-I-
Mientras la guerra en Ucrania sigue su curso funesto y más de cuatro millones y medio de personas damnificadas no han tenido más opción que huir a países vecinos tratando de ponerse a salvo, la insistencia política y mediática parece estar centrada en trazar una línea nítida entre «refugiados» (de Ucrania) y «migrantes» (del Sur), poniendo en evidencia el borrado de las condiciones que producen las diásporas masivas, con relativa independencia a la figura jurídica que se le asigne respectivamente a las personas desplazadas.
La estrategia discursiva hegemónica es plantear como dicotomía estructural lo que más bien tiene el rango de distinción conceptual entre formas diferenciadas de desplazamiento. Convertir esa distinción en una justificación del trato desigual que reciben las personas según su procedencia es, precisamente, lo que están haciendo incluso medios declarados progresistas. No sorprende, pues, que los movimientos sociales antirracistas denuncien este doble trato en el que se hace manifiesta una política europea claramente discriminatoria. Mientras manifiestan su solidaridad con el pueblo ucraniano, optan por la política del avestruz con respecto a los desplazamientos procedentes de África y Medio Oriente en particular (algunos de los cuales también han estado provocados por conflictos bélicos, como en el caso de Somalia, Irak, Yemen, Eritrea, Libia, Siria, Afganistán y Mali, entre otros). Aunque de una forma diferenciada, ¿no habría que pensar en otras situaciones similarmente complejas y no menos duras -como, por ejemplo, las matanzas de civiles en Myanmar o Colombia o la ocupación de Palestina por parte del estado israelí- para articular una política de asilo europea hospitalaria que responda a la sangría de nuestra época?
Ateniéndonos a lo más próximo, no deja de ser un paralelismo irónico que mientras las imágenes televisivas de los principales medios de comunicación dedican un espacio informativo inusual para mostrar la solidaridad europea con los desplazados ucranianos, apenas den cuenta del maltrato sistemático que se produce en la frontera sur de España o, lo que es peor, no duden en calificar como “invasión” el arribo irregular a territorio español de algunos centenares de personas cada cierto tiempo. No se trata, desde luego, de negar especificidades concretas en los procesos de desplazamiento, más o menos (in)voluntarios. Sin embargo, hacer de esas especificidades una razón para la desigualdad de trato es discriminatorio. Si encima esa discriminación está ligada sospechosamente a la proximidad etno-racial con otro pueblo europeo, la sospecha de racismo está servida.
Que se insista en la “excepcionalidad” del caso forma parte de la coartada de la Unión Europa para legitimar las facilidades que está ofreciendo a la población civil ucraniana para desplazarse a otros países europeos mientras sigue rechazando a poblaciones procedentes del sur global afectadas por fenómenos similares. En efecto, la celeridad con la que se ha gestionado la acogida a las personas ucranianas muestra la falta de voluntad política para tratar a todas las personas que se desplazan de manera forzosa de forma igualitaria, con independencia a su origen, opinión política, grupo social, raza, etnia u orientación sexual.
El contrapunto es claro: a la vez que se activan dispositivos de emergencia, se aceleran los procesos administrativos para que las personas procedentes de Ucrania estén autorizadas a trabajar de forma inmediata y se predispone a la opinión pública de forma favorable para la “acogida humanitaria”, el estado español sigue obstruyendo el ejercicio del derecho de asilo cuando implica a otros grupos de desplazados. Se trata de un agravio comparativo, especialmente si se tiene en cuenta que una persona solicitante de asilo, cuando su solicitud es admitida a trámite por la administración pública, tiene que esperar un mínimo de 6 meses para disponer de autorización de trabajo y a menudo más de un año para conocer si la resolución es favorable o no.
-II-
Si en 2011 se admitía de forma oficial la existencia de más de 43 millones de personas forzadas a desplazarse de sus lugares de origen (aunque jurídicamente apenas 15 millones contaban con protección internacional), poco más de una década después el número de desplazados está próximo a duplicarse. Según ACNUR, a finales de 2021 ya se contabilizaban más de 82 millones de personas desplazadas de manera forzosa, de las cuales menos de un tercio están reconocidas como “refugiadas” (https://www.acnur.org/datos-basicos.html).
Como ocurre con otros estados europeos, el estado español cuenta históricamente con una política de asilo restrictiva, desconociendo de facto las circunstancias que afectan a millones de personas desplazadas que no acceden a ninguna forma de protección internacional. La consecuencia más directa de esta denegación para cientos de miles de seres humanos no es otra que pasar a formar parte del ejército de trabajadores en situación irregular que sobreviven en la economía sumergida, cuando logran sortear los numerosos obstáculos que se les presentan (incluyendo los propios “campos de refugiados” en países vecinos, los “centros de internamiento de extranjeros” en sus nuevos países de residencia o las “devoluciones” a los mismos países de los que huyen).
En suma, tanto la Unión Europea como el estado español en particular tienen una deuda histórica en materia de asilo (y el caso de Siria es especialmente ilustrativo, incumpliendo incluso con sus irrisorios compromisos de “cuotas de refugiados”). Lo que no es menos vergonzoso: mientras niega el acceso a derechos básicos a ciertos grupos de personas desplazadas, se los concede automáticamente a otro grupo, planteando el procedimiento de asilo más como un privilegio que como un derecho.
