El ayuntamiento sevillano de Marinaleda regala el terreno a quien necesita casa, concede una subvención y exige al propietario que trabaje en la obra o pague a un sustituto.
Con el brazo izquierdo completamente extendido y el dedo índice apuntado a la columna de casitas deslumbrantes por el encalado de las fachadas, el alcalde de Marinaleda parece Cristóbal Colón señalando el nuevo mundo. «Ahí están. Ésas son», dice sin mucha ceremonia Juan Manuel Sánchez Gordillo presentando su obra maestra.
Los periodistas han acudido a esta localidad sevillana de 2.650 habitantes para comprobar in situ si es cierto que sus vecinos, como si de los miembros de la aldea gala de Astérix y Obélix se trataran, poseen el secreto de la pócima mágica capaz de resolver el problema que más inquietud personal causa a los españoles: la vivienda, según el barómetro del CIS del pasado noviembre, por delante del desempleo.
Mientras la mayoría de los españoles se pregunta si los pisos no estarán hechos de lingotes de oro en lugar de ladrillos a sabiendas de que el precio medio de una casa -220.000 euros de segunda mano- equivale a nueve veces el salario anual y los políticos lidian con el problema adoptando medidas tan polémicas como la expropiación temporal de los pisos vacíos para ponerlos en alquiler -camino de aprobarse en Cataluña-, en Marinaleda comprar una casa cuesta 15 euros al mes. No hay errata: 15,52 euros para ser precisos incluyendo los 50 céntimos que carga el banco por expender el recibo.
Es decir, que la factura mensual de los adosados que muestra a CRONICA el alcalde -90 metros cuadrados repartidos en dos plantas, 100 metros de patio, tres habitaciones, salón, baño, aseo, cocina y una pequeña terraza- equivale al precio de dos entradas de cine con sus correspondientes palomitas, una clase de canto de una hora o un billete de autobús de Madrid a Salamanca sólo de ida. El mismo piso pero con la mitad de patio, en Villaverde, el barrio más barato de Madrid, costaría 435.000 euros y supondría una hipoteca de unos 2.100 euros al mes a pagar en 30 años.
«Artículo 47 de la Constitución». Sánchez Gordillo cree preciso recordar su contenido antes de desvelar el misterio de las casas a precio de saldo y lo recita de memoria sentado en su despacho del Ayuntamiento. Hay colgado un retrato del Che Guevara y preside la estancia la bandera republicana. «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
En estas 60 palabras, a decir del primer edil de Marinaleda, se cimienta la política urbanística de la localidad. Lo que han hecho, asegura, no ha sido sino aplicar al pie de la letra lo que dicta la norma máxima. «El suelo para edificar es una necesidad, un derecho, y debe ser un bien común como el agua o el aire», explica su visión sobre la propiedad. Prácticamente la misma proclama enarbolada en Francia por los llamados Los Hijos de Don Quijote, un movimiento popular nacido para denunciar que un millón de franceses no tienen casa y que ha logrado arrancarle al Gobierno galo un rosario de promesas entre las que destaca el reconocimiento de que la vivienda es un derecho, como la educación o la sanidad, y la posibilidad de querellarse contra las autoridades que no faciliten un techo a quien lo precise.
El primer paso que dio Marinaleda camino de la utopía «casas para todos por 15 euros», por tanto, fue hacerse con un buen trozo del territorio municipal, bien comprándolo bien expropiándolo, y declararlo urbanizable y de titularidad pública. «Todo este terreno de aquí es del Ayuntamiento», dice Sánchez Gordillo señalando en una foto aérea de la localidad una superficie equivalente a 400.000 metros cuadrados -40 campos de fútbol- que daría para construir al menos 1.000 viviendas.
A todo hijo de vecino que necesite una casa el Consistorio le facilita el terreno para edificarla gratis. «El suelo supone el 60% del valor final de la vivienda, así que regalándolo ya hemos reducido su precio más de la mitad», dice quien lleva el bastón de mando de Marinaleda desde las primeras elecciones municipales de la democracia (1979) y gobierna con la veneración popular que se le presupone a quien ha ganado siete citas consecutivas con las urnas siempre por mayoría absoluta. Militante del Colectivo Unidad de Trabajadores (CUT), corriente de IU, se autodefine como «de izquierdas, anticapitalista, utópico, ecologista y pacifista».
