Lo central en el hecho de que el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) esté actualmente en construcción no es, como se usualmente se ha descrito, la «red de corrupción» que lo ha viabilizado y legitimado. No es que este hecho, por cierto constatable, no importe en absoluto. Sin embargo, de lo que se trata es […]
Lo central en el hecho de que el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) esté actualmente en construcción no es, como se usualmente se ha descrito, la «red de corrupción» que lo ha viabilizado y legitimado. No es que este hecho, por cierto constatable, no importe en absoluto. Sin embargo, de lo que se trata es de dilucidar la función social que el PHAM cumple dentro del actual modelo de crecimiento económico chileno o, prescindiendo de eufemismos, dentro del carácter actual del desarrollo capitalista en Chile. ¿Por qué es esto lo fundamental y no otra cosa? Estimamos que tanto el PHAM como otros megaproyectos mineros, energéticos, agroindustriales e inmobiliarios, actualmente en cartera o en construcción, son expresión de un modo de acumulación capitalista rentista-financiero característico en Chile. [1] No es casual que el PHAM sea un proyecto que tiene una importancia estratégica en la proyección de ganancias que el sector minero y energético hacen al mediano y largo plazo y que se viabiliza a través de la Agenda Energética (AE) puesta en marcha por el gobierno de la Nueva Mayoría (NM).
Actualmente en Chile nos encontramos frente a un cierre del ciclo político de reformas junto a una disminución relativa de la agitación social. Entendemos que tal situación se encuentra asociada a la caída mundial del precio del cobre y otras materias primas que Chile exporta. Por tanto, el llamado «segundo tiempo» del gobierno de la NM y su tesis del «realismo sin renuncia» a las reformas, se explican por un giro en el actuar del sector empresarial hegemónico (representado por la alianza entre el capital rentista y el financiero) el cual, a su vez, se habría dado por tres razones principales, a saber: 1) combatir las expectativas sociales abiertas por las reformas; 2) las reformas se hacen innecesarias ante la baja de conflictividad social; 3) no es posible modificar el actual patrón de acumulación ya que este requiere como condición el aumento progresivo en la expoliación de los derechos sociales y bienes comunes de la sociedad chilena. De esta manera se consolida un proceso de reafirmación del sector hegemónico de la burguesía que opera en Chile (sector minero-energético-financiero) en alianza con el capital transnacional.
La relativa agitación social que se viene dando desde 2006 no ha sido suficiente para contrarrestar esta nueva reafirmación del bloque en el poder. Estimamos que los esfuerzos realizados en materia de articulación multisectorial, organicidad y acumulación de fuerza social han sido insuficientes, demostrando la incapacidad de los diversos sectores movilizados para incidir en la actual correlación de fuerzas sociales, limitando su acción, en muchos casos, a la mera «resistencia» o a tácticas de denuncia y/o demandas hacia el Estado, con poco o nulo avance en apuestas programáticas de mayor profundidad y alcance.
El futuro de la Agenda Energética y Aes Gener
Ahora bien ¿cómo situar al conflicto del PHAM en esta nueva situación? Las señales que el sector minero-energético ha dado hacia la NM son claras: frente a la incertidumbre del escenario mundial y la caída del precio del cobre, la primera prioridad debe ser, por un lado, reactivar el crecimiento económico promoviendo la inversión extranjera y, por otro, destrabar y agilizar las nuevas iniciativas de inversión. [2] Bajo estas circunstancias, la AE, propuesta por la NM y el ministro Máximo Pacheco, adquiere un renovado impulso. En mayo del 2015, el ministro declaró que su ratificación señalaba el definitivo respaldo de la NM a la actual agenda. [3] Recordemos que su principal objetivo es definir el nuevo rol estratégico del Estado como garante de la inversión energética en el mediano y largo plazo, y que dicho objetivo recoge y da legitimidad a las demandas que el sector minero ha venido realizando desde hace años. [4] Tampoco hay que olvidar la proyección de demanda energética que el sector minero, hegemonizado por el subsector cuprífero, hace de aquí al 2025, periodo en el que se espera duplicar la producción energética requerida anualmente desde 23,3 TWh a 46,3 TWh, sin considerar retrasos en la puesta en marcha de proyectos de inversión minera y energética. [5] Las principales generadoras eléctricas del país (ENDESA, AES Gener, Colbún y EC-L) buscan responder a dicha demanda.
