La pasada semana estallaba en los medios de comunicación el escándalo por el cambio sin conocimiento ni consentimiento en el tipo de contrato de un número indeterminado de doctorandos/as con graves repercusiones y merma de sus derechos laborales. La Profesora de Investigación del CSIC, Alicia Durán, respaldaba de forma cruda y rigurosa la denuncia de […]
La pasada semana estallaba en los medios de comunicación el escándalo por el cambio sin conocimiento ni consentimiento en el tipo de contrato de un número indeterminado de doctorandos/as con graves repercusiones y merma de sus derechos laborales. La Profesora de Investigación del CSIC, Alicia Durán, respaldaba de forma cruda y rigurosa la denuncia de la comunidad investigadora a consecuencia de este hecho.
En el fondo de este despropósito existen, además de víctimas concretas, también culpables, todavía por concretar, pero sobre todo un profundo desprecio y cortoplacismo de determinadas políticas, como la científica, desde el inicio de la crisis. Y es que la precariedad y los recortes se sufren dentro, pero se construyen y reproducen fuera de los laboratorios.
Una ciencia que trabaje para tener una sociedad más justa no puede estar soportada sólo en élites pensantes, sino en equipos completos y complementarios, recursos suficientes y objetivos debatidos y consensuados. Y sin duda, el trabajo de la ciencia parte del esfuerzo y desempeño de sus trabajadores y trabajadoras (sólo el 24,9% de las profesoras de investigación del CSIC son mujeres), y sus condiciones de trabajo. Hay que señalar que el papel de los sindicatos y la negociación colectiva en la articulación de las relaciones laborales es el eje fundamental de la protección e impulso de tan necesarios equipos de trabajo.
La crisis que atraviesa nuestro país desde 2007 ha jugado un papel devastador en el sistema científico español, con repercusiones en el empleo -desempleo, precariedad, inseguridad-, las relaciones laborales, los recursos y la ideología. No en vano, conceptos como la excelencia y la competencia son protagonistas en algunos de los documentos normativos de las políticas científicas y universitarias tales como el Espacio Madrileño de Educación Superior o el propio informe Wert, que, a la vez, contemplaba esta suerte de mano de obra precaria que ha revivido en nuestra memoria de los últimos días con el conflicto de los contratos predoctorales. Excelencia a costa de derechos y salarios.
No es la primera vez que desde Izquierda Unida defendemos la necesidad urgente de una política científica en la concreción de un Pacto por la Ciencia que garantice marcos de apoyo y promoción de las políticas públicas de investigación, así como presupuestos plurianuales que garanticen los recursos necesarios.
Pero también debemos reclamar fórmulas de contratación que garanticen la ausencia de precariedad y la estabilidad en el empleo, una lucha histórica de los investigadores que vivió importantes avances y se encuentra en situación de retroceso. Se requieren una Ley de Ciencia y un marco laboral que no deje los equipos a merced de las crisis, los gobiernos o los desacuerdos.
Los diferentes modelos de contratación del Personal Docente Investigador Laboral (PDIL) en la universidad y sus avatares, han supuesto una pelea por la estabilidad en el empleo toda vez que las reformas educativas y laborales han ido empujando en la dirección contraria: encajes neoliberales facilitadores del despido y la inseguridad, que difícilmente permiten la consolidación de equipos ni actitudes críticas tan necesarias en un docente/investigador/a sujeto a una contratación que pende de un hilo.
Es necesario insistir en que el colectivo de investigadores/as afectados reciba nuestra preocupación y respaldo, así como la completa disposición de nuestra organización a estudiar todas las demandas en defensa de sus derechos, y a poner en marcha las iniciativas políticas que sean necesarias en todos los ámbitos parlamentarios para buscar soluciones.
Con la vista puesta en el horizonte: sabemos que será necesario retomar espacios de diálogo, participación ciudadana y confluencia de los sectores afectados, la implicación de sindicatos y partidos políticos que comprendan la ciencia como una oportunidad al servicio de la sociedad en su conjunto, una sociedad justa, democrática y sostenible. En ese camino estamos.
Alberto Garzón es coordinador general de Izquierda Unida. Carmen Domínguez Godínez, responsable de Ciencia y Universidad de IU