Fulminada la partida más cara, el terreno, se buscó el modo de que los materiales tampoco costaran un duro -los financia la Junta de Andalucía a razón de unos 12.000 euros por vivienda- y se planteó y aprobó que fueran los propios propietarios quienes pusieran desde el primer ladrillo hasta la última teja. En Marinaleda, quien quiere una casa barata sabe que tiene que sudarla en el tajo, hacer que su padre o su hermano -no se admiten parentescos más lejanos- lo sustituya a pie de obra o contratar a un especialista -a 40 euros la peonada- que se remangue por él o ella. Los propietarios son autoconstructores.
350 CASAS EN 20 AÑOS
El día que CRONICA visita Marinaleda, un puñado de albañiles dibuja sobre la tierra las líneas que marcan los lugares donde emergerán los cimientos. Las excavaciones dejan ya vislumbrar el trazado que tendrá la próxima promoción de la factoría construcciones Marinaleda, un complejo de 20 viviendas que comienza a gestarse ahora. Desde que a mediados de los 80 se implantó la fórmula de una casa por 15 euros al mes -2.500 pesetas entonces- se han levantado 350 viviendas con estas peculiares condiciones.
Los obreros que levantan la estructura son profesionales de la construcción, albañiles contratados por el ayuntamiento como refuerzo, para dirigir a los autoconstructores y suplir la falta de oficio con la paleta de algunos de los vecinos. Éstos comenzarán a dar el callo unos días después. Ninguno de ellos sabrá cuál de los 20 adosados será el suyo hasta el final, un sistema que garantiza que todos trabajen con el mismo ahínco y la misma exigencia en todas las casas.
En esta ocasión, entre los futuros propietarios hay muchos solteros. Está Mari Carmen Gómez, por ejemplo, 29 años, nacida y criada en Marinaleda. La asistente social del ayuntamiento, mileurista, llevaba más de una década esperando turno para edificar su casa y salir de la de sus padres sin mucha suerte. A los desparejados se le exigen los mismos requisitos que al resto -llevar dos años empadronado en la localidad y no tener vivienda propia- pero siempre se habían quedado fuera porque se daba prioridad a los casados. «Hasta que cuatro o cinco dimos las quejas. «Oye, que tenemos una edad, que queremos independizarnos, que se nos pasa el arroz»…», dice ansiosa porque le den las llaves.
Lo que a Mari Carmen le parece una estancia excesivamente dilatada en el nido paterno por culpa de la vivienda es el mal endémico de la mayoría de los jóvenes españoles. España, junto con Italia, es el país de la UE donde los padres más aguantan a los hijos en casa -se independizan a los 32 años como media- pese a que es también el lugar con la mayor tasa de viviendas del mundo: 23.700.600 millones, 51 casas por cada 100 habitantes.
Las contradicciones no quedan ahí. ¿Cómo se entiende que haya tres millones de casas vacías y se construya a un ritmo frenético -500.000 casas en 2004, 800.000 en 2005, 850.000 en 2006…- cuando es imposible que la generación de supuestos compradores, bautizada como mileruista por su escaso poder adquisitivo, pueda acceder a ellas? «Es la puta especulación», responde sin mayor diplomacia Sánchez Gordillo, «la vivienda no se compra por necesidad sino para especular, para comprarla por cinco y venderla por 30». [El 37% de los españoles sabe, ya sea por actuación propia o por la de algún familiar o conocido, de alguien que ha hecho una compraventa de vivienda con el único fin de hacer negocio].
CONTRA LA ESPECULACION
Marinaleda, a simple vista, parece blindada al lucro a costa del urbanismo. No sólo se despacha a las constructoras que llaman al ayuntamiento pidiendo suelo para edificar ante la enorme demanda de los ciudadanos británicos que buscan la cercanía de la costa malagueña, a sólo 100 kilómetros. «Aquí no hay suelo, suelo cero», se les responde sin más detalle.
Aunque el terreno es gratis, y los materiales, y la mano de obra y hasta proyecto, realizado por el arquitecto municipal, a la vivienda se le fija un precio final de 36.000 euros. Es la cantidad que, en teoría, debe pagar el propietario por el adosado.
A esta cifra total se le descuentan las jornadas que el autoconstructor ha trabajado en la obra. Los Carmona, por ejemplo, que posan sonrientes frente a su casa haciendo tintinear las llaves que recibieron hace ahora dos años, dieron 400 peonadas. A 40 euros el día de trabajo, se libraron de un plumazo de 16.000 euros de la deuda. Es decir, que les queda por pagar 20.000 euros.