Recientemente, Felipe Cerón, gerente de AES Gener, declaró que «es bueno que el gobierno apoye los proyectos que cumplen con la normativa, como es el caso de Alto Maipo. El gobierno debe apoyar el desarrollo del país y respaldar los buenos proyectos en todas las industrias, no debe ser neutral… Sin duda es positivo para los proyectos tener el apoyo del gobierno. Se traduce en una mejor percepción (ciudadana) del proyecto». [6] Declaraciones que son sintomáticas de la capacidad de presión política que posee la alianza estratégica entre el sector minero y el energético. Desde el gobierno no se han hecho esperar respuestas a dicha presión: desde la conformación de un «comité económico» y un «comité pro-inversión», hasta los nuevos proyectos de ley impulsados por el Ministerio de Energía. [7] A estas iniciativas del gobierno se suman las últimas apuestas estratégicas de AES Gener, entre las que se pueden nombrar: la autorización de venta de energía a Argentina y posiblemente a Paraguay a través del SING (Sistema Interconectado del Norte Grande); ingreso al negocio de la desalinización y venta de agua de mar; fuerte competencia con Endesa y Colbún en torno a licitación de nuevos contratos eléctricos; asignación de capacidad de regasificación por parte de GNL Chile en su planta de Quintero; puesta en funcionamiento del parque solar Los Andes, las Centrales termoeléctricas Guacolda V y Cochrane para fines del 2015, y el PHAM para el 2017. [8] Cabe mencionar que, durante el 2015, AES Gener se posicionó como la principal generadora del país, superando a Endesa, Colbún y EC-L. [9]
A partir del nuevo escenario económico-político, desde la AE se han propuesto dos medidas relevantes para el periodo 2015-2016: 1) afianzar el nuevo rol del Estado como garante de inversiones (elaboración de una política al 2050 legitimada vía «participación ciudadana» mediante el programa «Energía 2050»; fomento a la innovación tecnológica en la industria energética mediante programas Conicyt, convenios y pasantías con universidades, etc.); 2) agilizar la inversión en proyectos energéticos, especialmente en materia de transmisión (incentivando un marco jurídico que destrabe las inversiones). [10] De esta manera, vemos configurada una escena política protagonizada por las principales generadoras eléctricas del país, las que buscan agilizar sus inversiones, incrementar su productividad y diversificar sus ofertas, amparándose y presionando sobre la actual agenda energética. [11]
Dentro de este esquema de planificación mayor, El PHAM tiene y seguirá teniendo una importancia estratégica. [12] Fue aprobado por la COREMA el 2009 con un fuerte lobby político y tráfico de influencias, en un proceso que hasta la misma comisión especial de la cámara de diputados, encargada de su evaluación, declaró como «viciado». [13] Desde el 2013 es financiado directamente por el Grupo Luksic para alimentar mediante el SIC (Sistema Interconectado Central) la ampliación, ahora ilegal, de su Minera Los Pelambres.
Podemos constatar entonces que el PHAM es la expresión concreta de una alianza de clases y sectores sociales hegemónicos: alianza entre el capital que opera en Chile y el transnacional, y, a su vez, entre éstos y diversos sectores políticos, dentro y fuera del Estado. Específicamente, el sector minero-energético en alianza con el Estado chileno. Desde esta perspectiva analizaremos las relaciones entre las clases y sectores sociales que lo impulsan y las que lo rechazan.
La correlación de fuerzas en torno al PHAM
Si entendemos al PHAM como parte de dinámicas más generales derivadas del actual patrón de acumulación capitalista en Chile, y su carácter rentista y financiero, veremos que los actores y fuerzas sociales, tanto a favor como en contra del proyecto, son heterogéneas en su composición. Por un lado la transnacional AES Gener, sus financistas del Grupo Luksic, más la banca nacional e internacional, las múltiples instituciones del Estado pertenecientes a los ministerios de energía, medioambiente, obras públicas, y por el otro, organizaciones ambientalistas, ciudadanas, ONGs, organizaciones sociales, territoriales, políticas y estudiantiles.
Los actores protagonistas son AES Gener (filial de la transnacional estadounidense AES Corp) y el Grupo Luksic, siendo la primera la fuerza motriz gestora del proyecto y el segundo uno de sus principales financistas (40%) y cliente a través de Antofagasta Minerals S.A. (AMSA), ya que el 80% de la energía generada por el PHAM (110 MW) alimentará la ampliación ilegal de la Minera Los Pelambres, conocida por la devastación del pueblo de Caimanes en la IV Región.
