El conflicto social, económico, político y armado que desde hace más medio siglo se escenifica en Colombia debe terminar, es el deseo indiscutible de todo un pueblo que ha sufrido en sus carne los horrores de la guerra, impuesta desde los círculos mas conspicuos del poder oligárquico criollo y del gran capital estadounidense principales beneficiados […]
El conflicto social, económico, político y armado que desde hace más medio siglo se escenifica en Colombia debe terminar, es el deseo indiscutible de todo un pueblo que ha sufrido en sus carne los horrores de la guerra, impuesta desde los círculos mas conspicuos del poder oligárquico criollo y del gran capital estadounidense principales beneficiados con la guerra que allí se escenifica.
Las diferencias políticas e ideológicas en los discursos y planteamientos de los negociadores en la instalación de la Mesa de Dialogo, en Oslo, Noruega, en octubre del 2012 hablan por sí solas.
El representante gubernamental el político liberal y ex vicepresidente de la República Humberto de la Calle Lombana, cerró en aquel momento la posibilidad de un cese bilateral de las acciones militares y dejo claramente sentado que los diálogos entre Gobierno e insurgencia están dirigidos a silenciar los fusiles insurrectos y que no aceptarían ningún cambio en el modelo económico neoliberal imperante en Colombia.
A cambio ofreció que luego de la desmovilización o reinserción de los guerrilleros, estos puedan entrar en el juego electoral, convertirse en partido político y desde ese «escenario democrático» luchar por alcanzar el poder y mencionaba los procesos de gobiernos progresistas y de izquierda que hoy son una realidad en algunos países de nuestra región, que habían llegado al poder sin el uso de las armas.
Es exactamente lo que ha sucedido, las FARC-EP no solo silenció los fusiles y cumpliendo rigurosamente los Acuerdos de La Habana, está entregando las armas, prácticamente ya quedan pocos fusiles en sus manos; se concentraron en las zonas veredales pactadas, a pesar de que el gobierno no cumplió con las condiciones mínimas, donde debían concentrarse los miles de guerrilleros pertenecientes a esta organización insurgente.
Tampoco han cumplido con la liberación de los presos políticos, aunque el Congreso y la Corte Constitucional aprobó la ley de amnistía hace más de cinco meses, muchos de ellos guerrilleros que cumplen condena por rebelión y miles de líderes sindicales y comunales o dirigentes de izquierda acusados de ser colaboradores de la guerrilla, se calcula que hay alrededor de 7000 presos políticos en Colombia.
El gobierno tampoco ha ordenado acciones militares contra los paramilitares, aduciendo que estos no existen, pero estos ocupan cada día más territorios, asesinan y desplazan a líderes campesinos, sindicalistas y de comunidades indígenas, precisamente en las zonas que antes eran controladas por la guerrilla. Y desafían al gobierno anunciando públicamente esas criminales acciones.
En realidad pese a los esfuerzos de la comisión de implementación de los acuerdos alcanzados entre Gobierno y las FARC-EP, el tiempo corre y no se materializa lo pactado en sus justas dimisiones, lo arriba señalado es una muestra de las diferencias, la seriedad de la guerrilla en su compromiso y los incumplimientos del gobierno de esos acuerdos.
Es entonces que se abre la interrogante: ¿la paz para quien y para qué?. En el tintero quedaron en La Mesa de Diálogos de La Habana, 54 salvedades o temas que el gobierno no aceptó incluir en los acuerdos, temas estratégicos en los necesarios cambios estructurales en lo económico, político y social, para que realmente la paz arrope a toda la sociedad colombiana.
Mientras que por otra parte, el discurso de Humberto de la Calle de que por medio de la lucha política electoral, las FARC puede llegar al poder, sería una realidad sí verdaderamente ello se cumpliera, pero los tiempos han cambiado hace algunos años atrás, la derecha neoliberal latinoamericana, en complicidad con Estados Unidos han pasado a una brutal ofensiva contra esos gobiernos progresistas, democráticos y de izquierda, hoy acosados y en algunos casos defenestrados como fue el golpe de estado militar en Honduras, los golpes de estado parlamentarios contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rouseff en Brasil. Mientras que Mauricio Macri derrotó al candidato del kishnerismo en Argentina, mintiéndole al pueblo e incumpliendo todas sus promesas de bonanza económica y transparencia. En Ecuador el candidato de la derecha se ha negado aceptar su derrota electoral el pasado 2 de abril y sus seguidores han desatado violencia en ese país andino.
Mientras que Venezuela y su gobierno bolivariano es el objetivo inmediato a ser derrocado, por el apetito imperial de apoderarse de sus riquezas minero-energético, con el apoyo y el uso de una derecha autóctona y mercenaria y un grupo de naciones no mayoritarias en el seno de Organización de Estados Americano (OEA) que procuran implementar la llamada Carta Democrática, instrumento que el capo de la OEA el uruguayo Luis Almagro pretende imponerla a cualquier precio, lo que daría un respaldo de carácter político diplomático para una intervención de cualquier orden en Venezuela.
En Colombia de continuar esta ruta del dime y direte, por los incumplimientos del Gobierno y de campañas mediáticas difamatorias contra la insurgencia, muchas de ellas pagadas por los sectores enemigos de la paz, con el objetivo de favorecer electoralmente a sus candidatos al congreso y a la presidencia del próximo año, este país puede retornar a un conflicto armado sumamente peligroso, esta vez, extendido no solo al campo, sino a zonas urbanas y suburbanas y sin una brújula política e ideológica. Ojala que el acuerdo de la CELAC de convertir a América Latina y el Caribe en una zona de paz, se cumpla.
Tony López Rodríguez, Periodista, politólogo y analista internacional.
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