Y puesto que su recibo mensual es de 15 euros, 180 euros al año, tardarán unos 111 años abonar el coste total de la casa. Hasta entonces, los Carmona no tendrán en su mano la escritura que los acreditará como dueños de la vivienda. No podrían, por tanto, venderla ni especular ni enriquecerse a costa de ella hasta el 2117. La idea es que los hijos hereden el legado: la deuda de 15 euros al mes y el adosado.
Con un salario de 1.500 euros, los Carmona, José Antonio, albañil de 34 años, y María Dolores, ama de casa de 31, padres de una niña de seis años y a punto de dar a luz al segundo, viven con un desahogo difícilmente imaginable en otro lugar. Que se lo digan a Juanjo y a Mercedes, una pareja madrileña de 38 y 35 años. Informático él, administrativa ella, los 3.000 euros que ganan entre los dos daban para pagar los 500 euros de hipoteca por un piso de 60 metros comprado en 2001 y mantenerse ellos y el niño. Pero ahora que acaban de tener gemelas y ella se ve abocada a dejar de trabajar no les queda otra que hacer las maletas en busca de alguna Marinaleda.
A Ana, 31 años, empleada por el ayuntamiento como auxiliar de ayuda a domicilio, madre soltera, 500 euros de sueldo, las cuentas ni siquiera le salen en el pueblo donde la vivienda es una ganga. No puede trabajarse su casa, ni tiene quien lo haga por ella, ni dinero para pagar a un sustituto. El alcalde la ha tranquilizado: «No te preocupes, ya veremos cómo arreglamos lo tuyo».
De su chistera siempre sale una solución adaptada a las circunstancias de cada uno. De otro modo, Jesús Díaz, 48 años, casado y padre de dos hijos, no tendría casa. Cojo de la pierna izquierda por una poliomielitis sufrida en la infancia y con 298 euros de pensión, tampoco podía trabajar ni le daba para pagar. Así que resolvió que diera sus peonadas vigilando la obra por las noches. Hoy, es el orgulloso propietario del número 52 de la barriada Pepe el Gallo. «Yo creo que aquí no valoramos lo que tenemos, cuando nos falte…», dice mostrando su casa. Sánchez Gordillo hace de guía camino de las viviendas de los autoconstructores.
– Tuerce ahí, vamos a tirar por la plaza del Che Guevara.
– ¿A la izquierda?
– Sí, claro, a la izquierda. Si estuviera a la derecha no le hubiéramos puesto ese nombre, -bromea.
Todas las calles de Marinaleda cambiaron de denominación en 1979. La calle de General Mola pasó a llamarse Boabdil; la General Sanjurjo, Federico García Lorca; la plaza de Franco, Salvador Allende… Un militante de Fuerza Nueva, ofendido, se presentó en el pueblo y pegó unos tiros. Las fachadas del pueblo están jalonadas de pintadas y carteles con proclamas como «Marinaleda en lucha por la paz», «Apaga la TV, enciende tu mente» o un «Te quiero libre» dentro del símbolo que representa a la mujer.
Para comprender el milagro de las casas a 15 euros es preciso saber de las peculiaridades de la política municipal, cuya piedra angular son las asambleas. Todos los asuntos -presupuestos, vivienda, empleo- son sometidos al veredicto del pueblo que vota a mano alzada en las 100 asambleas generales que se celebran cada año. Gran parte de la economía local gira en torno a la cooperativa popular, instalada en una finca de la localidad, donde se cultivan y envasan alcachofas, pimientos y otras verduras. La finca, en realidad, es propiedad del duque del infantado pero los de Marinaleda se hicieron con su explotación tras años de huelgas y ocupaciones.
Con todo, la renta per cápita de la localidad no llega a los 7.200 euros por persona al año y 800 de sus 2.650 habitantes cobran el PER, el subsidio para los trabajadores eventuales del campo. Es precisamente en la dependencia de los fondos públicos donde los expertos ven el punto flaco de Marinaleda y la imposibilidad de exportar su modelo urbanístico al resto de España. «La experiencia de estos sitios hay que mirarlas con mucha cautela. Normalmente son sociedades que sobreviven de modo artificial gracias a las subvenciones. Su bienestar es ficticio», explica Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos. «En realidad es el propietario original del suelo, a quien le fue expropiado por un valor inferior al de mercado, el que está subvencionando la adquisición de vivienda del resto».
«El modelo no se exporta porque no hay voluntad política, no interesa», responde el alcalde.