Planteamos entender la alianza estratégica de estos dos actores en términos de su composición de clase, es decir, qué fracciones del capital representan. Asimismo, debemos comprender el rol que juegan los demás actores, en tanto facilitan o entorpecen la puesta en marcha del PHAM:
a) El capital energético de AES Gener
Su principal inversión es en capital circulante (materias primas auxiliares empleadas en la industria minera, como agua, carbón, gas y la energía que éstas generan y que las maquinarias necesitan para funcionar). Además de las iniciativas estratégicas de inversión mencionadas más arriba, habría que añadir que, durante el primer trimestre del 2015, AES Gener aumentó en un 120% sus utilidades (US$ 51,3 millones vs US$ 23,3 millones en igual periodo el año 2014) [14] y en un 35% adicional a septiembre del 2015, ascendiendo a US$ 192 millones, [15] consecuencia de un aumento en la demanda de contratos de largo plazo con clientes mineros en el SING (Sistema Interconectado del Norte Grande). Además registró ganancias por US$ 70 millones derivadas de la fusión entre Eléctrica Guacolda y Guacolda Energía. [16]
A esta trayectoria se suman recientes presiones al gobierno, en alianza con Enersis/Endesa, para agilizar las diversas inversiones en curso, donde Felipe Cerón declaró que considera fundamental avanzar en la aprobación de una ley que mejore el marco regulatorio, así como también contar con «un impulso del gobierno» en el otorgamiento de los permisos. [17] Por último, no es menor la implementación de una fuerte estrategia de marketing, lavado de imagen y «responsabilidad social empresarial» a través de la Fundación AES Gener y su programa «Amigos de la Naturaleza».
b) El capital minero del Grupo Luksic
Grupo económico principalmente abocado a la minería del cobre (a través de AMSA), perteneciente al holding Antofagasta PLC (negocio del agua y de la concesión del ferrocarril Antofagasta-Bolivia), con fuerte presencia nacional sobre todo en capital financiero (Banco de Chile) y otras áreas productivas agrupadas en su holding Quiñenco (agua embotellada, CCU, vinos, medios de comunicación, industria de cableado con Invexans de la francesa Nexans, y petróleo con Enex de la transnacional Shell). Actualmente, son de público conocimiento los aportes del Grupo al financiamiento de campañas políticas desde el año 2004. [18] Como principal financista y cliente del PHAM, el Grupo Luksic actualmente se niega a acatar el fallo dictado por el Tribunal de Los Vilos, el cual ordenó la demolición y restitución íntegra de las aguas usurpadas por el Tranque El Mauro de su Minera Los Pelambres (además de desobedecer esta orden, sin ninguna fiscalización estatal hasta el momento, el Grupo ha ofrecido públicamente US$ 24 millones al pueblo de Caimanes para ampliar el tranque, pasando sobre la ley, aunque finalmente perdió la votación por falta de quórum). [19]
c) El capital financiero de los Bancos
El financiamiento del PHAM es compartido además por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), Corpbanca, BCI, Banco Itaú y Banco Estado. Esto evidencia que la deuda contraída por el sector minero-energético debido a su gran inversión en capital fijo (medios de producción como infraestructura y maquinaria pesada), es una vía fundamental para garantizar la acumulación en el marco de una economía rentista.