¿Qué motiva esta desigualdad evidente en el trato, cuando muchísimas sociedades se han visto empujadas a éxodos masivos provocados por diversas guerras (en las que, por si fuera poco, también han participado de forma decisiva potencias occidentales)? ¿Qué relación tiene este trato con las características de la población civil afectada o con la pertenencia de Ucrania a Europa? Bien podría insistirse en la proximidad geográfica de la población afectada, en cierta proximidad identitaria o incluso en cierta identificación con las víctimas de una guerra que afecta directamente a un país europeo. En la línea demarcatoria entre “nosotros” y los “otros”, cuando es el primero el que está afectado, la voluntad de ayudar (y el despliegue de medios para tal fin) se multiplica a pasos acelerados. De forma súbita, los pretextos gubernamentales invocados para reforzar la seguridad en su política de control de fronteras (con el consabido saldo de muertes en el Mediterráneo) se transforman en una retórica de solidaridad hacia las personas refugiadas ucranianas.
Llegados a este punto, al dejar en evidencia que la ayuda humanitaria (incluyendo la acogida de personas desplazadas) es un asunto de voluntad política, la Unión Europea hace manifiesto su doble rasero. Más aún: puesto que la UE podría hacerlo y no lo hace (en tantos otros casos), ¿no muestra de forma patente su racismo, habitualmente solapado en enrevesados argumentos en tiempos donde no es ella misma la afectada de forma negativa? ¿No constituye un flagrante ejemplo de lo que no hacen con el resto de personas desplazadas, procedentes de diferentes regiones del mundo afectadas por guerras coloniales, cuando no por una política de tierra quemada o persecuciones de diferente naturaleza? ¿Por qué es tan desigual la disposición para ayudar, cuando las situaciones que expulsan a estos grupos humanos resultan tan similares?
No hay otra forma de ser políticamente coherentes que hacer valer para todas las personas desplazadas lo que hoy constituye una extraña prerrogativa de los ucranianos desplazados. Es esa universalidad del derecho -contradicho de hecho incontables veces por una catástrofe humana que no cesa de repetirse- lo que cabe exigir a nuestros gobiernos. Porque una supuesta solidaridad europea que reposa en la indiferencia hacia los otros -víctimas de un colonialismo persistente que ahora también estalla en nuestra cara- no deja de ser un nuevo ejercicio de cinismo.
-III-
Puesto que las guerras producen como uno de sus efectos inmediatos la diáspora forzosa de una parte relevante de la población civil afectada, no hay ninguna razón legítima para discriminar entre diferentes víctimas. Aunque en la práctica la frontera simbólica entre “nosotros” y “ellos” se revitaliza con cada guerra, desentenderse de sus estragos cuando se produce en otras regiones del mundo contraviene la más elemental de las obligaciones internacionales de un estado de derecho: dar asilo a quienes son arrojados fuera de sus hogares. Su responsabilidad, sin embargo, es mucho mayor: evitar que sus políticas exteriores, incluyendo sus políticas beligerantes y belicistas, sigan produciendo estragos de todo tipo, incluyendo el sufrimiento generalizado, persecuciones múltiples, devastación ecológica y hambrunas perfectamente evitables. No es el caso de nuestros estados habituados a tercerizar las crisis humanitarias, mientras siguen con sus ingentes negocios armamentísticos. En efecto, habrá guerra mientras esos negocios –y los que les suceden ligados tanto a la industria de la reconstrucción y la seguridad como al mercado crediticio- sigan primando por sobre las vidas humanas. Es una de las verdades reprimidas del capitalismo: también los muertos son rentables para un complejo industrial-militar que necesita producir conflictos armados de forma periódica. En esa industria, desde luego, también participan los estados, incluyendo el español, séptima potencia mundial en el comercio internacional de armamento (https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/espana/armas/#:~:text=Espa%C3%B1a%20se%20ha%20situado%20en,no%20llegaba%20a%201.000%20millones).
La verdad terrible de la guerra oculta la actual guerra contra la verdad. Si la guerra se ha convertido en un problema global, una solución duradera no puede limitarse a una alternativa local, producto de una conmoción más o menos efímera. No cabe descartar que cuando esta nueva guerra haya pasado, quienes no la hemos vivido en primera persona volvamos a olvidar los estragos que ha dejado a su paso. Si lo que está en juego es una promesa de justicia, la posibilidad misma de esa promesa descansa en derribar el bienestar cercado del palacio de cristal en el que se ha convertido Europa. Que ahora una potencia imperial esté destruyendo los cristales de lo que hasta ayer fue su cuarto del fondo (o su granero) no altera el diagnóstico: el «humanismo» como creencia metafísica en la dignidad humana es hipócrita si no se moviliza ante quienes la pisotean, sean quienes sean. Esto vale también para aquellos que Occidente pisotea. Al fin de cuentas, la opulencia de nuestras sociedades se sostiene en la espalda de millones de «vidas desperdiciadas», tal como señala Bauman.
La referencia al otro bien podría ser un nuevo recordatorio de los vertederos humanos que el presunto “primer mundo” ha inventado con aquellos otros mundos que desprecia a la vez que expolia. Puede que esa referencia retaceada sea también una forma de interrogar este “nosotros” etnocéntrico que reclama para sí los derechos que niega a los demás. Y puesto que más pronto que tarde también la guerra de Ucrania quedará en el olvido, tendremos que volver a preguntar: ¿qué estamos haciendo para que el dolor de los demás, con independencia a su procedencia, pueda tener un refugio?
Arturo Borra. DIÁSPORAS. Centro de Investigación para las Migraciones y la Interculturalidad
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