Con 10 estudiantes detenidos y violentamente golpeados por agentes de las fuerzas especiales de carabineros, terminó la marcha entre la sede de la privada Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS, ubicada en la calle Libertad 53 en la comuna de Santiago y el Ministerio de Educación situado a metros del Palacio de La Moneda. […]
Con 10 estudiantes detenidos y violentamente golpeados por agentes de las fuerzas especiales de carabineros, terminó la marcha entre la sede de la privada Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS, ubicada en la calle Libertad 53 en la comuna de Santiago y el Ministerio de Educación situado a metros del Palacio de La Moneda. Hasta el cierre de este artículo urgente, el joven Leandro Torchio, estudiante de Filosofía de ARCIS, esperaba la decisión del fiscal por el cargo de «maltrato a obra de carabineros», toda vez que el castigado físicamente por la policía fue el muchacho.
Producto de la profunda crisis que atraviesa la institución de estudios superiores desde hace varios meses (http://www.rebelion.org/
No obstante, ya en el Ministerio de Educación, los representantes de la comunidad ARCIS sólo recibieron como respuesta que el conflicto «es un asunto entre privados», y ni siquiera les fue agendada alguna reunión futura.
CRÍTICA FUNDADA A LA REFORMA EDUCACIONAL EN DEBATE
En una declaración pública dirigida tanto a las autoridades gubernamentales de enseñanza, como a la opinión pública chilena, la comunidad organizada de ARCIS indica que su crisis es «expresada de manera grave y visible en el permanente retraso de los pagos de los sueldos a trabajadores y académicos (…) que se viene produciendo desde enero del presente año».
Asimismo, la declaración anota que «La crisis que atraviesa la universidad dejó de ser un simple problema de irregularidad en el flujo de los recursos y se ha transformado en un problema de carácter estructural, al constatarse que los créditos con aval del Estado y los demás ingresos financieros no logran cubrir los gastos esenciales de la institución (…), todo lo cual significa que está en juego la viabilidad económica de nuestra universidad en el corto plazo.»
Apuntando al fondo del problema, la comunidad ARCIS plantea que «la situación por la cual atraviesa nuestra universidad es la manifestación de la crisis que vive el modelo de mercado en educación superior y constituye un síntoma de un problema mayor frente al cual aún no existen soluciones reales. La existencia de universidades privadas está basada en el cobro de las familias, y por tanto, en la idea de una educación como bien de consumo; se sustenta además en el endeudamiento de las familias y en la bancarización del sistema, por lo que finalmente representa un negocio basado en relaciones de mercado, que no contempla variables éticas, sociales o culturales.»
Las fuerzas universitarias en acción consideran que «es el Estado quien debe hacerse cargo de los agudos problemas que vive la educación superior privada e intervenir con un enfoque público y sentido de proyecto en las situaciones de crisis. (…) El Estado debe aprovechar la oportunidad que otorga la crisis para ampliar su acción en la educación superior y extender el sistema público.»
En términos del debate y tramitación de la reforma educacional en el Congreso, la comunidad ARCIS cree que «el proyecto de ley de administración provisoria, tal como fue presentado, no responde al llamado «cambio de paradigma» del que ha hablado el ministro de Educación y más bien mantiene la lógica de mercado al no permitir la expansión pública del sistema, limitándose a sanear a las instituciones (en caso de no cerrarlas) y devolverlas al mercado. Nos interesa, en definitiva, no la defensa corporativa ni la mantención de intereses privados en educación superior, sino la construcción de un sistema nacional de educación pública en el que nuestra universidad sea partícipe.»
TRASCENCIDOS
De acuerdo a fuentes ligadas a la repartición financiera de la corporación dueña de la universidad ARCIS, el déficit económico alcanzaría casi los USD3 millones, además de las propiedades en infraestructura que están en una forma de bienes vendidos con posibilidad de ser recuperados por el valor de aproximadamente USD10 millones. Sin embargo, la misma fuente, informó que la cuestión de fondo es de carácter político y que deben transparentarse públicamente todas las maniobras económicas que llevaron a la crisis universitaria. Y sobre ese aspecto, los dueños de la universidad hasta enero de 2014, el Partido Comunista de Chile, tiene algo qué decir.
Andrés Figueroa Cornejo, Sindicato Unidad de Trabajadores (SUTRA)
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