d) El capital terciario-rentista de Aguas Andinas
Es un ayudante clave en la aprobación del PHAM. Es la mayor empresa nacional de servicios sanitarios. Actualmente es controlada por el Holding español Grupo Agbar (el cual depende de la transnacional francesa GDF Suez/Engie). Recientemente se descubrió que la empresa destinó US$340 millones para financiar tanto a la Alianza como la NM. [20] A pesar de ser en un principio uno de los mayores opositores al PHAM, en el 2011 firmó un contrato secreto con AES Gener para el traspaso de derechos de agua que son parte de las reservas de abastecimiento de la Región Metropolitana, a cambio de un suculento pago. [21] A principios de septiembre del 2015, su presidente, Felipe Larraín Aspillaga, aseguro que las reservas de agua potable de Santiago se encontraban aseguradas solo hasta el 2017. [22] A pesar de este hecho, la cuestionada empresa ha lanzado una campaña de lavado de imagen y traspaso de responsabilidad de la escasez a los usuarios, además de mentir descaradamente asegurando que las «cuentas de los clientes de Aguas Andinas caerán 1,3% cuando comience a operar Alto Maipo.» [23]
e) El Estado chileno
Constituye el mayor actor ayudante del capital minero-energético. Actualmente la cartera de proyectos a destrabar por el gobierno se ha ampliado desde US$ 6.000 millones a US$ 65.000 millones en 8 meses, hecho que coincide con el traspaso del «comité pro-inversión» desde el Ministerio de Hacienda al de Economía). Tal monto se traduce en un total de 108 proyectos a lo largo del país. [24] Junto a las características mencionadas en la primera sección, podemos constatar una tendencia histórica: a través de la profundización de las dinámicas de desindustrialización y la influencia de la renta asociada al cobre, el Estado de Chile ha garantizado sistemáticamente la inversión extranjera y la privatización del agua a través de los Ministerios de Energía, Medioambiente, Obras Públicas y Minería. Cabe destacar que el actual Ministro de Energía Máximo Pacheco Matte es primo de Eliodoro Matte, amigo personal de Andrónico Luksic y ex-gerente general del Banco de Chile, Luchetti (ambos de Luksic), Falabella, AFP Provida y la transnacional International Paper. [25]
f) Los trabajadores del PHAM
Un rasgo común en los proyectos del sector minero-energético es la participación de dos o más empresas en su concreción. El PHAM no está ajeno a estas dinámicas. Si bien AES Gener, una de las cuatro empresas que poseen el monopolio de los proyectos energéticos y los derechos de agua en Chile se adjudicó el PHAM, esto no significa que esté a cargo de la totalidad de las obras. Son cuatro empresas contratistas las encargadas de realizar los trabajos operacionales del PHAM. En primer lugar Voith Hydro S.A., filial de la empresa alemana Voith Hydro Ltda, la cual estará a cargo del suministro, montaje y equipamiento en la generación de las dos centrales del proyecto (Las Lajas y Alfalfal II). En segundo lugar, la firma austriaca Strabag, quien estará a cargo de la ejecución de obras civiles y subterráneas que se desarrollan en el valle del rio colorado. En tercer lugar, la Constructora Nuevo Maipo, consorcio entre la empresa alemana Hochtief y su homónima Italiana CMC di Ravena, quienes estarán a cargo de las obras civiles en los valles del río Yeso y El Volcán. Esta distribución de faenas constata lo dicho anteriormente: externalización de la producción y fragmentación vertical a la hora de concretar un determinado proyecto.
La externalización e informalidad generan una estructura heterogénea en el campo laboral, ya que la totalidad los trabajadores de un proyecto no solo pertenecen a distintas empresas, sino también su categorización dentro de ellas es diversa: los de planta, subcontratados, temporales, etc. Estos factores hacen sumamente difícil construir vínculos entre los trabajadores «de planta» con los transitorios, lo que termina por debilitar y dividir a las organizaciones sindicales, atomizándolas y dispersándolas, por ende obstaculizando las posibilidades de llevar a cabo negociaciones colectivas de manera exitosa.
Desde el inicio de las faenas se ha hecho patente la precarización en las condiciones laborales mediante continuadas paralizaciones. En primera instancia fueron los trabajadores de la firma austriaca Strabag, quienes acusaron «el nulo avance de las negociaciones por mejoras en las condiciones laborales y salariales». El conflicto con Strabag no es el único que se ha desarrollado en la construcción de Alto Maipo. Una situación similar enfrentó la firma alemana Hochtief A.G., tras mantener paralizada sus faenas durante 23 días en el sector del Valle Las Arenas. [26] Los trabajadores se encontraban movilizados en rechazo a las «inhumanas» condiciones laborales, dentro de las cuales se encuentran: la nula existencia de elementos básicos de seguridad y salud en las faenas que estarían infringiendo la seguridad laboral, la precaria alimentación que les proporcionaban (un «chocman», pan y huevo duro). Además, los alimentos no cumplían la cadena de frío, por lo que muchas veces llegaban descompuestos. Estos elementos son una clara expresión de que el desarrollo del PHAM y las empresas encargadas no se han hecho cargo de las condiciones laborales mínimas.
Es por estas razones que la informalidad y la precariedad laboral, no son simplemente consecuencias de pésimas políticas laborales por parte de los gobiernos de turno, sino más bien necesidades inherentes y racionalmente aplicadas para el pleno desarrollo de la acumulación capitalista.
g) Las fuerzas opositoras al PHAM
Las fuerzas y actores antagonistas se expresan en las diversas organizaciones que se han opuesto al PHAM desde el año 2007 y que han intentado por distintos medios incidir en la AE del sector minero-energético, para finalmente poder detener la construcción y puesta en marcha de la hidroeléctrica.
