con tal prosopopeya sería registrado por la prensa internacional y por medios tan importantes como The Wall Street Journal o Le Monde de Francia- cuando luego de lamentarse porque […]
Sorprendente es decir poco frente a la escandalosa frase que soltara por estos días Juan Manuel Corzo, «presidente del Congreso de la República de Colombia» -que con tal prosopopeya sería registrado por la prensa internacional y por medios tan importantes como The Wall Street Journal o Le Monde de Francia- cuando luego de lamentarse porque su salario neto de 16 millones de pesos como presidente del Senado no le alcanzaba -según él y sólo él- para surtir de gasolina a sus dos vehículos asignados, afirmara textualmente: «Prefiero que me paguen la gasolina y no robarle plata al Estado«. Y es que, ¿cómo no ver implícita en esta afirmación una «advertencia» gravísima, una especie de chantaje, y de contera, una eventual incitación e incluso una presunta aprobación a aquellos que por falta de recursos, patrocinios o subsidios, recurren a las criminales mañas de la corrupción para surtirse de lo que necesitan? Si no quieres que te lo robe, regálamelo. O como lo registra Mil en caricatura de El Tiempo: «Prefiero que me regale su dinero a tener que atracarlo.»
Pero qué decir de lo afirmado irresponsablemente por una dama que se ha entregado en los últimos años a promover severas condenas para aquellos que atenten contra la integridad y la vida de los menores de edad. Gilma Jiménez Gómez, senadora por el Partido Verde, acaba de afirmar que una buena proporción de colombianos «quieren» que violen y maten a los niños cuando afirma que «la inmensa mayoría de este país no quiere que violen ni maten a los niños». Si la inmensa mayoría no quiere, según ella, una minoría sí lo quisiera. Frase extravagante derivada de una pasión que probablemente lleve implícito su desbordado afán por alcanzar sus metas a como dé lugar, a punta de «atajos» y con el «todo vale» en su cartera, y de paso le amplíe su espectro electoral. La señora Jiménez parece que escogiendo este drama, se hubiera encontrado con el filón electoral que buscaba. Más audaz, quién lo creyera, que cualquier exitoso cacique de provincia. Y no contenta con semejante exabrupto, remata «ofendida»: «A asesinos y violadores de niños les salieron defensores». ¿Quiénes? Entonces, ¿seremos nosotros, los millones de compatriotas que rechazamos este tipo de condena, los que al oponernos a la cadena perpetua estamos incursos en el delito de torturadores, violadores, exterminadores y asesinos de de infantes?
¡Qué vaina con estas frases temerarias!
Pero veamos qué alega a gritos ella y olvidémonos por un instante de sus íntimos propósitos. Una condena de 60 años, como la que ya existe en Colombia para responsables de delitos atroces, y sin rebajas ni otras blanduras penitenciarias como lo establece la ley, de alguna manera se traduce en cadena perpetua. Ahora, quien no quiera verlo así y promueva una alteración constitucional en donde se advertiría de entrada una seria contradicción con la letra de nuestra Carta y un portazo a los tratados internacionales de derechos humanos, con la inevitable consecuente declaratoria de inexequibilidad que tarde que temprano le llegará, lo que está haciendo no es otra cosa que, para el caso de la senadora Jiménez, amparada en la popularidad de estas propuestas que arrastran una simpatía meramente emocional de la opinión pública, buscar un rédito político cuyo caprichoso costo constitucional y jurídico debería causarle, más temprano que tarde, arrepentimiento y sonrojo.
¿Qué si no fue una engañifa la búsqueda de un proyecto de ley para convocar un referendo que cambiara la Constitución consintiendo la cadena perpetua para los abusadores y asesinos de menores cuyo resultado final, dado lo artificioso y deleznable de su propósito, no fue otro que la inevitable sepultura que el Gobierno y el Congreso de la República se vieron en la urgencia de darle a la precipitada y a un mismo tiempo inútil y costosa iniciativa?
Y es que, además, miremos a ver si es cierto o no que a casi cualquier edad del delincuente que la amerite se encontrará con que en promedio saldría de prisión entre los 80 y los 120 años teniendo en cuenta que la ley ya ha abolido la posibilidad de otorgar rebajas muy particularmente si se trata de tales delitos cometidos contra los menores de edad.
Se ha hablado mucho por estos días al respecto de esta iniciativa con argumentos más sólidos los unos que los otros, pero hay uno entre ellos que, al oponérsele, por su contundencia se destaca como irrefutable y sentencioso. Y es este: La cadena perpetua, al determinar que el delincuente que la «merezca» se mantendrá toda su vida en prisión, desestima e impide, per se, que aquél pueda ser rehabilitado y se reincorpore algún día a la sociedad. Es por lo tanto, y a todas luces, una pena inconstitucional. Además, ¿quién dijo, o mejor, quién puede asegurarnos que la cadena perpetua jalona una derivación disuasiva?
Y bien, 60 años son, de alguna manera, una pena perpetua.
Por último, no se puede desdecir o echar en saco roto las valiosas consideraciones del Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria que tras denominar a la iniciativa como «inviable», «populista» o de «demagogia punitiva», advierte que «no resuelve los problemas de fondo de impunidad, reducción del delito y resocialización de estos criminales», enredando con nuevos embrollos el ya de por sí frágil sistema penal colombiano y aportándole en mala hora su cuota de atosigamiento al candente problema del hacinamiento carcelario.
Adiós, pues, a esta insensata iniciativa.
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