Se completan más de dos años de denuncias contra el Rector de la Universidad del Quindío, señor José Fernando Echeverri y su cuerpo directivo, por diversos hechos que violan las normas legales y los reglamentos administrativos, contractuales y pensionales en dicho establecimiento oficial de educación superior.
Conjuntamente con el Sindicato Mixto de Trabajadores y Servidores Públicos, Sintraadmin, de la Universidad y el abogado Edilberto Vanegas hemos documentado el estado de caos institucional que prevalece en tal entidad regional articulada al sistema de educación pública superior del Estado colombiano.
En días reciente Echeverri fue imputado y acusado por la Fiscalía por acoso sindical, además por los delitos de violación de los derechos de reunión y asociación. El sindicato hizo el señalamiento judicial por la continuada persecución laboral y sindical contra los empleados administrativos y de servicios de la Universidad. El funcionario ha eludido los requerimientos judiciales con argumentos inocuos y maniobras torticeras que intentan eludir sus responsabilidades en diversas fechorías.
Ahora debe comparecer, sin atenuantes, ante el juzgado primero penal municipal de Armenia con función de garantías para que se formalicen los cargos y se establezcan las penas correspondientes.
Pero este lio criminal no es el único que acompaña al Rector de marras. En varias notas hemos documentado las irregularidades contractuales, administrativas y académicas de este funesto personaje que como todos saben en la región es una vulgar ficha politiquera del partido del ex Vicepresidente de la Republica, German Vargas Lleras, representado en la región por la ex gobernadora Sandra Paola Hurtado, con otro proceso penal en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por el robo de más de 50 mil millones de pesos de las regalías petroleras.
En el amplio expediente contra Echeverri Murillo hay varios componentes oscuros como la liquidación de altas primas a los directivos de su círculo más cercano; la entrega de pensiones fraudulentas a recomendados políticos; la contratación de obras civiles a diestra y siniestra, con la omisión de la Ley 80, y con la selección a dedo de contratistas corruptos, como es el caso de las obras de la piscina, la construcción de los edificios de varias facultades y las interventorías en obras de infraestructura en la gobernación del Valle; el despilfarro en gastos de representación; el abuso con los viáticos para desplazamientos hacia otros países; el tráfico de influencias en el Vice Ministerio de Educación Superior en los procesos de acreditación académica e institucional; el trafico clientelar con los nombramientos de funcionarios y de catedráticos, que son escogidos a base de recomendaciones de los gamonales del Quindío, como el actual gobernador, los diputados, procuradores y parlamentarios; el desgreño administrativo y académico imperante en todo el campo de la Universidad; y el sistema de gobierno autoritario con el que se gestiona la vida institucional y académica de este centro docente.
Más recientemente el sindicato de la Universidad, sus directivos y destacados docentes han hecho un inventario detallado de las falencias y vacíos del proceso de acreditación institucional y académica que se presenta en la prensa regional (pagada por Echeverri Murillo con dineros del presupuesto universitario) como un gran logro cuando en realidad las resoluciones emitidas por el Vice Ministerio de educación sobre la materia son más el resultado de un tráfico de influencias en las altas esferas nacionales porque lo cierto es que en la universidad hay múltiples fallas en los sistemas de gobierno, en la transparencia de la gestión, en los procesos de control interno, en las rendiciones de cuentas, en las dotaciones de laboratorios, en la capacitación de los docentes, en las carreras docentes, en los vínculos con la comunidad, en la producción científica y en las coberturas de la población local.
Lo cierto es que la Universidad del Quindío, en manos de Echeverri ha mutado en un artefacto neoliberal, bastante mediocre por cierto, al servicio de las burocracias de la Alcaldía de Armenia, de la gobernación, de la Esap, y de un clúster empresarial que es una caricatura de desarrollo productivo y tecnológico.
Quedamos a la expectativa con la decisión del juez primero penal de armenia con función de garantías, que ojala sea ejemplar frente a la arrogancia de este vulgar sátrapa envalentonado con los millones saqueados al presupuesto de la universidad por el y su camarilla de complices.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.