Estas organizaciones constituyen, actualmente, la única oposición real al proyecto. Sin embargo, también se han movilizado trabajadores de empresas contratistas y existe un amplio apoyo desde la ciudadanía, incluyendo vecinos y juntas vecinales del Cajón del Maipo y Puente Alto, Pymes y empresas del turismo, agricultores, canalistas, areneros, deportistas y pequeños propietarios, todos los que se mantienen como fuente de oposición potencial, por el momento inorgánica. Se podría hablar de la existencia entonces de un «Movimiento No Alto Maipo» que va más allá de una o dos organizaciones.
A pesar de las múltiples acciones realizadas en el segundo semestre del 2014, como las dos marchas nacionales (2 de agosto y 13 de diciembre, aprox. 20 mil personas cada una), la primera marcha en Puente Alto (30 de agosto, aprox. 3 mil personas), y la marcha en La Obra (25 de octubre, aprox. 3 mil personas), las principales acciones impulsadas por el movimiento durante este periodo estuvieron desfasadas respecto de la coyuntura nacional, específicamente de la fuerte ofensiva que representó el «blindaje» de la NM al PHAM durante ese año. [27] La NM debía dar señales de «confianza» al sector minero-energético frente a la incertidumbre que representaban las reformas que ellos mismos impulsaban. Estimamos que esta ofensiva política no fue aprovechada oportunamente por el movimiento contra el PHAM.
En otro lugar [28] hemos advertido la dificultad que representa el carácter «policlasista» en torno a este tipo de conflictos, dado que intereses materiales contradictorios entorpecen el avance, la articulación y la lucha efectiva. Aunque estimamos que la diversidad, desde el punto de vista ideológico, cultural y social al interior del movimiento es un factor positivo, desde la perspectiva de los intereses de clase en juego, es decir, de los medianos y grandes propietarios asentados en el Cajón del Maipo, es un factor que ralentiza el avance hacia la detención del proyecto, puesto que la negociación, compensación y/o mitigación se han presentado en más de una ocasión como una alternativa válida, aunque no siempre de manera pública y de cara a todos los ciudadanos y ciudadanas. Asimismo, podemos observar tendencias hacia el clientelismo político por parte de ciertas organizaciones con pretensiones de disponer de los sectores movilizados para fines electorales.
Durante el 2014 y el actual periodo, estimamos que la estrategia del movimiento no ha sido la más adecuada, pues se ha priorizado una aproximación desde la «sensibilización» respecto de los impactos y consecuencias del proyecto, apelando a la «conciencia» del Grupo Luksic, la corrupción de la NM, y el suministro de agua de la Región Metropolitana. Las tácticas han sido, por un lado, en el ámbito jurídico y el lobby político, y por otro, en acciones directas como marchas y cortes de caminos. Es relevante que dicha estrategia subvalore las causas y orígenes económico-políticos del proyecto que residen en el nexo entre la privatización del agua y la producción de energía para la minería transnacional. Tampoco es menor el hecho de que organizaciones e individuos que dicen oponerse al PHAM sean o estén vinculados a grandes propietarios de tierras, empresarios del turismo local, como la familia Astorga, dueña del centro turístico «Cascada de las Ánimas», y ONGs como Ecosistemas y Chile Sustentable. Ecosistemas trabaja junto a fundaciones como Chile Ambiente (Patricio Rodrigo), reconocida por oficiar como consultora y agente de cooptación de comunidades en conflicto, además de ser asesora de empresas transnacionales (Barrick Gold) y el gobierno en la vergonzosa ley de asociatividad impulsada por el Ministerio de Energía. [29] Chile Sustentable, encabezada por Sara Larraín Ruiz-Tagle [30] , forma parte del directorio de la «Asociación Chilena de Eficiencia Energética» (AChEE) junto a importantes representantes de la minería privada transnacional, como BHP Billiton, y del Ministerio de Energía y Hacienda. Dichos vínculos nos dan algunas señales respecto de los límites de algunos sectores que orbitan en torno al Movimiento No Alto Maipo.
No obstante, existen organizaciones territoriales y políticas impulsando la necesidad de ver este conflicto como parte de un entramado social mayor, es decir, atacar no sólo las consecuencias e impactos del PHAM, sino fundamentalmente sus causas económico-políticas. Dichas organizaciones se articulan desde y para las bases sociales, evitando la cooptación, el clientelismo político y, sobre todo, la negociación a espaldas de la ciudadanía.
