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Un senador afirma que el ejército colombiano asesinó a más de cien civiles para poder presentar a la prensa guerrilleros muertos en combate

Fuentes: Argenpress

El senador colombiano Gustavo Petro denunció hoy la ejecución de al menos 100 personas en los últimos años por parte de miembros del Ejército, con el objetivo de ser presentadas ante la prensa como guerrilleros muertos en combate. Petro, miembro del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), hizo la denuncia durante una sesión […]

El senador colombiano Gustavo Petro denunció hoy la ejecución de al menos 100 personas en los últimos años por parte de miembros del Ejército, con el objetivo de ser presentadas ante la prensa como guerrilleros muertos en combate.

Petro, miembro del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), hizo la denuncia durante una sesión del Senado en la cual se analizó un escándalo que afecta al Ejército por el supuesto montaje de operaciones contraguerrilleras.

El legislador aseguró tener informaciones que indican que desde 1998 se han presentado por lo menos 100 víctimas de operaciones militares.

Según el legislador, estas irregularidades son el resultado de la política estatal que mide el resultado de la lucha contra grupos guerrilleros por el número de bajas, lo cual lleva a los militares a mostrar ‘resultados positivos’ a través de ‘mecanismos perversos’.

El senador dijo que escuchó una conversación que fue interceptada entre un capitán del Ejército y un integrante de los grupos paramilitares, en la cual se acuerda el asesinato de dos campesinos de la central población de Viotá, quienes posteriormente fueron vestidos con ropa de camuflaje para mostrarlos ante la prensa como guerrilleros.

La sesión del Senado fue programada para analizar la presunta participación de dos oficiales del Ejército en un atentado con explosivos ocurrido el pasado 31 de julio en Bogotá, el cual dejó un muerto y 22 heridos, entre ellos 21 militares.

Asimismo, los militares estarían implicados en el montaje de operaciones en las que se decomisaron explosivos, con el aparente objetivo de ganar el reconocimiento del gobierno y cobrar las recompensas ofrecidas a quien ayude a impedir ataques terroristas.

El escándalo comenzó cuando el comandante del Ejército, general Mario Montoya, declaró hace unos días que una investigación interna puso al descubierto la probable irregularidad.

El ataque con explosivos y los decomisos posteriores, fueron presentados por el Ejército como muestra de una campaña de la guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para sabotear la posesión del presidente Alvaro Uribe, quien el 7 de agosto inició un segundo mandato de cuatro años.

Sin embargo, Uribe dijo después que la Fiscalía no encontró evidencias que comprometan a los militares, por lo que éstos siguen cumpliendo sus tareas habituales.

El ministro de Defensa, Juan Manual Santos, citado por el Senado durante el debate de este martes, sostuvo que la campaña terrorista fue ejecutada por las FARC y que los dos militares realizaban tareas de inteligencia.

La única persona capturada por estos hechos es la ex integrante de las FARC, Lidia Alape alias ‘Jessica’, quien colaboró con los militares en labores de inteligencia, según medios de prensa locales.

Sin embargo el director del opositor Partido Liberal, el ex presidente colombiano César Gaviria, conminó al gobierno a aclarar por qué la mujer está detenida si, como se afirma, ayudó a las autoridades a anticipar posibles actos terroristas de las FARC.

Antes de viajar a Nueva York para participar en la 61 Asamblea General de las Naciones Unidas, Uribe dijo que espera que la justicia determine pronto si los militares son culpables o inocentes.

‘En aras de la justicia y la honra, que se diga totalmente la verdad. Si son culpables, que los metan a la cárcel; si no son culpables, que los declaren inocentes, pero que no los dejen en la mitad (de una investigación)’, dijo Uribe.

Por su parte, el senador oficialista Armando Benedetti, acusó al ministro de la Defensa Santos de ser el responsable del escándalo, pues ordenó al comandante del Ejército dar a conocer la supuesta responsabilidad de los militares y después afirmó que no hay evidencias contra éstos.