Estos actores del movimiento han realizado además importantes esfuerzos de articulación con otros sectores más allá de organizaciones ambientalistas y ciudadanas, incluyendo las luchas estudiantiles y sindicales. Durante el 2015 se han coordinado importantes movilizaciones como las marchas territoriales realizadas en La Florida (11 de julio, aprox. 2 mil personas) y en Puente Alto (5 de septiembre, aprox. 2 mil personas) en las que se ha demostrado un importante apoyo de la ciudadanía a la causa, especialmente de los vecinos de las comunas y sus familias. Es por esto que se está apostando a expandir el radio de acción del conflicto, aumentar la capacidad de agitación y el enraizamiento de la causa y la problemática del agua en la población santiaguina y de la Región Metropolitana.
Algunas tendencias futuras
En base a lo planteado hasta aquí, podemos constatar una serie de tendencias entre las fuerzas y actores involucrados en el conflicto. A nivel nacional, en el corto plazo se estima que la importación de cobre por parte de China caerá en un 10% el 2016 (debido a la baja en la inversión inmobiliaria y la desaceleración en la expansión de la red eléctrica), creando una situación similar a la crisis financiera del 2008-2009. Esta situación supone una importante reducción en la producción nacional de cobre, de la cual ya estamos viendo sus efectos. Para sortear este complejo escenario la alianza minero-energética se propone, en el mediano plazo, las siguientes medidas: una drástica reducción en los costos producción (despidos masivos de trabajadores) [31] e incluso el cierre de faenas mineras. [32] Como consecuencia, también es probable una reducción de la demanda energética estimada en las proyecciones iniciales hechas por la SONAMI y COCHILCO. Sin embargo, se debe contabilizar el hecho de que la energía no es sólo para la minería sino que también está destinada a la exportación a otros países de Latinoamérica, a pesar de que actualmente esta vía es todavía incierta. [33] Por esta razón, actualmente asistimos a un incremento en la competencia por contratos eléctricos a mineras del SING (ej: Anglo American). [34]
Otra tendencia del sector minero-energético es a aumentar sus estrategias y despliegue de operaciones de lavado de imagen. Hemos visto cómo el Grupo Luksic lo ha intentado tratando de comprar al pueblo de Caimanes y a través su cuestionada donación a la Teletón, a pesar de que el Grupo Matte se excluyera a raíz de la colusión del papel higiénico. Por su parte, AES Gener intenta figurar como una empresa «sustentable» [35] , ofrece fondos concursables y cursos de capacitación (mano de obra barata para la empresa) a organizaciones vecinales del Cajón del Maipo [36] y, además, realiza sendas donaciones directas al Gobierno de Chile. [37]
Desde el gobierno de la NM y el Ministerio de Energía se proyectan las siguientes iniciativas: seguir promoviendo enfáticamente la inversión extranjera y destrabar la inversión existente. [38] Actualmente ésta alcanza los US$ 12.000 millones en generación eléctrica con 45 centrales en construcción, lo que representa un 20% de la inversión total estimada por la cartera proyectos para agilizar el crecimiento económico. Se proyecta además que dicha cifra ascienda a US$ 50 mil millones al 2030. El PHAM representa un 17% del total, poco más de US$ 2.000 millones. [39]
Asimismo, se busca potenciar la transmisión eléctrica (US$ 2.000 millones), la hidroelectricidad y las ERNC (energías renovables no convencionales). El ministro Pacheco ha anunciado pomposamente que por primera vez la inversión en energía supera a la minería. [40]
Consecuencia de la invitación a inversionistas extranjeros, también se apuesta a diversificar la oferta energética para aumentar la competitividad, incluyendo en la matriz generadora a ENAP, EDF (Francia), SGL (Canadiense), y ACWAR (Saudí).
Finalmente, y como es de esperarse, todas estas iniciativas requieren de una no menor dosis de violencia social y política para poder implementarse y que sólo es posible ocultar a través de gigantescas operaciones ideológicas como el Programa «Energía 2050» [41] y las promesas de la Presidenta Bachelet de asegurar el agua como un bien público. [42] También podemos prever un aumento en los casos de corrupción, por ejemplo, en las asesorías gratis del Grupo Luksic al Ministro de Hacienda o el jefe de gabinete del ministro Máximo Pacheco que fue vinculado recientemente a asesorías a Rodrigo Peñailillo. [43]
Las tareas urgentes del Movimiento No Alto Maipo
A través de este análisis hemos podido constatar como, en el caso del PHAM, la alianza estratégica entre energía (AES Gener) y minería (Grupo Luksic), ha permitido a este sector del capital mantener y aumentar su capacidad de presión e incidencia en las decisiones del Ministerio de Energía, particularmente en lo que toca al marco jurídico en materia ambiental.
No obstante el escenario adverso, las múltiples incertidumbres acerca de la profundización de la Agenda Energética empresarial señalan que las cosas pueden cambiar en el mediano plazo. Esto dependerá sin duda de un sinnúmero de factores que afectan a la actual correlación de fuerzas sociales en torno al PHAM. Esto último no debe entenderse como una aseveración «fatalista», sino más bien como una constatación de hecho. Si queremos contribuir a esclarecer la situación objetiva de la oposición al PHAM y resolver problemas políticos a través de nuestras acciones, las organizaciones realmente comprometidas con la transformación social radical, debemos evitar el vicio del «activismo autocomplaciente» o el voluntarismo de la acción política cortoplacista y sin perspectiva, como también el determinismo que niega la posibilidad de toda acción política derivando en fatalismo, resignación y desmovilización.
Por el contrario, los sectores populares movilizados debemos concentrarnos en pensar lo posible a partir de lo existente, es decir, en definir tareas concretas que logren cambiar la actual correlación por una más favorable al movimiento popular. De esto se deduce que nuestro objetivo no puede ser simplemente «detener el PHAM» o «proteger la naturaleza» como proclaman algunas organizaciones ciudadanas, ambientales e individuos opositores al proyecto. Sus motivos, por cierto legítimos, no apuntan a lo medular: la agenda energética empresarial seguirá implementado sus proyectos, destruyendo comunidades y ecosistemas, a menos que una fuerza social de masas y con capacidad de presión política se lo impida. Por tanto, estimamos que las tareas políticas prioritarias que demanda la actual coyuntura en torno al PHAM serían, fundamentalmente:
1) Revelar la función social que el PHAM cumple dentro del actual modelo rentista-financiero, demostrando su inviabilidad ambiental, social y técnica.
2) Socavar la red de poder político-empresarial que lo sostiene. Aislar a los enemigos. Bloquear y/o dificultar sus canales de comunicación y vínculo (interpelación pública de la corrupción).
3) Posicionar el conflicto en la agenda del poder (revelando el nexo entre producción energética y minera y el financiamiento político).
4) Apostar por alianzas estratégicas para poder incidir. Articulación multisectorial.
5) Radicalizar el carácter de la lucha contra el PHAM en todos sus frentes y formas.
6) Impulsar movilizaciones masivas en clara señal de protesta, concitando apoyos de distintos sectores sociales en lucha para responder unitariamente.
De nosotros depende detener el PHAM y los nefastos proyectos mineros y energéticos que nos tienen hoy sumidos en una de las mayores crisis hídricas del país, en la vulneración de nuestros derechos sociales y la agudización de la explotación y la opresión en todas sus formas. El futuro es nuestro: NO ALTO MAIPO!
[1] Para un análisis detallado de este patrón de acumulación y su relación con el «problema energético», ver: El problema energético y la actual correlación de fuerzas sociales
[2] Nueva Mayoría destaca que crecimiento económico es prioritario tras conocer cifras
[3] Pacheco: «La presidenta ha ratificado la hoja de ruta que hemos definido en la agenda energética»
[4] Ver, por ejemplo, las declaraciones de la SONAMI al respecto a principios del 2013 (último párrafo): Mayor generación para la minería
[5] Revisar resumen ejecutivo del estudio emitido por COCHILCO a fines del 2014: http://tinyurl.com/pvr4xrn
[6] AES Gener: «Gobierno debe respaldar los buenos proyectos, no debe ser neutral»
[7] Sobre las nuevas iniciativas de Pacheco en materia jurídica, ver: Ministro de Energía ante los cambios legales que impulsa: «Que los proyectos entren por la puerta de enfrente, no por la trasera ni por la chimenea»
[8] AES Gener: 60% de su capacidad en construcción operará en 2015
[9] Fuerte sequía posiciona a Gener como líder en producción de energía y supera a Endesa
[10] Revisar la cuenta pública del Ministerio de Energía: http://tinyurl.com/pjdserb
[11] Para un buen análisis del carácter empresarial de la agenda energética revisar: Una agenda energética para el nuevo ciclo de acumulación empresarial de la Fundación Nodo XXI.
[12] Arenas respalda proyecto Alto Maipo y dice que es fundamental para el desarrollo energético
[13] Parlamentarios y concejales denuncian «graves irregularidades» en proyecto hidroeléctrico en el Cajón del Maipo y Diputados solicitan reevaluar Alto Maipo
[14] AES Gener aumenta 120% sus utilidades
[15] Utilidades de AES Gener crecen 35% hasta USD 192 millones a septiembre
[16] AES Gener declara ganancias por US$ 70 millones
[17] Enersis y AES Gener llaman a disminuir «rigideces» del Sistema de Evaluación Ambiental
[18] Servel informa a fiscal que matriz del grupo Luksic aportó $1.285 millones a las campañas políticas desde 2004
[19] Luksic ofrece US$ 24 millones a Caimanes para ampliar el tranque que la justicia le ordenó demoler y Vocero de Caimanes desmiente a Los Pelambres: «No alcanzaron el cuórum, no quieren aceptar su derrota»
[20] Aguas Andinas pagó $ 341 millones a entidades ligadas a la Alianza y Nueva Mayoría
[21] El negocio del agua: los vacíos de la ley que disparan las millonarias ganancias de Aguas Andinas
[22] Aguas Andinas: suministro para Santiago está asegurado hasta 2017
[23] Aguas Andinas lanza Campaña de Uso Responsable del Agua y Cambio Climático y Cuentas de los clientes de Aguas Andinas caerán 1,3% cuando comience a operar Alto Maipo
[24] La cartera de proyectos que baraja el Gobierno para agilizar inversiones y Comité pro inversión levanta nuevo catastro de proyectos a destrabar por US$ 65 mil millones
[25] El estrecho vínculo de Máximo Pacheco con los Luksic, grupo detrás de la central Alto Maipo; revisa otras redes del actual Ministro: Máximo Pacheco tiene un millón de amigos
[26] Trabajadores de Alto Maipo viven segundo paro en menos de dos meses
[27] Ministro Arenas reafirma apoyo a Alto Maipo y Punta Alcalde
[28] La «cuestión ambiental» en Chile y una propuesta de acción
[29] Patricio Rodrigo: el enemigo público número uno de HidroAysén ahora recibirá honorarios de Barrick y Comisión asesora para Ley de Asociatividad entregó propuestas
[30] Ex-candidata presidencial y fundadora del Partido Ecologista de Chile. Es propietaria del «Fundo Santo Toribio de Lagunillas» de más de 14 mil hectáreas en el Cajón del Maipo. Fue integrante del Grupo Tantauco (campaña presidencial de Sebastián Piñera), y se encuentra inscrita como «gestora de intereses» junto a otros lobbistas en la Dirección General de Aguas. Para más información revisar: Registro público de lobbistas y de gestores de intereses particulares; El lobby de Sara Larraín en contra del proyecto Alto Maipo; La vuelta de carnero de Sara Larraín en Alto Maipo que irrita a empresarios, revisa además la respuesta de Chile Sustentable a la nota anterior: Respuesta de Chile Sustentable a nota de El Mostrador Mercados y acusaciones de Jorge Rodríguez en el DF
[31] Recrudece crisis minera: AMSA despide 320 personas y Escondida prepara nuevo ajuste
[32] Plan de cierre de minera Michilla, la más antigua del grupo Luksic, alcanzó 90%
[33] Argentina rechaza ofertas de generadoras locales y se entrampa exportación de energía
[34] AES Gener y Colbún compiten en licitación para quedarse con contratos eléctricos de Anglo American
[35] AES Gener fue reconocida por uno de los principales índices de evaluación en desarrollo sostenible del mundo
[36] Fondo Concursable de $144 millones apoya proyectos sociales de vecinos de San José de Maipo y AES Gener inició segundo semestre de capacitaciones para vecinos de San José de Maipo
[37] Revisa el «aporte» directo que hizo AES Gener al Gobierno de Chile: Armada y Gobierno: Coordinan plan por $95 millones para desvarar barcos pesqueros en Coquimbo
[38] Ministro de Hacienda sale a promocionar Chile: viaja a Nueva York y se reunirá con inversionistas
[39] Generación eléctrica: centrales en construcción suman inversión de US$ 11.700 millones
[40] Pacheco, «por primera vez Energía supera a la Minería en inversiones»
[41] Lanzan Consulta Pública para Política Energética de largo plazo
[42] Presidenta Bachelet: «Debemos asegurar el carácter de bien público del agua»
[43] El ejecutivo del Grupo Luksic que asesora gratis al ministro Valdés para arreglar la reforma tributaria y Máximo Pacheco respalda a su jefe de gabinete tras ser nombrado por Peñailillo ante la Fiscalía
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